Sistema de pensiones inquebrable

Se considera que existen dos modelos extremos de sistemas de pensiones: el de reparto y el de capitalización. En el primero, se ingresa una parte del  salario de cada trabajador en una "caja común", de la cual se paga a los trabajadores ya jubilados. Cuando este trabajador se jubile, si ha contribuído un cierto número de años (que varía de país a país), tendrá derecho a percibir mensualmente, hasta su muerte, una pensión equivalente a un porcentaje (digamos entre el 60% y el 80%) de su último salario.

En el segundo sistema no hay "caja común", sino depósitos individuales. El trabajador ahorra (de manera obligatoria) para sí mismo y retira los ahorros cuando se jubila (aunque en muchos casos la entidad financiera donde tenía el dinero puede ofrecerle cobrar por meses una cantidad proporcional a la suma acumulada y a la esperanza de vida del trabajador). Las principales diferencias con una libreta de ahorros normal son: que el dinero no puede ser retirado hasta la jubilación, y las bonificaciones fiscales que dan los Estados para fomentar este sistema.

Se comprenderá que en muy pocos países se da uno u otro sistema en estado puro, siendo lo normal una convivencia de ambos, con las peculiaridades locales a las que pueden haber dado lugar los procesos históricos.

Ambos sistemas tienen sus problemas. Algunos economistas están constantemente advirtiendo sobre el peligro de quiebra del primero. Su razonamiento es que el sistema de reparto fue creado cuando la esperanza de vida era menor: mucha más gente moría antes de jubilarse, y los que sobrevivían no llegaban a edades tan avanzadas como ahora. De esa forma, se ponía en la "caja" más dinero del que se sacaba. Con una población envejecida, bajos índices de natalidad (por ejemplo, en Alemania o Italia) y la generalización de la jubilación anticipada, la cantidad de dinero que se necesitará en el futuro para cumplir los compromisos adquiridos con los pensionistas puede superar en mucho a la cantidad pagada por los que todavía trabajan. Muchos países, conscientes de este peligro, han endurecido las condiciones para tener derecho a pensión (por ejemplo, incrementando el número de años durante los que se ha cotizado), o reducido el importe de ésta (por ejemplo, en España, desde 2012, la pensión ya no se basa en el salario de los últimos quince años, sino en el de los últimos 25. Hasta se discute calcularla sobre el salario medio de toda la vida laboral).


Por ejemplo, Guillermo de la Dehesa en El País: "Sin embargo, creo que estamos mostrando poca solidaridad intergeneracional.Primero, porque la generación de nuestros hijos, que es muy inferior en número a la nuestra, muy mileurista y con elevado desempleo, tiene ahora que pagar nuestras pensiones, lo que les supondrá un enorme esfuerzo anual de ahorro y un "impuesto" añadido sobre sus ingresos.Segundo, porque no queremos trabajar más años para compensar nuestra mayor esperanza de vida y reducir así el exagerado esfuerzo financiero que ellos tendrán que hacer."


A finales de diciembre de 2012 Mariano Rajoy quiere abrir un debate sobre reformas del actual sistema.

Pero estas soluciones crean nuevos problemas: un trabajador puede haber cotizado muchos años, pero si se queda en paro poco antes de la edad de jubilación, puede perder muchos derechos. A la inversa: en España se da el caso de trabajadores que no cotizan durante parte de su vida; sólo empiezan a hacerlo a partir de los 40, para llegar a los 65 con veinticinco años cotizados. Tampoco está resuelta la situación de un trabajador que ha cambiado el país donde ejerce su profesión una o más veces, ni del que ha trabajado de forma discontinua. Es muy injusto que quien ha cotizado catorce años no tenga derecho a pensión y sí lo tenga el que ha cotizado dieciséis.

Los sistemas de capitalización sufren otros inconvenientes. Sus partidarios decían que ofrecían mejor rentabilidad que los de reparto. La crisis los ha puesto en su lugar: algunos fondos han perdido el más del 30 % de su valor, esto es, darán un capital 30 % menor al trabajador que hubiera confiado en ellos para su pensión y tuviera que jubilarse en ese preciso momento. Aunque eso no es nada comparado con lo que les ocurrió a los empleados de Enron, que lo perdieron todo.

Además, el alza de las acciones depende, primeramente, de las expectativas de beneficio, y a continuación, de que la gente crea en esas expectativas, invierta allí su dinero y lo mantenga. Hemos visto que las expectativas pueden derrumbarse de un día para otro. Confiar el sustento de millones de personas a fondos que se sostienen en el puro aire es completamente insensato.

Otro elemento a tener en cuenta es el coste de la gestión. Según el presidente del Centro de Investigación de Políticas Económicas, Guillermo de la Dehesa, los costes de la gestión de un fondo de pensiones alcanzan el 30 % de su valor en el Reino Unido, Méjico y Chile. Hay que pagar muy bien a los gestores y llevar a cabo numerosas operaciones, cada una de ellas con las correspondientes comisiones a los excelentemente retribuidos "trabajadores de cuello blanco" que las realizan. Todo ese dinero va a los bancos e instituciones financieras, lo que hace muy comprensible el interés de estas organizaciones en acabar con el sistema de reparto.

Mi propuesta es un sistema de reparto en el cual la pensión que uno obtiene un mes es directamente proporcional a lo que ha cotizado durante su vida y a lo que han cotizado el mes anterior los trabajadores en activo.

Un ejemplo: Juan acaba de jubilarse, a los 65 años. Su último salario, antes de impuestos, fue de 2000 euros (€) al mes. Ha trabajado durante 40 años. Supongamos una tasa de inflación constante del 2 %, con la que los salarios están indizados (dato que, aunque válido para este análisis, no es real, pues en los países desarrollados, debido al crecimiento de la productividad, los salarios suelen crecer más que la inflación) y una cotización para pensiones del 30 % del salario, que es pagada 15% por el trabajador y 15 % por su empresa.

Esto significa que Juan habrá cotizado199 5478 € en esos cuarenta años. En el país de Juan hay 15 millones de trabajadores y 7 millones de jubilados. El salario medio por trabajador en el primer mes que Juan tiene derecho a pensión es de  1750 € y la contribución total media que cada jubilado ha hecho a la caja común es por tanto de 174 604 €. Con estas cifras, la pensión mensual de Juan será A*B/C, siendo:

A: lo que cotizan ese mes los trabajadores en activo, es decir 15 000 000*1 750*(30/100)
B: lo que ha cotizado Juan, 199 547
C: lo que el resto de jubilados ha cotizado, o sea 7 000 000*174 604

Esto significa que a Juan recibiría el primer mes una pensión de 1286 €, equivalente a un 64 % de su último salario. Este porcentaje puede variar dependiendo de la cotización para pensiones, del número de trabajadores en activo, del número de pensionistas y de la edad de retiro. Aunque resulte algo sorprendente, no cambia si varía el salario medio.

Pero por esta misma razón, mucha gente se vería estimulada a retrasar su jubilación, en vez de la actual situación, en la cual la adelantan (no siempre voluntariamente) y sobrecargan el sistema de pensiones. Otras ventajas del sistema propuesto son:

• su transparencia, simplicidad y responsabilidad: el trabajador puede saber y comprender en todo momento lo que ha pagado y la pensión que recibiría si se jubilara. Esto le permite tomar decisiones de ahorro o pedir cambios (aumentos o reducciones, para los que se podrían convocar referendos con cierta periodicidad, y serían trabajadores y pensionistas quienes decidirían, no políticos) en la cotización para pensiones.
• su seguridad: siempre habrá trabajadores que coticen. Ni siquiera una crisis del mercado laboral reduciría las pensiones tan rápidamente como una crisis bursátil reduce el valor de los fondos.
• su capacidad de generar confianza: en los países donde hay sistema de reparto son continuas las quejas de los trabajadores sobre los recortes  que permanentemente sufre el sistema (recortes, por otra parte, necesarios para asegurar su viabilidad). Esto produce en ellos angustia, desaliento, inseguridad, desconfianza y animadversión hacia los gestores del sistema (inevitablemente, los políticos, que deben aplicar los recortes). El sistema propuesto puede funcionar siempre sin recorte alguno, y en caso de que se viera la necesidad de cambiarlo, decidirían los cambios (aumentos o reducciones en la cotización) los propios trabajadores y jubilados.
• su portabilidad: el trabajador podría desempeñar su actividad laboral en sucesivos países, incluso por períodos cortos, y lo que ha cotizado podría ser fácilmente restado de las "cajas comunes" de esos países y sumado a la del país donde se jubile.
• su autocontrol: no se generan obligaciones que más tarde no puedan ser atendidas. Siempre hay dinero para pagar a todo el mundo. Si las pensiones se vuelven demasiado bajas, o demasiado altas, las protestas de los jubilados o de los trabajadores ajustarían las cotizaciones a un nivel más conveniente.
• su flexibilidad: no es necesario haber trabajado un determinado número de años para tener derecho a pensión, ni que esos años hayan sido los últimos de la vida laboral.
• su adaptabilidad a los actuales sistemas de reparto: el cambio de esos sistemas al propuesto no sería traumático, ni serían necesaria cantidad de dinero alguna (en cambio, para transformar un sistema de reparto a otro de capitalización es necesaria una suma inmensa). En realidad, los actuales sistemas de reparto son realmente un sistema como el descrito, pero encubierto: en lugar de trasladar los cambios demográficos y en el mercado de trabajo de forma continua a medida que se van produciendo, los trasladan de golpe, cada pocos años, a través de las sucesivas reformas.
• su permanencia: al ser un sistema que se ajusta por si mismo, fácil de entender por la gente y con la capacidad de funcionar a lo largo de decenios, dejaría de poder crearse ese clima de "quién pagará nuestras pensiones", "qué pasará en el futuro", "no habrá trabajadores suficientes", etc. Dicho clima no hace más que favorecer, interesadamente, a los planes de pensiones privados, para que se embolsen sus injustificadas comisiones.

