En el segundo sistema no hay "caja común", sino depósitos individuales. El trabajador ahorra (de manera obligatoria) para sí mismo y retira los ahorros cuando se jubila (aunque en muchos casos la entidad financiera donde tenía el dinero puede ofrecerle cobrar por meses una cantidad proporcional a la suma acumulada y a la esperanza de vida del trabajador). Las principales diferencias con una libreta de ahorros normal son: que el dinero no puede ser retirado hasta la jubilación, y las bonificaciones fiscales que dan los Estados para fomentar este sistema.
Se comprenderá que en muy pocos países se da uno u otro sistema en estado puro, siendo lo normal una convivencia de ambos, con las peculiaridades locales a las que pueden haber dado lugar los procesos históricos.
Ambos sistemas tienen sus problemas. Algunos economistas están constantemente advirtiendo sobre el peligro de quiebra del primero. Su razonamiento es que el sistema de reparto fue creado cuando la esperanza de vida era menor: mucha más gente moría antes de jubilarse, y los que sobrevivían no llegaban a edades tan avanzadas como ahora. De esa forma, se ponía en la "caja" más dinero del que se sacaba. Con una población envejecida, bajos índices de natalidad (por ejemplo, en Alemania o Italia) y la generalización de la jubilación anticipada, la cantidad de dinero que se necesitará en el futuro para cumplir los compromisos adquiridos con los pensionistas puede superar en mucho a la cantidad pagada por los que todavía trabajan. Muchos países, conscientes de este peligro, han endurecido las condiciones para tener derecho a pensión (por ejemplo, incrementando el número de años durante los que se ha cotizado), o reducido el importe de ésta (por ejemplo, en España, desde 2012, la pensión ya no se basa en el salario de los últimos quince años, sino en el de los últimos 25. Hasta se discute calcularla sobre el salario medio de toda la vida laboral).
Por ejemplo, Guillermo de la Dehesa en El País: "Sin embargo, creo que estamos mostrando poca solidaridad intergeneracional.Primero, porque la generación de nuestros hijos, que es muy inferior en número a la nuestra, muy mileurista y con elevado desempleo, tiene ahora que pagar nuestras pensiones, lo que les supondrá un enorme esfuerzo anual de ahorro y un "impuesto" añadido sobre sus ingresos.Segundo, porque no queremos trabajar más años para compensar nuestra mayor esperanza de vida y reducir así el exagerado esfuerzo financiero que ellos tendrán que hacer."
A finales de diciembre de 2012 Mariano Rajoy quiere abrir un debate sobre reformas del actual sistema.
Pero estas soluciones crean nuevos problemas: un trabajador puede haber cotizado muchos años, pero si se queda en paro poco antes de la edad de jubilación, puede perder muchos derechos. A la inversa: en España se da el caso de trabajadores que no cotizan durante parte de su vida; sólo empiezan a hacerlo a partir de los 40, para llegar a los 65 con veinticinco años cotizados. Tampoco está resuelta la situación de un trabajador que ha cambiado el país donde ejerce su profesión una o más veces, ni del que ha trabajado de forma discontinua. Es muy injusto que quien ha cotizado catorce años no tenga derecho a pensión y sí lo tenga el que ha cotizado dieciséis.
Los sistemas de capitalización sufren otros inconvenientes. Sus partidarios decían que ofrecían mejor rentabilidad que los de reparto. La crisis los ha puesto en su lugar: algunos fondos han perdido el más del 30 % de su valor, esto es, darán un capital 30 % menor al trabajador que hubiera confiado en ellos para su pensión y tuviera que jubilarse en ese preciso momento. Aunque eso no es nada comparado con lo que les ocurrió a los empleados de Enron, que lo perdieron todo.
Además, el alza de las acciones depende, primeramente, de las expectativas de beneficio, y a continuación, de que la gente crea en esas expectativas, invierta allí su dinero y lo mantenga. Hemos visto que las expectativas pueden derrumbarse de un día para otro. Confiar el sustento de millones de personas a fondos que se sostienen en el puro aire es completamente insensato.
