En primer lugar, se precisan estudios oficiales de economía sumergida, a partir de los cuales establecer y controlar el objetivo principal de reducir el fraude.
En segundo lugar, se debería realizar una reforma en profundidad del Ministerio de Hacienda y de la Agencia Tributaria, aumentando las competencias a todos sus empleados y, especialmente, duplicando las actuales responsabilidades de los 8.000 técnicos de Hacienda en la lucha contra el fraude para que puedan investigar las empresas que tengan hasta 12 millones de euros de ventas, lo que permitiría recaudar unos 6.200 millones adicionales.
En tercer lugar, habría que poner un mayor interés en el fraude de las grandes empresas en lugar de poner la lupa sobre el pequeño contribuyente, obtener información automática de las empresas que actúan en los paraísos fiscales y evitar que las grandes fortunas eludan impuestos.
En cuarto lugar, las administraciones públicas deberían llegar a acuerdos de colaboración en la lucha contra el fraude y compartir las bases de datos tributarias.
Estas cuatro propuestas fundamentales aliviarían el bolsillo de millones de ciudadanos. Así, desde GESTHA estimamos que rebajando la tasa de economía sumergida en España diez puntos porcentuales, acercándonos a la media sumergida de la UE-15, la recaudación subiría en unos 38.500 millones anuales, una cantidad que permitiría alcanzar el objetivo de déficit sin dañar al estado de bienestar.
Estas propuestas se unen a las ya formuladas en:
- Propuestas fiscales
Las empresas españolas pagaron en impuestos solo el 11,6% de sus beneficios, según el informe de la Agencia Tributaria (http://economia.elpais.com/economia/2012/09/23/actualidad/1348421676_585766.html). Es absolutamente vergonzoso e inaceptable. Hay que eliminar TODAS las deducciones, exenciones y bonificaciones en el impuesto sobre sociedades que se demuestre que no tienen ningún efecto sobre el empleo, y utilizar los ingresos extra para formar a los parados en los oficios que el mercado demanda.
ResponderEliminarEstamos viviendo una situación dramática con más de cinco millones de desempleados, existiendo provincias como Almería con más de un 40% de paro, y con un 35% en Andalucía. Tenemos más de 500 desahucios diarios que dejan a otras tantas familias al borde de la exclusión social. En esta semana una persona se ha lanzado al vacío, otra ha conseguido suicidarse; por desgracia, cada vez ocurrirán más estos sucesos como respuesta a la frustración y a encontrarse sin salida.
ResponderEliminarUna idea: por qué no se prueba a instrumentar una lucha sin cuartel contra el fraude fiscal, contra la fuga de capitales, y se pone a tributar de verdad a las SICAV en vez de hacerlo al 1%. De esta manera, conseguiríamos que algunos poderosos aportasen una pequeña parte de su capital para evitar recortes y, por tanto, el drama de miles y miles de compatriotas.
El Ministerio de Hacienda ha decidido tomar medidas para intentar atajar los abusos que, en materia de fiscalidad, cometen las grandes multinacionales. Con este objetivo y tras los movimientos en el mismo sentido de Reino Unido, Alemania o Francia, la más beligerante y que directamente exige a Google el pago de 1.000 millones en impuestos en los tribunales, la Agencia Tributaria va a poner en marcha una oficina especializada para reforzar la vigilancia contra las grandes empresas como Amazon, Apple, Facebook o el propio buscador que se aprovechan de su implantación en varios países para eludir el pago de impuestos.
ResponderEliminarFuentes del Ministerio de Hacienda han explicado que se vienen detectando situaciones en las que "ciertos grupos" con presencia internacional han utilizado España como vía para cargar "de forma exagerada" gastos sujetos a deducción fiscal, mientras que los beneficios los declaran en otros países con impuestos más bajos como Irlanda, Luxemburgo u Holanda. Por este motivo, el Gobierno ya rebajó los gastos financieros que las empresas se pueden deducir en el impuesto de sociedades.
Se da la circunstancia que España es uno de los países europeos que cuenta con un mayor abanico de deducciones de gastos en el impuesto de sociedades. Las grandes multinacionales aprovechan para jugar con los precios de transferencias entre sus filiales para trasladar gastos a la filial española, donde podrá deducir una mayor parte de los costes,y deriva los beneficios a otros países con Irlanda, con uno de los tipos efectivos sobre beneficios.