También hay desventajas, por supuesto: altas tasas de inflación, bajos índices de natalidad y aumentos bruscos del desempleo pueden tener una fuerte incidencia negativa sobre el sistema propuesto (pero también lo tendrían sobre cualquier sistema de reparto).

Para las pensiones de viudedad, orfandad e invalidez se crearían sistemas contablemente separados del sistema de jubilación propuesto. Cada trabajador contribuiría, por ejemplo, con un 1% de su sueldo al fondo de invalidez y, caso de quedar inválido, independientemente del momento de su vida laboral en que eso se produce, cobraría el 90% de su sueldo, con un máximo que se fijara. Para las pensiones de viudedad y orfandad contribuirían con porcentajes similares los trabajadores que tuvieran pareja e hijos, respectivamente.

Las pensiones no contributivas, o los complementos para alcanzar un mínimo, saldrían de partidas diferentes de los Presupuestos Generales del Estado, no de las cotizaciones de los trabajadores.

Este sistema no es ninguna entelequia, sino el de "cuentas nocionales" que se aplica, por ejemplo, en Suecia, Letonia y Polonia: un sistema de aportación definida y no, como el español, de prestación definida. El trabajador aporta durante toda su carrera laboral a esa cuenta nocional y su pensión de jubilación se calcula en función de lo aportado durante toda su vida.

Para regularse y adaptarse a las circunstancias en cada momento no depende de una decisión política, sino que cuenta con sus propios mecanismos de ajuste automático. Este sistema incentiva el trabajo, ya que la prestación de jubilación depende de las cotizaciones de toda la vida laboral.

Las comisiones de investigación

A la vista del resultado de las comisiones de investigación de los ERE andaluces y de la tragedia del Madrid Arena, creo que lo mejor es renunciar en España a que en los parlamentos, ya sean nacionales o autonómicos, y en los ayuntamientos, se formen comisiones de investigación, cualquiera que sea el hecho que suceda.

El problema con estas comisiones es que la mayoría de sus miembros procederán necesariamente del partido que está en el poder, que con toda probabilidad será el partido bajo cuyo mandato se han producido los hechos que se investigan. Por ello este partido, con la finalidad de protegerse, intentará limitar las comparecencias y sesgar las conclusiones. Al final lo único que se producirá es una gran decepción de los ciudadanos.

Además, si se ha abierto, como sucede casi siempre, una investigación judicial sobre los hechos, los comparecientes ante la comisión pueden acogerse a su derecho a no declarar para no perjudicar su causa judicial, lo que vuelve a la comisión impotente para averiguar la verdad.

En los parlamentos y ayuntamientos se realizan tres funciones principales: la primera, elegir al mandatario; la segunda, legislar; y la tercera, el control del mandatario mediante preguntas de la oposición. La función de investigación (interrogatorio de testigos y expertos, recopilación de información, generación de hipótesis de lo sucedido y elección de la que mejor concuerda con la información presentada) es extraña a las otras tres. No debe sorprender, por tanto, que unos pretendan desgastar al mandatario con estas comisiones y otros, descafeinarlas.

Por añadidura, las conclusiones de la comisión solo son informativas, mientras que las de la investigación judicial son preponderantes y tienen consecuencias penales. Si la justicia es lenta, se tendrían que poner los medios para que fuera más rápida, no desperdiciar recursos en decepcionantes vías secundarias.

En todo caso, si se percibe que la información que la opinión pública ha recibido sobre determinado asunto, incluso después de la investigación judicial, es insuficiente, el poder mejor situado para arrojar algo más de luz no es el legislativo, sino el mediático: que investiguen los periódicos, las revistas, que se rueden documentales... Sus conclusiones siempre tendrán más credibilidad que las de una comisión de investigación.

Implantar en España el modelo de otros países más serios, con todos los miembros de la comisión de investigación independientes, parece imposible. Y ese modelo no está exento de problemas (conflictos de interés, alcance de los poderes...). Para muestra, la comisión que investigó los atentados del 11 de septiembre.

Lo que sí parece factible es, al juez o a los jueces que redacten una sentencia sobre un asunto que haya tenido amplia repercusión pública, darles la facultad de proponer, como anexo de su sentencia, cambios legislativos o reglamentarios que puedan evitar la repetición de los hechos juzgados.

El quinto poder

El primero es el ejecutivo; el segundo, el legislativo; el tercero, el judicial; el cuarto, el de los medios de comunicación, que yo creo que podría llamarse poder informativo o poder mediático. Y todavía se está decidiendo cuál es el quinto. Según Wikipedia, hay dos corrientes de pensamiento: la primera cree que el quinto poder sería el que ejercen los Gobiernos sobre la economía a través de las empresas públicas y los mecanismos de intervención (por ejemplo, los tipos de interés). La segunda, que el quinto poder sería el de Internet, particularmente los blogs, las wiki y las redes sociales.

Yo discrepo: por un lado creo que el poder que ejercen los Gobiernos sobre la economía es parte del poder ejecutivo y el legislativo. Si el poder es la capacidad de ser obedecido, la acción de un Gobierno para, por ejemplo, reducir el límite de velocidad en las carreteras (medida que no supone intervención en la economía) o para aumentar los impuestos sobre los carburantes (lo que sí afecta a la economía) corresponde exactamente a la misma capacidad.

Por otro lado creo que los blogs, las wiki y las redes sociales son auténticos alfeñiques frente al auténtico quinto poder:

el financiero. 

Actualmente los bancos tienen mucha más capacidad que los Gobiernos para incidir en la economía. La Gran Recesión que estamos viviendo desde 2007 no corresponde a un comportamiento desordenado de los Gobiernos, sino de los bancos, al que los Estados no quisieron poner coto. Y no digo "o no pudieron" porque podrían y deberían haberlo hecho. Actuando de modo legal, los bancos tienen la facultad de restringir el crédito a toda la economía en general, limitarlo a unos sectores mientras lo favorecen a otros, cortar completamente el grifo a una empresa en particular sin que lo justifique el estado de sus cuentas, o hacer subir los tipos de interés de la deuda que emiten los Estados hasta cotas que los pongan de rodillas. Actuando de modo ilegal sus facultades son ilimitadas.

La democracia no puede tolerar esto. Si un puñado de señores (son prácticamente todos varones) pueden decidir a su antojo las condiciones de las pensiones de un país, sus leyes laborales, su sanidad o los salarios de los trabajadores, para que a sus ya repletos bolsillos fluya todavía más dinero, eso ya no es democracia; es plutocracia. Además de su injusticia intrínseca y sangrante, se trata de una forma de gestión del mundo absolutamente ineficiente, que lo esquilma, lo lleva de crisis en crisis y hace pagar a la mayoría los platos rotos. Se tienen que poner en marcha cuanto antes las siguientes medidas (enlaces a las páginas de este blog donde las he comentado más extensamente):

• Acabar con los paraísos fiscales, en los cuales los bancos ocultan su identidad para llevar a cabo operaciones impresentables.
• Convertir al BCE en un comprador incondicional de deuda de los estados cuando su prima de riesgo superara los 200 puntos básicos.
• Limitar los salarios de los altos ejecutivos bancarios a diez veces el menor sueldo del banco.
• Trocear las entidades de tamaño sistémico hasta que alcanzaran una magnitud inocua en caso de quiebra; o, alternativamente, hacer el impuesto sobre los beneficios fuertemente progresivo según el tamaño de la entidad: una entidad que tuviera menos del 10% del mercado de crédito pagaría un impuesto del 20%; otra que tuviera entre el 10 y el 20% pagaría el 30%, etc. De esa forma se favorecería una paulatina reducción del tamaño y se conseguiría un mercado de muchas entidades pequeñas, y por tanto con menos poder.

Nota: esta entrada, publicada el 22 de diciembre de 2012, no tiene nada que ver con la película El quinto poder estrenada el 18 de octubre de 2013. 

El alquiler con opción a compra

Se deben buscar las salidas más convenientes a la enorme cantidad de viviendas sin vender que existe en España. Son un lastre para los bancos que las poseen y dificultan el normal funcionamiento de la economía. Lo ideal sería venderlas, pero es difícil: el entorno de precios a la baja no aconseja comprar, y los posibles compradores se enfrentan a un futuro incierto por el paro y la precariedad laboral. El alquiler sería entonces la opción preferible, pero se enfrenta a la insana tendencia de los españoles a la propiedad inmobiliaria, y a la errónea idea de que alquilar es "tirar el dinero" (en realidad, en estos momentos, con los precios descendiendo, el alquiler supone una ventaja respecto a la propiedad). Hay una forma de hacerlo más atractivo: el alquiler con opción a compra y con la posible recuperación de las cantidades invertidas por los inquilinos temporales.

