Por la transparencia

Extracto del artículo en El País de Antonio Garrigues Walker, Jesús Lizcano Álvarez, Jesús Sánchez Lambás y Manuel Villoria Mendieta, que integran el comité de dirección de Transparencia Internacional España.

 Cartas sobre la mesa

1. Ley de transparencia y acceso público a la información.
2. Creación de un portal nacional de transparencia pública que ponga a disposición de los ciudadanos, de una forma sencilla y directa, los datos básicos de los más de 20.600 organismos, instituciones y empresas que integran el abultado y complejo sector público español.
3. Exclusión de las listas electorales de los procesados por corrupción.
4. Reforma de la legislación electoral para desbloquear las listas cerradas que presentan los partidos políticos.
5. Compromiso de los cargos públicos electos de formular y hacer pública su declaración de bienes e intereses.
6. Modificar la normativa sobre financiación de los partidos políticos en línea con las recomendaciones del  Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa: mayor información acerca de los préstamos recibidos, las fundaciones y empresas vinculadas, las finanzas de las sedes locales, etcétera.
7. Obligatoriedad legal de rendición y publicación online de las cuentas de los partidos políticos, incluyendo el detalle de sus cuentas electorales. 
8. Ley para la protección al denunciante de prácticas corruptas o ilegales, tanto en el ámbito público como en el sector empresarial.
9. Respeto efectivo de los principios de méritos y capacidad, y eliminación de la libre designación y el cese discrecional en la Administración pública. El mérito debería asegurarse para el acceso a los altos cargos y a los cargos directivos de las fundaciones y las empresas públicas. Deberían publicarse además los currículos de las personas que hayan accedido a esos cargos, fomentarse la carrera directiva profesional y eliminar cargos de asesores y eventuales.
10. Pacto nacional de lucha contra la corrupción entre partidos, ONG, asociaciones empresariales, sindicatos y medios de comunicación que priorice la adecuada implantación de las normas existentes,  refuerce las sanciones, asegure la independencia de los órganos encargados de la lucha contra la corrupción, y coordine las actuaciones en la materia.

Además proponen:



1. Crear un órgano o consejo de transparencia e integridad, no remunerado, con representación plural de los partidos políticos, las instituciones públicas y la sociedad civil. Este órgano plural debería impulsar y velar por la transparencia pública, y promover el cumplimiento de medidas como las señaladas en el anterior Decálogo.

2. Propiciar la introducción en los distintos niveles educativos de materias y contenidos éticos, de valores, y contra la corrupción.

3. Implantar en todos los partidos políticos un sistema permanente de control interno para prevenir y detectar posibles actuaciones corruptas, así como el correspondiente régimen de sanciones.

4. Para fomentar la  transparencia, eficacia y eficiencia de las instituciones públicas, se debería:

a) Analizar los procesos administrativos para simplificarlos tanto como sea posible, y publicar periódicamente los correspondientes indicadores y resultados.
b) Desarrollar la contabilidad analítica y el cálculo y publicación de los costes reales de las diferentes actividades y servicios de los organismos públicos
c) Evaluar y publicar los costes y beneficios que proporciona cada una de las distintas instituciones públicas a los ciudadanos.
d) Establecer e impulsar un sistema de propuestas y sugerencias por parte de los empleados públicos para el ahorro de gastos en sus respectivas instituciones (con el posible establecimiento de premios o incentivos para las mejores iniciativas).

Para favorecer la creación de empresas

Artículo de Francisco Bas en Cinco Días el 19/10/2011


Medidas para que la promoción de emprendedores innovadores catalice la recuperación económica en Europa:

- Reorganizar los recursos disponibles y reasignar las partidas presupuestarias necesarias para la creación de empresas tanto a nivel estatal como autonómico, eliminando duplicidades y consolidando canales únicos para la interlocución con los emprendedores.

- Impulsar el estatuto de la joven empresa innovadora, estableciendo incentivos fiscales y financieros que hagan atractiva la inversión en empresas de base tecnológica para los llamados business angels, que son los que invierten en la fase más temprana de la creación de empresas.

