Fomentar la lectura

Fomentar, no solo el hábito de leer, sino la comprensión de lo que se lee y el disfrute con esta actividad, es, desde una perspectiva humanística, esencial para que una persona se mueva por el mundo actual y acceda a las partes que desee de su infinita cultura. Y desde una perspectiva económica es imprescindible para que los trabajadores se formen y se desarrollen las industrias y las sociedades de la cultura, la investigación y el conocimiento.

El contacto con la lectura debe comenzar en cuanto los niños (y empleo el masculino en su sentido de género no marcado, englobando, por supuesto, también a las niñas) comienzan a entender las palabras de sus padres (algunas fuentes aconsejan incluso que antes, cuando son recién nacidos): el padre o la madre debe sentar al niño en sus rodillas, abrir delante de él un libro (adecuado a la edad: muy corto, muy coloreado, con muchos dibujos, con muy pocas palabras y muy grandes) y leer las palabras despacio, con su voz más agradable. No más de cinco minutos al día, unos días el padre y otros la madre, pero todos los días.Cuando el niño está acostado y se dispone a dormir, también es un buen momento para leerle.

El nivel de los libros que se le lean debe ir avanzando según progresa la comprensión del niño. Creo inútil intentar hacerle saltar etapas. Todo ha de ser suave, paulatino, sin imposiciones.

Cuando el niño ya pueda leer alguna palabra, se le señalará, para que la pronuncie, continuando la voz de su progenitor. Poco a poco se le irá animando a que pronuncie más palabras. Al terminar la sesión de lectura diaria, cuyos minutos se pueden ir alargando si se ve que el infante sigue interesado, se deben hacer algunas preguntas, obviamente de su nivel, para comprobar que lo ha entendido y activar sus mecanismos mensales de comprensión y elaboración. Puede incluso animársele a que narre una historia con sus propias palabras, distinta de la leída o derivada de ella. Por ejemplo ¿qué habría pasado si la princesa no hubiera besado a la rana?

A partir de ahí ya se pueden dejar a su alcance libros adecuados por si se anima a leer solo. Eso sí, aunque lo haga, la lectura diaria por parte de los padres debe seguir (salvo que el niño la rechace, claro está) al menos hasta los siete años.

Es imprescindible que en la selección de libros se sigan (no "se tengan en cuenta"; se sigan) los gustos y capacidades del niño. Pretender que nuestros hijos lean libros que a nosotros nos gustaron cuando teníamos su edad es un error. Ha de tomarse como guía única su gusto. Por supuesto, en la librería infantil hay que mostrarle, además de lo que le gusta, otras cosas que pensemos que le pueden gustar. Pero si no le molan, ningún problema. Que extraiga placer de lo que lee, y que lo comprenda, es mucho más importante que el contacto con temas que nosotros creamos interesantes, o con las grandes obras de la literatura de su nivel.
Al niño se le debe poner en contacto con textos en todas las formas que le puedan atraer: no solo libros ilustrados, sino también cómics, revistas especializadas en algún tema que le interese o páginas de Internet análogas. 

Leer es un medio magnífico de ir adquiriendo vocabulario. Cuando en las sesiones diarias los padres se encuentren con una palabra que el niño podría no conocer, se la deben preguntar, sin esperar a que pregunte él, y en caso de que no la sepa, explicársela. Evidentemente un libro con muchas palabras nuevas se haría cansino. Por eso han de elegirse muy cuidadosamente los libros, como peldaños de una escalera que lleva a una mente abierta, despierta, ágil, capaz y de éxito académico. Deben evitarse los tropezones y, por todos los medios, que el niño se aburra.  Nunca jamás se pondrá leer como tarea obligatoria, ni se castigará a leer, ni se castigará por no leer.

En la escuela, y niveles académicos superiores, bajo ningún concepto se debe imponer la lectura de obras determinadas, por magníficas que sean. Las clases de lengua y literatura deben basarse en obras (no solo novelas; también poemas o letras de canciones) elegidas por los propios alumnos, analizando sus personajes, sus elementos simbólicos, sus posibles influencias. También se debe enseñar a diferenciar un libro bien escrito de uno mal escrito, y a rechazar este último. Asimismo debe crearse admiración hacia las grandes obras de la literatura, y proporcionar herramientas para que, repito, solo los que se atrevan, se adentren en ellas y suban así su nota. Por ejemplo se podría sacar un aprobado o un bien sin haber leído El Quijote, pero para ir más allá, tendría que leerse.

Y por último, evidentemente, los niños deben ver que sus padres leen libros y disfrutan con ellos.

La financiación de las Administraciones Públicas

Es necesario establecer unas reglas muy claras sobre la financiación de los tres niveles de la Administración Pública en España: Central, Autonómica y Local. Tiene que quedar transparente quién hace qué y con qué dinero. Las posibilidades son infinitas, pero conviene escoger métodos tan simples como sea posible y aplicarlos rigurosamente.

La financiación del nivel local debería ser la más sencilla: los Ayuntamientos pueden autofinanciarse, sin recibir dinero del Estado, a través del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), tanto sobre fincas urbanas como sobre parcelas industriales o agrícolas. También deben poder establecer diversas tasas como recogida de basuras, alcantarillado, o circulación. Y solo deben dedicarse a las competencias que les son propias: limpieza, saneamiento, arreglo de las calles y aceras, alumbrado, ordenación del tráfico urbano, bomberos, parques y jardines. No deben, por ejemplo, asumir competencias en servicios sociales o sanidad. Tampoco deben financiarse vendiendo suelo, porque crea espejismos contables (se cree que se tiene más capacidad económica de la real) que luego desembocan en déficit pavorosos. Si un Ayuntamiento decide vender suelo un año porque su población está aumentando o porque quieren instalarse industrias, el dinero obtenido debe repartirse proporcionalmente entre los contribuyentes a los impuestos municipales ese año.

La limitación de los servicios que pueden ofrecer los Ayuntamientos es una de las modificaciones que va a introducir la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, cuyo proyecto ha empezado a tramitarse en el Parlamento en octubre de 2013.

Este proyecto mantiene las diputaciones, pero yo creo que deben eliminarse directamente. Para que los Ayuntamientos pequeños contraten servicios (recogida de basuras, etc.), no es necesario que se los presten de arriba a abajo a través de las diputaciones; creo mejor que varios Ayuntamientos pequeños y cercanos se pongan de acuerdo para contratar conjuntamente a una sola empresa que les preste los servicios.

La madre del cordero está en el reparto del dinero entre las Administraciones Central y Autonómica. Los ingresos están bastante claros:

 Parte superior. Hay más ingresos, pero son bastante menos relevantes.

 Sesenta y ocho mil millones de euros de impuestos directos, casi todos (sesenta y cinco mil) de impuesto sobre la renta, a asalariados y autónomos, y treinta y siete mil millones de impuestos indirectos, la mayoría de IVA (veintisiete mil millones) e impuestos especiales sobre los combustibles, el tabaco y el alcohol (casi ocho mil millones).

Y por cierto ¿dónde están en ese documento los ingresos por el impuesto de sociedades (otra fuente dice que superan los veintidosmil millones de euros, pero sus cifras no parecen coincidir con las del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas).

¿Pero los gastos? Tenemos por supuesto los gastos de los ministerios (treinta y cuatro mil millones de euros). ¿Pero cuánto se gasta realmente en Educación, en Sanidad, en Justicia, que son las competencias que están transferidas a las Comunidades Autónomas?

Hay que tener en cuenta que las pensiones se pagan con las cotizaciones a la seguridad social, que no son esos ridículos 978 millones que aparecen en la imagen de arriba, sino más de cien mil millones. Prácticamente todos esos ingresos se dedican a pagar las pensiones, y hay suficiente, aunque existe un pequeño déficit.

Lo que debería hacerse para evitar el continuo baile de agravios de las Autonomías es transferirles lo recaudado por impuestos indirectos por las ventas en sus territorios (es decir, aunque una gran empresa con sede en Madrid tribute mil millones por IVA, no se transferirían directamente a la Comunidad de Madrid, sino que se repartirían proporcionalmente a las ventas de esa empresa en cada Autonomía). La gestión, la recaudación y la represión del fraude seguirían siendo del Estado, pero la transferencia del dinero a las arcas autonómicas sería automática en cuanto ese dinero entrara en las arcas de Hacienda, y no requeriría de decisiones políticas.

Los regímenes especiales del País Vasco y Navarra fueron una malísima idea, pero dado que eliminarlos supondría un coste político actualmente inasumible, mejor dejarlos estar, eso sí, actualizando cada año con cifras reales los cupos vasco y navarro.

Alternativamente se podría continuar con un sistema de financiación parecido al actual, y basado en la población de cada Autonomía. Pero el Padrón ha de revisarse bien cada año. No puede ser que haya territorios que, por no reconocer el Estado el aumento de sus poblaciones, vayan acumulando deudas históricas. Además de en la población como factor fundamental, deberían tenerse en cuenta factores secundarios que inciden en el coste de atender a esa población, como la edad, la dispersión, la insularidad, etc.

La inmigración ilegal

Vaya por delante que lo ideal sería un mundo de países con un nivel de desarrollo parecido, en el que las fronteras pudieran estar abiertas y todas las personas moverse libremente e instalarse donde quisieran.

Seguidamente, hay que dejar bien claro que ningún ser humano es ilegal. Todas las personas tienen derecho a la vida, a conservar su integridad física y moral, a ser tratadas dignamente, y a la libertad dentro de la ley.