Veamos un ejemplo: supongamos un piso tasado fiablemente en 150.000 euros y que es propiedad de un banco. Lo pone en alquiler por 600 euros mensuales. Supongamos una inflación del 2%, con la que se va actualizando el alquiler, y un tipo de interés simbólico del 0,5% (de favor; al banco le interesa desprenderse de la vivienda) para el valor del piso.

Con estos datos, el inquilino sería propietario de la vivienda en menos de veinte años.

Ahora bien, si el primer inquilino, tras estar diez años, decide marcharse, con el sistema que propongo, no perdería las cantidades invertidas (78837,99 euros). El nuevo inquilino, si está nueve años más, tendría derecho a comprar al primero "sus años de uso" por el importe exacto que pagó (sin actualizar con la inflación) y así, tras estar nueve años, paga 78837,99 euros y el piso sería suyo.

Otro sistema, que no requiere de contactos entre inquilinos, sería un sistema FIFO (first input, first output). Supongamos que a ningún inquilino de los que pasan por el piso le interesa comprarlo. Entonces, a partir del año 19, cuando el piso va, digamos, por el cuarto inquilino, que está pagando un alquiler de 10283,37 euros anuales, el banco empieza a devolver al primer inquilino lo que pagó el año 1, esto es, 7200 euros (ya digo, sin actualizar con la inflación, para evitar que el banco se vea sometido a riesgos inflacionarios). 

Creo que es un sistema atractivo, sin riesgos y beneficioso para todas las partes. Naturalmente necesitará de su articulación legal y reglamentaria, pero no parece excesivamente complicado lograrla y podría ayudar a digerir la reventada burbuja inmobiliaria.

Diputados de a pie

Iniciativa legislativa popular para reformar el Congreso de 2012:

1. El diputado será asalariado solamente durante su mandato. Y tendrá

jubilación proveniente solamente del mandato realizado.

2. El diputado contribuirá al Régimen General de la Seguridad Social como el resto de ciudadanos. El fondo de jubilación del Congreso pasará al régimen vigente de la Seguridad Social. El diputado participará de los  beneficios del régimen de la Seguridad Social exactamente como todos los demás ciudadanos. El fondo de jubilación no puede ser usado para ninguna otra finalidad.

3. Si el diputado desea un plan de pensiones privado, debe pagárselo de su bolsillo.

4. El diputado dejará de votar su propio aumento de salario.

5. El diputado dejará su seguro actual de salud y participará del mismo

sistema de salud que los demás ciudadanos españoles

6. El diputado debe igualmente cumplir las mismas leyes que el resto de los españoles.

7. Servir en el Congreso es un trabajo, no una carrera. Los diputados deben cumplir sus mandatos (no más de 2 legislaturas) y luego reincorporarse a la vida laboral previa a su etapa de servicio público.

Además de estas reivindicaciones, creo necesario:

8. Eliminar instituciones obsoletas o duplicadas: Senado (como pedía yo en otra entrada y como piden más de 37.000 páginas) y diputaciones provinciales.

9. Limitar los asesores:

• Presidente del Gobierno: máximo de 10 asesores.
• Ministros, Presidentes Autonómicos y alcaldes de ciudades de más de 1 millón de habitantes: máximo de 5 asesores.
• Consejeros autonómicos y alcaldes de ciudades entre 500.000 y 1 millón de habitantes: máximo de 3 asesores.
• Alcaldes de ciudades entre 100.000 y 500.000 habitantes: máximo de 2 asesores.
• Alcaldes de ciudades entre 20.000 y 100.000 habitantes: máximo de un asesor.

Los asesores podrán serlo para cualesquiera campos (económico, laboral, jurídico...), pero su contrato deberá especificar en qué materia asesoran, deberán ser mayores de 35 años, menores de 70, contar con una licenciatura universitaria en el campo de que se trate y al menos 10 años de experiencia laboral en dicho campo. Su adscripción y sus remuneraciones anuales brutas totales serán públicas (es decir, aparecerán con nombres y apellidos en la página de Internet de la alcaldía, consejería, ministerio, etc. correspondiente). No percibirán dietas ni ningún tipo de complemento por ningún motivo.

Aparte de los enumerados, ninguna institución pública podrá contratar asesores (actualmente tienen asesores las diputaciones, los grupos parlamentarios en el Congreso, etc.).

Los desahucios

A través de los desahucios muchas familias están perdiendo su vivienda. El suicidio de dos desahuciados en noviembre de 2012 ha forzado al Gobierno español a aprobar un decreto el 15 de noviembre de ese año: las familias que no ingresen entre todos los miembros más de 1.597 euros al mes (3 veces el IPREM, el indicador público de renta de efectos múltiples, que en 2012 es de 532 euros al mes), cuando la casa de la que van a desalojarles sea su única vivienda en propiedad, cuando su carga hipotecaria se haya multiplicado, al menos, por 1,5 en los últimos cuatro años, y cuando tuvieran que pagar una cuota de la hipoteca de más de un 50% de sus ingresos netos, no serán desahuciadas durante dos años si cumplen además alguno de los siguientes requisitos:

•  ser familia numerosa,
•  familia monoparental con dos hijos a su cargo,
•  familia con un menor de tres años,
•  familias que tenga a su cargo a personas en situación de discapacidad superior al 33 % o dependencia que incapacite de modo permanente para una actividad laboral,
• familias que convivan con familiares (hasta tercer grado de consanguinidad o afinidad) que sean discapacitados, dependientes o que sufran una enfermedad grave que les incapacite de forma temporal o permanente para una actividad laboral,
•  familias en las que los deudores estén en paro y hayan agotado la prestación,
•  víctimas de violencia de género.

Además, las familias que no cumplan alguno de estos requisitos y sean desahuciadas, podrán acceder a un parque público de viviendas en alquiler.

Por otra parte estas condiciones solo se aplican si es un banco el que va a posesionarse de la vivienda; si es un particular el desahucio sí que podría llevarse a cabo.

Opino que debería avanzarse más: las familias (o personas que vivan solas, que también hay muchas) no podrán ser desahuciadas cuando no ingresen entre todos los miembros más 3 veces el IPREM, cuando la casa de la que van a desalojarles sea su única vivienda en propiedad, y cuando tuvieran que pagar una cuota de la hipoteca de más de un 50% de sus ingresos netos. Punto. Sin más condiciones. Sin más requisitos. Sin moratorias, que no hacen más que engordar la deuda e imposibilitar todavía más su pago. Eso sí, la propiedad de la vivienda pasaría al banco y a la familia se le embargaría un 50% de sus ingresos (salarios, prestaciones...) hasta que la deuda hubiera sido saldada, con un máximo en el tiempo de la duración de la hipoteca original.

Por otra parte deben establecerse límites para evitar que la deuda engorde hasta el infinito. El tipo de interés de mora no debe superar el doble del tipo de interés nominal de la hipoteca. La deuda total que a una persona le puede generar una hipoteca no puede exceder del doble de su importe inicial, contando todo (parte impagada, intereses de mora, costas judiciales, etc.). Cuando la deuda alcanzara ese montante, dejaría automáticamente de generar intereses y cualquier gasto adicional debería sufragarlo el banco. 

Para evitar otra crisis hipotecaria en el futuro, creo que deberían tomarse YA las siguientes medidas (contra el decálogo de malas prácticas bancarias que denuncia la Plataforma de Afectados por la Hipoteca):

• Prohibición de los avales personales en el futuro e invalidación de los existentes. A través del aval los bancos se cubren injustamente las espaldas. Además, debido a la confianza (a veces desmedida) con que se establecen las relaciones sociales en España, unas personas tienden a avalar a otras sin ser conscientes del riesgo que eso supone. Todo el riesgo del solicitante del crédito debería reflejarse en su tipo de interés. 
• Prohibición de conceder hipotecas a más de 30 años o, si el solicitante es mayor de 50 años, a más años de los que resulten de restar a la esperanza de vida media la edad del solicitante. Por ejemplo, si una mujer de 57 años solicita una hipoteca, y la esperanza de vida en ese momento para las mujeres es de 82 años, solo se le podría conceder a 25 años.
• Prohibición de conceder una hipoteca por más del 75% del valor de tasación independiente del bien en ese momento. El solicitante elegiría libremente la agencia de tasación (es decir, el banco no podría elegirla, ni siquiera proponerla) entre un conjunto de agencias autorizadas (que, para serlo, deberían estar totalmente desligadas de entidades financieras), y la tasación, con un plazo de validez de seis meses, serviría para solicitar la hipoteca a otros bancos.
• En caso de impago, se sacará el bien a subasta por el mayor de estos valores: el 75% del valor de mercado en ese momento o el 75% del valor de tasación original. Si nadie puja, el banco adquirirá la propiedad de la vivienda y la deuda quedará saldada automática y totalmente, aunque existan intereses de demora y costas. Eso sí, las cantidades que el deudor haya abonado mientras estuvo al corriente del pago no le serán devueltas.
• Estas condiciones no solo deberán cumplirse en la hipoteca inicial, sino en cualquier posterior refinanciación o renegociación del préstamo.