- Potenciar el aumento de tamaño de la pyme española facilitando las fusiones/adquisiciones entre pequeñas y medianas empresas innovadoras. Con la creación de fondos mixtos público-privados se puede facilitar la creación de grupos empresariales con capacidad financiera para innovar, internacionalizarse y competir globalmente.

- Potenciar la compra pública innovadora a través de un programa de demanda pública temprana de tecnología que incentive a las empresas a desarrollar soluciones tecnológicas para cubrir las necesidades futuras del sector público.

- Fomentar la carrera del investigador-emprendedor-empresario dentro de la carrera profesional de los investigadores públicos, facilitando la participación activa de profesionales externos dentro de la universidad.

- Fomentar las fusiones frías entre universidades, potenciando su participación directa en el capital de las empresas que surjan de la actividad de sus investigadores, como vía de financiación complementaria para las nuevas redes de universidades.

- Fomentar una cultura del riesgo en las nuevas generaciones incluyendo asignaturas de emprendimiento desde el colegio hasta los nuevos grados adaptados a Bolonia, así como prestigiar socialmente la figura de los emprendedores innovadores apoyando la producción y emisión de contenidos digitales con ejemplos reales que permitan al ciudadano aprender a emprender a través de la experiencia de otros.

Creación directa de una empresa a través de Internet

Público y privado

Las múltiples ideologías que en el mundo han sido se han extendido largamente sobre los bienes y servicios que debe proporcionar el Estado y los que debe proporcionar el mercado. La siguiente lista es un destilado de los conocimientos que he ido acumulando sobre el funcionamiento de los diversos sistemas que se han ido ensayando. 

Como principio general, el absolutamente necesario Estado (el mercado, dejado solo, se autodestruye, lo hemos visto repetidamente) debe actuar de árbitro entre los diversos actores de la sociedad, para que se llegue a unas reglas de juego equilibradas. También debe ocuparse de que esas reglas se cumplan y de castigar a los infractores. Sólo debe encargarse directamente de algún sector cuando se ha demostrado que la iniciativa privada proporciona unos resultados claramente peores.

Imagen de una caseta de la Feria del Libro Viejo y Antiguo de Madrid en octubre de 2011.

Los libros serán de alrededor de 1970.

La justicia y la defensa deben ser públicas siempre. Los intentos de que empresas privadas proporcionen servicios bélicos se saldan en vergüenzas como el caso Blackwater.

La seguridad debe ser pública. Es injusto y contraproducente que los que puedan pagar seguridad privada contraten guardas jurados. Debe haber suficiente policía pública, en todas las labores, desde vigilancia de edificios y escolta de personas amenazadas hasta investigación de delitos, para proporcionar seguridad a los ciudadanos. De lo contrario, la clase alta se protege a sí misma con vigilantes privados y deja al resto de la sociedad desprotegida.

La educación debe ser pública. Los sistemas de educación privada dan como resultado que una gran parte de la población no puede pagarse los estudios superiores (caso de EE.UU.) o que las clases medias tienen que hipotecarse de por vida para dar estudios a sus hijos, o una segregación de las clases bajas en la enseñanza media, como sucede en España. Los países que mejor puntúan en el informe PISA, como Finlandia, lo hacen debido a sus buenos sistemas públicos de enseñanza. Esto no quiere decir que la educación privada se deba prohibir, en absoluto, pero el Estado no debe financiarla, ni total ni parcialmente, y los alumnos de la enseñanza privada, para lograr sus títulos (universitarios o de enseñanza media) deben ver sus conocimientos examinados en centros públicos por profesores de la enseñanza pública.

La sanidad debe ser pública. Prácticamente todos los países desarrollados la tienen pública. La única excepción es EE.UU. Los terribles resultados de esa elección pueden verse en la película Sicko (Malucho) de Michael Moore: personas obligadas a elegir qué dedo se amputan porque no pueden pagarse el tratamiento de los dos; personas que toda su vida han pagado un seguro médico privado y al final mueren sin cuidados porque no cubría el padecimiento que han tenido la mala suerte de contraer... Tampoco funcionan los sistemas de gestión privada de hospitales: se acaba pagando mucho más por cama que con un sistema público.

