jueves, 23 de agosto de 2012

Por un sistema eléctrico justo (II)

Escribo esta entrada reafirmándome en lo propuesto en Por un sistema eléctrico justo (I) el año pasado y a raíz de que el Gobierno haya tomado el planteamiento de mi sistema para proponer el suyo.

No quiero criticar la solución del Gobierno. Solamente exponer las razones que me llevan a pensar que mi solución es mejor.

Vídeo completo en You Tube del interesantísimo programa Salvados de Jordi Évole 
'Oligopoly: el juego de la energía' emitido por la Sexta el 18/11/2012. 
Explica con mucho detalle alguno de los temas que trata esta entrada 
y pone énfasis sobre que el precio al que se está pagando la electricidad 
no tiene nada que ver con su coste, y que habría que aproximarlos. 

Mi propuesta era:

Tiene que existir un impuesto a la producción de electricidad, dependiente de cada central y del coste fijado por la subasta cada día, cuyos ingresos vayan a cubrir el déficit de tarifa.

Un ejemplo: supongamos que el 28 de septiembre de 2011 OMEL fija para el día siguiente un precio P de 60 €/MWh.

La central nuclear de Ascó II tiene este año un coste de producción C de 18 €/MWh, contando todo: coste de las instalaciones, IBI, amortizaciones, personal, seguros, combustibles, residuos... Todo. Este coste de producción lo fijaría anualmente el Estado para cada central (hidroeléctrica, térmica) teniendo en cuenta dichos costes, la cantidad de electricidad producida el año anterior y la esperable el año en curso.

Entonces esta central debería pagar por la electricidad producida el 29 de septiembre de 2011 (y que, recordemos, le sería retribuida a 60 €/MWh) un impuesto


I = P – C * 2 * Interés legal del dinero

La ley de Presupuestos Generales de cada año se encarga de fijar y actualizar a los valores de mercado el tipo de interés legal del dinero (ILD). En los presupuestos para el año 2011 este tipo se fijó en el 4%. Por tanto, el impuesto para esa central ese día sería 60 – 18*(1 + 0,04*2) = 40,56 €/MWh.

Según el editorial de El País del 23 de agosto de 2012, el plan del Gobierno consiste en el establecimiento de impuestos con tipos de gravamen diferente en función de cada tecnología generadora de energía eléctrica. Más concretamente, en el artículo del día anterior en que se basa dicho editorial, La propuesta incluía un impuesto del 4% a las térmicas, del 11% a la generación eólica y otro del 19% a la fotovoltaica y del 13% a la termosolar. Nucleares e hidráulicas también tendrían su propio gravamen (10 y 15 euros por megavatiohora). En total, pretendía recaudar 6.800 millones de euros al año y compensaba a las eléctricas con concesiones más amplias.

El primer problema de estos gravámenes fijos es que se podrían trasladar a los precios, con lo que el déficit de tarifa no solo no se resolvería, sino que se agravaría. Mi sistema, donde el impuesto depende del precio, no adolece de ese peligro.

El segundo problema es que trata de forma igual a instalaciones que son muy diferentes, unas recién construidas y otras completamente amortizadas. Incluso las que empezaron a operar en fecha parecida pueden tener tecnologías de muy distinto rendimiento. Los impuestos fijos pueden no solo conducir a algunas instalaciones a la quiebra mientras otras obtienen beneficios altísimos, sino que además, precisamente por esta razón, los tribunales pueden echarlos abajo.

Precisamente por esta razón, los impuestos fijos se han tenido que establecer por la mínima: es decir, si hay 10 instalaciones de un tipo (por ejemplo, nucleares) y un impuesto de 20 euros por MWh haría no rentable una sola de ellas, se tiene que bajar el impuesto para que TODAS sean rentables. Las otras se ven así muy beneficiadas, y la electricidad sigue sin pagarse al precio que realmente cuesta producirla.

De modo que estaríamos ante un sistema subóptimo, que no conseguiría eliminar el déficit de tarifa, solo reducirlo, mientras que mi planteamiento, que se ajusta a la rentabilidad de cada instalación, sí eliminaría el déficit.

La gran dificultad, pero solo aparente, de mi sistema, es que el Estado establezca fiablemente los costes de producción reales de todas las instalaciones de generación eléctrica de España, desde la más pequeña hidroeléctrica hasta la mayor nuclear. Es posible. Existen ya múltiples datos de instalaciones de energías renovables, de nucleares y de hidroeléctricas.

Se tendría que unificar toda esa información y ponerla en una base de datos. Cada responsable de cada instalación, accediendo por firma electrónica, podría ver, y en su caso, corregir o aportar, los datos de fecha de puesta en servicio de la instalación, cantidad anual de electricidad producida, precio de la instalación cuando se puso en servicio, inversiones de ampliación o modificación que se han ido haciendo a lo largo de los años y coste de mantenimiento anual. Suponiendo un plazo de amortización de 20 años, se calcularía automáticamente el coste de producción de la instalación.

Todo lo declarado a la base de datos tendría que poder ser justificado documentalmente por el responsable en caso de inspección. Detectar los fraudes sería muy sencillo: bastaría con inspeccionar las instalaciones cuyo coste de producción declarado fuera más de un 25% superior a la media de las instalaciones de la misma tecnología. Las instalaciones que mintieran sobre sus costes declarados o no pudieran justificarlos serían multadas con el triple de la cantidad presuntamente defraudada y la inhabilitación permanente de su responsable. Los fraudes serían imprescriptibles.