Soluciones adoptadas en otros países

Las soluciones de Botín

Emilio Botín, Presidente del Banco de Santander, primer banco de España y uno de los mayores y más rentables del mundo, propone en su discurso (Soluciones para el crecimiento y la estabilidad) en la V Conferencia Internacional de Banca celebrada el Boadilla del Campo (Madrid) el 14 de noviembre de 2012, las siguientes soluciones para el sistema financiero europeo:

- Es necesaria una hoja de ruta para escenarios de crisis, y estar convencidos de pertenecer a un proyecto común irreversible.

Solución de botín (una solución también es un líquido con un componente disuelto)

- Toca dar un impulso a la unión política y, como parte de ello, a la integración fiscal y bancaria.
- Europa debe pasar de ser un lugar de encuentro y articulación de intereses nacionales a compartir una dirección política única que se anteponga y vele por los intereses de toda la Unión y de todos los europeos.
- Es necesario reforzar el sistema financiero europeo fortaleciendo la supervisión.
- Tenemos que hacer más homogéneos los estándares de supervisión, lo que, por ejemplo, permitirá disponer de criterios claros y comparables en los test de estrés.

- Las exigencias de Basilea III están impactando en el volumen y el precio del crédito bancario y, con ello, en la economía. Es un impacto que tenemos que vigilar y tratar de minimizar calibrando bien las medidas, y revisando algunos elementos.
- También es necesario, y así se está haciendo, revisar las ratios de liquidez.
- Además, para que las ratios de capital sean realmente homogéneas, como Basilea III pretende, hay que abordar tareas pendientes, como armonizar el cálculo de los activos ponderados por riesgo.
- Por otro lado, en la identificación de entidades sistémicas es clave que se reconozca el sistema de cortafuegos que introduce la organización de un grupo internacional mediante filiales autónomas en capital y liquidez.

La clave para dotarnos de una banca más fuerte a largo plazo, que desarrolle su función de intermediación en la economía, está no tanto en las normas, como en lograr buena cultura bancaria. ¿Y qué quiero decir con buena cultura bancaria? Fundamentalmente, tener oficio bancario para cumplir bien con la función básica de un banco: intermediar entre ahorro e inversión, gestionando los riesgos y con foco en el cliente. Una buena cultura bancaria habría rechazado los riesgos y las malas prácticas que han destruido entidades financieras en Estados Unidos, en Reino Unido, en España y a lo largo de la Unión Europea.

Para ello hacen falta tres elementos clave.

1. En primer lugar, un gobierno corporativo sólido que garantice la calidad del proceso de toma de decisiones: a) con un Consejo de administración equilibrado, conocedor del negocio y con capacidad para cuestionar las decisiones del equipo gestor, b) Con toma de decisiones colegiadas y con visión a largo plazo; y c) con un equipo gestor con experiencia y con responsabilidades claramente asignadas.
2. En segundo lugar, en banca es fundamental contar con una política de riesgos fuerte e independiente que permita anticiparse a los acontecimientos, introducir en las decisiones todas las variables relevantes, y definir y disciplinar el apetito de riesgo para que la toma de decisiones sea consistente con los intereses de los accionistas y de los clientes
3. En tercer lugar y por último, la cultura bancaria necesita volver a los mejores principios y valores de la Banca (back to basics), orientando la gestión bancaria a las necesidades del cliente, proporcionando crédito y servicios financieros a empresas y familias y por tanto, poniendo la banca al servicio de la economía real.

El mejor sistema educativo del mundo

El sistema educativo de Finlandia logra los mejores resultados del informe Pisa, empatado con el surcoreano, pero sin someter a los alumnos a presiones insoportables, con un número de horas lectivas anuales (608) reducido (en primaria los españoles reciben 875) y con un fracaso escolar mínimo (8%).

Programa Salvados de La Sexta sobre la educación en Finlandia emitido el 03/02/2013:

1 de 4     2 de 4     3 de 4    4 de 4

Este artículo de ABC da las claves:

1. No empiezan temprano con la guardería; al revés: la mayoría de los niños no empiezan a ir al colegio hasta los 7 años.
2. Durante los primeros seis años de la primaria los niños tienen en todas o en la mayoría de las asignaturas el mismo maestro, que vela por que ningún alumno quede excluido.
3. La educación es gratuita desde preescolar hasta la universidad, incluyendo comedor, libros y material.
4. Los padres tienen la convicción de que son los primeros responsables de la educación de sus hijos, por delante de la escuela y complementan el esfuerzo que se hace en el colegio.
5. El 80% de las familias van a la biblioteca el fin de semana.
6. Para ser maestro se necesita una calificación de más de un 9 sobre 10 en sus promedios de bachillerato y de reválida, y una gran dosis de sensibilidad social. La selección de los maestros es la más dura del país.
7. El presupuesto de educación supera el 11% del PIB. 

Para que España vuelva a crecer

Extractos del Artículo España 3.0, publicado en El País Negocios el 18 de agosto de 2012.

Cuando España se incorpora a la OCDE, en 1962, su PIB per capita era el más bajo de este selecto grupo, apenas 3.800 dólares. Cuando se incorpora a Europa, en 1986, lo había triplicado (casi 10.000 dólares). En 2012, y a pesar del resbalón de la crisis, todavía supera los 27.000 dólares, es decir, casi diez veces más que cuando se suma a la OCDE, y todavía tres veces más que cuando se sube al AVE europeo.

Para salir de nuevo a hombros tendremos que enfrentarnos a nuestros propios sueños y pesadillas. Las apuestas por la educación habrán de ser más firmes: hay yacimientos de empleo en ingeniería, por ejemplo, pero no producimos suficientes ingenieros. Las empresas se están rifando estos universitarios (en este sector apenas hay paro), pero entre 2003 y 2011 los universitarios inscritos en estas carreras no han aumentando, sino más bien todo lo contrario: ¡han bajado un vertiginoso 40%! No solo debemos incentivar más jóvenes hacia estas carreras, sino que también deberán hablar idiomas. En el mundo entero hay y habrá una fuerte demanda por ingenieros cualificados. ¿Qué esperamos para volcarnos en el fomento de estas vocaciones y carreras?

También tendremos que acabar con el toreo de salón que consiste en eludir una rotunda apuesta por la innovación a la surcoreana o la manera israelí. No valen recortes aquí, sino todo lo contrario. Es más: tendríamos que aprovechar la crisis para triplicar el esfuerzo en esta área. Si bien la apuesta pública es relativamente importante, donde pecamos es en materia de impulso a la innovación procedente del sector privado.

No dejemos que el miedo nos achique. Hay que saltar al ruedo; como lo hicieron en su día los que levantaron, desde la nada, multinacionales como Telefónica, Iberdrola, BBVA, Acciona o Santander. Si Amancio Ortega hubiese escuchado a los que nos decían a los europeos que el sector textil no era para nosotros, que nadie podría frenar a China, Inditex no sería lo que es hoy día: una de las multinacionales más exitosas, innovadoras y rompedoras de la era moderna.

El toreo de salón se acabó. Cuanto más rápido lo entendamos, mejor. Habrá que saltar al ruedo, como en el pasado, con valentía y temple. Y será, no cabe la menor duda, de nuevo una cuestión de esfuerzo colectivo e individual, público y privado, echándole valor y valores a esta reinvención de España. 

El pago de las carreras universitarias

No se discute que la educación obligatoria debe pagarla el Estado. ¿Pero quién debe sufragar las caras carreras universitarias? ¿También el Estado? ¿La familia del estudiante? ¿El propio estudiante, pidiendo un crédito que pagará cuando obtenga un buen trabajo con los conocimientos adquiridos en esa carrera? El País publicó el 10 de octubre de 2012 un extenso artículo sobre el particular, ya que está siendo objeto de polémica en España, Reino Unido, Chile, EE.UU. y otros países, que han adoptado diversas soluciones.

Opino que el Estado debe fomentar, ante todo, el buen funcionamiento general de un país y el aprovechamiento de sus recursos. Para que un país funcione se necesitan médicos, ingenieros, filólogos, historiadores, periodistas... y un larguísimo etcétera, ciñéndose solamente a las enseñanzas universitarias. El recurso más valioso en estos tiempos es el talento. El sistema que propongo es perfectamente aplicable a la formación profesional superior.

Mi tesis es que, si para una determinada enseñanza se calcula que el país va a necesitar N titulados al año, los N * (1+F) mejores estudiantes que se matriculen en esa enseñanza solo pagarían anualmente un 5% de los ingresos netos de la unidad familiar de cada estudiante, con un límite del coste medio anual de esa enseñanza por estudiante. F es la tasa de fracaso, definida como F = (E - T) / E, siendo E el número de alumnos que empezaron esa enseñanza hace A años y T el número de estudiantes que la terminaron el año anterior. A es el número de años de los que consta la enseñanza.