Las residencias de ancianos y las guarderías deben ser públicas. Es el mejor sistema para salvaguardar la salud y la seguridad de nuestros niños y mayores. Las concertadas, o acaban saliendo más caras, o reducen la calidad de la asistencia para obtener su beneficio.

La industria debe ser privada. Desde las fábricas de lápices hasta las de buques destructores. Se ha demostrado que funciona muchísimo mejor que si el Estado posee los medios de producción. Por supuesto, aunque privada, debe estar sometida a la legislación laboral, medioambiental, fiscal y el resto de la normativa, y debe poder ser inspeccionada por personal del Estado cuando se considere necesario. Estoy en desacuerdo con las subvenciones estatales de cualquier tipo a las industrias, incluidos privilegios normativos. Sólo veo admisible un mejor tratamiento fiscal para promocionar el empleo o la innovación. 

La banca debe ser privada. En el plano teórico, un banco público ofrece mucha mayor solvencia que un banco privado. Por tanto, no podrían competir en condiciones de igualdad, lo que llevaría a que todo el sistema bancario fuera público (dicho imperativo teórico, sin embargo, no se ha realizado en la práctica). En el plano práctico, si bien la banca privada ha funcionado DESASTROSAMENTE y es el núcleo de esta Gran Recesión que vivimos, la pública o semipública no puede ponerse como ejemplo (desgobierno absoluto en Cajasur, saqueo por parte de los directivos de la CAM o Nova Caixa Galicia, caída de las norteamericanas Fannie Mae y Freddie Mac, situación de las cajas alemanas...). Mantengo el principio de que el Estado solo debe proporcionar un servicio si ha demostrado hacerlo claramente mejor que el mercado; en caso contrario, debe dejárselo al mercado, y limitarse a supervisar. La vigilancia de la banca ha de ser muy estricta: los gestores de banca privada que, agotado el plazo que se les dé, no sigan a la primera las instrucciones del regulador, deben ser destituidos, multados e inhabilitados por años. Las retribuciones deben ser transparentes, por persona (no por grupo, como ahora) y estar limitadas. Los sectores a los que un banco concede créditos deben diversificarse (constructoras, hipotecas a ciudadanos, créditos personales, distintos sectores empresariales, préstamos sindicados para grandes obras públicas, operaciones internacionales...) y el regulador debe impedir que se concentre demasiado riesgo en un solo sector.


Las pensiones deben ser públicas. Lo bueno de un sistema público de pensiones, que tiene que ser de reparto, es que el dinero que meten en el sistema los trabajadores sale inmediatamente hacia los pensionistas, por lo que es difícil que se extravíe o se invierta mal, y nadie puede reclamar comisiones por su funcionamiento. En cambio, en los sistemas privados, necesariamente de capitalización, el dinero que van metiendo los trabajadores se invierte en diversos activos financieros. Esas inversiones pueden ser afortunadas (y entonces no pasa nada) o desafortunadas (en cuyo caso, o los trabajadores quedan en la miseria al jubilarse o tiene que pagar el Estado). En todos los casos los gestores de esos fondos se llevan unas comisiones injustificables. No conozco ningún caso de un sistema público de pensiones que haya quebrado (porque, al ser público, simple, y estar a la vista de todos, si se prevén problemas, se pueden hacer ajustes, con debate, luz, taquígrafos y retribución electoral de las modificaciones). Sin embargo puedo citar muchos casos de fondos de pensiones privados que acabaron muy mal: Enron, Chile, Argentina... Los fondos de pensiones privados no deben tener ningún privilegio, ni fomento, ni desgravación por parte del Estado

La agricultura debe ser privada, pero el cultivo de los productos agrícolas más vulnerables a los vaivenes del mercado debe estar dirigido por el Estado a través de una política agrícola detallada. Pero esto será el tema de otra entrada.

El transporte aéreo debe ser privado: las compañías de bandera nacionales han ido cayendo una tras otra, desapareciendo o fusionándose con privadas. Actualmente el transporte aéreo es mucho más barato y tiene menor precio que a mediados del siglo veinte. Las compañías aéreas privadas logran mayor eficiencia que las públicas. Es un hecho.