Dicho lo anterior, en este lamentablemente muy imperfecto mundo en que vivimos, los países ricos tienen leyes de inmigración muy severas que tratan de impedir que entre en ellos más gente de los países pobres de la que consideran que pueden absorber. Los que infringen estas leyes son llamados, a mi modo de ver correctamente, inmigrantes ilegales, si bien otros prefieren llamarlos "inmigrantes irregulares". Aunque el problema no es nominativo, sino de sufrimiento humano: para saltar las barreras puestas por los países ricos, estos inmigrantes recorren peligrosísimos trayectos, pasan hambre, sed, frío, o son robados, estafados, violados o asesinados. Muchos perecen en el camino. Incluso algunos que consiguen llegar son internados de forma indefinida en centros para extranjeros entrados ilegalmente, hasta que al fin son deportados a sus países de origen.

Esto es lo que se debe evitar.

Desde luego, la mejor forma de evitarlo sería eliminar los paraísos fiscales, donde las cleptocracias que dirigen (es un decir; mejor sería "esquilman") los países de origen atesoran las fortunas que les roban. Pero mientras esto llega, deben tomarse medidas urgentes:

1. Una política de inmigración inteligente, tipo "green card" estadounidense: cada país rico evalúa sus necesidades de mano de obra extranjera y, a través de sus embajadas, acepta solicitudes de residencia temporal o permanente de trabajadores capaces de satisfacer esas necesidades. Posteriormente se sortean las plazas existentes entre las solicitudes ofrecidas.
2. Para presentar esa solicitud sólo es necesario acreditar el conocimiento del idioma del país de destino, acreditar que se sabe hacer el trabajo en cuestión, carecer de antecedentes penales y tener las huellas digitales de todos los dedos en perfecto estado.
3. Además hay que reforzar las fronteras con sistemas tipo SIVE (Sistema Integral de Vigilancia del Estrecho de Gibraltar). Cuando se detecte cualquier embarcación con posibles inmigrantes ilegales, barcos de vigilancia deben abordarla e inspeccionarla. Caso de encontrar alguno, se hará volver a la embarcación a las costas de las que partió (para lo cual habría que suscribir convenios con esos países), se hará bajar a tierra a los ocupantes después de tomar las huellas a todos y cada uno y se confiscará la embarcación. Todo esto, por supuesto, sería muy caro, pero mantener a un lado la riqueza y al otro la pobreza exige un enorme esfuerzo (por eso lo ideal sería un mundo homogéneamente rico). Las fronteras terrestres deberían reforzarse con sistemas adecuados. Si el país en cuestión no los puede pagar (caso de Grecia, por ejemplo), los que pertenezcan a la misma área geográfica de circulación libre de personas deberían ayudarlo con lo que fuera necesario.
4. Ninguna persona que haya intentado o conseguido emigrar ilegalmente a un país podrá nunca ser aceptado como inmigrante legal. Para cada afortunado en el sorteo del punto 1, se comprueba si sus huellas están en la base de datos de inmigrantes ilegales, y en ese caso, se rechaza su solicitud.
5. Este sistema debería publicitarse ampliamente en los países de origen: que sus jóvenes tengan muy claro que si deciden respetar la ley, tienen una oportunidad, mientras que si deciden vulnerarla, jamás podrán alcanzar su sueño, y se dejarán inútilmente en el camino una cantidad inmensa de dinero. Hasta puede que la vida. 
6. En los países de destino, la vida tiene que ser imposible para quien no tenga los papeles en regla. No debe poder alquilar una casa, ni siquiera una habitación, ni abrir una cuenta bancaria, ni transferir dinero, ni trabajar, ni cobrar un sueldo, ni empadronarse. Para todas esas actividades se exigirá ser ciudadano del país o tener un permiso de residencia en vigor. Y además, en este último caso, se anotará la fecha en que termina su validez, y si no es renovado, lo realizado con ese permiso dejará de funcionar. Por ejemplo, un inmigrante legal con permiso de residencia hasta el 8 de febrero de 2015 abre una cuenta para cobrar su sueldo. El banco anota esta fecha en su base de datos. Pues bien, si no entrega al banco una copia de la renovación de su permiso, el 8 de febrero de 2015 esa cuenta queda automáticamente bloqueada. De la misma forma se tiene que multar enérgicamente a los que pretendan ayudar a alguien a sortear la ley (alquilando una habitación a un inmigrante irregular, por ejemplo), incluso, si tienen un permiso de residencia en vigor, con la pérdida de éste. 
7. Los controles de identidad en la boca del metro, o en las zonas donde los inmigrantes van a divertirse, apestan a racismo. Creo mucho más eficaz controlar las viviendas (¿por qué consume agua una vivienda donde no hay nadie empadronado?), los puntos de envío de dinero (¿cómo puede Andreas transferir mensualmente el doble de su sueldo? ¿No estará ayudando a alguien?) y los centros de trabajo (lo que vendría muy bien no solo para combatir la inmigración ilegal, sino también los abusos contra los autóctonos).
8. Deben acabarse los permisos por arraigo, Los aspirantes a emigrar a un país rico deben tener muy claro que la única forma de llegar a ser residente legal es respetar la ley desde el principio. No conozco ninguna ley que, si la incumples el tiempo suficiente, dejas de tener que cumplirla. 
9. Los centros de residencia (que no internamiento) de posibles inmigrantes ilegales no deben estar en el país rico que los haya detenido, sino en el país pobre más cercano que los acepte (a cambio de dinero, claro) y deben ser abiertos: quien quiera se puede marchar de ellos, pero no podrá volver a entrar. Por ejemplo, si se halla que una persona reside ilegalmente en, digamos, Francia, se la traslada inmediatamente al centro de, digamos, Burkina Faso, aunque presumiblemente su nacionalidad de origen sea nigeriana. Allí, si acepta declarar su nacionalidad real, será deportado a su país. Si se niega, tendrá la opción de quedarse allí para siempre o marcharse por la puerta a una realidad todavía peor que aquella de la que huyó. No deberían hacerse excepciones ni con mujeres embarazadas ni con menores, que deberían ser siempre devueltos a sus países de origen y reintegrados a sus familias o, si se niegan a identificarlas, internados en orfanatos de sus países.

Sí, ya sé, para llevar a cabo todo esto hay que tener muy poco corazón. Pero el sistema que tenemos ahora mata. Mata a centenares de personas al año. Si a alguien se le ocurre un sistema mejor, por favor, que deje su comentario. 

Para que fluya el crédito

La situación relatada por Miquel Nadal, antiguo Secretario de Estado de Asuntos Exteriores, en el artículo de fondo de El País del 17 de julio de 2013 exige acciones inmediatas: resulta que empresas españolas con beneficios, al corriente con Hacienda y la Seguridad Social, y que pagan rigurosamente a los bancos los intereses de sus créditos, se están quedando sin ellos simplemente porque los bancos han decidido no financiar su sector. 

Esto no puede ser: por ese camino las empresas cierran, el paro aumenta y la economía acaba yéndose al garete. Que una compañía desaparezca porque sus ventas bajan demasiado es un drama, aunque se puede entender. Pero que se hunda una empresa rentable simplemente porque los bancos, sin razones objetivas, se niegan a facilitarle financiación, es intolerable y el Estado debe actuar. Porque, como ya expliqué en Público y privado "Sólo debe encargarse directamente de algún sector cuando se ha demostrado que la iniciativa privada proporciona unos resultados claramente peores". 

Hay varias formas el que el Estado puede hacer llegar la financiación a las empresas: 

1. Creando un banco público, cuyos directivos, los que deciden a quién se da crédito y cuánto, sean funcionarios. 
2. Creando una estructura donde múltiples prestamistas decidan directamente a quién prestan, como la descrita en La banca popular, pero orientada a las pymes en vez de a los autónomos.
3. Creando un sistema de cuotas de obligado cumplimiento para los bancos: por ejemplo, entre el 30 y el 40% del dinero que obtengan en el mercado (pidiéndolo prestado al BCE, de impositores a plazo fijo, de titulizaciones, etc.) deberán prestarlo al Estado (comprando deuda pública); entre el 20 y el 30% deberán prestarlo a empresas; entre el 15 y el 25% a autónomos y entre el 5 y el 15% a familias.
4. Asumiendo el riesgo de las líneas de crédito ICO.

El ICO explica cómo son estas líneas:

Líneas de Mediación: el ICO diseña y fija las principales características de las diferentes líneas de financiación, a la vez que firma los correspondientes Acuerdos de Colaboración con las Entidades de Crédito para su comercialización a través de sus redes. Estas líneas están dirigidas fundamentalmente a trabajadores autónomos y pequeñas y medianas empresas. El ICO determina las dotaciones de cada línea, la finalidad de los préstamos, los tipos de interés y los plazos de amortización y provee de fondos a las Entidades Financieras. Éstas se encargan del análisis de las operaciones, determinan las garantías a aportar, deciden sobre la concesión de la financiación y asumen el riesgo de éstas.

Financiación directa: se trata de financiación corporativa y estructurada de grandes proyectos de inversión productiva, públicos o privados. Son préstamos diseñados a la medida de las necesidades de la empresa solicitante, con un importe mínimo de 10 millones de euros y largos plazos de amortización. Para la solicitud de estos préstamos las empresas se dirigen directamente al ICO que estudia, concede y asume el riesgo de las operaciones. Esta financiación se concede preferentemente en colaboración con entidades privadas o públicas nacionales, internacionales o multilaterales.  