La OCDE ya está analizando el problema en un proyecto denominado BEPS (Base Erosion and Profit Shifting, esto es, erosión de la base imponible y traslado de beneficios) y está previsto que presente un primer informe en febrero. La reflexión de fondo es que se están usando figuras creadas para evitar la doble imposición internacional (que unos mismos beneficios tributen en dos países distintos) para llegar a una nula tributación como consecuencia de las agresivas estrategias fiscales de algunas compañías y de las facilidades que les dan algunos Gobiernos.
ResponderEliminarEl fraude fiscal priva cada año a los países europeos de ingresar un billón de euros. La Comisión Europea cree que hay que perseguir con más eficacia esos recursos y para lograrlo presentó el 6 de diciembre de 2012 un conjunto de 30 medidas que deben aplicar los Estados.
ResponderEliminarEntre ellas se cuentan:
- Impedir que las empresas se apliquen todas las deducciones posibles en un territorio cuando el grueso de los impuestos lo abonan en otro.
- Gravar a las empresas cuando se demuestre que la elección de su sede obedece solo a motivos fiscales en lugar de basarse en el lugar donde se desempeña la actividad.
- Que los países dejen de aplicar las normas contra la doble imposición.
- Que los países de la UE elaboren listas negras con los territorios que ellos creen que funcionan como paraísos.
- Que todos los Estados accedan a las bases de datos del resto.
El directivo de Google Matt Brittin comparecía ante la Cámara de los Comunes para explicar por qué el buscador de Internet traslada sus beneficios a Irlanda y opera algunos de sus negocios desde Islas Bermudas. Esa estrategia fiscal permitió a Google ahorrarse el año pasado más de 1.500 millones de euros en impuestos al trasladar unos 7.600 millones de beneficios al paraíso fiscal de Islas Bermudas.
ResponderEliminarEn Reino Unido se ha creado un movimiento ciudadano contra los recortes Uk Uncut (www.ukuncut.org.uk) que está llevando a cabo protestas contra la elusión fiscal de Starbucks, Amazon y Google. Esta organización celebró protestas en medio centenar de locales de la compañía cafetera para convertirlos en centros sociales y guarderías. La presión social ha llevado a Starbucks a replantearse su estrategia fiscal y anunciar que pagará más impuestos en Londres.
Bruselas recogió el guante recientemente y propuso la creación de una “cláusula anti-abuso” en los sistemas fiscales nacionales para impedir a las grandes compañías rebajar su coste fiscal mediante el traslado de los beneficios a otros estados miembros. “La idea”, sostiene el comisario de asuntos fiscales, Algirdas Semeta, “es que los impuestos deben pagarse en el país donde se produce la actividad económica real”.
Los expertos tributarios justifican que la ley permite estas prácticas y defienden que, si se quiere cambiar esta conducta tributaria, habría que cambiar la ley.
El G-20 ha emprendido una ofensiva para limitar el abuso de los precios de transferencias y la deslocalización de beneficios. En la última reunión del cónclave, celebrada en México el pasado noviembre, se discutió sobre el asunto y se encargó a la OCDE, el club integrado por las economías más desarrolladas del planeta, que elabore un informe sobre los abusos fiscales de las multinacionales para la próxima reunión del G-20 que tendrá lugar en febrero de 2013 en Rusia. La OCDE ha advertido reiteradamente sobre este riesgo. Ha creado un grupo de trabajo para reducir estas prácticas que hacen esfumarse los impuestos. Y propone a los países que mejoren sus convenios de doble imposición e intercambio de información para estrechar el cerco a estas prácticas.
El Tribunal Económico Administrativo Central (TEAC) ha dado la razón a la Agencia Tributaria y ha mantenido que la empresa informática estadounidense Dell debe tributar por todos los ingresos de su negocio español entre 2000 y 2003, al entender que su filial irlandesa, en cuyo nombre se facturan los productos que la multinacional vende en España, tiene una presencia lo suficientemente “sustancial y significativa” en territorio español como para considerarse como establecida permanentemente. Además, la justicia ha hecho suya la tesis de Hacienda sobre la tributación de las empresas que venden por internet, en oposición al criterio de las multinacionales del sector.
ResponderEliminarEn una resolución del pasado 15 de marzo, el tribunal rechazó la pretensión de la informática de que únicamente debe tributar en España por las comisiones obtenidas por la española Dell Computer, S.A. a los servicios prestados a su filial irlandesa Dell Products.