El control del tráfico aéreo debe ser público. Es demasiado arriesgado dejar la seguridad en manos de una empresa cuya rentabilidad y supervivencia depende de gastarse más o menos en precauciones.

Los aeropuertos también deben ser públicos. Corresponde al Estado decidir su ubicación, su tráfico, sus horarios y sus frecuencias. Todo para equilibrar adecuadamente los intereses de las diferentes compañías, el medio ambiente y el sueño de los pobladores vecinos.

Las infraestructuras en general (carreteras, puentes, redes eléctricas, ferrocarriles redes de telecomunicaciones, redes de gasoductos, redes de agua...) deben ser públicas o, en el caso de las redes, pertenecer a empresas controladas por el Estado donde tengan participaciones equitativas todos los usuarios y que tengan como finalidad, primero la eficiencia, y después, una rentabilidad solo vez y media superior al precio legal del dinero (para evitar que cobren a los usuarios tarifas abusivas), con salarios tasados para sus directivos.

El transporte por carretera de viajeros y mercancías debe ser privado. Así funciona muy bien y no hay necesidad de que el Estado se meta.

El transporte de viajeros por ferrocarril debe ser público. Las experiencias de privatización han causado un deterioro espectacular de la calidad del servicio. El transporte de mercancías por ferrocarril también debe ser público, y de rentabilidad mínima, para promocionarlo respecto al transporte por carretera, mucho peor ecológicamente.

La prestación de servicios (electricidad, telecomunicaciones, gas..) a través de las redes públicas debe ser privada y a precio libre, pero las retribuciones de los directivos de las compañías que se sirvan de tales redes, sus dividendos y su contabilidad deben ser estrictamente controlados y, caso de producirse precios abusivos (más de un 10% superiores a la media de los países de la UE), los responsables de fijar tales precios deben ir a la cárcel.

Los medios de comunicación deben ser privados. El Estado no debe poseer ni la más mínima participación en periódicos, radios o televisiones. Existe una peligrosa y perversa tendencia de los políticos a controlar la información o, directamente, manipularla en su favor. Por supuesto, hay que poner límites a la posesión por una sola persona de demasiados medios de comunicación, para evitar situaciones indeseables tipo Berlusconi y otras, pero ése será el tema de otra entrada.

Las bibliotecas deben ser públicas y gratuitas, y debe existir una buena red, que preste no solamente libros, películas o discos (cuyos autores deben ser justamente retribuidos cuando sus obras se presten), sino que tenga salas que puedan utilizar grupos locales de músicos o actores aficionados.

Todo monumento o museo o paraje natural que los ciudadanos y los técnicos consideren de interés excepcional debe ser público, en mejor salvaguarda de ese interés, y debe permitir visitantes en un número que no lo deteriore, cobrando una entrada que permita al menos sufragar una cuarta parte de los gastos de mantenimiento.

El resto de manifestaciones culturales (música, pintura, danza, ópera, novela, poesía, teatro, cine...) deben ser dejadas a la iniciativa privada y el Estado no debe intervenir, ni siquiera para premiar a los mejores en cada campo.

Fiscalidad ligada al empleo

Reproduzco y suscribo enteramente la carta a El País de PABLO FERNÁNDEZ LORENZO el 14/10/2011:

Decía Einstein que, en los momentos de crisis, la imaginación es más importante que el conocimiento. Si el problema más grave que tenemos en este país es el paro y si el Estado, para poder mantener el bienestar que ofrece a sus ciudadanos, necesita aumentar sus ingresos... ¿Por qué no unimos ambos conceptos? Liguemos la fiscalidad al empleo.

Propongo hacer que las empresas paguen impuestos en función del empleo que generen. De esta forma, una empresa con muchos beneficios, pero sin trabajadores a su cargo, debería aportar al Estado un porcentaje de sus beneficios mucho mayor que una empresa con los mismos beneficios pero con muchos trabajadores contratados. El objetivo no es aumentar la fiscalidad a los ricos, de forma genérica, como dicen algunos. Se trata de hacer que paguen más impuestos los que ganan mucho pero no crean empleo, o los que tienen mucho pero no generan riqueza para todos. Sencillo. Este camino también permitiría al Estado incentivar el tipo de empleo que quisiera: fijo, juvenil, I+D... jugando con los impuestos de las empresas.

