Es necesario modificar la Ley de Seguridad Privada para que, por un lado, las empresas de detectives tengan prohibido realizar sus actividades por encargo de instituciones públicas y partidos políticos, bajo pena de cárcel, y por otro lado, los políticos electos y resto de miembros de un partido político, no puedan contratar con dichas agencias, bajo la misma pena.
Asimismo, estará prohibido para dichas agencias investigar a partidos políticos, sus miembros o a instituciones públicas.
Los partidos, cargos electos, jueces, etc., que sospechen que están siendo objeto de escuchas, vigilancia o seguimiento, deberían poder recurrir al Centro Nacional de Inteligencia para que lo comprobara. En caso de que su sospecha se demostrara infundada, pagarían una tasa razonable por los gastos.
La organización de los servicios secretos varía según los países. En España solo existe el CNI, que por su ley reguladora puede actuar fuera y dentro del país, y además existen servicios de información de la Policía Nacional y de la Guardia Civil. En EE.UU. hay hasta 16 agencias dedicadas a la información secreta. En el Reino Unido tienen el MI5 para el contraespionaje dentro del país y el MI6 para la acción exterior.
Creo que el mejor modelo es un solo servicio secreto, con capacidad de actuar dentro y fuera del país. Tiene que estar perfectamente coordinado por arriba con Presidencia del Gobierno, Ministerio de Defensa. Ministerio del Interior y Ministerio de Asuntos Exteriores. Y por abajo, con la Policía, la Guardia Civil (aunque yo pienso que este instituto armado tiene poco sentido hoy día y que debería integrarse en la Policía Nacional), las policías autonómicas e incluso las locales.
Por supuesto, todo cuerpo policial debe disponer de información muy amplia para cumplir sus funciones de prevenir el delito y castigar a los delincuentes. Y esta información debe ser secreta. Pero la diferencia con unos servicios de inteligencia es que esta información la ha obtenido en el ejercicio de sus funciones de persecución del delito. Es decir, la finalidad de la Policía no es obtener información, mientras que la del CNI (está en su propia denominación, "inteligencia"), sí. El departamento de información de la policía no tendrá personal dedicado a obtener esa información. Tendrá informáticos y documentalistas dedicados a compilarla, filtrarla, organizarla y ponerla a disposición de los agentes de policía y de los jueces.
La ley debe prevenir estrictamente un aspecto de los servicios secretos que en el pasado ha empleado el poder para protegerse ilegítimamente: estos servicios no pueden investigar a partidos políticos que hayan condenado explícitamente la violencia y el terrorismo, ni a jueces, ni a fiscales, ni a periodistas nacionales. Los agentes secretos que reciban órdenes ilegítimas en tal sentido deben tener la posibilidad de negarse, denunciarlo anónimamente al Parlamento sin sufrir represalias y que sea destituida toda la cadena de mando que ordenó tal fechoría.
Otro aspecto de los servicios de inteligencia que genera fricciones es su relación con la acción diplomática. Demasiado a menudo el embajador de un país en otra nación es el jefe local de los espías, lo cual da lugar a episodios vergonzosos de diplomáticos implicados en espionaje que son expulsados. A mi entender los diplomáticos deberían obedecer estrictamente las leyes del país huésped en lo que se refiere a obtención de información (lo que normalmente equivaldría a sacarla de fuentes públicas: periódicos, sitios virtuales de organismos, etc.). Otra cosa son las necesidades del servicio secreto. Por ejemplo, si un país sospecha que otro prepara una agresión, yo lo creo legitimado para mandar a sus espías, sobornar a cargos militares, instalar micrófonos ocultos, etc., pero el embajador no debería ser informado de estas actividades, y mucho menos dirigirlas. Eso sí, su Ministerio de Asuntos Exteriores sí debe estar informado de la actividad de los espías y dirigir la actividad del embajador de acuerdo con lo que se vaya sabiendo.
El ministro del Interior anunció el 12 de marzo de 2013 en el Congreso una inminente reforma legal para el control de las agencias de detectives. Se trata de que estas empresas tengan “la obligación de velar por la legitimidad del encargo de investigación”. Es decir, que serán responsables del uso que pretendan dar los clientes a la investigación y también de los métodos que utilicen en sus actividades.
ResponderEliminarJorge Fernández aseguró que la futura ley obligará a que haya un contrato por escrito, que se lleve un libro de registro de sus actividades y los encargos realizados y que haya un informe de la investigación a disposición de las fuerzas de seguridad y del juez.
Partiendo de que espiar no está bien, pero es necesario, se impone hacer algunas distinciones. El caso más fácil de dilucidar es el que tiene que ver con Gobiernos enemigos o personas potencialmente peligrosas. Espiarles parece más que justificado, pues sus actividades suponen una amenaza al bienestar y derechos de los ciudadanos. El problema es que, por lo que estamos viendo, el Gobierno estadounidense ha desbordado con creces esa primera esfera y se ha adentrado en tres territorios muy problemáticos.
