sábado, 20 de abril de 2013

Combatir la pobreza energética

La pobreza energética es la incapacidad de un hogar de satisfacer una cantidad mínima de servicios de la energía para sus necesidades básicas, como mantener la vivienda en unas condiciones de climatización adecuadas para la salud (18 a 20º C en invierno y 25º C en verano).

Esto puede no ser solamente debido a los bajos ingresos intrínsecos del hogar, sino también a la mala calidad de la vivienda, o a su emplazamiento en un sitio muy frío o muy cálido, o a tratarse de una vivienda muy grande para una sola persona de bajos ingresos.





 Se estima que la pobreza energética afecta a un 10% de los hogares españoles, unos 4 millones de personas. En Europa, a 50 millones. Habitar una vivienda con temperaturas inadecuadas en invierno aumenta el riesgo de padecer enfermedades físicas y mentales e incrementa la probabilidad de morir de forma prematura entre ancianos. Una estimación publicada en la revista Consumer indica que la pobreza energética causaría más de 2.000 muertes prematuras al año en España. Los enfermos crónicos, niños y ancianos son los más afectados.

Cómo hacer frente a la pobreza energética: artículo de Eroski Consumer

Una de las causas principales de la pobreza energética es la mala calidad de las viviendas. En España el 60% del parque se construyó con anterioridad a la normativa de regulación térmica. Estos edificios pierden calor y necesitan más energía para mantener la temperatura. Otra de las causas es la baja eficiencia energética de los aparatos, bombillas, sistemas de climatización, etc., utilizados en estas casas.

Marta García, consultora de Ecoserveis, asegura que para abordar este problema hay que actuar sobre sus tres causas principales: nivel de ingresos, calidad en la edificación y precios de la energía.

Las medidas preventivas tendrían que ser prioritarias. Las viviendas de protección oficial, ocupadas en principio por familias vulnerables, deberían contar con criterios superiores de eficiencia energética.

Otra medida sería la de ofrecer bonos para el pago de facturas de energía a las personas mayores. En Inglaterra, el Gobierno destina 100 millones de euros para cubrir los costes de las tarifas sociales y ayudar a las familias más vulnerables. Las personas mayores de 60 años reciben 300 euros al año como medida contra la pobreza energética. En España habrá que esperar a tener los datos del nuevo bono social, puesto en marcha en julio de este mismo año.

 Los consumidores pueden asumir diversas medidas para combatir la pobreza energética. En primer lugar, pueden prestar atención a sus facturas de energía y comprobar si se ha contratado una tarifa adecuada. En la actualidad, los consumidores con menos de 10kW de potencia contratada pueden escoger entre la Tarifa de Último Recurso (precio máximo fijado por el Gobierno) o ir al mercado libre a pactar las condiciones con una comercializadora.

La potencia contratada es otro elemento que los consumidores pueden elegir y reducir hasta lo necesario. A igual consumo, la factura será mayor cuanto mayor sea la potencia contratada. Para hacerse una idea, se puede analizar el conjunto de equipos que se quieren tener encendidos al mismo tiempo. Para un piso medio con cocina y calefacción de gas suele ser suficiente una potencia de 3,3kW o incluso menos.

La reducción del consumo energético es otra medida clara que se puede lograr con diversos consejos:

  • Utilizar la energía sólo cuando sea necesario. Ser conscientes de que es un bien escaso que conlleva un impacto medioambiental, social y económico más grande del que parece.
  • Sustituir las bombillas incandescentes por otras de bajo consumo.
  • Contar con electrodomésticos de eficiencia energética A o A+.
  • Regular la calefacción con termostatos y encenderla durante el día unas pocas horas, suficiente para que el calor acumulado se mantenga para el resto de la jornada.
  • Invertir en aislamiento de paredes, ventanas e incluso tuberías y conductos de ventilación y climatización al construir o rehabilitar una casa. Las comunidades autónomas ofrecen ayudas que cubren hasta el 60% de esta inversión.
  • Instalar contrapuertas y contraventanas.
  • Evitar las fugas de calor, que pueden suponer entre el 5% y el 30% del malgasto energético. En el mercado se pueden encontrar diversos materiales y sistemas asequibles que permitirán acabar con este problema, por ejemplo burletes de gomaespuma.
  • Realizar un correcto mantenimiento de las calderas y otros sistemas de climatización.
  • Los ventiladores de techo reversibles pueden utilizarse en invierno para hacer circular el calor y ahorrar costes de calefacción hasta en un 10%.
  • Aplicar sistemas basados en energías renovables (para ello también se pueden solicitar diversas ayudas institucionales).
  • Vestir de acuerdo a las condiciones climatológicas: estar en casa en camiseta de manga corta durante el invierno supone un uso excesivo de la calefacción. 
Todo esto está muy bien, pero muchas veces la gente pobre no tiene dinero para mejorar la eficiencia energética de su vivienda. Por eso creo que el Estado debe devolver hasta un 50% de la factura energética (electricidad, gas natural o butano) a los hogares en que anualmente esa factura suponga más de un 10% de los ingresos anuales.