Pues bien, si las entidades financieras no están dispuestas a asumir el riesgo de prestar a pymes, deberá asumirlo el Estado. Obviamente, quien asume el riesgo, recoge el beneficio. Las entidades financieras actuarían como meros tramitadores. Los requisitos para dar a una pyme una línea de crédito serían objetivos: beneficios los tres últimos ejercicios, al corriente con Hacienda y la Seguridad Social, al corriente en el pago de sus créditos y cifra de crédito solicitado inferior a un 10% de su cifra de negocio del último ejercicio. A las empresas que cumplieran estos requisitos, los créditos se les concederían automáticamente, sin directivos alérgicos al riesgo (ahora) que tuvieran que valorarlo, hasta que se acabara la dotación de cada línea.

Los intereses pagados por las empresas irían directamente al Estado. Se podría obligar a los bancos a ejercer esta función de meros tramitadores, sin retribución alguna, como represalia a su inacción y al incumplimiento de la función social que los justifica, o bien se les podría compensar por los gastos (únicamente informáticos) con, como máximo, medio punto de los intereses. Así las pymes obtendrían financiación alrededor del 5%.

Nuestro inmenso potencial

España se encuentra en este año 2013 en una situación económica lamentable, pero posee potencial de sobra para salir de ella, porque atesora una serie de características, conocimientos y habilidades que el mundo actual valora muchísimo. Hay que desarrollarlos tanto como nos sea posible y empezar a generar los empleos que nos saquen del atolladero.

• Tenemos bien ganado nuestro prestigio culinario. Hay que favorecer, por un lado, el turismo gourmet, donde, además de alojar a los visitantes en buenos hoteles y llevarlos a museos y monumentos, pasen también por los mejores restaurantes. Se podrían promover recorridos donde almuerzos y cenas solo se sirvieran en establecimientos con al menos una estrella Michelin.
• Por otro lado hay que aprovechar la celebridad de nuestros chefs para organizar a su alrededor facultades internacionales de cocina, con enseñanzas regladas, títulos universitarios y el inglés como lengua de enseñanza.
• España es uno de los países más seguros del mundo en cuestión de delincuencia. Hay que cuidar que lo siga siendo, en todas partes, pero especialmente en las zonas turísticas, y promocionarlo entre los posibles visitantes más temerosos. Igualmente hay que promover unas calles limpias, unas vías de comunicación bien señalizadas e impulsar una eliminación de las ruinas sin valor arquitectónico que afean el paisaje urbano y el interurbano.
• Nuestro estilo de vivir nos lleva a la segunda esperanza de vida más alta del mundo, solo después de Japón. Pero los hábitos de los japoneses gozan de menos admiración internacional que los españoles, y tienen, por tanto, menor poder de atracción. Un ejemplo. Tanto "sake" (el licor de arroz tradicional japonés) como "sangria" (sin acento) son palabras inglesas. ¿Pero cuál despertará más atracción en un inglés? Es cuestión de aprovechar este prestigio para promover turismo de vida sana: dieta mediterránea tradicional, incluso orgánica o vegetariana, paseos, excursiones en bicicleta...
• El sistema sanitario español también es de los mejores del mundo: consigue muy bajos índices de morbilidad y mortalidad a un coste muy razonable (a costa de la cuasi esclavitud del personal sanitario, pero ésa es otra cuestión). Hay que dejarse de intentos de privatizar o externalizar, que no consiguen disminuir el coste, pero sí lo desprestigian, y empezar a extraer dinero y empleo de él. ¿Cómo? Promoviéndolo, especialmente en EE.UU., donde causa admiración. En las facultades de medicina hay que crear cátedras de gestión sanitaria destinada a personal internacional, y conseguir que miles y miles de cuadros norteamericanos vengan a aprender.
• El sistema de transplantes es, directamente, el mejor del mundo. Alemania nos lo quiere copiar. Santo y bueno. Pero en la situación que estamos, hay que sacar partido de algo de una calidad tan admirable. Sin corromperlo, por supuesto. Simplemente enseñándolo (en el sentido docente) a un precio razonable y con el personal necesario. No solo a Alemania, sino a cualquier país que lo desee.
• Otros triunfos de España despiertan también admiración global. No es solo la selección de fútbol, sino también nuestros tenistas y nuestros motoristas. Se deberían crear escuelas internacionales de esos deportes en los que destacamos. Preferiblemente privadas, pero vigiladas por el Estado para garantizar la calidad de la enseñanza y la satisfacción de los alumnos.
• España es una potencia en energías renovables. Puede hacerse de oro si emplea su experiencia técnica, organizativa y económica para implantarlas en otros países que las necesitan desesperadamente, por ejemplo, China, ahogada en la contaminación de sus plantas de carbón y con tanto dinero para gastar que pensarlo provoca mareos.
•  También destaca en obras públicas. Está construyendo el nuevo Canal de Panamá, el AVE a La Meca, y muchas más. Uno de los pocos campos en que lo que se tiene que hacer ya se está haciendo.

Por citar tan solo algunas posibilidades. Todos agradeceremos que, si a quienes lean esta entrada se les ocurre alguna más, la detallen en los comentarios.

Los tipos de contrato de trabajo

De acuerdo con la página específica del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, en España hay diecisiete tipos de contrato de trabajo (mayo de 2013):

• Contrato indefinido
• Contrato indefinido de fijos discontinuos
• Contratos acogidos al Programa de Fomento del Empleo
• Contrato para  personas con discapacidad
• Contrato de trabajo por tiempo indefinido de apoyo a los emprendedores
• Contrato para la formación y el aprendizaje
• Contratos en prácticas
• Contrato para trabajadores desempleados en situación de exclusión social en empresas de inserción
• Contrato de obra o servicio determinado
• Contrato eventual por circunstancias de la producción
• Contrato de interinidad
• Contratación en sustitución por anticipación de la edad de jubilación
• Contrato de relevo
• Contrato a tiempo parcial
• Contrato de trabajo de grupo
• Contrato para el trabajo a distancia
• Contratos del personal investigador en formación

Hay tantos porque para favorecer el empleo de determinados colectivos (discapacitados, desempleados de larga duración, etc.) se crea un tipo de contrato para cada situación. Esto tiene su lógica, pero complica innecesariamente la legislación laboral. Y además da pie a los que, interesadamente y contra la evidencia empírica, propugnan que un único tipo de contrato (con peores condiciones para el trabajador, claro) ayudará a paliar el gigantesco desempleo en España.

El Profesor de Sociología Sergio González Begega lo explica muy bien en este artículo sobre los efectos de la reforma laboral de 2012 cuyo título lo dice todo: Una trituradora de empleo:

La reforma laboral de 2012 fue diseñada bajo el convencimiento de que nuestro mercado laboral es ineficiente porque sus reglas son malas y que estas ineficiencias muestran su cara más dramática en situaciones de crisis, cuando contribuyen a destruir empleo. Sin embargo, tras un año, los efectos de la reforma sobre nuestro mercado de trabajo son muy negativos. Se ha erosionado la seguridad de los puestos de trabajo estables y no se ha hecho nada con el resto. Hay mucho menos empleo y es más precario.

Aunque el Gobierno, empujado por Bruselas, siga defendiendo la idoneidad de la reforma y señale que, ante un eventual cambio de coyuntura económica, contribuirá al crecimiento de la contratación y a la recuperación del empleo, lo cierto es que este tipo de afirmaciones se mueve más entre el deseo y la promesa. Porque lo que verdaderamente tendrá capacidad para crear empleo en un futuro, si la incertidumbre se despeja, será la inflexión del ciclo económico y la recuperación de la demanda en el mercado de bienes y de servicios. Y la reforma, con sus efectos depresivos sobre la economía, no ayuda precisamente a ello.

Las reglas del mercado de trabajo no crean empleo. Al menos, no por sí solas. Orientan, eso sí, el tipo de empleo del que se dispone o que se pueda crear, más robusto o menos resistente.

Por tanto, es perfectamente inútil, e incluso contraproducente, abaratar más el despido. Si el propósito del contrato único es reducir la protección al trabajador, ya se ha visto que eso no creará empleo. Yo creo que en realidad solo tienen sentido tres tipos de contrato: el indefinido, cuando la persona es contratada (a tiempo total o parcial, todo el año o en un período específico) para una tarea que no se presupone que vaya a tener un fin; el de interinidad, cuando la persona es contratada para sustituir a otra de baja médica, que no se sabe cuánto va a durar; y el temporal, cuando la persona es contratada para un trabajo de una duración definida en el tiempo (por ejemplo, la obra de un edificio). Los contratos temporal y de interinidad no tendrían derecho a indemnización por despido, puesto que se celebran con el conocimiento de las dos partes sobre su posible término, pero el indefinido sí.

Los colectivos con dificultades de empleabilidad (jóvenes sin experiencia, mayores de cincuenta años, discapacitados...) tendrían que ser favorecidos, no con tipos de contrato específico, sino con bonificaciones en las cuotas de la Seguridad Social, un método que complica menos la legislación y permite ajustes más sencillos (por ejemplo, si por contratar a un mayor de 50 años se bonifica el 50% de las cuotas, pero aun así no se contrata a los suficientes, se puede aumentar la bonificación al 70%).

En los contratos indefinidos no se debería aumentar ni reducir el número de días de indemnización; lo que habría que hacer es favorecer un mecanismo de ajuste rápido de la fuerza laboral sin el trauma del despido y sin coste para las empresas, como hacen en Alemania con excelentes resultados.