Otro elemento a tener en cuenta es el coste de la gestión. Según el presidente del Centro de Investigación de Políticas Económicas, Guillermo de la Dehesa, los costes de la gestión de un fondo de pensiones alcanzan el 30 % de su valor en el Reino Unido, Méjico y Chile. Hay que pagar muy bien a los gestores y llevar a cabo numerosas operaciones, cada una de ellas con las correspondientes comisiones a los excelentemente retribuidos "trabajadores de cuello blanco" que las realizan. Todo ese dinero va a los bancos e instituciones financieras, lo que hace muy comprensible el interés de estas organizaciones en acabar con el sistema de reparto.
Mi propuesta es un sistema de reparto en el cual la pensión que uno obtiene un mes es directamente proporcional a lo que ha cotizado durante su vida y a lo que han cotizado el mes anterior los trabajadores en activo.
Un ejemplo: Juan acaba de jubilarse, a los 65 años. Su último salario, antes de impuestos, fue de 2000 euros (€) al mes. Ha trabajado durante 40 años. Supongamos una tasa de inflación constante del 2 %, con la que los salarios están indizados (dato que, aunque válido para este análisis, no es real, pues en los países desarrollados, debido al crecimiento de la productividad, los salarios suelen crecer más que la inflación) y una cotización para pensiones del 30 % del salario, que es pagada 15% por el trabajador y 15 % por su empresa.
Esto significa que Juan habrá cotizado199 5478 € en esos cuarenta años. En el país de Juan hay 15 millones de trabajadores y 7 millones de jubilados. El salario medio por trabajador en el primer mes que Juan tiene derecho a pensión es de 1750 € y la contribución total media que cada jubilado ha hecho a la caja común es por tanto de 174 604 €. Con estas cifras, la pensión mensual de Juan será A*B/C, siendo:
A: lo que cotizan ese mes los trabajadores en activo, es decir 15 000 000*1 750*(30/100)
B: lo que ha cotizado Juan, 199 547
C: lo que el resto de jubilados ha cotizado, o sea 7 000 000*174 604
Esto significa que a Juan recibiría el primer mes una pensión de 1286 €, equivalente a un 64 % de su último salario. Este porcentaje puede variar dependiendo de la cotización para pensiones, del número de trabajadores en activo, del número de pensionistas y de la edad de retiro. Aunque resulte algo sorprendente, no cambia si varía el salario medio.
Pero por esta misma razón, mucha gente se vería estimulada a retrasar su jubilación, en vez de la actual situación, en la cual la adelantan (no siempre voluntariamente) y sobrecargan el sistema de pensiones. Otras ventajas del sistema propuesto son:
- su transparencia, simplicidad y responsabilidad: el trabajador puede saber y comprender en todo momento lo que ha pagado y la pensión que recibiría si se jubilara. Esto le permite tomar decisiones de ahorro o pedir cambios (aumentos o reducciones, para los que se podrían convocar referendos con cierta periodicidad, y serían trabajadores y pensionistas quienes decidirían, no políticos) en la cotización para pensiones.
- su seguridad: siempre habrá trabajadores que coticen. Ni siquiera una crisis del mercado laboral reduciría las pensiones tan rápidamente como una crisis bursátil reduce el valor de los fondos.
- su capacidad de generar confianza: en los países donde hay sistema de reparto son continuas las quejas de los trabajadores sobre los recortes que permanentemente sufre el sistema (recortes, por otra parte, necesarios para asegurar su viabilidad). Esto produce en ellos angustia, desaliento, inseguridad, desconfianza y animadversión hacia los gestores del sistema (inevitablemente, los políticos, que deben aplicar los recortes). El sistema propuesto puede funcionar siempre sin recorte alguno, y en caso de que se viera la necesidad de cambiarlo, decidirían los cambios (aumentos o reducciones en la cotización) los propios trabajadores y jubilados.
- su portabilidad: el trabajador podría desempeñar su actividad laboral en sucesivos países, incluso por períodos cortos, y lo que ha cotizado podría ser fácilmente restado de las "cajas comunes" de esos países y sumado a la del país donde se jubile.
