Sin embargo, piensa Flores d’Arcais, sólo hay democracia donde se lucha por la democracia. Un combate que pasa por:
- enfrentarse a toda ilegalidad, privada o institucional,
- exigir respeto a la verdad de los hechos,
- laicismo que separe la esfera pública de cualquier dogma religioso,
- defender la lógica racional y la ilustración en todos los planos,
- suprimir la influencia corruptora del dinero en el horizonte político y
- propiciar la redistribución constante de la riqueza a través de un Estado que no renuncie a procurar el bienestar de la mayoría,
- así como una fiscalidad vigilante y progresiva.
Asimismo, la propuesta principal del Manifiesto antes citado es:
Para evitar la profundización de las crisis globales y buscar soluciones a los desafíos planteados por la globalización debemos avanzar hacia más extensas y profundas formas de democracia. Las organizaciones nacional-estatales deben formar parte de una estructura más amplia y mejor coordinada, que debe incluir y articular instituciones regionales democráticas en todos los continentes, la reforma de la Corte Internacional de Justicia, una Corte Penal Internacional más justa y equitativa, y una Asamblea Parlamentaria en las Naciones Unidas, embrión de un futuro Parlamento Mundial. Pero este cambio institucional no podrá ser exitoso si es fruto de las acciones de una elite autoelegida. Por el contrario, la democratización del orden mundial debe surgir de un proceso socio-político abierto a todos los seres humanos, cuyo objetivo es la institucionalización participativa de una democracia global.
Claramente, necesitamos una reforma política, pero más que tirarlo todo abajo, se trataría de cambiar las estructuras de incentivos existentes actualmente para:
ResponderEliminar* primero, forzar una mayor independencia de los cargos electos y militantes frente a las cúpulas de sus partidos, lo que podría lograrse condicionando las subvenciones públicas a los partidos a la existencia de una verdadera democracia interna;
* segundo, acometer la despolitización de la administración pública, lo que requiere separar claramente las estructuras políticas y administrativas que coexisten en la actualidad dentro de ella;
* tercero, lograr que el Parlamento y sus comisiones se conviertan en el lugar donde efectivamente se controle la acción de gobierno, no el lugar donde se amplifique esa acción;
* cuarto, garantizar la independencia de las instituciones y poderes de del Estado que tienen que controlar a los políticos, lo que se puede lograr combinando mandatos largos o vitalicios con renovaciones parciales;
* quinto, implantar el máximo de transparencia en la gestión de lo público, de tal manera que los gastos y contratos de cada administración pública pueda ser controlados de forma efectiva y en tiempo real por cualquier ciudadano o institución;
* y sexto, completar el Estado autonómico con un sistema fiscal que, independientemente de si lo llamamos federal o no, deje bien claro ante los ciudadanos quién hace qué, con qué recursos se paga y, por tanto, a quién han de pedir cuentas.
¿Qué necesita la democracia? Mayor autonomía de los políticos respecto de los poderes económicos, recuperación de la idea fuerte de proyecto político (es decir, de futuro), reforma del Estado y sus aledaños en el sentido de reducir los poderes corporativos y redistribuir el poder, revitalización del Parlamento, cada vez más ninguneado por los gobiernos, modificación de la forma partido excesivamente anquilosada en un modelo jerárquico y cerrado, cambio de la ley electoral que acerque al parlamentario a los electores y no le convierta en títere del aparato partidario, respeto a la libertad de los actores políticos que evite el penoso espectáculo de la celebración de las unanimidades. Pero, sobre todo, es necesario un cambio cultural de fondo para que la gente pueda decir lo que querría decir aunque su posición no se lo permita.
ResponderEliminarMás que las listas abiertas (contra las que no estoy, pero no parece que hayan funcionado), más que la democratización de los partidos (que los candidatos a alcalde y puestos superiores sean elegidos en primarias por militantes y simpatizantes), creo que lo que más puede revitalizar y prestigiar la política es la limitación a 3 legislaturas sin excepciones las veces que una persona puede ser elegida para desempeñar un cargo público. Es decir, que solo pueda estar, por ejemplo, ocho años como alcalde y cuatro como diputado (el Senado, mejor suprimirlo, como digo en otra entrada).
ResponderEliminarAsimismo, cualquier persona que haya sido elegida para un cargo público no podría trabajar después para ninguna empresa o institución pública o con capital público para la que no trabajara antes de ser elegido. Se evitaría así que los políticos, al dejar su cargo, se metieran en empresas públicas a vivir del cuento, como sucedió en las cajas de ahorros.
Como ejemplo sangrante de estas prácticas nefastas recomiendo http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/10/10/madrid/1349896263_968195.html
- Listas abiertas (apoyo del 85% de los encuestados).
ResponderEliminar- Que los cargos directivos de cada partido no puedan ser desempeñados por una misma persona más de ocho años (83%).
- Que se reforme el sistema electoral para hacerlo más proporcional (82%).
- Que los candidatos de cada partido sean elegidos en primarias (79%).
- Que se reorganice el Senado como cámara en que estén representadas las Comunidades Autónomas (61%).
La política hay que regularla y no se hace de un plumazo. Estados Unidos y Alemania han avanzado con leyes sobre el funcionamiento de los partidos. Bajo ellas late una directriz: los partidos no son asociaciones privadas con legitimidad para autorregularse; son entidades especiales a las que se da el monopolio de la representación política, financiadas con dinero público y cuyo personal percibe retribuciones públicas, por tanto, deben regularse por leyes para proteger las instituciones, y sus cajas.
ResponderEliminarTomemos Alemania como modelo. La ley de partidos alemana fija los congresos cada dos años, el voto secreto de los afiliados a personas, no a listas, para elegir delegados a congresos o cargos internos, y la auditoría externa de cuentas. ¿Para qué regular la actividad interna de los partidos? Para prevenir la cooptación a la que tienden naturalmente, para proteger a los políticos con discursos diferentes a los de la dirección permitiéndoles sobrevivir en un contexto de voto a las personas, o sea, para permitir la supervivencia de alternativas internas; y, sobre todo, para obligar a las direcciones a rendir cuentas en plazos razonables (cada dos años en Congresos y cada tres o seis meses ante los parlamentos internos).
¿Es suficiente esto para regenerar la política? No. Al menos son precisas: I. Una ley de la función política que regule sus retribuciones e indemnizaciones al cese o seguro de desempleo, incompatibilidades, Seguridad Social y pensiones, prohibición de dietas por asistir a reuniones de satélites de las Administraciones, estatuto de los asesores, etcétera. II. Una ley de funcionarios que los separe de la política, defina una trayectoria profesional funcionarial sin interferencia de los políticos y elimine los puestos de libre designación, congele las carreras de los que pasen a la política, extienda la prohibición de los militares a los del Poder Judicial y establezca un sistema retributivo homogéneo en todas las Administraciones. III. Separar la política del Poder Judicial, de los órganos reguladores, de los tribunales Constitucional y de Cuentas, etcétera, mediante sistemas de elección individuales que impidan negociar por lotes de magistrados. IV. Reducir el número de cargos políticos.