Por ejemplo: una empresa industrial tiene 10 trabajadores con un salario bruto (incluyendo cotizaciones a la Seguridad Social) de 2.000 euros mensuales. Las ventas de esa empresa caen el 20%. En lugar de despedir a 2 trabajadores, el mecanismo que propongo permite acudir a la Seguridad Social, reducir un 20% el horario de trabajo, reducir otro 20% el salario pagado por la empresa a los trabajadores y que la Seguridad Social se haga cargo de la mayor parte de la diferencia (digamos un 15%, con lo cual los trabajadores tendrían 20% menos de horario, pero solo 5% menos de sueldo). Esto mantendría el empleo, permitiría dar a los trabajadores cursos de reciclaje o ampliación de conocimientos, mantendría en la práctica el poder adquisitivo de la fuerza de trabajo y alejaría el temor al paro (que hace que se consuma mucho menos).

Los grupos de interés

Se habla mucho de la influencia negativa de los "lobbies" (RAE: Grupo de personas influyentes, organizado para presionar en favor de determinados intereses), pero establecer qué es un lobby y qué no resulta difícil. Por ejemplo, UNESA (la patronal eléctrica) ¿es un lobby? Muchos dirían que sí, pues defiende los intereses de un grupo empresarial específico. ¿Y el sindicato UGT? La respuesta parecería en principio negativa, pues defiende los intereses de personas. Pero detrás de las empresas también hay personas (sus trabajadores y accionistas). Y tan legítimo puede ser que un sindicato defienda un aumento del salario mínimo como que la patronal eléctrica defienda un aumento de la tarifa.

No debería, pues, obstaculizarse ni condenarse que cualquier grupo defienda sus intereses dentro de la ley. Igual derecho tienen a exponer sus posturas los proabortistas que los antiabortistas; los homosexuales que los obispos; los consumidores que las empresas. Pero para que el juego de intereses se desarrolle limpiamente, son necesarias unas mínimas reglas:

• Cualquier grupo de interés que pretenda influir en la legislación debe obligatoriamente inscribirse en un registro público como partido político, sindicato o asociación.
• Será condición necesaria para inscribirse tener página web donde consten detalladamente los fines del grupo, las principales personas que lo dirigen y cómo se financia; en el caso de que lo financien empresas, la lista de empresas patrocinadoras.
• Cuando una persona perteneciente a estos grupos, o por encargo de uno de ellos se exprese en un medio de comunicación (radio, periódico), así debe constar.
• Estos grupos no pueden pagar sobresueldos para favorecer sus posturas, ni hacer regalos, ni otorgar privilegios de ningún tipo, ni prometer cargos o ventajas, a personas que trabajen en medios de comunicación.
• Tampoco pueden pagar sobresueldos para favorecer sus posturas, ni hacer regalos, ni otorgar privilegios de ningún tipo, ni prometer cargos o ventajas, a legisladores, miembros de partidos políticos o personas encargadas de elaborar o aplicar normativa.
• Estos grupos deben poder acceder a los legisladores, pero solamente para suministrarles información (estudios, informes, etc.). Necesariamente se la suministrarán en formato electrónico, y de forma inmediata, el legislador que la haya recibido, como parte del proceso legislativo, la hará pública, indicando el grupo que la ha proporcionado.

Con la información proporcionada por las diversas partes y su propio conocimiento, el legislador deberá decidir la postura que mejor concilie los intereses de sus votantes. Iba a escribir "con el interés general" pero ¿qué es el interés general? ¿El bien común? ¿El mayor bien para el mayor número de personas? ¿Es posible definir inequívocamente eso en una situación concreta? Desde luego el dirigente debe serlo de todos, tanto de quienes lo han votado como del resto, pero creo que pedir eso al legislador es demasiado. Me conformo con que evalúe correctamente los intereses de sus votantes y los defienda eficazmente.

Medidas urgentes contra el paro

Hoy, 25 de abril de 2013, España supera los SEIS MILLONES DE PARADOS. Es una tragedia, una catástrofe. Pero lo peor es que se podrían hacer muchas cosas para paliarla y no se hace nada.

Xavier Vidal-Folch, en su artículo de hoy, propone lo siguiente:

Uno: políticas activas de empleo como el reciclaje, la formación, los institutos de ocupación. Figuran en el repertorio de consejas europeas al menos desde junio, y apenas nada se ha hecho.

Dos: fomento de las exportaciones, de las que tanto se llenan la boca todos (el propio Rajoy en el debate sobre el Estado de la nación) como único indicio feliz en esta recesión, y nadie hace nada nuevo en la Administración. Lean las propuestas de El modelo de apoyo a la internacionalización de la empresa española, el documento 167 del Instituto de la Empresa Familiar (www.iefamilar.com). Hay materia.

Y tres: reforma fiscal integral, en vez de la histérica yenka retórica de subir / bajar impuestos. Lo primero es simplificar el bosque, cercenar la mayoría de deducciones que desnaturalizan y distorsionan el objetivo de cada impuesto, y acabar con las micromedidas sin visión de conjunto. Bastante de ello figura en el muy reciente proyecto socialista Bases para la reforma fiscal (www.psoe.es), que el Gobierno prefiere, de momento, despreciar. Haría mejor en leerlo, igual le da alguna idea.

Durante mucho tiempo he venido proponiendo ideas para el problema más grave de España. Por ejemplo, el 1 de mayo de 2011, cuando no habíamos llegado a los cinco millones:

Para combatir esto es necesario que el Organismo Nacional de Empleo investigue los conocimientos y habilidades que el mercado demanda (porque se siguen ofreciendo puestos, que no se cubren) y forme a las personas necesarias. Si por ejemplo hacen falta 200 técnicos de gestión de residuos, y sólo 50 personas se apuntan al curso, se ofrecen los euros que sean necesarios por cursarlo (¿1000? ¿2000? ¿5000?) hasta que se cubran las 200 plazas. También se deben aumentar los incentivos para los que cambien de localidad de residencia con el fin de ocupar un puesto laboral. Ya existen, pero a la vista de las diferencias en las cifras de paro de las autonomías, está claro que no funcionan.

El 6 de mayo de 2011:

En España el empleo total en los servicios comunitarios (salud, educación, servicios sociales, administración) es del 12,3%, mientras que en la UE 15 es del 17,3%. Es decir, si tuviéramos el gasto social de la UE 15, habría en España alrededor de UN MILLÓN más de personas empleadas. Y no lo tenemos porque el fraude fiscal en España es tal alto (se calcula que un 20% de nuestra economía está sumergida) que no lo podemos pagar. Es absolutamente necesario ir recortando estos DOSCIENTOS MIL MILLONES DE EUROS que nos roban los defraudadores e invertirlos en más médicos, más residencias públicas de ancianos y en una buena red pública de guarderías que, además de los empleos que en sí crea, libera a muchas mujeres, que se pueden poner a buscar trabajo e impulsar la economía. No es ninguna utopía: en Suecia un sistema de guarderías con estas características hace que la tasa de actividad de las mujeres sea similar a la de los varones.

Coincido plenamente con Xavier Vidal-Folch: hay que cambiar el sistema fiscal. Tiene demasiados agujeros a través de los cuales las empresas consiguen pagar solamente el 11% de sus beneficios. Hay que eliminar TODAS las deducciones que no consigan claramente el objetivo de beneficio social general que persiguen, y destinar el dinero recaudado a guarderías y residencias.

Pero además hay que fomentar la inmigración de españoles parados y extranjeros parados residentes en España a otros países donde se requieran sus habilidades, o formarlos aquí en las habilidades que otros países requieran. Todo lo que contribuya a reducir nuestro índice de desempleo será bueno. Así, estos inmigrantes bajarán la tasa de paro, con lo que cesará la presión a la baja sobre los salarios, que deprime la economía. Además, enviarán remesas a sus familiares en España, que las dedicarán al consumo aquí.

Combatir la pobreza energética

La pobreza energética es la incapacidad de un hogar de satisfacer una cantidad mínima de servicios de la energía para sus necesidades básicas, como mantener la vivienda en unas condiciones de climatización adecuadas para la salud (18 a 20º C en invierno y 25º C en verano).

Esto puede no ser solamente debido a los bajos ingresos intrínsecos del hogar, sino también a la mala calidad de la vivienda, o a su emplazamiento en un sitio muy frío o muy cálido, o a tratarse de una vivienda muy grande para una sola persona de bajos ingresos.

 Se estima que la pobreza energética afecta a un 10% de los hogares españoles, unos 4 millones de personas. En Europa, a 50 millones. Habitar una vivienda con temperaturas inadecuadas en invierno aumenta el riesgo de padecer enfermedades físicas y mentales e incrementa la probabilidad de morir de forma prematura entre ancianos. Una estimación publicada en la revista Consumer indica que la pobreza energética causaría más de 2.000 muertes prematuras al año en España. Los enfermos crónicos, niños y ancianos son los más afectados.

Cómo hacer frente a la pobreza energética: artículo de Eroski Consumer

Una de las causas principales de la pobreza energética es la mala calidad de las viviendas. En España el 60% del parque se construyó con anterioridad a la normativa de regulación térmica. Estos edificios pierden calor y necesitan más energía para mantener la temperatura. Otra de las causas es la baja eficiencia energética de los aparatos, bombillas, sistemas de climatización, etc., utilizados en estas casas.

Marta García, consultora de Ecoserveis, asegura que para abordar este problema hay que actuar sobre sus tres causas principales: nivel de ingresos, calidad en la edificación y precios de la energía.

Las medidas preventivas tendrían que ser prioritarias. Las viviendas de protección oficial, ocupadas en principio por familias vulnerables, deberían contar con criterios superiores de eficiencia energética.