Esta fórmula no tendría en cuenta a los alumnos que terminan la enseñanza en un número de años superior al programado, pero me parece importante emplear fórmulas sencillas. Si una familia tiene a más de un miembro estudiando entre los mejores, se aplica el límite conjuntamente: es decir, si una familia tiene 2 estudiantes, por cada uno pagaría el 2,5%.

¿Cómo se determinaría quiénes son los mejores estudiantes? Por su nota media en todas las asignaturas del ciclo anterior, corregida por centros mediante una prueba objetiva de nivel igual para todos los alumnos realizada y puntuada por el Estado. Por ejemplo, si la nota media en todas las asignaturas del ciclo de los alumnos de un centro es de 7,2 y en la prueba objetiva la nota media de todos los alumnos de ese centro es 6,6, a cada alumno de ese centro se le resta 0,6 de su nota media para competir por las plazas que se abonan al 5% de ingresos netos de la unidad familiar. Como ejemplo de prueba objetiva tenemos la actual Selectividad, aunque para calcular la nota de corte de entrada en las facultades se hace la media de la selectividad y las asignaturas.

El resto de los estudiantes que quieran matricularse en esa enseñanza, hasta cubrir las plazas académicamente disponibles, pagan el coste medio anual completo. Y que se les deje claro que pueden estar haciendo el canelo, pagando un alto coste para a lo mejor no trabajar cuando acaben la carrera.

Por cada asignatura que suspendan, a los alumnos del inicial 5% se les aumenta un punto este porcentaje. Así, uno de estos alumnos que el primer año suspendiera dos asignaturas, al matricularse en el segundo año se le exigiría el 7%.

¿Cómo se determinaría el coste anual medio de una carrera? Dividiendo la suma del salario anual de profesores y otros trabajadores, más el coste de mantenimiento y funcionamiento de los edificios, más el material académico, por el número de alumnos matriculados ese año. No se tendría en cuenta el valor de los edificios, ni su amortización. Obviamente esto arrojaría diferentes costes para la misma carrera en distintas facultades. Todas estas cifras se publicarían con estricta puntualidad en la web del Ministerio de Educación (en 2012, Ministerio de Educación, Cultura y Deporte) y proporcionarían información muy valiosa, especialmente de costes disparados, que habría que inspeccionar.

¿Y cómo se calcula el número de titulados de una determinada enseñanza que el país va a necesitar? Fácil: para cada enseñanza se van anotando las personas que se titulan en ella cada año. Un año después se mira cuántas de ellas están dadas de alta en España como trabajadores o como empresarios autónomos. Si por ejemplo un año se han licenciado por universidades públicas 700 médicos y 365 días después se ve que trabajan 650, esos 650 son los que el país necesita (a efectos del coste para los alumnos de las universidades públicas; las privadas pondrían los precios que quisieran). Si el año siguiente esta cifra sube a 670, para el otro habrá que considerar que se necesitan 690. Vuelvo a repetir que todas las cifras se calcularían anualmente y estarían disponibles públicamente, no solo las del año en curso, sino las de años anteriores, que serían del máximo interés para estudiantes, gestores y sociólogos.

Por supuesto este sistema generaría déficit a las universidades públicas. No puede ser de otra forma. Solo las universidades privadas pueden aspirar a ser rentables económicamente. Las públicas deben aspirar a ser rentables socialmente, que sus licenciados se coloquen, que su enseñanza e investigación sean de calidad y que sus costes permanezcan moderados.

La formación profesional

Extractos de un artículo publicado en Cinco Días y en El País Negocios el 16 de septiembre de 2012.

La fuerte tasa de abandono escolar en España y los errores cometidos a la hora de organizar la FP en nuestro país han llevado a que actualmente haya 11 millones de trabajadores españoles sin ningún tipo de cualificación, al tiempo que se calcula que hacen falta al menos 1,4 millones de nuevos graduados para cumplir con las necesidades del mercado laboral español en los próximos años.

En el Consejo de Cámaras apuntan que el Ministerio de Educación apenas ha tenido en cuenta los resultados de un estudio llevado a cabo por esta institución hace unos dos años y que destacaba los principales problemas que tenía el sistema y el modo de corregirlos. Aspectos, explica Huergo, "como el lentísimo desarrollo y puesta en marcha de la ley de 2002, hasta el punto de que 10 años después muchos aspectos de la misma sigan sin desarrollarse, la obsolescencia de muchas titulaciones o las dificultades para revisarlas rápidamente y adaptarse así a las necesidades de la empresa". Pese a que el Consejo de Cámaras envió el documento a todas las instancias pertinentes, al Servicio Público de Empleo o a Educación, "no se logró absolutamente nada. Todo siguió como estaba" dice.

[¿Y dónde esta este informe? Porque en el sitio del Consejo de Cámaras no hay forma de encontrarlo.]

Está claro que con la formación profesional hay que hacer lo siguiente:

• Desarrollar la ley de 2002.
• Fomentar la actualización permanente de las enseñanzas, en cuanto a profesores, material y prácticas. Por ejemplo, así.
• Adaptar al mercado los alumnos admitidos en cada titulación, aumentando aquéllas para las que hay demanda y reduciendo las que no tienen salida.
• No permitir la trampa de que un alumno estudie una titulación sin salida. Si no hay trabajo en la profesión que un alumno elegiría "por hacer algo", es mejor que curse otra donde sí lo hay.
• Coordinar a los centros de formación profesional con las empresas: invitar a dar prácticas en los centros a trabajadores de las empresas; si es conveniente, convencer a las empresas para que vendan a bajo precio o donen la maquinaria recién sustituida o material ligeramente defectuoso para que los alumnos puedan hacer prácticas lo más parecidas posible al trabajo real.
• Crear un sistema de colaboración y favores mutuos entre cada centro de formación profesional y las empresas cercanas. Por ejemplo, cenas semestrales. Por ejemplo, grupos en Facebook donde las empresas podrían escribir qué ofrecen, sus necesidades... y los centros leerlo.

Pedí el informe al Consejo de Cámaras y me mandaron un PDF: La Formación Profesional a examen. Sus recomendaciones, que suscribo salvo la última, son las siguientes:

1. Completar el Catálogo de Cualificaciones. Elaborar los Títulos y los Certificados

necesarios, adquiriendo públicamente el compromiso del cumplimiento de la programación y presentándola anualmente ante la opinión pública.

2. Elaborar los Títulos y los Certificados de manera que tengan coherencia interna, realizando un estudio riguroso, con relaciones con el sector productivo y que tenga efectos sobre los itinerarios formales de los trabajadores. Además deben actualizarse cuanto antes los Títulos con mayor riesgo de obsolescencia.

3. Desarrollar una campaña de alfabetización digital masiva de trabajadores y de pequeños y medianos empresarios.

4. Poner en marcha un sistema de evaluación de la calidad aplicando inicialmente metodologías ya conocidas, como EQFM o normas ISO, que permitan avanzar al sistema y que sean parte de un proceso experimental para desarrollar indicadores específicos, que puedan medir no sólo los  procesos sino también los resultados, entre ellos el impacto sobre la productividad y competitividad de las empresas.

5. Desarrollar todo un extenso sistema de orientación e información, con la mayor participación de actores que complementen y apoyen a los servicios públicos de empleo, como centros de FP, Cámaras de  comercio, Ayuntamientos u otras entidades de carácter público.

6. Configurar la plataforma a distancia para la Formación Profesional con cursos de carácter modular y de corta duración, de manera que se puedan acumular conocimientos, habilidades y destrezas que permitan reconocer Unidades de Competencia.

7. Dar importancia a la formación y las prácticas de profesores en empresas.

8. Llegar a un convenio entre el Ministerio de Educación y las Cámaras para un programa de largo alcance que garantice las empresas suficientes para que todos los alumnos realicen prácticas en empresas y la formación de los tutores de empresa, sobre todo en cuestiones pedagógicas.

9. Revisar a fondo los métodos y estructuras del Instituto Nacional de Cualificaciones. El Consejo de la Formación Profesional tiene que adquirir valor y debería responder a las exigencias tanto del ámbito  productivo como de la sociedad en general.

10. [no estoy de acuerdo]

Reactivar la democracia

Propuestas centrales de Fernando Savater en su artículo en El País del 3 de julio de 2012 en que se hace eco del Manifiesto por una democracia global y del libro Democrazia de Paolo Flores d'Arcais.

Sin embargo, piensa Flores d’Arcais, sólo hay democracia donde se lucha por la democracia. Un combate que pasa por:

-  enfrentarse a toda ilegalidad, privada o institucional,
- exigir respeto a la verdad de los hechos,
-  laicismo que separe la esfera pública de cualquier dogma religioso,
- defender la lógica racional y la ilustración en todos los planos,
- suprimir la influencia corruptora del dinero en el horizonte político y
- propiciar la redistribución constante de la riqueza a través de un Estado que no renuncie a procurar el bienestar de la mayoría,
- así como una fiscalidad vigilante y progresiva.