La compañía con sede en Mountain View (California) admite en su informe anual que “sustancialmente todo el beneficio de las operaciones en el exterior fue logrado por una filial irlandesa”. El buscador factura desde Irlanda los ingresos por publicidad que obtiene en otros mercados, como el español, donde la filial Google Spain ha declarado pérdidas en los últimos dos ejercicios y apenas ha pagado impuesto de sociedades. Google Spain se dedica principalmente a comercializar la publicidad de clientes españoles en Google. Pero no factura la publicidad de esos clientes, sino que lo que hace es refacturar a otras sociedades del grupo (básicamente Google Ireland) basándose en los costes incurridos más un pequeño margen. Eso mismo hace en prácticamente todos los mercados fuera de Estados Unidos, como Reino Unido, Francia o Italia, entre los principales.
ResponderEliminarPero Google ni siquiera paga el 12,5% que es el tipo del impuesto de sociedades en Irlanda. Una investigación realizada por Bloomberg en 2010 mostró cómo se las arreglaba para trasladar su beneficio a paraísos fiscales sin apenas tributar. La filial irlandesa que recibe los ingresos por publicidad de otros países paga a su vez derechos de propiedad industrial a la otra filial irlandesa, que está domiciliada a efectos fiscales en las islas Bermudas, una maniobra que en el argot fiscal se conoce como el doble irlandés. Para evitar retenciones, Google canaliza los pagos a las Bermudas a través de una filial holandesa que ni siquiera tiene empleados, una operación conocida como sandwich holandés. Los pagos de la filial irlandesa a la firma de las Bermudas, domiciliada en un despacho de abogados, alcanzaron en 2011 los 9.800 millones de dólares (cerca de 7.300 millones de euros al cambio actual), según los últimos documentos disponibles.
Los inspectores de Hacienda han presentado un paquete de medidas para combatir la corrupción. Consideran que esta práctica que habitualmente afecta a políticos. Consideran que la inspección a éstos debería ser de carácter permanente e incluirse cada año en el plan de control tributario de la Agencia Tributaria.
ResponderEliminarLos inspectores fiscales también reclaman que sea obligatorio remitir a Hacienda la información sobre los registros de bienes patrimoniales de cada entidad local, así como cualquier registro oficial de este tipo que exista en otros órganos como es la declaración de rentas del Congreso. Junto a estas peticiones incluyen otras como la posibilidad de realizar un seguimiento patrimonial de las personas condenadas por corrupción, tipificar como delito la no entrega o falseamiento de datos en la declaración de los bienes patrimoniales o la participación en sociedades.
La Organización de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) ha propuesto 17 medidas para frenar el auge de los paraísos fiscales. Reclaman que se les permita actuar de incógnito para obtener información sobre los fraudes. Otras medidas pasan por eliminar el secreto bancario, generalizar los acuerdos FATCA, que obligan a las entidades financieras extranjeras con fondos de ciudadanos españoles que informen a la Agencia Tributaria.
ResponderEliminarTambién piden un NIF local obligatorio para operar en nuestro país que impida las actividades de entidades situadas en paraísos fiscales. Además, reivindican que se obligue, tanto a los bancos como a otras empresas, a proporcionar información sobre la identidad de los clientes de sus filiales en paraísos fiscales. Otra de las propuestas consiste en establecer una tasa sobre transacciones financieras internacionales.
Los inspectores reclaman, además, que se establezca la responsabilidad solidaria de despachos y entidades bancarias que comercialicen productos diseñados con técnicas de ingeniería fiscal. Y regular la denuncia tributaria para los casos en los que el denunciante obtenga una parte de la sanción que se imponga.
El 90% de los ingresos tributarios procede de las rentas del trabajo. El IRPF dejó de ser redistributivo para convertirse en un impuesto sobre las nóminas, del que escapan por distinta vías las rentas del capital.
ResponderEliminar¿Cómo incorporar al impuesto las rentas que lo soslayan? Una idea sugestiva es la que acaban de proponer los socialistas en Bases para la reforma fiscal (www.psoe.es): crear un impuesto unificado renta / riqueza: “integrar en una figura tributaria única la valoración del patrimonio, de forma homogénea y sin excepciones, con la tributación de la renta”.