Otra medida sería la de ofrecer bonos para el pago de facturas de energía a las personas mayores. En Inglaterra, el Gobierno destina 100 millones de euros para cubrir los costes de las tarifas sociales y ayudar a las familias más vulnerables. Las personas mayores de 60 años reciben 300 euros al año como medida contra la pobreza energética. En España habrá que esperar a tener los datos del nuevo bono social, puesto en marcha en julio de este mismo año.

 Los consumidores pueden asumir diversas medidas para combatir la pobreza energética. En primer lugar, pueden prestar atención a sus facturas de energía y comprobar si se ha contratado una tarifa adecuada. En la actualidad, los consumidores con menos de 10kW de potencia contratada pueden escoger entre la Tarifa de Último Recurso (precio máximo fijado por el Gobierno) o ir al mercado libre a pactar las condiciones con una comercializadora.

La potencia contratada es otro elemento que los consumidores pueden elegir y reducir hasta lo necesario. A igual consumo, la factura será mayor cuanto mayor sea la potencia contratada. Para hacerse una idea, se puede analizar el conjunto de equipos que se quieren tener encendidos al mismo tiempo. Para un piso medio con cocina y calefacción de gas suele ser suficiente una potencia de 3,3kW o incluso menos.

La reducción del consumo energético es otra medida clara que se puede lograr con diversos consejos:

• Utilizar la energía sólo cuando sea necesario. Ser conscientes de que es un bien escaso que conlleva un impacto medioambiental, social y económico más grande del que parece.
• Sustituir las bombillas incandescentes por otras de bajo consumo.
• Contar con electrodomésticos de eficiencia energética A o A+.
• Regular la calefacción con termostatos y encenderla durante el día unas pocas horas, suficiente para que el calor acumulado se mantenga para el resto de la jornada.
• Invertir en aislamiento de paredes, ventanas e incluso tuberías y conductos de ventilación y climatización al construir o rehabilitar una casa. Las comunidades autónomas ofrecen ayudas que cubren hasta el 60% de esta inversión.
• Instalar contrapuertas y contraventanas.
• Evitar las fugas de calor, que pueden suponer entre el 5% y el 30% del malgasto energético. En el mercado se pueden encontrar diversos materiales y sistemas asequibles que permitirán acabar con este problema, por ejemplo burletes de gomaespuma.
• Realizar un correcto mantenimiento de las calderas y otros sistemas de climatización.
• Los ventiladores de techo reversibles pueden utilizarse en invierno para hacer circular el calor y ahorrar costes de calefacción hasta en un 10%.
• Aplicar sistemas basados en energías renovables (para ello también se pueden solicitar diversas ayudas institucionales).
• Vestir de acuerdo a las condiciones climatológicas: estar en casa en camiseta de manga corta durante el invierno supone un uso excesivo de la calefacción. 

Todo esto está muy bien, pero muchas veces la gente pobre no tiene dinero para mejorar la eficiencia energética de su vivienda. Por eso creo que el Estado debe devolver hasta un 50% de la factura energética (electricidad, gas natural o butano) a los hogares en que anualmente esa factura suponga más de un 10% de los ingresos anuales.

Esto no debería hacerse a través de precios subvencionados (como el actual bono social). La energía debería cobrarse a su coste (más un beneficio justo para el proveedor) a todos los consumidores, y solamente ser ayudados aquellos que realmente lo necesitaran.

Para recibir esta ayuda, se debería solicitar cada año. No sería necesario aportar facturas de electricidad o gas: se implantaría un sistema coordinado con las compañías de gas y electricidad en que el solicitante solamente tendría que aportar su NIF; ya se encargaría Hacienda de comprobar de si el montante de las facturas energéticas para el año anterior es superior al 10% de los ingresos de ese hogar.

Solamente podrían recibir estas ayudas aquellos hogares con menos de 70 metros cuadrados construidos por habitante (datos que el sistema comprobaría automáticamente en el Catastro y en el Padrón municipal; hacérselos declarar al solicitante es invitar al fraude).

Las personas receptoras de estas ayudas deberían, además, ser auténticamente pobres; es decir, no podrían poseer, total o parcialmente, otras viviendas aparte de la solicitante, ni cuentas bancarias, depósitos o activos financieros por valor superior a 3.000 euros.

Un hogar que recibiera una ayuda por este concepto de más de 200 euros anuales más de dos años consecutivos estaría obligado, después del tercer año, a someterse a un somero estudio de eficiencia energética, pagado por el Estado, que recomendaría medidas (por ejemplo, cambiar ventanas, aislar paredes, sustituir calderas, etc.). Tras este tercer año, cualquier ayuda posterior iría íntegramente destinada a poner en marcha alguna de las medidas recomendadas. Por ejemplo, un hogar que hubiera recibido 400, 426 y 397 euros en años consecutivos, estaría obligado el cuarto año a sustituir una ventana, por, digamos, 300 euros, y solo recibiría la ayuda el cuarto año tras presentar la factura de la sustitución.

Evidentemente, un sistema de ayudas así sería administrativamente caro para el Estado, pero a mí me parece la única forma de abordar seriamente el problema. Mucho más caras están saliendo las enfermedades y muertes provocadas por la falta de ingresos suficientes para mantener la vivienda a una temperatura adecuada. El derecho a la vivienda debe entenderse como el derecho a una vivienda saludable, no una que por tus circunstancias te enferme.

Propuestas de los médicos para ahorrar en sanidad

El 4 de abril de 2013 los Consejos Generales de Médicos y Enfermeros presentaron La Alternativa de los médicos y enfermeros para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud, un trabajo de gran calado en el que han intervenido más de 9.000 personas durante siete meses.

Las 85 medidas que se proponen en este documento son las siguientes:

Medidas estructurales de ordenación y gobernanza del sistema (17)

1. Dotar al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud de eficacia jurídica y ejecutividad a sus decisiones
2. Tarjeta Sanitaria única e inteligente para el Sistema Nacional de Salud
3. Receta electrónica única para el Sistema Nacional de Salud
4. Igualdad de derechos y garantía de accesibilidad del paciente en todo el territorio nacional
5. Regulación específica para la atención sanitaria de la población inmigrante
6. Igualdad de derechos del profesional en el territorio nacional y derecho a la movilidad dentro del Sistema Nacional de Salud
7. Fondo de cohesión y compensación como garante de la financiación de la atención sanitaria interterritorial
8. Agencia Estatal Única de Calidad, Alta Inspección y Acreditación del Sistema (Supresión de agencias regionales)
9. Armonización de competencias de las administraciones sanitarias (régimen de colaboración marco con las administraciones regionales y supresión de duplicidades y solapamientos)
10. Régimen jurídico de la Alta Inspección Sanitaria y normativa sancionadora, homogénea a nivel nacional
11. Registro estatal de profesionales sanitarios
12. Estrategia de potenciación del papel a desempeñar por los Consejos Generales de Médicos y de Enfermeros
13. Fortalecimiento de las competencias de los Colegios profesionales en el ámbito disciplinario
14. Homogeneización del régimen sancionador en todo el territorio nacional
15. Creación del estatuto y del régimen jurídico del directivo y cargo público sanitario
16. Control del turismo sanitario
17. Dependencia estatal de la sanidad en lugar de autonómica

Medidas de calidad, eficiencia y racionalización de la gestión sanitaria

1. Implantación de un sistema de compras centralizado para medicamentos, productos sanitarios y tecnología sanitaria, con criterios homogéneos aprobados por el Consejo Interterritorial.
2. Alianzas estratégicas con la iniciativa privada para la mejora y prestación de servicios sanitarios.
3. Compatibilidad del sistema público con el sistema privado.  Posible sistema de desgravación fiscal para usuarios del aseguramiento sanitario privado.
4. Implementación en la gestión sanitaria de los Sistemas de Pago por Proceso (GRD, CRG, etc. )
5. Implantación de Renting y Leasing sanitario.
6. Colaboración público-privada: PPP en la gestión sanitaria, tanto en la atención primaria, atención especializada y atención socio-sanitaria.
7. Modernización y flexibilización del régimen de conciertos.
8. Definición de un régimen de personal sanitario público (funcionarios, laborales y estatutarios) transferible a servicios públicos de gestión privada.
9. Centralización y externalización de los servicios sanitarios de: Radiodiagnóstico, laboratorios, esterilización.
10. Centralización y externalización de todos los servicios no asistenciales.
11. Compromiso en la limitación de gastos a los presupuestos asignados a las administraciones regionales y centros asistenciales.
12. Autonomía real de la gestión de los centros sanitarios, con evaluación final de los resultados.
13. Fomento de la competitividad inter-hospitalaria para la mejora de la eficiencia del sistema y de la calidad asistencial.
14. Principio de “déficit cero” a nivel de centro sanitario.
15. Aligeramiento y racionalización de estructuras gerenciales y nuevo sistema retributivo de los equipos directivos.
16. Gestión empresarial por objetivos de los centros sanitarios.
17. Sistema de movilidad y flexibilidad en la gestión de RRHH, tanto a nivel de los servicios regionales de salud como del SNS.
18. Auditorías externas de calidad en la prestación asistencial.
19. Creación de un sistema para el establecimiento de criterios y estándares mínimos de una buena práctica clínica y su evaluación.
20. Nuevo modelo de gestión clínica, basado en potenciar la autonomía de gestión de las áreas de los servicios asistenciales.
21. Garantizar la continuidad asistencial: área única y coordinación entre los diferentes niveles de asistencia.
22. Reducir los cargos políticos y asesores de las Consejerías de Sanidad.
23. Cartera de Servicios aprobada por ley nacional y congelada hasta el año 2020.
24. Mecanismo de revisión estatal de la Cartera, mediante acuerdo del Consejo Interterritorial (CI), por mayoría absoluta de sus miembros y previa presentación de una memoria económica que evalúe el coste de implantación y su mecanismo de financiación con cargo a los propios recursos del Sistema Nacional de Salud (SNS).
25. Desarrollo de indicadores de calidad para el Sistema Nacional de Salud aprobados por el Consejo Interterritorial.
26. Tiempos máximos de espera quirúrgica pactados y aprobados en el Consejo Interterritorial.
27. Sistemas informatizados de gestión de listas de espera accesibles por el ciudadano.
28. Protocolos homogéneos de actuación, basados en guías clínicas homogéneas.
29. Implantación de la contabilidad analítica en los centros asistenciales.
30. Potenciación de las consultas a nivel telefónico o telemático para determinados tipos de pacientes.
31. Regionalización de los procedimientos quirúrgicos: definir servicios y centros de referencia en determinadas patologías.
32. Utilización de las TIC's para el control de pacientes crónicos.
33. Acceso del paciente a los resultados de pruebas diagnósticas a través de internet.
34. Retribución Fija + Productividad por objetivos cuantificables vinculados a los escalones de la carrera profesional.
35. Eliminación por ley de las peonadas.
36. Pacto de recuperación del poder adquisitivo y desarrollo de la carrera profesional, acompasado a objetivos económicos y “déficit cero” del Sistema.  Objetivo 2018-2020.
37. Movilidad nacional para la racionalización de plantillas.
38. Cambio de modelo retributivo basado en cantidad, calidad y compromiso con los objetivos asistenciales.
39. Conciliación de la vida familiar y laboral.  Cambio en el sistema de horario actual.
40. Selección de los jefes de servicio por mérito de manera competitiva.
41. Ampliación de 35 a 37,5 horas de la jornada profesional.
42. Desarrollar y potenciar los centros asistenciales de media y larga estancia con el objeto de disminuir la estancia en los centros asistenciales de agudos.