Asimismo, la propuesta principal del Manifiesto antes citado es:

Para evitar la profundización de las crisis globales y buscar soluciones a los desafíos planteados por la globalización debemos avanzar hacia más extensas y profundas formas de democracia. Las organizaciones nacional-estatales deben formar parte de una estructura más amplia y mejor coordinada, que debe incluir y articular instituciones regionales democráticas en todos los continentes, la reforma de la Corte Internacional de Justicia, una Corte Penal Internacional más justa y equitativa, y una Asamblea Parlamentaria en las Naciones Unidas, embrión de un futuro Parlamento Mundial. Pero este cambio institucional no podrá ser exitoso si es fruto de las acciones de una elite autoelegida. Por el contrario, la democratización del orden mundial debe surgir de un proceso socio-político abierto a todos los seres humanos, cuyo objetivo es la institucionalización participativa de una democracia global.

Fomentar que se envejezca mejor

El envejecimiento de la población no tiene por qué suponer mayores gastos en atención sanitaria. Es posible un envejecimiento saludable que retrase mucho las dolencias que suelen afligir a nuestros mayores, además de crear empleo. En un reciente artículo de la revista Muface se desarrolla el tema.

Cáritas Diocesana de Ourense ha publicado recientemente un estudio titulado Envejecimiento Activo. Un modelo de intervención, en el que cuantifica el ahorro –258,11 euros por persona y mes– que supone para la Administración Pública que los mayores realicen actividades que mejoren su calidad de vida sin salir de su entorno habitual.

La investigación, realizada durante 2011 en 11 pueblos de la comarca de A Limia y en la que se impartieron talleres de gimnasia, memoria y manualidades a más de 80 mayores, puso de manifiesto que las personas que participaron en dichas actividades mejoraron sus funciones cognitivas y su bienestar personal y social sin salir de su entorno rural. Además se comprobó cómo el envejecimiento activo es un ámbito que puede generar empleo –en este caso en concreto se formó a nueve personas para realizar los talleres– y contribuir a evitar el despoblamiento del campo.

Desde Cáritas de Ourense explican que el proyecto surgió ante la necesidad de incrementar la calidad de vida del colectivo sin salir de su entorno rural, ya que los mayores manifiestan estar mejor cuando permanecen en su domicilio. Entre otros resultados, los ancianos se sintieron más integrados en su comunidad al comprobar que gracias a ellos se había generado empleo en su comarca.

Otros estudios confirman lo beneficioso que es el ejercicio: en un ensayo clínico, de 12 meses de duración, las participantes, ancianas entre 65 y 70 años, fueron divididas en tres grupos. Las de los dos primeros realizaron ejercicios de resistencia de piernas una o dos veces a la semana. Las del tercero tan sólo ejecutaron gimnasia de tonificación y equilibrio. Los investigadores midieron las facultades cognitivas de todas ellas al comienzo del estudio, al cabo de seis meses y transcurrido un año.

Las mujeres que hicieron pesas mejoraron su destreza mental en dos aspectos: la resolución de conflictos y la atención selectiva (habilidad para responder a las cuestiones esenciales de una tarea o situación y pasar por alto aquéllas que son irrelevantes). En el plano físico, se observó un efecto positivo en la función muscular y en la velocidad durante la marcha, que está muy relacionada con el riesgo de caídas y discapacidad. Por otra parte, hay estudios que demuestran que ser capaz de caminar a buen ritmo está íntimamente relacionado con las funciones cognitivas.

Esto demuestra que arrumbar a los ancianos en residencias poco equipadas es un error muy caro. Las residencias públicas deben tener gimnasios adecuados, y procurar que los internos los utilicen. En cuanto a las privadas, si no cuentan con un gimnasio apropiado, no digo que se las debe obligar a tenerlo, pero sí que se les debe financiar en condiciones muy ventajosas. Siempre saldrá más barato que atender las enfermedades que en los ancianos producirá la falta de ejercicio.

Y por supuesto hay que llevar a cabo una campaña de concienciación entre la población mayor, tanto la internada como la, afortunadamente mayoritaria, que todavía vive en sus casas (que es lo más deseable). El médico de cabecera debe preguntar al anciano por el ejercicio que hace y, si no lo practica, animarlo a que lo haga y ofrecerle posibilidades.

Deben existir suficientes polideportivos y las personas mayores de 60 años deben disfrutar de una entrada gratis al mes (para piscina, tenis, pádel, musculación...) y descuento en otras dos. Hay que fomentar que los ancianos hagan un deporte adecuado compitiendo entre ellos (por ejemplo, pimpón, natación, danza...) por categorías (60 a 70 años, 70 a 80, más de 80...).

Por un sistema eléctrico justo (II)

Escribo esta entrada reafirmándome en lo propuesto en Por un sistema eléctrico justo (I) el año pasado y a raíz de que el Gobierno haya tomado el planteamiento de mi sistema para proponer el suyo.

No quiero criticar la solución del Gobierno. Solamente exponer las razones que me llevan a pensar que mi solución es mejor.

Vídeo completo en You Tube del interesantísimo programa Salvados de Jordi Évole 

'Oligopoly: el juego de la energía' emitido por la Sexta el 18/11/2012. 

Explica con mucho detalle alguno de los temas que trata esta entrada 

y pone énfasis sobre que el precio al que se está pagando la electricidad 

no tiene nada que ver con su coste, y que habría que aproximarlos. 

Mi propuesta era:

Tiene que existir un impuesto a la producción de electricidad, dependiente de cada central y del coste fijado por la subasta cada día, cuyos ingresos vayan a cubrir el déficit de tarifa.

Un ejemplo: supongamos que el 28 de septiembre de 2011 OMEL fija para el día siguiente un precio P de 60 €/MWh.

La central nuclear de Ascó II tiene este año un coste de producción C de 18 €/MWh, contando todo: coste de las instalaciones, IBI, amortizaciones, personal, seguros, combustibles, residuos... Todo. Este coste de producción lo fijaría anualmente el Estado para cada central (hidroeléctrica, térmica) teniendo en cuenta dichos costes, la cantidad de electricidad producida el año anterior y la esperable el año en curso.

Entonces esta central debería pagar por la electricidad producida el 29 de septiembre de 2011 (y que, recordemos, le sería retribuida a 60 €/MWh) un impuesto

I = P – C * 2 * Interés legal del dinero

La ley de Presupuestos Generales de cada año se encarga de fijar y actualizar a los valores de mercado el tipo de interés legal del dinero (ILD). En los presupuestos para el año 2011 este tipo se fijó en el 4%. Por tanto, el impuesto para esa central ese día sería 60 – 18*(1 + 0,04*2) = 40,56 €/MWh.

Según el editorial de El País del 23 de agosto de 2012, el plan del Gobierno consiste en el establecimiento de impuestos con tipos de gravamen diferente en función de cada tecnología generadora de energía eléctrica. Más concretamente, en el artículo del día anterior en que se basa dicho editorial, La propuesta incluía un impuesto del 4% a las térmicas, del 11% a la generación eólica y otro del 19% a la fotovoltaica y del 13% a la termosolar. Nucleares e hidráulicas también tendrían su propio gravamen (10 y 15 euros por megavatiohora). En total, pretendía recaudar 6.800 millones de euros al año y compensaba a las eléctricas con concesiones más amplias.

El primer problema de estos gravámenes fijos es que se podrían trasladar a los precios, con lo que el déficit de tarifa no solo no se resolvería, sino que se agravaría. Mi sistema, donde el impuesto depende del precio, no adolece de ese peligro.

El segundo problema es que trata de forma igual a instalaciones que son muy diferentes, unas recién construidas y otras completamente amortizadas. Incluso las que empezaron a operar en fecha parecida pueden tener tecnologías de muy distinto rendimiento. Los impuestos fijos pueden no solo conducir a algunas instalaciones a la quiebra mientras otras obtienen beneficios altísimos, sino que además, precisamente por esta razón, los tribunales pueden echarlos abajo.

Precisamente por esta razón, los impuestos fijos se han tenido que establecer por la mínima: es decir, si hay 10 instalaciones de un tipo (por ejemplo, nucleares) y un impuesto de 20 euros por MWh haría no rentable una sola de ellas, se tiene que bajar el impuesto para que TODAS sean rentables. Las otras se ven así muy beneficiadas, y la electricidad sigue sin pagarse al precio que realmente cuesta producirla.

De modo que estaríamos ante un sistema subóptimo, que no conseguiría eliminar el déficit de tarifa, solo reducirlo, mientras que mi planteamiento, que se ajusta a la rentabilidad de cada instalación, sí eliminaría el déficit.

La gran dificultad, pero solo aparente, de mi sistema, es que el Estado establezca fiablemente los costes de producción reales de todas las instalaciones de generación eléctrica de España, desde la más pequeña hidroeléctrica hasta la mayor nuclear. Es posible. Existen ya múltiples datos de instalaciones de energías renovables, de nucleares y de hidroeléctricas.

Se tendría que unificar toda esa información y ponerla en una base de datos. Cada responsable de cada instalación, accediendo por firma electrónica, podría ver, y en su caso, corregir o aportar, los datos de fecha de puesta en servicio de la instalación, cantidad anual de electricidad producida, precio de la instalación cuando se puso en servicio, inversiones de ampliación o modificación que se han ido haciendo a lo largo de los años y coste de mantenimiento anual. Suponiendo un plazo de amortización de 20 años, se calcularía automáticamente el coste de producción de la instalación.

