La única excepción son los medicamentos de valor terapéutico y con patente en vigor. En este caso el sistema sanitario del país debe negociar con la compañía farmacéutica un precio razonable acorde con lo que aporta la nueva medicina y sus costes de investigación.
El que un sistema de precios libres ponga productos de primera necesidad fuera del alcance de amplias capas de la población no debe ser obstáculo para implantarlos. Los precios subvencionados llevan a un exceso de consumo y un sobrecoste para el Estado. Creo mucho mejor un sistema de devolución inmediata (por ejemplo, mediante tarjeta electrónica) a las personas pobres de la parte del importe que se considere oportuna, y siempre que el consumo de esa persona pobre no supere unos límites razonables.
Esto, por supuesto, no quiere decir que un Gobierno no deba tomar decisiones que afecten indirectamente a los precios. Por ejemplo, si se percibe que se está hinchando una burbuja inmobiliaria, es perfectamente adecuado que el Gobierno suba los impuestos por tenencia de inmuebles, que baje el límite de años a los que puede concederse una hipoteca, o el porcentaje sobre el valor de tasación, etc. Si observa que la electricidad está muy cara respecto a otros países de condiciones similares, debe revisar si las interconexiones con otros países están funcionando correctamente y tienen la capacidad adecuada, si no se están produciendo acuerdos ilegales entre productores y distribuidores, etc. Pero precisamente es un precio sin intervenir el que permite darse cuenta de esos fenómenos y ver si las medidas que se toman son efectivas (consiguen bajar el precio). Lo que no debe hacerse es fijar un precio del suelo o de la electricidad.
Eso sí, los precios de los servicios que tienden al monopolio natural (electricidad, gas, carburantes, telefonía y acceso a Internet) tienen que estar sujetos a responsabilidad: en cada compañía suministradora una persona física, empleada de esa compañía y residente en el país, tiene que firmar los precios de la compañía cada vez que ésta decida un cambio. Nada de comités de precios donde la responsabilidad queda diluida. Y si los precios sin impuestos firmados por esa persona exceden en más de un 15% a la media de los países con una situación económica comparable (para España, por ejemplo, serían Francia, Alemania, Italia y Reino Unido), se consideran predatorios, la compañía es multada con el doble del exceso, que se devuelve a sus clientes, y esa persona va a la cárcel al menos durante dos años.
Para poder realizar esta labor con garantías, obviamente el Estado no puede confiar en los precios que le suministren las propias compañías; en cambio, el Estado debe tener acceso a la base de datos de facturación de esas compañías para saber, digamos, que en el pasado semestre se ha facturado a 352.270 clientes un precio de 47,26 euros, IVA incluido, por su conexión ADSL. Debe calcular los promedios, que han de ser públicos (actualmente lo son, véase EUROSTAT) y tomar las medidas punitivas adecuadas si detecta abusos.
El Gobierno quiere poner un recargo a los «beneficios derivados de los márgenes excesivos» de las empresas petroleras.
ResponderEliminarSegún fuentes de Hacienda, no se trata de aumentar la carga de los impuestos que ahora gravitan sobre los precios finales de la gasolina o el gasóleo y que paga el consumidor final. Lo que se pretende es establecer un recargo, tipo tasa, que gravaría los márgenes excesivos que incluyen las compañías en la confección de sus precios iniciales.
Ese recargo será posiblemente un porcentaje sobre esos márgenes excesivos que superen la media de los establecidos en la UE. De esta forma, el Ejecutivo pretende reducir ese precio final que actualmente empobrece más al consumidor y a las empresas. Fuentes del sector, por su parte, apuntaban a un «recargo de un céntimo por litro contra el margen, impidiendo luego que éste sea repercutido al precio final bajo amenaza de multa».
La determinación del precio de la electricidad por mecanismos de mercado con los recargos apropiados para cubrir otros costes del sistema es compatible con
ResponderEliminarla existencia de tarifas sociales para los consumidores más desfavorecidos. Sin embargo, la aplicación de dichas tarifas debe limitarse a casos excepcionales y tasados. La política energética no debería utilizarse como mecanismo
de redistribución de los recursos a los sectores poblacionales más desfavorecidos por dos motivos:
1) existen herramientas políticas más eficientes, y 2)
la distorsión por injerencia regulatoria acarrea graves problemas en cuanto a la toma de decisiones de los agentes económicos.
La economía chavista servirá para ilustrar en tesis doctorales y libros de texto cómo los controles de precios pueden conducir a la escasez. Venezuela lleva años imponiendo límites de precio a ciertos productos básicos para tratar (con nulo éxito) de controlar la inflación, la más alta de Latinoamérica y una de las mayores del mundo. El Gobierno de Hugo Chávez impuso precios regulados para productos como los huevos, el azúcar, la leche, la harina, el pollo... o el papel higiénico. En determinados momentos y productos, esos precios máximos se han situado incluso por debajo de los costes de producción y prácticamente siempre por debajo de los de mercado.
ResponderEliminarLa teoría económica nos enseña que la oferta de un producto disminuye y la demanda aumenta cuando los precios son bajos. Simplemente eso es lo que ha ocurrido en Venezuela. Los fabricantes pierden dinero produciendo, y los comerciantes, vendiendo, algunos de esos productos, lo que, unido a la desastrosa gestión de algunas empresas nacionalizadas, ha tumbado la oferta. Al tiempo, la demanda de los consumidores se ha disparado, no solo porque sus precios son asequibles en términos absolutos, sino también porque cada vez lo son más en términos relativos, ya que los precios de los productos no controlados están por las nubes como consecuencia de la inflación galopante. Oferta y demanda no se encuentran. Así, los productos regulados se han visto sometidos intermitentemente a la escasez, el racionamiento o el acaparamiento porque su precio no es de mercado.
La fijación de precios máximos produce un exceso de demanda y una menor oferta, con el resultado paradójico de que una medida teóricamente dirigida a favorecer a los consumidores acaba volviéndose en su contra, porque muchos se quedan sin poder comprar lo que quieren. Además, con frecuencia, el resultado es que los productos desaparecen de los canales de distribución habituales y solo se encuentran en el mercado negro.
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