Medidas sobre medicamentos

1. Receta: copago único para las dos modalidades de recetas
2. Regulación de la venta online de medicamentos y productos sanitarios
3. Reconsideración de la visita comercial al prescriptor
4. Consideración de retribución en especie la derivada de la asistencia a congresos y eventos farmacéuticos
5. Política agresiva en materia de medicamentos genéricos
6. Ajustar las dosis de medicamentos al tratamiento prescrito
7. Pacto para el desarrollo estratégico de la industria farmacéutica nacional y la investigación biomédica
8. Pago de una parte del precio de los medicamentos por parte de los jubilados dejando de ser gratuito (copago)
9. Incremento de la parte que se paga en las recetas (incremento según receta)
10. Los parados sin prestación, los titulares de pensiones no contributivas y los de rentas mínimas de inserción, no tendrán que pagar por medicamentos.
11. Se excluyen de la receta fármacos para problemas menores.

Medidas de concienciación y educación del paciente: derechos y deberes

1. Campañas de difusión nacional de las medidas de concienciación y educación del paciente
2. Emisión de facturas sombra
3. Medidas punitivas al paciente en relación a la no retirada o recogida de pruebas diagnósticas
4. Medidas punitivas al paciente en relación a la no asistencia injustificada a listas de espera y consultas externas
5. Corresponsabilidad del paciente en el ahorro farmacéutico

Medidas en materia de infraestructuras sanitarias

1. Mapa nacional de infraestructuras sanitarias
2. Congelación de nuevas infraestructuras sanitarias hasta el año 2020
3. Plan de racionalización, modernización y optimización de infraestructuras sanitarias

Medidas de financiación económica complementaria

1. Ticket moderador en urgencias (salvo derivación de Primaria o generando ingreso hospitalario)
2. Gratuidad de un menú básico durante la estancia hospitalaria.  Resto bajo pago
3. Cobro de las prestaciones sanitarias a extranjeros y a terceros
4. Facturación inter-centros del sistema asistencial
5. Optimización de la utilización de espacios, servicios y estudio de usos alternativos o arrendamientos que permitan ingresos añadidos de carácter finalista
6. Pago por parte del paciente de las prótesis ambulatorias y los productos dietéticos
7. Pago por parte del paciente del transporte no urgente



En el estudio también se han hecho encuestas sobre la aceptación de estas medidas por ciudadanos y expertos, lo que ha arrojado otras dos listas: las veinte mejor valoradas y las diez peor valoradas.

Romper el PSOE

Es necesario que el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) rompa con el Partit des Socialistes de Catalunya (PSC) tras el voto de este último en el Congreso de los Diputados el martes 26 de febrero de 2013 a favor del "derecho a decidir" de Cataluña, cuando la dirección del PSOE había pedido el voto en contra.

La primera razón es que el denominado "derecho a decidir" es un engaño. Lo que pretenden ocultar con esas palabras es "queremos que una Comunidad Autónoma tenga derecho a celebrar un referéndum en el que sus ciudadanos voten sobre si seguir en España o constituirse como Estado independiente". Para abreviar: "queremos que la Constitución Española dé a las Autonomías derecho a la secesión".

La segunda razón es que ahora mismo ese derecho no existe. Ahora existe, por ejemplo, el derecho a un juicio justo, pero no existe, por ejemplo, el derecho a que a uno le regalen una bicicleta. Antes no existía el derecho a que dos personas del mismo sexo contrajeran matrimonio. Ahora, sí. Solo son derechos las posibilidades reconocidas por la ley. Ahora mismo la Constitución Española no otorga derecho a la secesión, y el Tribunal Constitucional ha dejado muy claro que una Autonomía ni siquiera puede convocar unilateralmente un referéndum para consultar a los ciudadanos sobre la cuestión, aunque fuera de carácter consultivo.

La tercera razón, que deriva de las dos anteriores, es que se está estafando a los ciudadanos. Todos los esfuerzos que pretenden hacer los políticos soberanistas parecen encaminados a convocar el referéndum, y los del Gobierno central, a impedirlo. Caso de que se convoque, será paralizado, como ocurrió en el caso vasco. Lo que tendrían que hacer los soberanistas es iniciar un procedimiento de reforma de la Constitución según el artículo 168. Su actitud se parece a la del borracho que busca sus llaves a la luz de una farola. Se acerca un transeúnte y pregunta "¿Le ayudo?" "Sí, gracias" Buscan un rato y las llaves no aparecen. Entonces dice el transeúnte "Oiga ¿está seguro de que se le han caído por aquí?" "No, se me han caído allá, pero está demasiado oscuro".

¿Que dicen que un proceso no tendría futuro porque los principales partidos se opondrían? Lo primero que habría que preguntarles es: si creen tener razón ¿por qué piensan que no podrían convencerlos? Y lo segundo: bueno, si en las condiciones actuales el proceso que han iniciado no puede llegar a buen término ¿por qué demonios nos hacen gastar a los ciudadanos toda esta energía política que podría usarse en las reformas que realmente necesitamos?

Como resulta evidente que no se puede conseguir el objetivo que pregonan, solo se puede pensar que lo hacen como maniobra de distracción: para evitar perder votos por los recortes que tengo que hacer, digo que son culpa de Madrid y pido la independencia. No la voy a conseguir, pero mi poder personal y mi capacidad de mangoneo, que es lo que realmente me interesa, los conservo. Y el PSC, después de haber denunciado esa cortina de humo, echa más leña (húmeda) al fuego.

Los electores socialistas del resto de España no aceptan tales trapacerías (ni tampoco muchos de Cataluña). El PSOE obtendría un resultado nacional mejor si actuara en Cataluña con su propio nombre y políticos leales, cortando amarras con el PSC y dejándolos actuar a su aire (nunca mejor dicho, porque son unos aventados).

No se trata de la unidad de España (otra entelequia), que a la inmensa mayoría de la gente se la trae al pairo; se trata de respetar los acuerdos válidos y no permitir que nadie se los salte hasta que sean sustituidos por otros acuerdos también válidos. Si en una cuestión no es posible llegar a un nuevo acuerdo, qué le vamos a hacer: tendrá que permanecer el antiguo. Porque tan perfectamente legítimo es querer que la Constitución cambie para dar derecho a la secesión como no querer que se modifique para poner un instrumento de chantaje en manos de políticos sin escrúpulos. Los diversos escándalos que han sacudido a Cataluña (caso Palau, caso Pallerols, caso de los espías de Método 3, caso de los millones del padre de Artur Mas en Suiza...) tendrían que haber hecho pensar a la ciudadanía catalana que "con éstos, ni al bar de la esquina". No ha sido así, y es una lástima, pero al resto de los ciudadanos todavía no han conseguido engañarnos.

Los servicios secretos

El reciente caso de espionaje generalizado a políticos catalanes, que viene a unirse a los seguimientos indebidos realizados en la Comunidad de Madrid, pone de manifiesto la necesidad de imponer límites legales a estas vergonzosas actividades.

Es necesario modificar la Ley de Seguridad Privada para que, por un lado, las empresas de detectives tengan prohibido realizar sus actividades por encargo de instituciones públicas y partidos políticos, bajo pena de cárcel, y por otro lado, los políticos electos y resto de miembros de un partido político, no puedan contratar con dichas agencias, bajo la misma pena.

Asimismo, estará prohibido para dichas agencias investigar a partidos políticos, sus miembros o a instituciones públicas.

Los partidos, cargos electos, jueces, etc., que sospechen que están siendo objeto de escuchas, vigilancia o seguimiento, deberían poder recurrir al Centro Nacional de Inteligencia para que lo comprobara. En caso de que su sospecha se demostrara infundada, pagarían una tasa razonable por los gastos.