- su autocontrol: no se generan obligaciones que más tarde no puedan ser atendidas. Siempre hay dinero para pagar a todo el mundo. Si las pensiones se vuelven demasiado bajas, o demasiado altas, las protestas de los jubilados o de los trabajadores ajustarían las cotizaciones a un nivel más conveniente.
- su flexibilidad: no es necesario haber trabajado un determinado número de años para tener derecho a pensión, ni que esos años hayan sido los últimos de la vida laboral.
- su adaptabilidad a los actuales sistemas de reparto: el cambio de esos sistemas al propuesto no sería traumático, ni serían necesaria cantidad de dinero alguna (en cambio, para transformar un sistema de reparto a otro de capitalización es necesaria una suma inmensa). En realidad, los actuales sistemas de reparto son realmente un sistema como el descrito, pero encubierto: en lugar de trasladar los cambios demográficos y en el mercado de trabajo de forma continua a medida que se van produciendo, los trasladan de golpe, cada pocos años, a través de las sucesivas reformas.
- su permanencia: al ser un sistema que se ajusta por si mismo, fácil de entender por la gente y con la capacidad de funcionar a lo largo de decenios, dejaría de poder crearse ese clima de "quién pagará nuestras pensiones", "qué pasará en el futuro", "no habrá trabajadores suficientes", etc. Dicho clima no hace más que favorecer, interesadamente, a los planes de pensiones privados, para que se embolsen sus injustificadas comisiones.
También hay desventajas, por supuesto: altas tasas de inflación, bajos índices de natalidad y aumentos bruscos del desempleo pueden tener una fuerte incidencia negativa sobre el sistema propuesto (pero también lo tendrían sobre cualquier sistema de reparto).
Para las pensiones de viudedad, orfandad e invalidez se crearían sistemas contablemente separados del sistema de jubilación propuesto. Cada trabajador contribuiría, por ejemplo, con un 1% de su sueldo al fondo de invalidez y, caso de quedar inválido, independientemente del momento de su vida laboral en que eso se produce, cobraría el 90% de su sueldo, con un máximo que se fijara. Para las pensiones de viudedad y orfandad contribuirían con porcentajes similares los trabajadores que tuvieran pareja e hijos, respectivamente.
Las pensiones no contributivas, o los complementos para alcanzar un mínimo, saldrían de partidas diferentes de los Presupuestos Generales del Estado, no de las cotizaciones de los trabajadores.
Este sistema no es ninguna entelequia, sino el de "cuentas nocionales" que se aplica, por ejemplo, en Suecia, Letonia y Polonia: un sistema de aportación definida y no, como el español, de prestación definida. El trabajador aporta durante toda su carrera laboral a esa cuenta nocional y su pensión de jubilación se calcula en función de lo aportado durante toda su vida.
Para regularse y adaptarse a las circunstancias en cada momento no depende de una decisión política, sino que cuenta con sus propios mecanismos de ajuste automático. Este sistema incentiva el trabajo, ya que la prestación de jubilación depende de las cotizaciones de toda la vida laboral.
El gasto en pensiones en relación con el PIB depende de tres grandes factores: número de prestaciones, cuantía media de la pensión y renta disponible a repartir. Cualquier sistema de pensiones debe ser objeto de continuo seguimiento y evaluación, pero finalmente también está influido por la incertidumbre que determina el nivel de empleo y la riqueza generada. La determinación de un factor de sostenibilidad, como se anuncia, es una decisión trascendente que, en su caso, debe ser acordada y no ligarse, sin más, a la esperanza de vida, es decir, al número de años de cobro de prestación. Debe analizar y añadir otras variables como la evolución de las bases de cotización de los trabajadores en activo, la evolución del PIB, etcétera.