Entramos en periodo preelectoral y no solo los políticos deben proponer caminos. También los ciudadanos. Estamos en crisis, necesitamos imaginación.
 
Yo añadiría que los ejecutivos que deciden despidos en una empresa no puedan disfrutar de aumentos de sueldo: así de simple: si una empresa de más de cincuenta trabajadores reduce plantilla en un año, las retribuciones después de impuestos de las diez personas que más reciban de esa empresa (que siempre serán de la dirección, claro) no podrán aumentar respecto al año anterior; todo lo que intenten aumentarse en la retribución bruta se les descontará mediante impuestos para que la neta quede congelada. Así se evitaría la tentación de muchos ejecutivos de propiciar despidos para aumentar sus bonus.

Los costes del horario español

Reproduzco y suscribo enteramente el artículo de Fiona Maharg-Bravo en El País Negocios del 25/09/2011.

España está asolada por una tasa de desempleo del 21%, pero también necesita soluciones creativas para incrementar la productividad de los que trabajan. Queda pendiente una reforma laboral más profunda, y habría que reducir las cargas sociales para incentivar el empleo. Pero una forma modesta de incrementar la productividad sin coste alguno, que puede parecer absurda o ilógica a primera vista, sería acortar los almuerzos.

Los españoles tienen una de las jornadas laborales más largas de Europa, según la OCDE. Otros estudios muestran que duermen menos que la media europea. Una de las razones fundamentales es un almuerzo maratoniano, que empieza tarde (a las 14.00) y dura al menos dos horas. La jornada laboral se alarga a menudo más allá de las 20.00 para mucha gente. Las horas de máxima audiencia televisiva se prolongan hasta después de medianoche.

Esto no siempre ha sido así. La pausa larga para comer se desarrolló en la España de la posguerra, cuando muchos ciudadanos tenían que tener dos trabajos para llegar a fin de mes y necesitaban el mayor descanso posible entre los dos.

Una salida de la oficina a las 17.00 o las 18.00 podría ahorrarles dinero a las empresas reduciendo las facturas de la calefacción y de la luz. También permitiría que los padres que trabajan gastaran menos en largas horas de guardería. Y finalmente, unos días laborables más racionales podrían hacer que la gente se fuera a dormir más temprano. Esto mejoraría la concentración en el lugar de trabajo y en el colegio, y daría lugar a un menor número de accidentes de tráfico y de trabajo.

¿Pero cómo se consigue que la gente cambie sus hábitos? Las empresas podrían empezar por tener unos horarios de trabajo más flexibles. Podrían fomentar una hora del almuerzo más corta y empezar a programar reuniones a las 15.00. Esto ya sucede en algunos sectores, o durante el verano, pero dista mucho de ser algo generalizado. Los jefes podrían dar ejemplo marchándose de la oficina no más tarde de las 18.00 la mayoría de los días. Todo el mundo seguiría su ejemplo.

Algunos pueden quejarse de que las ciudades como Madrid perderían su energía, sobre todo nocturna. Pero se podría disfrutar más el fin de semana. Los trabajadores a menudo se quejan de sus largas jornadas laborables y la difícil conciliación. El hacer cambios en la forma en que España trabaja, cambiando la forma en que España almuerza, tiene sentido.

Salario máximo: la regla del 10

Está muy clara la razón por la que la desigualdad lleva al crash: la mayoría de los ciudadanos reduce sus ingresos, y por tanto debe disminuir su consumo o endeudarse para mantenerlo, mientras que una escasa minoría aumenta desproporcionadamente su renta, pero con ella no incrementa su consumo, sino que la invierte en activos especulativos. Únase a esto el crecimiento de la deuda en los más desfavorecidos, los más vulnerables ante una eventual disminución del empleo, y el crash está servido.

¿Cómo se crea esta desigualdad? La dirección de las empresas multinacionales congela en la práctica los salarios en los países donde tienen sus sedes o, directamente, cierra allí plantas, que reabre en otros países donde los sueldos son menores. Después reparte entre los miembros de esa dirección ese aumento de las ganancias propiciado por la reducción de los costes salariales.