La organización de los servicios secretos varía según los países. En España solo existe el CNI, que por su ley reguladora puede actuar fuera y dentro del país, y además existen servicios de información de la Policía Nacional y de la Guardia Civil. En EE.UU. hay hasta 16 agencias dedicadas a la información secreta. En el Reino Unido tienen el MI5 para el contraespionaje dentro del país y el MI6 para la acción exterior.

Creo que el mejor modelo es un solo servicio secreto, con capacidad de actuar dentro y fuera del país. Tiene que estar perfectamente coordinado por arriba con Presidencia del Gobierno, Ministerio de Defensa. Ministerio del Interior y Ministerio de Asuntos Exteriores. Y por abajo, con la Policía, la Guardia Civil (aunque yo pienso que este instituto armado tiene poco sentido hoy día y que debería integrarse en la Policía Nacional), las policías autonómicas e incluso las locales.

Por supuesto, todo cuerpo policial debe disponer de información muy amplia para cumplir sus funciones de prevenir el delito y castigar a los delincuentes. Y esta información debe ser secreta. Pero la diferencia con unos servicios de inteligencia es que esta información la ha obtenido en el ejercicio de sus funciones de persecución del delito. Es decir, la finalidad de la Policía no es obtener información, mientras que la del CNI (está en su propia denominación, "inteligencia"), sí. El departamento de información de la policía no tendrá personal dedicado a obtener esa información. Tendrá informáticos y documentalistas dedicados a compilarla, filtrarla, organizarla y ponerla a disposición de los agentes de policía y de los jueces.

La ley debe prevenir estrictamente un aspecto de los servicios secretos que en el pasado ha empleado el poder para protegerse ilegítimamente: estos servicios no pueden investigar a partidos políticos que hayan condenado explícitamente la violencia y el terrorismo, ni a jueces, ni a fiscales, ni a periodistas nacionales. Los agentes secretos que reciban órdenes ilegítimas en tal sentido deben tener la posibilidad de negarse, denunciarlo anónimamente al Parlamento sin sufrir represalias y que sea destituida toda la cadena de mando que ordenó tal fechoría.

Otro aspecto de los servicios de inteligencia que genera fricciones es su relación con la acción diplomática. Demasiado a menudo el embajador de un país en otra nación es el jefe local de los espías, lo cual da lugar a episodios vergonzosos de diplomáticos implicados en espionaje que son expulsados. A mi entender los diplomáticos deberían obedecer estrictamente las leyes del país huésped en lo que se refiere a obtención de información (lo que normalmente equivaldría a sacarla de fuentes públicas: periódicos, sitios virtuales de organismos, etc.). Otra cosa son las necesidades del servicio secreto. Por ejemplo, si un país sospecha que otro prepara una agresión, yo lo creo legitimado para mandar a sus espías, sobornar a cargos militares, instalar micrófonos ocultos, etc., pero el embajador no debería ser informado de estas actividades, y mucho menos dirigirlas. Eso sí, su Ministerio de Asuntos Exteriores sí debe estar informado de la actividad de los espías y dirigir la actividad del embajador de acuerdo con lo que se vaya sabiendo.

Cambiar el Tribunal de Cuentas

El Tribunal de Cuentas es un órgano del Estado, con antecedentes de siglos, que actualmente se rige por el artículo 136 de la Constitución Española:
 

1. El Tribunal de Cuentas es el supremo órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica de Estado, así como del sector público.
   Dependerá directamente de las Cortes Generales y ejercerá sus funciones por delegación de ellas en el examen y comprobación de la Cuenta General del Estado.
2. Las cuentas del Estado y del sector público estatal se rendirán al Tribunal de Cuentas y serán censuradas por éste.
   El Tribunal de Cuentas, sin perjuicio de su propia jurisdicción, remitirá a las Cortes Generales un informe anual en el que, cuando proceda, comunicará las infracciones o responsabilidades en que, a su juicio, se hubiere incurrido.
3. Los miembros del Tribunal de Cuentas gozarán de la misma independencia e inamovilidad y estarán sometidos a las mismas incompatibilidades que los Jueces.
4. Una ley orgánica regulará la composición, organización y funciones del Tribunal de Cuentas.

Lo que este artículo no dice en absoluto es que sus miembros tengan que ser designados a medias por el Congreso y el Senado (actualmente 6 y 6) y que los partidos políticos puedan llenarlo de funcionarios de libre designación.

Incluso aunque esos designados fueran personas honradas, el ser designados por los mismos partidos a los que han de controlar extiende la sospecha sobre su actuación. Me reafirmo en lo que pedía en mi entrada Los órganos colegiados: los miembros de estos órganos no deberían ser elegidos, sino sorteados entre personas con al menos veinte años de experiencia en su ámbito, que nunca hubieran sido condenadas por delito penal o fiscal, ni sancionadas por falta grave en el ejercicio de sus funciones, y que, por supuesto, hubieran entrado voluntariamente en el sorteo.

Según una reciente sentencia del Tribunal Supremo, en 2011 en el Tribunal de Cuentas, los funcionarios llegados de otras Administraciones eran 94 frente a los 89 letrados y auditores de carrera. De los 206 puestos que tenían dotación presupuestaria, "142 corresponden a la plantilla de los Cuerpos Superiores (...), por lo que solo podrán cubrirse por funcionarios de Cuerpos de Administraciones Públicas y de la Seguridad Social 64 puestos, límite que se halla hoy ampliamente superado". La afirmación supone denunciar que hay 30 personas (94 - 64 = 30) de otras Administraciones que trabajaban de forma irregular.

Es necesario eliminar la libre designación como método para acceder al Tribunal de Cuentas y dejar la oposición como único sistema. Los miembros no dispondrán de chófer (ahora algunos sí lo tienen). Se suprimirán los tribunales de cuentas autonómicos y toda la fiscalización de las cuentas de las autonomías se hará desde el Tribunal de Cuentas central.

Debería quedar como un órgano técnico de control, solamente con la función fiscalizadora. Ahora  también tiene la jurisdiccional, con capacidad para enjuiciar a los malversadores de fondos públicos, pero yo no tengo noticias de que la ejerza, pues de acuerdo con mi información, todos los malversadores, y por desgracia hay muchos, han sido juzgados, o lo están siendo, por otros tribunales. Si el Tribunal de Cuentas, en sus comprobaciones, detecta cualquier posible delito, debería ponerlo en conocimiento de la fiscalía correspondiente.

La inspección de las cuentas de los partidos políticos tendría que hacerse con especial cuidado: antes del 1 de mayo de cada año, todos los partidos políticos con cargos elegidos (diputados, senadores o concejales) deberían publicar en sus respectivas páginas de Internet sus cuentas del año anterior. Completas. Ingresos y gastos pormenorizados, créditos bancarios, sueldos a cada empleado del partido, donaciones, etc. Antes del 1 de octubre de cada año el Tribunal de Cuentas emitiría un dictamen sobre esa documentación (caso de encontrar defectos de forma, posibles errores o documentación faltante, se habría puesto antes en contacto con el partido afectado para subsanarla). Si la documentación no fuera completa o se hallara que se ha incumplido la ley de partidos o la ley general de contabilidad, el Tribunal tendría la potestad de bloquear desde un mínimo del 10% hasta un máximo del 100% de los fondos públicos que fuera a recibir ese partido desde ese 1 de octubre.

Para reconstruir el futuro de España

Propuestas de la redacción del periódico El País ante la epidemia de casos de corrupción y el desprestigio de la clase política.

1. Ley de Partidos
Que garantice la democracia interna y la transparencia de las formaciones políticas, con normas democráticas en su funcionamiento interno. Debe imponer un sistema de financiación transparente y un control eficaz e independiente de sus cuentas llevado a cabo con periodicidad anual, con sanciones que lleguen incluso hasta la disolución en caso de incumplimiento. La norma puede vincularse a las regulaciones establecidas en la Ley de Transparencia y permitir que los ciudadanos puedan solicitar a un partido documentos relacionados con su funcionamiento. Los cargos imputados en procesos judiciales deberían ser suspendidos en sus funciones orgánicas hasta que se aclare su situación.

2. Ley Electoral
Es preciso sustituir el actual sistema de listas cerradas y bloqueadas por otro que permita a los ciudadanos negar su voto a candidatos concretos que no consideren dignos de su confianza. Hay que revisar el principio constitucional que determina a la provincia como distrito electoral, que en el caso del Senado debe estar referido a las autonomías. La distribución de escaños debe potenciar la proporcionalidad del sistema, de modo que cada diputado elegido represente a un número razonablemente equiparable de votantes. Ha de regularse de forma transparente la financiación de las campañas electorales, reduciendo su actual duración, innecesaria en una sociedad con tantos y tan variados medios de comunicación, y establecer criterios claros y eficaces para la adecuada utilización de las redes sociales en tiempo electoral.

3. Reforma de la Administración
Una reforma y modernización de las Administraciones públicas debe eliminar la duplicación de estructuras y funciones para adaptar el tamaño del Estado y el gasto a los nuevos perfiles de la sociedad del bienestar y a las características de la organización territorial de España y de la UE. Es preciso reducir el número de municipios, recurrir a gestores técnicos donde sea necesario, regular el sueldo de los alcaldes, fiscalizar los presupuestos con agencias independientes y revisar el sistema de oposiciones y de cuerpos de funcionarios. El Estatuto Básico del Empleado Público debe contribuir a profesionalizar la dirección de la gestión, limitando la designación política de altos cargos para protegerlos de interferencias. Debe garantizarse efectivamente, contra lo que ahora sucede, un acceso adecuado a la información sobre la gestión de las Administraciones, que facilite la rendición de cuentas de los gestores y el juicio crítico por parte de los administrados.

