Para que fluya el crédito

La situación relatada por Miquel Nadal, antiguo Secretario de Estado de Asuntos Exteriores, en el artículo de fondo de El País del 17 de julio de 2013 exige acciones inmediatas: resulta que empresas españolas con beneficios, al corriente con Hacienda y la Seguridad Social, y que pagan rigurosamente a los bancos los intereses de sus créditos, se están quedando sin ellos simplemente porque los bancos han decidido no financiar su sector. 

Esto no puede ser: por ese camino las empresas cierran, el paro aumenta y la economía acaba yéndose al garete. Que una compañía desaparezca porque sus ventas bajan demasiado es un drama, aunque se puede entender. Pero que se hunda una empresa rentable simplemente porque los bancos, sin razones objetivas, se niegan a facilitarle financiación, es intolerable y el Estado debe actuar. Porque, como ya expliqué en Público y privado "Sólo debe encargarse directamente de algún sector cuando se ha demostrado que la iniciativa privada proporciona unos resultados claramente peores". 

Hay varias formas el que el Estado puede hacer llegar la financiación a las empresas: 

1. Creando un banco público, cuyos directivos, los que deciden a quién se da crédito y cuánto, sean funcionarios. 
2. Creando una estructura donde múltiples prestamistas decidan directamente a quién prestan, como la descrita en La banca popular, pero orientada a las pymes en vez de a los autónomos.
3. Creando un sistema de cuotas de obligado cumplimiento para los bancos: por ejemplo, entre el 30 y el 40% del dinero que obtengan en el mercado (pidiéndolo prestado al BCE, de impositores a plazo fijo, de titulizaciones, etc.) deberán prestarlo al Estado (comprando deuda pública); entre el 20 y el 30% deberán prestarlo a empresas; entre el 15 y el 25% a autónomos y entre el 5 y el 15% a familias.
4. Asumiendo el riesgo de las líneas de crédito ICO.

El ICO explica cómo son estas líneas:

Líneas de Mediación: el ICO diseña y fija las principales características de las diferentes líneas de financiación, a la vez que firma los correspondientes Acuerdos de Colaboración con las Entidades de Crédito para su comercialización a través de sus redes. Estas líneas están dirigidas fundamentalmente a trabajadores autónomos y pequeñas y medianas empresas. El ICO determina las dotaciones de cada línea, la finalidad de los préstamos, los tipos de interés y los plazos de amortización y provee de fondos a las Entidades Financieras. Éstas se encargan del análisis de las operaciones, determinan las garantías a aportar, deciden sobre la concesión de la financiación y asumen el riesgo de éstas.

Financiación directa: se trata de financiación corporativa y estructurada de grandes proyectos de inversión productiva, públicos o privados. Son préstamos diseñados a la medida de las necesidades de la empresa solicitante, con un importe mínimo de 10 millones de euros y largos plazos de amortización. Para la solicitud de estos préstamos las empresas se dirigen directamente al ICO que estudia, concede y asume el riesgo de las operaciones. Esta financiación se concede preferentemente en colaboración con entidades privadas o públicas nacionales, internacionales o multilaterales.  

Pues bien, si las entidades financieras no están dispuestas a asumir el riesgo de prestar a pymes, deberá asumirlo el Estado. Obviamente, quien asume el riesgo, recoge el beneficio. Las entidades financieras actuarían como meros tramitadores. Los requisitos para dar a una pyme una línea de crédito serían objetivos: beneficios los tres últimos ejercicios, al corriente con Hacienda y la Seguridad Social, al corriente en el pago de sus créditos y cifra de crédito solicitado inferior a un 10% de su cifra de negocio del último ejercicio. A las empresas que cumplieran estos requisitos, los créditos se les concederían automáticamente, sin directivos alérgicos al riesgo (ahora) que tuvieran que valorarlo, hasta que se acabara la dotación de cada línea.

Los intereses pagados por las empresas irían directamente al Estado. Se podría obligar a los bancos a ejercer esta función de meros tramitadores, sin retribución alguna, como represalia a su inacción y al incumplimiento de la función social que los justifica, o bien se les podría compensar por los gastos (únicamente informáticos) con, como máximo, medio punto de los intereses. Así las pymes obtendrían financiación alrededor del 5%.