ResponderEliminarUno es el espionaje a Gobiernos aliados y amigos, que supone, especialmente en el caso de los jefes de Estado y de Gobierno (Dilma Rousseff, Angela Merkel y la larga lista de los que irán saliendo), una deslealtad que deteriorará la confianza recíproca entre líderes, esencial tanto para recabar solidaridad en momentos clave como para cerrar muchos acuerdos, y hará más difícil que EE UU pueda lograr sus objetivos diplomáticos en el mundo. Pero el problema no solo se origina en la cúpula, sino en la base: europeos y estadounidenses necesitan que sus servicios de inteligencia intercambien diariamente datos con la máxima fluidez, lo que requiere un nivel de confianza tan difícil de lograr como fácil de perder.
El segundo territorio es el espionaje a empresas extranjeras, una práctica, parece que también cada vez más recurrente, que no solo daña a empresas concretas, que pierden acceso a mercados o tecnologías clave para su supervivencia, sino que distorsiona el funcionamiento de los mercados y, a largo plazo, puede generar un proteccionismo que también perjudicará a EE UU.
La tercera esfera en la que EE UU se ha adentrado con total impunidad es la que tiene que ver con la captura masiva de datos de los ciudadanos, bien de sus perfiles, actividades o comunicaciones. Aquí también, EE UU no parece percibir con suficiente claridad hasta qué punto ese asalto a la privacidad se practica contra las clases medias digitales globales.
El monumental escándalo afortunadamente destapado por Snowden hace necesario que EE.UU., Japón, los países de la UE, y quizás Brasil, México y Argentina, establezcan urgentemente un tratado donde se determine lo que pueden y lo que no pueden espiarse entre sí.
ResponderEliminarTodo el tinglado parece generado por la siguiente máxima paranoica: "Si puedes investigar una información, investígala, porque seguro que en ella encuentras indicios de que algo se está maquinando contra ti".
Pues no. Esto es inadmisible. Espiar solo está justificado si el espiado ha mostrado hostilidad, amenazas o conductas dañinas contra el país del espía. EE.UU. no debe pinchar el teléfono de la canciller alemana porque su país es un fiel aliado del norteamericano. Supone una falta de tacto, de respeto, de consideración y hasta de sentido común, porque lo absolutamente improbable de encontrar algo dañino para los intereses de EE.UU. se ve completamente anulado por la probabilidad de que ese espionaje se descubra (aunque no hubiera soplones como Snowden, los servicios secretos alemanes tampoco son tontos) y el daño que puede hacer a las relaciones entre ambos países.
Tampoco está justificado que EE.UU. espíe a las empresas de países aliados y luego pase esa información a empresas norteamericanas para que compitan con ventaja en concursos o carreras tecnológicas.
Lo que tienen que hacer los servicios secretos de las democracias avanzadas, en vez de desperdiciar el dinero del contribuyente en espionajes disparatados, es:
ResponderEliminar- Espiar a los países hostiles como Corea del Norte, Irán o Siria, que promueven en otras naciones actividades contra su seguridad.
- Tener controladas a las personas sobre las que existen pruebas o fundadas sospechas de actividades terroristas (y hay muchas; por ejemplo, "La Viuda Blanca", una posible responsable de la masacre en el centro comercial de Nairobi).
- Tener controladas a las empresas que pueden estar violando los tratados internacionales de comercio de armas, o embargos comerciales, y en cuanto reúnan pruebas suficientes para que un juez intervenga, proporcionárselas.
- Proteger a las empresas de sus países del espionaje de sus secretos tecnológicos o comerciales.
- Intercambiar datos de forma fluida y colaborar en las investigaciones.
La comisión de expertos nombrada por la Casa Blanca para revisar el funcionamiento de los programas de vigilancia de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) ha recomendado al presidente de Estados Unidos, Barack Obama, que ponga límite la recopilación indiscriminada de información que el organismo ha venido desarrollando en los últimos años.
ResponderEliminarEl informe pide explícitamente que el espionaje en el exterior se limite “exclusivamente a garantizar la seguridad de EE UU o de nuestros aliados” y nunca para fines relacionados con “el robo o el intercambio de secretos comerciales o para obtener ventajas respecto de industrias foráneas”.
Barack Obama anunció el 17 de enero de 2014 una reforma del espionaje norteamericano que incluye la progresiva eliminación del almacenamiento masivo de datos telefónicos y la prohibición de la vigilancia de las comunicaciones de los jefes de Estado y de Gobierno de países amigos y aliados.
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