4. Estatuto de la Corona
A fin de establecer los deberes y las responsabilidades del titular de la misma. Tiene que ordenar, mediante caución parlamentaria, el funcionamiento de la Familia Real, garantizar la absoluta transparencia de los gastos atribuibles no solo a sus personas físicas, sino al funcionamiento general de la Casa. Y, como en el caso de la Ley de Partidos, estar vinculado a las regulaciones establecidas en la Ley de Transparencia.

5. Pacto por el empleo y las pensiones
Con la participación de Gobierno, partidos políticos, centrales sindicales y organizaciones empresariales. Resulta necesario articular un consenso que culmine la reforma laboral y corrija sus carencias y desequilibrios. Establecidas las bases de contratación y despido, es urgente impulsar las políticas activas de empleo en un país con seis millones de parados. Hay que poner en marcha un programa de subvenciones directas (nacionales y europeas) dirigidas a las pequeñas y medianas empresas para la creación de puestos de trabajo especialmente orientados a los jóvenes. El pacto debe financiarse con aportaciones de fondos europeos, en el marco de un acuerdo en la eurozona. Las ayudas previstas en el presupuesto de la Unión son del todo insuficientes para hacer frente a la gravedad del problema.
Es necesaria una reforma en profundidad del sistema de pensiones que tenga en cuenta, entre otras cosas, la mayor esperanza de vida de la población. Dicha reforma no puede hacerse unilateralmente por ningún partido, cualquiera que sea la mayoría parlamentaria de que disfrute. Hace falta garantizar la sostenibilidad del sistema y mejorar la correspondencia entre cotización y pensión.

6. Reforma de la Justicia
Los jueces deben contar con una mejor y más eficiente organización y con mayores recursos y medios. Debe potenciarse la coordinación de la justicia, en la que ahora intervienen funcionarios pertenecientes hasta a cinco cuerpos distintos que a su vez dependen, según los casos, de la Administración central o de la autonómica. La igualdad de los ciudadanos ante la ley, el derecho a la tutela judicial efectiva y el derecho a un juicio justo están reducidos muchas veces en la práctica a meras declaraciones, pues el funcionamiento de los tribunales no es nunca rápido ni resulta siempre eficaz, por lo que hay que aumentar significativamente el número de jueces. Hace falta revisar las normas procesales para que, manteniendo las garantías básicas, puedan agilizarse los juicios y sea adecuadamente protegida la presunción de inocencia ante la llamada “pena de telediario”. El Gobierno debe renunciar a su actual política sobre tasas judiciales.

7. Pacto por la educación
La política general sobre enseñanza —y los planes de estudio— no puede ser revisada cada vez que un partido llega al poder. El futuro de las economías avanzadas descansa sobre las estrategias de educación, formación de capital humano e investigación. Hay que sentar las bases que lo garanticen y que establezcan criterios para gestionar recursos, establecer incentivos e introducir controles, independientemente del color político de quienes gobiernen. La enseñanza concertada, que se beneficia de las subvenciones, debe garantizar la igualdad de oportunidades y no ejercer prácticas discriminatorias de sexo o religión. Deben establecerse evaluaciones públicas de los centros de enseñanza, de modo que tengan repercusión en la carrera profesional de sus responsables.

8. Pacto por la sanidad pública
Es necesario preservar y mejorar el sistema de sanidad pública para mantener los elevados niveles del servicio que durante años hemos sabido construir y que hacían del modelo español de salud, cualesquiera que fueran sus defectos, algo digno de sostener y perfeccionar. El Estado debe garantizar la cobertura universal, revisando los errores detectados a la hora de transferir la gestión a las autonomías. Es preciso controlar los resultados de la gestión pública y fiscalizar el cumplimiento de los acuerdos con las empresas concertadas, eliminando la posibilidad de acometer inversiones públicas en beneficio exclusivo de la rentabilidad de la gestión privada.

9 y 10 [no estoy de acuerdo]

Grupos antiterroristas coordinados

La matanza de In Amenas (68 muertos) ha vuelto a poner de resaltar la necesidad de algo que ya se vio con la masacre de la isla de Utoya (69 muertos) y la captura de Mohammed Merah tras los atentados de Toulouse, por citar solo algunos casos recientes: grupos antiterroristas perfectamente entrenados y capaces de un despliegue inmediato.

Existen numerosos grupos de operaciones especiales: los GEOS españoles, los SAS británicos, la Delta Force estadounidense... Pero todos los países deberían tener el suyo. Deberían ser capaces de desplegar un grupo operativo (al menos cuatro personas) en cualquier punto del territorio en un máximo de media hora. Y lo que es más importante: debería firmarse un tratado internacional de protección contra el terrorismo por el cual el Gobierno de un país que estuviera sufriendo una toma de rehenes o similar, y sus grupos de operaciones especiales no tuvieran capacidad suficiente para resolverlo con garantías, pudiera llamar en su ayuda a grupos de países vecinos. Este tratado se organizaría sobre tres principios fundamentales para este tipo de casos, de mayor a menor prioridad:

1. No ceder en ningún caso a las demandas de los terroristas.
2. Preservar la vida y la integridad física de los rehenes.
3. Detener, interrogar y juzgar con todas las garantías a los terroristas.

Hay una alternativa: un grupo de operaciones especiales de la ONU, análogo a los Cascos Azules, pero con funciones de resolución de tomas de rehenes en lugar de interposición entre partes en conflicto. Sin embargo sería mucho más caro, menos operativo y probablemente, por falta de entrenamiento frecuente, menos eficaz.

Los grupos antiterroristas deberían disponer de la última tecnología. Con cuantos menos muertos y heridos se salde un asalto (incluidos los terroristas, que pueden proporcionar información muy útil), mucho mejor. En estas actuaciones los últimos minirrobots podrían desempeñar un papel fundamental: como observadores dentro del área ocupada por los terroristas o, incluso, como armas portadoras de somníferos.

Imputación = Destitución

(Medidas contra la corrupción política)

El nivel de insatisfacción y enfado de los ciudadanos españoles con sus políticos está alcanzando cotas nunca vistas. Entre la crisis, que esos políticos, con unas medidas adecuadas, podrían haber paliado sustancialmente; los recortes, que aplican, equivocada e irrazonablemente ante la situación; y los casos de corrupción política en Unió, en Convergencia, en el Partido Socialista y en el Partido Popular, la paciencia de los ciudadanos se ha colmado. Urge responder.

 Yo pensaba proponer que la imputación judicial de cualquier cargo público forzara a sus compañeros de partido a exigirle la dimisión inmediata. Pero ¿y si se niega a dimitir? ¿Y si su partido, en lugar de no querer saber nada de él, lo arropa? Por eso me ha parecido muy buena la propuesta de Aníbal Álvarez: Por un tribunal de ética política:

¿No existe en este país un tribunal de ética política capaz de intervenir apenas haya el menor indicio de corrupción, desalojando de la vida política a todos esos que se valen de sus cargos para medrar a costa de un pueblo que les vota para que traten de mejorar la vida de los ciudadanos y no para enriquecerse y medrar socialmente en beneficio propio? Si ese tribunal no existe tendría que ser creado.

Pues creémoslo. Pero no un tribunal de jueces o magistrados, sino un jurado de doce ciudadanos: el Jurado Anticorrupción. Con poder constitucional para destituir de su cargo desde al más humilde concejal al Presidente del Gobierno, y también para separar de sus funciones en el partido a cualquier militante imputado. Los únicos requisitos para los jurados serían haber aprobado una carrera universitaria, no haber sido condenados nunca en sentencia firme por delitos dolosos ni estar incursos en un procedimiento judicial y no militar en ningún partido político.

La inmunidad parlamentaria tuvo el siguiente origen:

En un comienzo, no dejaba de ser habitual que cuando un parlamentario se oponía a los deseos del rey, éste buscase excusas para, utilizando el poder ejecutivo, acusarle de algún delito y buscase apartarle de la vida pública. Como forma de evitar estas injerencias, se establecieron medidas que impedían que pudiese ser encausado ningún parlamentario si previamente el propio Parlamento no daba su visto bueno y que, en el caso de ser encausado, estuviese sometido a algún orden jurisdiccional específico (normalmente el Tribunal de mayor jerarquía).

Ha quedado desfasada y lo que un principio nació para proteger a la democracia, ahora la amenaza.

Para asegurar la separación de poderes, el Jurado Anticorrupción solo podría juzgar a cargos públicos (concejales, ministros, consejeros autonómicos, diputados, senadores, alcaldes...) a los que un juez hubiera imputado previamente por cohecho, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, prevaricación o falsedad y para cuya presentación ante este Jurado se hubieran recogido al menos diez mil firmas de ciudadanos. Este Jurado solo tendría la potestad de, por mayoría de al menos dos tercios, destituir al imputado de su cargo público e inhabilitarlo provisionalmente hasta que se promulgara sentencia judicial firme. También podría apartar de los órganos internos de su partido a políticos que solamente tuvieran cargos dentro de éste.

Una decisión de destitución de este Jurado no podría emplearse en el proceso judicial posterior como prueba.

Si bien no estoy de acuerdo en imponer penas de cárcel muy altas para los delitos anteriormente citados, creo que las inhabilitaciones para ocupar cargo público, figurar en una lista electoral, militar en un partido político, ocupar cargos en él, e incluso fundar un nuevo partido deberían ser permanentes e inindultables.