Los frutos del patrimonio se integrarían en su totalidad, proviniesen de acciones, depósitos, inmuebles, Sicav u otras colocaciones. Y se aplicaría sobre su cuantía total un porcentaje de rendimiento teórico. En Holanda funciona ese sistema, que considera renta del patrimonio un 4% de su total, y lo grava a un tipo del 30%. Las bases proponen también un alivio a la imposición del ahorro, mediante unas “cuentas de ahorro”, que no se limiten a los planes de pensiones.
Algo distinto, pero también interesante, es el modelo dual que introdujeron los países nórdicos desde principios de los noventa: trata en el IRPF a las rentas del trabajo algo peor que a las del capital, pero grava a estas con un tipo fijo y uniforme para todos (no hay escapatorias), que es igual al mínimo de las rentas del trabajo, igual, a su vez, al del impuesto de sociedades.
Una de las principales recomendaciones de Bruselas pasa por “considerar una mayor limitación del gasto fiscal relativo a la imposición directa”. La traducción del peculiar lenguaje burocrático consiste en suprimir algunas de las múltiples deducciones del IRPF y sociedades.
ResponderEliminarLa mayoría de los expertos fiscales consultados coinciden en que hay que revisar las desgravaciones que suponen un coste para el Estado de cerca de 16.400 millones. La más cuantiosa es la deducción por compra de vivienda, unos 1.800 millones al año. Pero el punto de mira de Bruselas está puesto en la deducción sobre planes de pensiones privados.
“En el impuesto sobre la renta personal, la desgravación fiscal de las contribuciones a planes de pensiones tiene efectos regresivos y falsea la composición del ahorro”, señala la Comisión Europea.
“Cuando decimos que no hay suficiente dinero para las pensiones públicas, no tiene sentido financiar con dinero público, con 1.200 millones al año, las pensiones privadas que normalmente corresponden a rentas altas”.
El informe anual de recaudación de 2011, publicado esta semana, completa el retrato del descalabro en el impuesto de sociedades, que grava los beneficios de las empresas. Los gigantes empresariales, los grupos consolidados, aprovecharon a fondo durante cinco años la reforma del impuesto, que bajó tipos, y su generoso sistema de deducciones. Pasaron de pagar a las arcas públicas 12.673 millones en 2006 a 3.012 millones en 2011.
ResponderEliminarEl Gobierno socialista aprobó en 2007 una reforma del impuesto de sociedades para bajar por primera vez en democracia el gravamen teórico sobre los beneficios empresariales: del 35% al 30% (del 30% al 25% para las pymes). Lo que se había planteado como una reforma gradual, tuvo una aplicación casi inmediata por la presión de CiU; la anunciada “poda” de las generosas deducciones que disfrutaban las grandes empresas quedó en casi nada.
Cuando la crisis irrumpió en 2009, y pese al desplome de los ingresos, el Ejecutivo socialista aún abrió la mano a más beneficios fiscales —permitió acelerar la amortización de activos, lo que, en la contabilidad, rebaja los beneficios sobre los que se tributa—. Un tímido intento de cambio de rumbo al final de la legislatura no evitó el desastre: muchas grandes empresas aprovecharon a fondo las ventajas dadas para reducir a la mínima expresión sus pagos a Hacienda.
La crisis ha penalizado con dureza los beneficios de las compañías, grandes y pequeñas. Pero el impacto en la recaudación, por esas facilidades legales, fue mucho mayor. Los resultados empresariales sujetos al impuesto pasaron de 209.642 millones en 2006 a 143.890 millones en 2011, una caída del 31%. La cuota líquida, lo que pagaron todas las empresas a Hacienda por los resultados, bajó en el mismo periodo de 40.529 a 12.665 millones, un 68%. En el caso de los grupos consolidados, ese descenso fue del 76%.
El Gobierno del PP ha puesto en marcha una amplia contrarreforma desde que llegó al poder para aliviar la pérdida de ingresos, con sucesivas supresiones de beneficios fiscales, límites estrictos a las deducciones y puesta en marcha de mínimos (12% del resultado) en los pagos fraccionados.
Primero, los impuestos deben estar técnicamente bien configurados, adaptados a la realidad actual y coordinados entre sí, de manera que, sin demasiada complejidad, un ciudadano pueda saber el porqué de cada impuesto, cuánto debe pagar y a qué administración.