Todo lo declarado a la base de datos tendría que poder ser justificado documentalmente por el responsable en caso de inspección. Detectar los fraudes sería muy sencillo: bastaría con inspeccionar las instalaciones cuyo coste de producción declarado fuera más de un 25% superior a la media de las instalaciones de la misma tecnología. Las instalaciones que mintieran sobre sus costes declarados o no pudieran justificarlos serían multadas con el triple de la cantidad presuntamente defraudada y la inhabilitación permanente de su responsable. Los fraudes serían imprescriptibles.

Más medidas fiscales

Propuestas de José María Mollinedo, Secretario General de los Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA), en la revista MUFACE de abril-junio de 2012

En primer lugar, se precisan estudios oficiales de economía sumergida, a partir de los cuales establecer y controlar el objetivo principal de reducir el fraude.

En segundo lugar, se debería realizar una reforma en profundidad del Ministerio de Hacienda y de la Agencia Tributaria, aumentando las competencias a todos sus empleados y, especialmente, duplicando las actuales responsabilidades de los 8.000 técnicos de Hacienda en la lucha contra el fraude para que puedan investigar las empresas que tengan hasta 12 millones de euros de ventas, lo que permitiría recaudar unos 6.200 millones adicionales.

En tercer lugar, habría que poner un mayor interés en el fraude de las grandes empresas en lugar de poner la lupa sobre el pequeño contribuyente, obtener información automática de las empresas que actúan en los paraísos fiscales y evitar que las grandes fortunas eludan impuestos.

En cuarto lugar, las administraciones públicas deberían llegar a acuerdos de colaboración en la lucha contra el fraude y compartir las bases de datos tributarias.

Estas cuatro propuestas fundamentales aliviarían el bolsillo de millones de ciudadanos. Así, desde GESTHA estimamos que rebajando la tasa de economía sumergida en España diez puntos porcentuales, acercándonos a la media sumergida de la UE-15, la recaudación subiría en unos 38.500 millones anuales, una cantidad que permitiría alcanzar el objetivo de déficit sin dañar al estado de bienestar.


Estas propuestas se unen a las ya formuladas en:

- Propuestas fiscales

- Propuestas fiscales de Izquierda Unida
- Cómo atajar el fraude fiscal

Libertad y responsabilidad de precios

Debe haber libertad para que las empresas privadas fijen todos los precios de los productos y servicios que se ha decidido que suministren (sobre qué productos y servicios es preferible dejar a la iniciativa privada y cuáles deben ser asumidos por el Estado, ver Público y privado). Que el Estado fije precios conduce a situaciones de escasez (Venezuela, por ejemplo), desabastecimiento (las famosas tiendas de estantes vacíos de la antigua Unión Soviética), beneficios excesivos (suministro de gas en España) o consumo irresponsable (precios de los carburantes en China).

El precio es un indicador fundamental de lo que la sociedad necesita ese producto o servicio y de lo que está dispuesta a pagar por él: no debe ser alterado en ningún caso por decisiones directas del Estado sobre ese precio, ya que se destruye así un valioso visor sobre la realidad y se anula el estímulo empresarial para invertir en sectores en auge.

La única excepción son los medicamentos de valor terapéutico y con patente en vigor. En este caso el sistema sanitario del país debe negociar con la compañía farmacéutica un precio razonable acorde con lo que aporta la nueva medicina y sus costes de investigación.

El que un sistema de precios libres ponga productos de primera necesidad fuera del alcance de amplias capas de la población no debe ser obstáculo para implantarlos. Los precios subvencionados llevan a un exceso de consumo y un sobrecoste para el Estado. Creo mucho mejor un sistema de devolución inmediata (por ejemplo, mediante tarjeta electrónica) a las personas pobres de la parte del importe que se considere oportuna, y siempre que el consumo de esa persona pobre no supere unos límites razonables.

Esto, por supuesto, no quiere decir que un Gobierno no deba tomar decisiones que afecten indirectamente a los precios. Por ejemplo, si se percibe que se está hinchando una burbuja inmobiliaria, es perfectamente adecuado que el Gobierno suba los impuestos por tenencia de inmuebles, que baje el límite de años a los que puede concederse una hipoteca, o el porcentaje sobre el valor de tasación, etc. Si observa que la electricidad está muy cara respecto a otros países de condiciones similares, debe revisar si las interconexiones con otros países están funcionando correctamente y tienen la capacidad adecuada, si no se están produciendo acuerdos ilegales entre productores y distribuidores, etc. Pero precisamente es un precio sin intervenir el que permite darse cuenta de esos fenómenos y ver si las medidas que se toman son efectivas (consiguen bajar el precio). Lo que no debe hacerse es fijar un precio del suelo o de la electricidad.

Eso sí, los precios de los servicios que tienden al monopolio natural (electricidad, gas, carburantes, telefonía y acceso a Internet) tienen que estar sujetos a responsabilidad: en cada compañía suministradora una persona física, empleada de esa compañía y residente en el país, tiene que firmar los precios de la compañía cada vez que ésta decida un cambio. Nada de comités de precios donde la responsabilidad queda diluida. Y si los precios sin impuestos firmados por esa persona exceden en más de un 15% a la media de los países con una situación económica comparable (para España, por ejemplo, serían Francia, Alemania, Italia y Reino Unido), se consideran predatorios, la compañía es multada con el doble del exceso, que se devuelve a sus clientes, y esa persona va a la cárcel al menos durante dos años.

Para poder realizar esta labor con garantías, obviamente el Estado no puede confiar en los precios que le suministren las propias compañías; en cambio, el Estado debe tener acceso a la base de datos de facturación de esas compañías para saber, digamos, que en el pasado semestre se ha facturado a 352.270 clientes un precio de 47,26 euros, IVA incluido, por su conexión ADSL. Debe calcular los promedios, que han de ser públicos (actualmente lo son, véase EUROSTAT) y tomar las medidas punitivas adecuadas si detecta abusos.

Medidas de bajo coste contra la crisis

(Extractadas del artículo de El País Negocios del 1 de julio de 2012)

- liberalización para la puesta en marcha de cualquier negocio: una licencia exprés sin limitaciones.
- que se apruebe la Ley de Emprendedores prometida por el Gobierno.

- que se pueda constituir una empresa en un día (esto ya es posible).

- incentivos fiscales para que los business angels entren con fuerza en España y los emprendedores logren financiación a sus proyectos.

- crear una bolsa de empresas en riesgo de desaparición porque no encuentran sucesor y ponerla a disposición de parados con capacidad de continuar sus actividades. Anualmente se cierran unas 50.000 actividades empresariales por falta de sucesor, no por falta de viabilidad. La Administración tendría que actuar de intermediario entre el viejo y el nuevo propietario.

- rebajar las cotizaciones a la Seguridad Social al 50% a estudiantes universitarios y de formación profesional que se den de alta como autónomos y compatibilicen estudios y actividad por cuenta propia, así como a aquellos trabajadores con pluriactividad. Habría más altas de autónomos y más ingresos para las arcas públicas.

-  que no fuesen solo los menores de 30 años en paro quienes pudiesen optar a capitalizar el paro para hacerse autónomos, sino todos los desempleados.

-  que la Administración pusiese a disposición de los parados una empresa con la que poder facturar sus trabajos esporádicos, que así abandonarían la economía sumergida.

El papel del BCE

La principal tarea del Banco Central Europeo, según se lee en su sede, es "mantener el poder de compra del euro y, de este modo, la estabilidad de precios en el área euro".

Resumiendo, luchar contra la inflación. Persiguiendo este objetivo, el BCE no ha vacilado en subir los tipos de interés en momentos sumamente perjudiciales para la economía europea.

La Reserva Federal Estadounidense tiene otros cometidos, tan amplios que los recoge en un libro entero. Pero su política monetaria consta de tres principios, y su orden no es casual: promover el máximo empleo, precios estables y tipos de interés moderados a largo plazo. Por eso ha llevado a cabo políticas de "relajación cuantitativa" (inundando el mercado de liquidez) que han conseguido sacar a la economía estadounidense de su marasmo.

El diferencial con el bono alemán, es decir, la prima de riesgo, no se debe a la situación fiscal o económica de los países que en la eurozona sufren una alta prima, sino a la especulación sobre la permanencia en el euro de determinados países. El Reino Unido tiene una deuda casi del 90% de su PIB, cuando España no llega al 75%. Y sin embargo, a 12-06-2012 la prima de riesgo del Reino Unido es de ¡solo veintinueve puntos! cuando España supera los 500. ¿Por qué? Porque el Tesoro Británico actúa aún como banco emisor de moneda, y los inversores tienen la seguridad de que, si el Gobierno británico se viera en dificultades para devolver sus vencimientos de deuda, simplemente daría al emisor la orden de "imprimir billetes".

El Banco Central Europeo ya ha actuado como defensor de la moneda única comprando, en determinados momentos, deuda de los países acosados en el mercado secundario. Es necesario modificar los tratados y cuantas disposiciones hagan falta para que el BCE añada a sus funciones la de defensor del euro. Tendría entonces la obligación de acudir a las subastas de deuda primarias y secundarias de los países con la moneda única para, en todos los casos, impedir que la prima de riesgo superara los 500 puntos.