Esto no debería hacerse a través de precios subvencionados (como el actual bono social). La energía debería cobrarse a su coste (más un beneficio justo para el proveedor) a todos los consumidores, y solamente ser ayudados aquellos que realmente lo necesitaran.

Para recibir esta ayuda, se debería solicitar cada año. No sería necesario aportar facturas de electricidad o gas: se implantaría un sistema coordinado con las compañías de gas y electricidad en que el solicitante solamente tendría que aportar su NIF; ya se encargaría Hacienda de comprobar de si el montante de las facturas energéticas para el año anterior es superior al 10% de los ingresos de ese hogar.

Solamente podrían recibir estas ayudas aquellos hogares con menos de 70 metros cuadrados construidos por habitante (datos que el sistema comprobaría automáticamente en el Catastro y en el Padrón municipal; hacérselos declarar al solicitante es invitar al fraude).

Las personas receptoras de estas ayudas deberían, además, ser auténticamente pobres; es decir, no podrían poseer, total o parcialmente, otras viviendas aparte de la solicitante, ni cuentas bancarias, depósitos o activos financieros por valor superior a 3.000 euros.

Un hogar que recibiera una ayuda por este concepto de más de 200 euros anuales más de dos años consecutivos estaría obligado, después del tercer año, a someterse a un somero estudio de eficiencia energética, pagado por el Estado, que recomendaría medidas (por ejemplo, cambiar ventanas, aislar paredes, sustituir calderas, etc.). Tras este tercer año, cualquier ayuda posterior iría íntegramente destinada a poner en marcha alguna de las medidas recomendadas. Por ejemplo, un hogar que hubiera recibido 400, 426 y 397 euros en años consecutivos, estaría obligado el cuarto año a sustituir una ventana, por, digamos, 300 euros, y solo recibiría la ayuda el cuarto año tras presentar la factura de la sustitución.

Evidentemente, un sistema de ayudas así sería administrativamente caro para el Estado, pero a mí me parece la única forma de abordar seriamente el problema. Mucho más caras están saliendo las enfermedades y muertes provocadas por la falta de ingresos suficientes para mantener la vivienda a una temperatura adecuada. El derecho a la vivienda debe entenderse como el derecho a una vivienda saludable, no una que por tus circunstancias te enferme.


16 comentarios:

  1. Según el estudio "Energy Subsidy Reform: Lessons and Implications”, elaborado por el Fondo Monetario Internacional (FMI), los subsidios energéticos “son perjudiciales para las finanzas públicas, el crecimiento económico, la equidad y el medio ambiente” y aconseja a los gobiernos de todo el mundo reformarlos a fondo.

    El estudio, que recoge el consumo de petróleo, electricidad, gas natural y carbón en 176 países durante 2011, demuestra que, en algunos de ellos, la carga fiscal de los subsidios a la energía está adquiriendo tales dimensiones que los déficits presupuestarios están siendo difíciles de atajar y amenazan la estabilidad de la economía.

    Además, los subsidios energéticos refuerzan la desigualdad, porque benefician principalmente a los más ricos, que son los que consumen más cantidad de energía. Según el estudio, “el 20 por ciento de los hogares con recursos en los países de economías emergentes y de bajo ingreso se benefician del 43 por ciento de los subsidios”.

    Por otra parte, los subsidios llevan a los países a consumir mucha más energía, lo que supone un grave perjuicio para el medio ambiente, debido al aumento de las emisiones de CO2. La eliminación de los subsidios energéticos supondría una reducción del 13 por ciento de estas emisiones.