ResponderEliminarEn los argumentos de que, al haber más ancianos y menos jóvenes, estos últimos no podrán sostener las pensiones de los primeros, no se tienen en cuenta varios hechos. Uno de ellos es el aumento de la productividad, es decir, que un trabajador dentro de 40 años producirá mucho más que un trabajador ahora. Para comprender la importancia de este hecho, hace 40 años el 18% de los españoles adultos trabajaba en la agricultura. Hoy solo el 2% lo hace, y este 2% produce mucho más de lo que producía hace 40 años el 18% de la población que trabajaba en agricultura. Un trabajador agrícola ahora produce más alimentos de los que antes producían nueve trabajadores, y ello como consecuencia del enorme crecimiento de la productividad. Se habría percibido como una observación innecesariamente alarmista si hace 40 años economistas famosos hubieran escrito en rotativos de gran difusión que, como consecuencia de que los trabajadores estaban abandonando el campo, habría menos producción de alimentos, con lo cual, al cabo de 40 años, la gente de España moriría de hambre.
ResponderEliminarPues bien, sustituyan alimentos por pensiones y vean el posible error que significa alarmar a la ciudadanía argumentando que dentro de 40 años no habrá suficientes trabajadores para sostener las pensiones. Los datos supuestamente alarmantes aparecen cuando se indica que el número de cotizantes por beneficiario está disminuyendo, reduciéndose (según varias estimaciones) por ejemplo a la mitad en el año 2050. Ahora bien, es fácilmente demostrable que esta disminución que se considera tan preocupante, en realidad no lo es, ya que es más que probable que un trabajador producirá casi el doble en 2050 que ahora, con lo cual podría mantener casi al doble de pensionistas. Es más, el porcentaje de la población activa habrá aumentado, pues hoy es de los más bajos de la Unión Europea de los 15, ¿dónde está, pues, el problema?
Primera. J. E. Devesa, M. Devesa, Domínguez, Encinas, Meneu y Nagore (2012) estiman que según el parámetro que se ajuste, el riesgo recae sobre un determinado colectivo. Si se ajustan los años cotizados o la edad de jubilación, recae sobre los nuevos pensionistas; si se ajusta la revalorización, sobre los pensionistas existentes y si se sube el tipo de cotización, sobre los cotizantes. Calculan que para lograr un equilibrio financiero en 2045, sería necesario o un aumento progresivo de la edad de jubilación hasta los 70 años en 2047, o un incremento de los años cotizados hasta 42,5 o una reducción de la pensión inicial del 21%.
ResponderEliminarSegunda. Javier Díaz Jiménez y Julián Díaz Saavedra (2011), tras un sofisticado cálculo sobre cómo hacer sostenible el sistema de reparto actual, muestran que es preferible retrasar la edad de jubilación que aumentar los impuestos sobre el trabajo. Estiman que si, en 2010, se hubiese retrasado la edad de prejubilación de 60 a 63 años y la de jubilación de 65 a 68 años, el sistema hubiera sido sostenible hasta 2061 y hubiese habido mejora del bienestar desde 2021.
Tercera. Tanto Jiménez (2013) como Conde-Ruiz (2013) plantean la opción de una transición desde el sistema actual de prestación definida al de contribución definida, como en otros países europeos, dado que tanto la demografía como el mercado de trabajo están sujetos a mucha incertidumbre a largo plazo. Creen que la pensión debe de depender de todas las cotizaciones realizadas y que debe ajustarse de forma actuarial en función de la edad de retiro y de la esperanza de vida de cada cohorte. Además, dado que no todos los individuos tienen la misma esperanza de vida, un sistema de esta naturaleza daría flexibilidad a la jubilación sin poner en riesgo su sostenibilidad.
Cuarta. Conde-Ruiz (2013) advierte, asimismo, que está haciéndose ya una “reforma silenciosa”, que consiste en mantener constante, en términos reales, la pensión máxima, mientras se aumenta la base máxima de cotización, haciendo que la pensión de los trabajadores con pensión máxima sea cada vez menor en proporción de su salario y llegando, eventualmente, a que una gran mayoría de los pensionistas pudiesen cobrar la pensión máxima, cotizando menos que aquellos con pensión máxima. Este sistema hace que los aumentos de la productividad o de los salarios no se trasladen a la pensión máxima, al permanecer constante por ley, logrando así reducir el gasto total en pensiones por la puerta de atrás y sin transparencia alguna.