Para tal función usaría sus propios fondos o, caso de juzgarlo necesario o conveniente, crearía, en su función emisora, el dinero necesario.

Tal función de salvaguarda no tendría que suponer un gasto. Primero: al saber los mercados que la va a ejercer en caso necesario, cuidarían de no dejar que la prima subiera por encima del límite, pues perderían la oportunidad de cobrar los intereses de ese país.

Segundo, recordemos que lo que compraría el BCE son activos de deuda, es decir, productos financieros que proporcionan un rendimiento. Una letra de 10.000 euros a un año que se compra al 5% proporciona 500 euros. Además, cuando la tensión se relaje, el BCE puede volver a vender la deuda comprada, de cuyo interés se ha beneficiado durante el tiempo que la ha mantenido, y sin pérdidas.

Tercero, la aportación al mercado de más liquidez no tiene por qué suponer un aumento de la inflación. El BCE mantendría su función de fijar los tipos de interés, con lo que podría acotar cualquier brote inflacionario.

Esta manera de funcionar sería mucho más flexible que los eurobonos, requeriría menos modificaciones legales para su puesta en práctica, despertaría menos recelos y sería una barrera eficaz contra los asaltos de los mercados.

Cuatro países, a los que pronto se añadirá Chipre, han tenido que ser rescatados, a un coste inconmensurable, y con resultados muy insatisfactorios, por los ataques de la prima de riesgo a sus economías. ¿A qué esperan los líderes europeos para ponerles coto de una vez?

Fiscalidad de la vivienda

La fiscalidad de la vivienda debe orientarse al objetivo principal de cumplir el derecho de una persona demandante de vivienda a disfrutar de una vivienda digna, según se ha desarrollado en la entrada anterior. También debe, de forma secundaria, satisfacer los objetivos de mantener la vivienda de adquisición (por contraposición a la vivienda en alquiler) a un precio alcanzable para la mayoría de la población y evitar las peligrosísimas burbujas inmobiliarias.

Para ello creo absolutamente fundamental que el valor catastral de la vivienda se actualice anualmente con el valor de mercado y sea igual a éste. Actualmente el valor catastral es alrededor de un tercio del valor de mercado y se actualiza cada ¡diez años! Es un desfase notablemente excesivo que genera graves disfunciones en el mercado, favorece las burbujas y hace más duro su estallido. No supone una mayor carga de trabajo para el Catastro. Simplemente se debería obligar a los Registros de la propiedad inmobiliaria a introducir en una base de datos, para los pisos cuya compraventa se inscribiera, el precio, los metros cuadrados construidos, la fecha de construcción, el estado (nuevo, usado, a reformar), la altura (bajo, ático, otro) y el código postal. Para los pisos existentes en ese código postal se aplicaría, como valor catastral (y de mercado, recordemos) en un año determinado, el valor medio, por metro cuadrado construido, de los pisos vendidos en ese código postal durante ese año, aplicando los coeficientes correspondientes por las características de la vivienda.

Esto obligaría a los ayuntamientos a cambiar anualmente sus tipos de IBI. Pero lo que hacen ahora, escalonar las subidas del valor catastral durante diez años, distorsiona el mercado. Y lo que dicen "Hacienda nos obliga a subir el IBI" es mentira, porque aunque el valor catastral suba, el Ayuntamiento tiene la facultad de bajar el tipo que cobra sobre ese valor.

Otras medidas de fiscalidad sobre vivienda son las desgravaciones a la compra (parcialmente responsables de la burbuja) o al alquiler. El problema de estas desgravaciones es que enseguida se suelen trasladar al precio sin producir el efecto deseado. Por ejemplo, si la compra desgrava, esto suele incrementar el precio en una cuantía superior a la desgravación. Por eso, si se decide una desgravación, debe controlarse anualmente si está consiguiendo el resultado planeado, y si a los dos años no hay evidencias claras, suprimirla.

Creo mucho más en la eficacia de los recargos impositivos. Habría que incrementar el que ya existe sobre la vivienda distinta de la habitual: el IBI de una vivienda no habitual y no arrendada debería multiplicarse por el número de viviendas que posee su propietario. Así, pagaría el doble de IBI por su segunda vivienda, el triple, tanto por la segunda como por la tercera, si poseyera tres, etc. Con los locales comerciales no arrendados ni dedicados a una actividad empresarial de su propietario, lo mismo. El tejido de una ciudad no solamente lo conforman las viviendas, sino también los comercios, y me parece fundamental fomentar la oferta de alquiler de locales.

Por último, al ser el inmobiliario un sector sujeto a profundas fluctuaciones, su fiscalidad debe evaluarse continuamente, y cambiarse a mejor si se considera que no está cumpliendo los objetivos. Dejar en marcha medidas que han demostrado su ineficacia puede provocar efectos gravísimos.

La vivienda

La vivienda es un derecho humano básico, y así está recogido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (artículo 25), la Constitución Española (artículo 47) y en al menos dos leyes autonómicas del derecho a la Vivienda (Andalucía y País Vasco).

Este derecho no debe entenderse como el derecho a poseer una vivienda, sino como el derecho a disfrutar de una vivienda, ya sea en régimen de propiedad o de alquiler.

Pero el cumplimiento de este derecho deja mucho que desear: por un lado, durante demasiado tiempo las viviendas en régimen de compra se han puesto a unos precios que dificultan su acceso por la mayoría de la población; por otro lado en España el alquiler es escaso, alrededor el 17%, mucho menor que en otros países de nuestro entorno: 57% en Alemania, 47% en Holanda, 38% en Francia...

La ley andaluza solo permite al ciudadano forzar a que su ayuntamiento elabore un plan de vivienda. La vasca va mucho más allá, y da al ciudadano que no posea una vivienda digna y adecuada el derecho a reclamar que la Comunidad Autónoma le proporcione una de alquiler asequible en su comarca. A mi entender ése es el modelo que debería seguirse.

Las viviendas de protección oficial se convierten en una lotería y un nido de fraude. Es injusto que un derecho solo se proporcione a quienes lo obtienen en un sorteo, y que pasados 20 años los afortunados puedan aprovecharse de su suerte vendiendo a precio libre el inmueble.

Basándome en lo anterior, creo firmente que toda persona mayor de edad que no posea una vivienda y con al menos diez años de residencia legal en una provincia española, y otros tantos de inscripción en un registro público de demandantes de vivienda en esa provincia,  tiene derecho a que la Comunidad Autónoma (o el Estado, si la competencia no está transferida) ponga a su disposición una vivienda digna en esa provincia por un alquiler de un tercio de los ingresos reales de esa persona.

Si esa persona posee la propiedad de más de un 5% de una vivienda en territorio español, o existen pruebas de que posee más de un 5% de una vivienda en territorio extranjero, no tendría ese derecho.

Lo perdería también si adquiriera más de un 5% de una vivienda en territorio español o en el extranjero o si, habiendo disfrutado de una vivienda pública en alquiler, hubiera dejado de pagar la renta o causado conflictos o molestias graves a los otros vecinos.

Si los ingresos reales de esa persona fueran cero, y fuera capaz de trabajar o formarse, se le proporcionaría un salario social a cambio de su trabajo o formación, y se le detraería un tercio para la vivienda.

Para disfrutar de este derecho sería obligatorio apuntarse en un registro público de demandantes de vivienda en esa provincia. La persona podría apuntarse (o ser apuntada por sus padres) a cualquier edad después del nacimiento. El único requisito sería no poseer más de un 5% de una vivienda. Este registro sería empleado por las autoridades para sus planes de construcción de viviendas públicas, adquisición de edificios para rehabilitarlos y dedicarlos a vivienda, o incluso en programas de expropiaciones de viviendas a precios de mercado.

Para considerarse digna, la vivienda para una persona dispondría de agua, electricidad, un cuarto de baño de al menos 3 m2, un dormitorio de al menos 6 m2 y un salón de al menos 10 m2. Estas extensiones se irían ampliando en el caso de viviendas para parejas o familias con hijos. La vivienda se encontraría emplazada en una zona con los servicios adecuados (escuela, centro de salud, comercios, zonas verdes...)  a menos de 5 kilómetros.

Evidentemente, si una persona mejora su situación y comienza a obtener unos ingresos elevados, pagar un tercio de ellos le resultaría más gravoso que comprarse una vivienda, con lo que la adquiriría y perdería el derecho a una vivienda pública. La dejaría vacía y sería ocupada por otra persona con derecho. De esta forma se proporcionaría una mayor flexibilidad al sistema inmobiliario, se evitarían burbujas y se fomentaría la movilidad interterritorial. Para este último objetivo, el derecho a vivienda en una provincia podría adquirirse cuando a la persona se le ofreciera un empleo fijo en esa provincia, sin esperar los años de registro.

La vivienda pública sería SIEMPRE en alquiler. Aunque una persona se pasara ochenta años de inquilina en una vivienda pública, no adquiriría su propiedad, ni podría trasmitir el derecho a seguir alquilándola. 

Obviamente este programa iría acompañado de una evaluación muy rigurosa de los ingresos de la persona, resultado de los planes de lucha contra el fraude fiscal de los que he hablado en otras entradas.