Ante los efectos devastadores de esta práctica, se hace necesario ponerle coto. Como ningún eminente economista ha propuesto medidas (y ya sería hora), me permito, desde mi condición de humilde ciudadano, sugerir la regla del 10: en una empresa, ninguna retribución bruta anual, por todos los conceptos, puede ser más de 10 veces superior a la retribución del trabajador a tiempo completo que menos gana.

Esto no es ninguna utopía. Por ejemplo, en la Administración española funciona grosso modo: el Presidente Zapatero tiene en el año 2011 un sueldo de alrededor de 76.000 euros anuales. Según la regla, lo mínimo anual que podría cobrar el empleado público más humilde serían 7.600 y, según mis datos, el sueldo mínimo realmente es superior.

Sería cuestión de apoyar esta medida para que, en un primer momento, la fueran adoptando ONG, y luego se fuera extendiendo.

Existe además otra razón para limitar estos salarios desproporcionados: según Teoría de la Justicia, de John Rawls,  la única razón por la que se puede permitir una desigualdad es porque supone un beneficio para la colectividad.


Pensemos, por ejemplo, en una población campesina que vive relativamente bien de los frutos de la tierra. Necesita médicos, pero si el salario del médico fuera igual al del bracero, nadie querría ser médico. Está justificado, por tanto, que los médicos cobren más, porque con su actividad benefician a la comunidad mucho más que el leve perjuicio que esa desigualdad supone.


Pero es que los altos salarios de banqueros y ejecutivos no los han hecho en absoluto más capaces de capear esta crisis que estamos viviendo; todo lo contrario: LA HAN PROVOCADO. Por eso, cuando al decir que, si se limitan los salarios en algunos países, las mentes empresariales más brillantes emigrarán a otros, habría que responder: "¡Que se vayan! ¡Menudo desastre han causado esas mentes supuestamente brillantes!"

Propuestas fiscales de Izquierda Unida para las elecciones del 20/11/2011

• Establecer dos nuevos tramos del IRPF: para los que cobren entre 60.000 y 120.000 euros de base liquidable al año, el tipo subiría del 43% al 45%, y para los que perciban rentas superiores a 120.000 euros, el impuesto pasaría del 44% o 45% al 50%
• Nuevo impuesto a las grandes fortunas.
• Aumentar el IVA sobre productos de lujo del 18% al 25%. Sin embargo, como tal subida debe visarla la Unión Europea, se daría vida transitoriamente a un impuesto especial sobre bienes y servicios suntuarios. 

• Limitar los salarios máximos en la empresa privada: que los sueldos superiores a 90.000 euros no sean gastos deducibles fiscalmente. También que se grave con un impuesto del 50% los bonus y primas que cobran los altos directivos hasta que el nivel de paro vuelva a los niveles previos a la crisis, en torno al 8%.
• SICAV: que su tributación salte del 1% al 5% y que cada accionista pueda poseer como máximo un 2% del capital. 
• Plan de lucha contra el dinero negro, que saque a flote, en cuatro años, 40.000 millones y otros 16.000 millones en cotizaciones. La medida se completaría con el combate a la evasión al fisco y el aumento de medios humanos y materiales de la Agencia Tributaria.
• Impuesto especial sobre los movimientos de capitales desde o hacia paraísos fiscales, obligar a las empresas a informar a Hacienda de las operaciones de sus filiales en estos territorios y agravar las penas para los que cometan fraude utilizando empresas domiciliadas en países opacos.
• Subir del 30% al 35% el gravamen en Impuesto de Sociedades a las grandes empresas con beneficios por encima de 30 millones y revisar las bonificaciones y exenciones fiscales –las desgravaciones que una firma logra por financiar “la Copa del América o la Jornada Mundial de la Juventud”, por ejemplo. Asimismo, se propone limitar a los tres primeros años de actividad de las pymes su sistema de declaración por módulos.
• La semana pasada, el presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durão Barroso, lanzó la propuesta de creación de un impuesto a las transacciones entre bancos a partir de 2014. La tasa para las operaciones más especulativas sería del 0,01%. IU quiere el gravamen en vigor en 2013 y que sea del 0,05%.
• También exige la supresión de los billetes de 500 euros y reducir de 3.000 a 1.000 euros la cantidad que se puede pagar en efectivo sin comunicárselo a Hacienda.
  
