1.
El diputado será asalariado solamente durante su mandato. Y tendrá
jubilación
proveniente solamente del mandato realizado.
2.
El diputado contribuirá al Régimen General de la Seguridad Social como el resto
de ciudadanos. El fondo de jubilación del Congreso pasará al régimen vigente de
la Seguridad Social. El diputado participará de los beneficios del régimen de
la Seguridad Social exactamente como todos los demás ciudadanos. El fondo de
jubilación no puede ser usado para ninguna otra finalidad.
3. Si el
diputado desea un plan de pensiones privado, debe pagárselo de su bolsillo.
4. El
diputado dejará de votar su propio aumento de salario.
5.
El diputado dejará su seguro actual de salud y participará del mismo
sistema de
salud que los demás ciudadanos españoles
6. El
diputado debe igualmente cumplir las mismas leyes que el resto de los españoles.
7. Servir en
el Congreso es un trabajo, no una carrera. Los diputados deben cumplir sus
mandatos (no más de 2 legislaturas) y luego reincorporarse a la vida laboral
previa a su etapa de servicio público.
Además de estas reivindicaciones, creo necesario:
8. Eliminar
instituciones obsoletas o duplicadas: Senado (como pedía yo en otra entrada y como piden más de 37.000 páginas) y diputaciones provinciales.
9. Limitar los asesores:
- Presidente del Gobierno: máximo de 10 asesores.
- Ministros, Presidentes Autonómicos y alcaldes de ciudades de más de 1 millón de habitantes: máximo de 5 asesores.
- Consejeros autonómicos y alcaldes de ciudades entre 500.000 y 1 millón de habitantes: máximo de 3 asesores.
- Alcaldes de ciudades entre 100.000 y 500.000 habitantes: máximo de 2 asesores.
- Alcaldes de ciudades entre 20.000 y 100.000 habitantes: máximo de un asesor.
Los asesores podrán serlo para cualesquiera campos (económico, laboral, jurídico...), pero su contrato deberá especificar en qué materia asesoran, deberán ser mayores de 35 años, menores de 70, contar con una licenciatura universitaria en el campo de que se trate y al menos 10 años de experiencia laboral en dicho campo. Su adscripción y sus remuneraciones anuales brutas totales serán públicas (es decir, aparecerán con nombres y apellidos en la página de Internet de la alcaldía, consejería, ministerio, etc. correspondiente). No percibirán dietas ni ningún tipo de complemento por ningún motivo.
Aparte de los enumerados, ninguna institución pública podrá contratar asesores (actualmente tienen asesores las diputaciones, los grupos parlamentarios en el Congreso, etc.).
El colectivo Zaragoza Crítica propone suprimir directamente los asesores en el Ayuntamiento y que para labores de asesoramiento técnico se utilice al personal municipal que aporte los méritos y la capacidad necesarios.
ResponderEliminarEstas navidades Artur Mas nos ha traído a los catalanes un “regalo” en forma de nuevos impuestos con los que se prevén recaudar entre 500 y 1000 millones de euros. Me permito sugerir al señor Mas una alternativa: la supresión de los Consejos Comarcales. Sí, esa enésima capa burocrática que nadie sabe a qué se dedica excepto a servir como oficina de empleo de algunos partidos políticos. Ahí están colocados como consellers, por supuesto a dedo y con un generoso sueldo, 500 políticos de CiU y otros 300 de ERC a lo largo y ancho de todas las comarcas de Cataluña. Suponiendo un sueldo medio anual de 50.000 euros por cada una de esas personas innecesarias se podrían ahorrar 40 millones de euros.
ResponderEliminarRaquel C. Cañellas en carta a El País
El Ayuntamiento de Madrid, en manos del Partido Popular desde hace 23 años, gasta alrededor de 10 millones de euros anuales en asesores nombrados a dedo, que reciben un generoso sueldo pagado con dinero público, sin mediar oposición o concurso de méritos, simplemente por elección personal de un político. A falta de aplicar el recorte anunciado el jueves por la alcaldesa, Ana Botella, son 229 personas, en su mayoría (176) designadas por el Partido Popular. No se trata de un caso único: el resto de Ayuntamientos, así como los Gobierno regionales y el Estado, también tiene asesores elegidos dedo.
ResponderEliminarLa propuesta de eliminar de los presupuestos de las diferentes Administraciones los sueldos de los asesores es un gran acierto.
ResponderEliminarLa iniciativa que va a poner el Gobierno en marcha mediante una ley debería no dilatarse en el tiempo. Sacar las nóminas de los asesores de las cuentas públicas no debería esperar a que la norma se ponga en vigor. Desde ahora, desde ya, los sueldos de los asesores deben desaparecer de las cuentas de las Administraciones. Los políticos tienen asesores sin que cuesten al Estado ni un solo euro. Son sus propios afiliados y simpatizantes. Son ellos los que mejor transmiten al político las aportaciones para mejorar la gestión. Son los afiliados los que de forma voluntaria y gratuita trabajan por su formación para que esté en lo más alto.
Además, si desde ahora las nóminas de los asesores se suspenden, los recursos que se ahorrarían las arcas de las instituciones podrían dedicarse al aumento de la protección a los más vulnerables. Es decir, a las víctimas de esta crisis, sin olvidarnos de dedicar una parte al apoyo del empleo.