Mientras no se aumente de forma armonizada la edad de jubilación, al menos hay que retocar el sistema de pensiones para evitar que capote, aunque aún le quedan unas reservas de 63.008 millones, el 5,93% del PIB.
ResponderEliminarLas recetas convencionales se resumen en una, rebajar la cuantía de las pensiones, el pensionazo: romper el compromiso de aumentarlas según el IPC, ampliar el periodo de cotización para tener derecho a la prestación entera, adelantar el aplazamiento de la jubilación a los 67 años. Todo eso supone meter mano a los bolsillos de los pensionistas.
Algunas ideas nuevas, como dos de las generadas en la Comisión presidida por Víctor Pérez Díaz, son peregrinas: indexar las pensiones a las disponibilidades presupuestarias es reducirlas a una política residual, de contables y manguitos. Limitarlas por arriba al IPC en tiempos de bonanza sin fijar topes por abajo es una cláusula-techo cuya inequidad recuerda las cláusulas-suelo de las hipotecas.
El razonamiento ha de ser inverso: ¿queremos pensiones dignas? Si es así, para que sean sostenibles puede hacerse algo más que bajarlas. Pueden aumentarse las cotizaciones sociales. Aunque su nivel es alto (la máxima es del 28,3%), lo que penaliza el empleo, se pueden arbitrar recursos fiscales que las reemplacen en parte: hay un margen de ocho puntos hasta igualar la presión fiscal comunitaria media.
El FEI o Factor de Equidad Intergeneracional, liga la pensión inicial de los nuevos jubilados a la esperanza de vida. Por definición, no se aplica a los actuales pensionistas sino solo a los futuros. Supondrá una rebaja cada vez mayor de la pensión inicial.
ResponderEliminarEn paralelo a la aplicación del FEI, se irá produciendo un retraso en la edad de jubilación legal (salvo para aquellos jubilados con carreras más largas de cotización) por la aplicación progresiva de la anterior reforma de las pensiones.
El FRA o Factor de Revalorización Anual, sustituiría al IPC como vara de medir la subida de las pensiones existentes y se vincula sobre todo a los ingresos y gastos. Su aplicación depende de muchos parámetros por definir, pero apunta también a pensiones más bajas y pérdidas de poder adquisitivo, sobre todo en tiempos de crisis.
Estos sistemas podrán hacer sostenible el sistema de pensiones, pero introducen una terrible incertidumbre entre los beneficiarios actuales y futuros, debido a que para el 98% de la población ya es imposible entenderlos, pero además contienen muchos factores sujetos a la evolución futura de la población activa y la esperanza de vida que son imprevisibles.
ResponderEliminarEl mejor sistema para asegurar las pensiones consiste en aumentar la base de cotizantes, es decir, de trabajadores. Y para ello se debe combatir el fraude fiscal para reducirlo del actual 23% del PIB a menos del 10%, como han conseguido otros países. Con el dinero extra se invierte en formación, investigación y desarrollo y, paralelamente, se crean empleos en el cuidado de niños y de ancianos, estimulando así la participación (por una doble vía) de la mujer en el mercado laboral.
Por un lado, la pensión de jubilación tiene que ser proporcional a las cotizaciones realizadas a lo largo de toda la vida laboral. Por otro lado, la edad de jubilación debería ser flexible y la pensión debería depender de la esperanza de vida en el momento de la jubilación.
ResponderEliminarEspaña se encuentra en una situación idónea para dar el paso definitivo: transformarse en un sistema público de pensiones de reparto y con cuentas nocionales. Este sistema calcula la pensión a la que tiene derecho el trabajador de una forma más sencilla y transparente, ya que básicamente, la pensión se calcula en función de un rendimiento hipotético que podrían haber tenido las aportaciones realizadas por el trabajador a lo largo de su vida.