Más medidas fiscales

Propuestas de José María Mollinedo, Secretario General de los Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA), en la revista MUFACE de abril-junio de 2012

En primer lugar, se precisan estudios oficiales de economía sumergida, a partir de los cuales establecer y controlar el objetivo principal de reducir el fraude.


En segundo lugar, se debería realizar una reforma en profundidad del Ministerio de Hacienda y de la Agencia Tributaria, aumentando las competencias a todos sus empleados y, especialmente, duplicando las actuales responsabilidades de los 8.000 técnicos de Hacienda en la lucha contra el fraude para que puedan investigar las empresas que tengan hasta 12 millones de euros de ventas, lo que permitiría recaudar unos 6.200 millones adicionales.

En tercer lugar, habría que poner un mayor interés en el fraude de las grandes empresas en lugar de poner la lupa sobre el pequeño contribuyente, obtener información automática de las empresas que actúan en los paraísos fiscales y evitar que las grandes fortunas eludan impuestos.

En cuarto lugar, las administraciones públicas deberían llegar a acuerdos de colaboración en la lucha contra el fraude y compartir las bases de datos tributarias.

Estas cuatro propuestas fundamentales aliviarían el bolsillo de millones de ciudadanos. Así, desde GESTHA estimamos que rebajando la tasa de economía sumergida en España diez puntos porcentuales, acercándonos a la media sumergida de la UE-15, la recaudación subiría en unos 38.500 millones anuales, una cantidad que permitiría alcanzar el objetivo de déficit sin dañar al estado de bienestar.


Estas propuestas se unen a las ya formuladas en:

- Propuestas fiscales

domingo, 19 de agosto de 2012

Libertad y responsabilidad de precios

Debe haber libertad para que las empresas privadas fijen todos los precios de los productos y servicios que se ha decidido que suministren (sobre qué productos y servicios es preferible dejar a la iniciativa privada y cuáles deben ser asumidos por el Estado, ver Público y privado). Que el Estado fije precios conduce a situaciones de escasez (Venezuela, por ejemplo), desabastecimiento (las famosas tiendas de estantes vacíos de la antigua Unión Soviética), beneficios excesivos (suministro de gas en España) o consumo irresponsable (precios de los carburantes en China).


El precio es un indicador fundamental de lo que la sociedad necesita ese producto o servicio y de lo que está dispuesta a pagar por él: no debe ser alterado en ningún caso por decisiones directas del Estado sobre ese precio, ya que se destruye así un valioso visor sobre la realidad y se anula el estímulo empresarial para invertir en sectores en auge.

La única excepción son los medicamentos de valor terapéutico y con patente en vigor. En este caso el sistema sanitario del país debe negociar con la compañía farmacéutica un precio razonable acorde con lo que aporta la nueva medicina y sus costes de investigación.

El que un sistema de precios libres ponga productos de primera necesidad fuera del alcance de amplias capas de la población no debe ser obstáculo para implantarlos. Los precios subvencionados llevan a un exceso de consumo y un sobrecoste para el Estado. Creo mucho mejor un sistema de devolución inmediata (por ejemplo, mediante tarjeta electrónica) a las personas pobres de la parte del importe que se considere oportuna, y siempre que el consumo de esa persona pobre no supere unos límites razonables.

Esto, por supuesto, no quiere decir que un Gobierno no deba tomar decisiones que afecten indirectamente a los precios. Por ejemplo, si se percibe que se está hinchando una burbuja inmobiliaria, es perfectamente adecuado que el Gobierno suba los impuestos por tenencia de inmuebles, que baje el límite de años a los que puede concederse una hipoteca, o el porcentaje sobre el valor de tasación, etc. Si observa que la electricidad está muy cara respecto a otros países de condiciones similares, debe revisar si las interconexiones con otros países están funcionando correctamente y tienen la capacidad adecuada, si no se están produciendo acuerdos ilegales entre productores y distribuidores, etc. Pero precisamente es un precio sin intervenir el que permite darse cuenta de esos fenómenos y ver si las medidas que se toman son efectivas (consiguen bajar el precio). Lo que no debe hacerse es fijar un precio del suelo o de la electricidad.

Eso sí, los precios de los servicios que tienden al monopolio natural (electricidad, gas, carburantes, telefonía y acceso a Internet) tienen que estar sujetos a responsabilidad: en cada compañía suministradora una persona física, empleada de esa compañía y residente en el país, tiene que firmar los precios de la compañía cada vez que ésta decida un cambio. Nada de comités de precios donde la responsabilidad queda diluida. Y si los precios sin impuestos firmados por esa persona exceden en más de un 15% a la media de los países con una situación económica comparable (para España, por ejemplo, serían Francia, Alemania, Italia y Reino Unido), se consideran predatorios, la compañía es multada con el doble del exceso, que se devuelve a sus clientes, y esa persona va a la cárcel al menos durante dos años.

Para poder realizar esta labor con garantías, obviamente el Estado no puede confiar en los precios que le suministren las propias compañías; en cambio, el Estado debe tener acceso a la base de datos de facturación de esas compañías para saber, digamos, que en el pasado semestre se ha facturado a 352.270 clientes un precio de 47,26 euros, IVA incluido, por su conexión ADSL. Debe calcular los promedios, que han de ser públicos (actualmente lo son, véase EUROSTAT) y tomar las medidas punitivas adecuadas si detecta abusos.