  
  
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Para que funcione el impuesto sobre el patrimonio

De acuerdo con Ignacio Fariza, los posibles mecanismos de elusión del impuesto sobre el patrimonio serían los siguientes:

Participaciones en compañías cotizadas: cuando el patrimonio empresarial supera el 5% de las acciones de una compañía cotizada en bolsa, su propietario está exento del pago del impuesto sobre el patrimonio. Igual sucede para los patrimonios familiares que superan el 20% de las acciones de la empresa.
 

Habría que ver los motivos de estas excepciones. Posiblemente se trate de estimular la salida a bolsa de empresas familiares. Si un empresario posee una firma no cotizada, su valor es incierto, y ante Hacienda le podrá poner casi el que quiera. Si, por el contrario, la saca a bolsa, quedará automáticamente valorada en cada momento.

En todo caso, es absurdo e injusto que si una persona posee el 4% de una compañía cotizada pague el impuesto y que no lo pague si posee el 6%. Habría que eliminar esta exención (por supuesto, también la del patrimonio familiar, que no tiene sentido en un impuesto personal) y sustituirla por un tipo bajo (por ejemplo, el 0,1% del valor el último día de cotización del año). Para las empresas no cotizadas, ese tipo sería del doble, a fin de seguir estimulando su salida a bolsa.

Autonomías sin el impuesto: País Vasco y Navarra no tienen este impuesto en sus leyes forales. Se podría superar este inconveniente con un impuesto sobre el patrimonio que tuviera un tramo estatal invariable y otro autonómico variable.

Agrupación de inmuebles: se crea una sociedad gestora de inmuebles y se le traspasa la propiedad. Este mecanismo no se emplea solo con los inmuebles, sino también con coches, yates, etc. Para desactivarlo hay varias posibilidades. La primera es que las empresas a cuyo nombre consten este tipo de bienes, y no tengan empleados exclusivos por los que estén pagando cotizaciones a la Seguridad Social, paguen por dichos bienes un tipo del doble que si los poseyera un particular.

La segunda posibilidad es convertir en trasparentes estas sociedades y asignar sus propiedades a sus partícipes. Por ejemplo, si TRAMPASA posee 3 inmuebles valorados conjuntamente en 2 millones de euros, y está participada al 50% por Ramiro y Agustina, se anota 1 millón en el patrimonio de Ramiro y otro en el de Agustina. Esto Hacienda ya advierte que hay que hacerlo, pero yo temo que no disponga de los datos y programas informáticos para controlarlo. Debería tenerlos. Con los SICAV se debería hacer exactamente lo mismo.

Una dificultad que se plantea aquí reside en las empresas cuyos partícipes son sociedades extranjeras radicadas en países que no informan de las personas físicas que puedan estar detrás. Los bienes españoles de estas empresas deberían gravarse con un tipo que triplicaría el de las personas físicas. Las trapacerías hay que penalizarlas.

Autofijación de sueldos bajos: la legislación establece que la cuota a pagar por IRPF y Patrimonio nunca podrá superar el 60% de la base imponible del impuesto sobre la renta. Entonces, quienes reciben un sueldo de las empresas que poseen se lo fijan bajo para no pagar apenas Patrimonio. Bastaría con eliminar este límite.

El patrimonio histórico, exento de pago: los bienes calificados como patrimonio histórico no se computan a efectos de la suma de patrimonio por la que se pagará el impuesto. Por eso las grandes fortunas tienen un fuerte incentivo para invertir en ese tipo de bienes. Si tienen dos millones en el banco, pagarán Patrimonio por ellos, pero si se los gastan en un cuadro de Goya, no, y encima se revalorizará más. Dado que el valor del patrimonio histórico es, muchas veces, incalculable, y que de esta forma se protege, es la única exención que encuentro justificada y que yo creo que debería mantenerse.