Se precisa una reforma continua que vaya adaptando los recursos disponibles a las necesidades de pago o, por contra, que vaya ajustando los pagos a los recursos existentes. En las últimas reformas se han mezclado convenientemente ambas opciones, y será lo que habrá que seguir haciendo en el futuro, puesto que España no puede permitirse ni pagar pensiones de miseria en un país nuclear europeo ni sostener un sistema de retiro que no pueda financiar a través de cuotas o de impuestos.
ResponderEliminarKeith Ambachtsheer, analista financiero, opina que el sistema de pensiones óptimo debe generar una pensión objetivo en la fecha de retiro. Para ello debe prevenir defectos de comportamiento, con ajustes automáticos de política de inversión y reducir el riesgo de longevidad mediante una renta vitalicia diferida.
ResponderEliminarNicholas Barr, catedrático de economía del sector público en la London School of Economics y una eminencia en materia de pensiones, propone que la edad de retiro en cada país sea igual a la esperanza de vida menos quince años.
ResponderEliminarActualmente hay demasiado dinero en el mundo disponible para invertir y pocas oportunidades rentables y seguras donde invertirlo. Esto hace, por un lado, que bancos y compañías de seguros afronten graves riesgos de rentabilidad, y por otro lado, que se estén inflando peligrosas burbujas de activos, como la vivienda en China.
ResponderEliminarLos sistemas de capitalización aumentan enormemente la cantidad de dinero disponible para invertir, con lo que crecen estos riesgos. En cambio, los de reparto no tienen este efecto, porque el dinero que meten en ellos los trabajadores cotizantes sale inmediatamente para pagar a los jubilados. Es necesario, por tanto, reducir progresivamente los actuales incentivos a los sistemas de capitalización, hasta, por lo menos, anularlos, y si hace falta, convertirlos en desincentivos (es decir, que por invertir en un plan de pensiones privado, en lugar de desgravar, se paguen impuestos). Paralelamente hay que favorecer los de reparto.
Con los tipos de interés prácticamente a cero, los bancos centrales se han quedado sin herramientas para controlar una economía expuesta a graves riesgos. Si estalla alguno de ellos, hay peligro de descarrilamiento total. Debe hacerse lo que sea para reducirlos.
La Presidenta de Chile, Michelle Bachelet, anunció que se elevará en cinco puntos porcentuales la cotización con cargo del empleador, pero que no irá a las cuentas individuales sino que se usará para subir las pensiones bajas.
ResponderEliminarEsta profunda reforma requerirá un esfuerzo sin precedentes por parte de empresas y asalariados para asegurar las prestaciones de jubilación.
Además, por primera vez se regularán las comisiones con dos medidas que las reducirían, en pos de hacerlas más equitativas.
Los datos han sido recalcados una y otra vez: Chile es uno de los países con pensiones más bajas de la OCDE; las pensiones en promedio solo llegarán a un 30% de los sueldos, el 94% de las mujeres y el 87% de los hombres recibe pensiones menores a 154.304 pesos chilenos [CLP; a 8 de septiembre de 2016, 1 USD = 664,77 CLP y 1 EUR = 748,4463 CLP]; un millón de chilenos recibe pensiones solidarias de 89.764 mensuales, etc., etc.
ResponderEliminarTambién ha sido posible instalar la importancia del modelo de pensiones para el desarrollo del sistema capitalista, rentista y financiero chileno. El 76% de la inversión –factor fundamental para de la economía– viene del sector “privado”. Por otra parte, las pensiones de los trabajadores, 165 mil millones de dólares en el 2014 (69,5% del PIB), son destinados en un 70% a la economía financiera. El estudio de Gálvez y Kremerman de la Fundación Sol ha sido concluyente al mostrar cómo el modelo beneficia a los grandes grupos económicos.
En suma, con mayor o menor intensidad se ha logrado instalar –y se debe seguir haciendo– que estamos ante un sistema macabramente absurdo, en el que el único que no gana es el trabajador, ya que: 1) está obligado a cotizar el 10%; 2) con el argumento de la seguridad social, el dinero es utilizado mayormente para dinamizar la economía e inversiones (eventualmente de sus empleadores, o sus acreedores); 3) los dineros son administrados por otros, que no se hacen cargo de pérdidas; 4) el beneficio de todo el sistema lo "disfrutan otros".