ResponderEliminarSegundo, no todos los impuestos sirven para todo, por lo que la valoración de la equidad o de la eficiencia se debe referir al conjunto del sistema fiscal, y no a cada impuesto de manera aislada.
Tercero, los impuestos deben ser perceptibles por los ciudadanos, lo que significa conocer cuánto se paga. Sólo así se puede ser exigente en la rendición de cuentas de los responsables políticos.
Cuarto, el correcto control del pago de los impuestos debe llevarse a cabo por una administración tributaria dotada de los recursos necesarios, en particular los humanos, primando la especialización en la investigación y la lucha contra el fraude, y en coordinación entre otras administraciones, tanto autonómicas como internacionales.
Por último, las comunidades autónomas deben ser también responsables de la mayoría de sus ingresos, a fin de alcanzar una verdadera corresponsabilidad fiscal de los gobiernos autonómicos.
El informe, titulado "El hueco que deja el diablo: una estimación del fraude en el IRPF", ha sido elaborado por Julio López Laborda, catedrático de Economía Pública de la Universidad de Zaragozacon datos de 500.000 declaraciones de la renta de 2008. Concluye que casi la mitad de la renta de los profesionales y autónomos escapa al control del fisco. En las rentas salariales no hay margen para engañarlo porque las retenciones previas permiten controlar toda la información.
ResponderEliminarEl mayor porcentaje de fraude (un 61%) se concentra en las rentas de capital mobiliario; el fraude en las de capital inmobiliario, derivadas de los alquileres y de la imputación de segundas viviendas, asciende al 55%; el de actividades empresariales por estimación directa queda cerca del 48% y el de la estimación por módulos, en el 46%.
El fraude se concentra en las rentas de capital por la cantidad de dinero y patrimonio que los españoles tienen depositados en paraísos fiscales (144.000 millones de euros, la mitad de ellos en Suiza).
López Laborda reclama reforzar la moral social, elevar la dotación de recursos para combatir el fraude y aumentar las medidas coercitivas.
Según los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), la tasa de economía sumergida que hay en España supone casi el 25% del PIB: 253.000 millones de euros escapan al control de Hacienda.
ResponderEliminarPara avanzar hacia la justicia fiscal proponen tres medidas:
1. Dotar al sistema de mayor progresividad dando mayor peso a la imposición directa sobre la indirecta, igualando el tratamiento de las rentas del trabajo y las del capital, limitando incentivos y deducciones en el Impuesto de Sociedades, implantando el Impuesto a las transacciones financiertas y abordando una decidida lucha contra el fraude y la elusión fiscal, que nos permita alcanzar un nivel real de presión fiscal igual al del resto de la Eurozona.
2. Mayor dotación de medios humanos y técnicos en la Agencia Tributaria, reformando su estructura y funcionamiento, para poner mayor atención en las principales bolsas de fraude: grandes empresas y grandes fortunas.
3. Mecanismos que exijan mayor transparencia a las grandes empresas en materia fiscal. Entre ellos, el requerimiento de un informe económico y de pago de impuestos que refleje todos los países en los que las empresas estás presentes y que sea de acceso público.
Constituida por Gestha, CCOO, USO, ATTAC España, Economistas sin Fronteras, Oxfam Intermón, EAPN España, FONGDCAM, InspirAction, Observatorio de la RSC, Publiquen lo que pagan y Alianza contra la Pobreza, propone, además, las siguientes medidas:
ResponderEliminar4. Eliminar el régimen de ETVE (Entidades de Tenencia de Valores Extranjeros): están exentos de pago la entrada y la salida de capitales, y los dividendos, beneficios y plusvalías generados por las empresas extranjeras participadas por las ETVE. Únicamente la inversión que realicen para desarrollar su actividad dentro de España queda sujeta a tributación, pero pueden deducirse los gastos.
5. Gravar la acumulación de riqueza
– Revisar el Impuesto sobre el Patrimonio, como mecanismo fiscal adicional de progresividad y contención de la desigualdad. Extensión de este impuesto a todo el Estado negociando en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera unas bases mínimas de imposición.
– Revisar y armonizar el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, evitando la competencia a la baja entre CCAA actualmente existente.
– Revisar el régimen de SICAV, estableciendo un límite de participación personal o familiar no superior al 4% del capital.
6. Educación tributaria
7. Mayor cooperación fiscal internacional