La OCDE estima que, para mantener un nivel de vida adecuado en la jubilación, la pensión debería suponer al menos un 70% del último salario que se percibió.
ResponderEliminarUn estudio de la aseguradora Aviva afirma que cada español tendrá que ahorrar una media de 7.700 euros al año si quiere que, cuando se jubile, la suma de su pensión pública más la renta de lo que haya ahorrado iguale este 70 % de su último salario.
Pero esta afirmación es falsa: en un entorno de tipos de interés a cero, ahorrar no garantiza ninguna renta. Ya puedes tener ahorrados 1.000 euros, o 100.000, que si los tipos de interés están a 0, percibirás, en los dos casos, 0 euros de renta.
Evidentemente, quienes sí ingresarán, por comisiones, serán los administradores del fondo de pensiones donde tengas esos ahorros.
Intentemos hacer el cálculo de otra manera: una persona de 40 años en 2016 que espera jubilarse a los 67 ¿cuánto debería ahorrar para asegurarse de que, dividiendo el total ahorrado al jubilarse por los años que espera vivir después (16 años = 83 - 67, siendo 83 años la esperanza de vida en España en 2016) y sumándolo a su pensión, disponga del 70 % de su último salario?
Salario medio neto anual en España en 2015: 26.259 €. Considérese inflación cero.
Aún así, el cálculo no es posible, porque esa persona no sabe qué porcentaje de su último salario cobrará de pensión dentro de 27 años. Aunque se mantuviera (caso improbable) la fórmula actual, depende de variables como la esperanza de vida en el momento de la jubilación (2043) que ahora no son conocidas.
Además ¿qué pasa si a esa persona se le acaba el dinero a los 83 años, pero tiene el mal gusto de no morirse a esa edad, sino a los 95, por ejemplo?
Esto deja clara la falsedad de la afirmación de Aviva.
Al ser la muerte, como la enfermedad, algo imprevisible, no nos podemos proteger individualmente contra la pobreza en la vejez. Solo colectivamente. Para eso los sistemas de reparto puro son la mejor opción. SON PERFECTAMENTE SOSTENIBLES, por mucho que los agoreros interesados en cobrar sus comisiones digan lo contrario. Si no llegan al 70 % del último salario, es cuestión de ir subiendo la edad de jubilación (a la vez que se cuida la salud de la población) o elevar el porcentaje de cotización.
El director ejecutivo de Pensiones de BBVA, David Carrasco, opina que la correlación entre lo cotizado y la pensión que se cobra una vez jubilado "debería tender al equilibrio". Esto se conseguiría con un sistema de cuentas nocionales, como el sueco.
ResponderEliminarEste modelo sigue siendo de reparto —los trabajadores en activo pagan las cotizaciones de los jubilados— pero cada trabajador tendría una cuenta individual virtual en la que se depositarían las cotizaciones durante toda la vida y, cuando ya fuera posible jubilarse, el trabajador elegiría la edad a la que se retira. La pensión se fijaría entonces repartiendo lo cotizado entre los años que previsiblemente va a vivir, según su esperanza de vida.
El cambio a un sistema de cuentas nocionales reduciría la pensión inicial un 15%, según un estudio realizado por el Instituto Santalucía sobre los efectos en la Seguridad Social de la implantación de este sistema en España. El sistema de cuentas nocionales, o cuentas individuales, crearía un fondo virtual en el que cada trabajador iría sumando a lo largo de su carrera laboral todas sus cotizaciones a la Seguridad Social.
ResponderEliminarLa Organización Internacional del Trabajo advierte de que en todo el mundo existe una tendencia a revertir la privatización de las pensiones, ya que la política de sustituir una pensión pública por una privada no ha dado los resultados previstos en las décadas anteriores. Argentina, Bolivia, Hungría, Kazajistán o Polonia están restableciendo los sistemas públicos basados en la solidaridad intergeneracional.
ResponderEliminar