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  2. “En Reino Unido se evita el corte del suministro en invierno”, explica Marta García, responsable de pobreza energética de la asociación catalana Ecoserveis. Ese país también dispone de una ayuda invernal de entre 100 y 300 libras (entre 120 y 360 euros) para los mayores de 61 años y para los perceptores una pensión estatal o de cualquier programa contra la exclusión social.

    El grupo de La Izquierda Plural en el Congreso de los Diputados presentó a finales de octubre una proposición de ley de “medidas para prevenir la pobreza energética”. Se plantea establecer, al igual que en Reino Unido, “una tregua invernal mediante la cual las empresas suministradoras no podrán interrumpir el servicio de electricidad, gas o agua por impago” a las familias con menos renta, aunque no se establece un umbral de ingresos.

    Los socialistas también incluyeron hace una semana una ponencia en su Conferencia Política, en la que se apuesta por garantizar “un mínimo de cobertura de subsistencia” de luz y gas “entre el 1 de noviembre y el 31 de marzo”

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  3. Una vez las personas afectadas reciban un aviso de interrupción del suministro por parte de la compañía tendrán que presentar en un plazo de diez días un informe de los servicios sociales básicos, que acredite el cumplimiento de tres requisitos: no superar la Renta de Suficiencia (569,12 euros mensuales), demostrar que se han aplicado todos las medidas para reducir el consumo y acreditar que se tiene contratada la tarifa social en la empresa de suministro.

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  4. Jordi Évole entrevista a varias personas que no pueden pagar sus facturas, y se tapan con mantas en casa o calientan agua en el microoondas para lavarse. También pregunta a varios expertos y al presidente de la patronal eléctrica.

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  5. El Gobierno gallego prepara un “tique social” para ayudar a pagar el recibo de la luz a las familias con hijos menores de edad y en situación de vulnerabilidad . La medida fue presentada el 23 de mayo de 2014 en el Consello de la Xunta en un informe al que el presidente, Alberto Núñez Feijóo, dio el visto bueno. El departamento de Industria destinará un millón de euros en este ejercicio para rebajar la factura energética de 14.000 familias gallegas. La mayoría de los hogares recibirán un bono (semestral) de 90 euros y en el caso de las familias numerosas la ayuda llega hasta los 120 euros. Podrán acceder a esta ayuda los hogares con hijos menores de edad e ingresos por debajo del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) que en 2014 está fijado en 532,51 euros mensuales.

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  6. Plazo de solicitud: de 30 de julio a 30 de octubre de 2014.

    Las solicitudes se hacen en la página a la que se va pinchando el título de este comentario.

    Beneficiarios: unidades familiares con hijos a cargo menores de 18 anos, residentes en Galicia y cuyos ingresos totales anuaies no superen el IPREM (6.390,13 euros anuales).

    Cuantía de la ayuda: cantidad fija de 45 euros para el primer semestre de 2014 y de 60 euros al semestre para familias numerosas.

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  7. El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, anunció el 26 de noviembre de 2014 que está "en estudio" el establecimiento de un bono social del gas natural, que se pondrá en marcha "más pronto que tarde".

    Durante su comparecencia ante la Comisión de Industria del Congreso de los Diputados, Soria ha señalado que este bono social del gas tendrá, como el de la electricidad, el objetivo de abaratar la factura a "las familias con menos recursos".

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  8. La pobreza energética podría estar detrás de la muerte prematura de más de 2.000 personas al año.

    En ayuntamientos como los de Zaragoza y Barcelona, y algunos andaluces, se está trabajando en acuerdos con las compañías para que al menos no se corte la energía si ya hay un expediente de ayuda abierto.

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  9. Un grupo de Bomberos de la Generalitat ha grabado un vídeo en el que denuncian con su testimonio que tras muchos incendios domésticos se esconden situaciones de pobreza energética. Explican cómo se han encontrado con incendios mortales causados por una vela que era usada para alumbrarse porque no tenían luz en el piso o por un brasero para calentarse porque no tenían calefacción.

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  10. La Directiva 2009/72/CE, del mercado interior de la electricidad, insta a los Estados a definir los “clientes vulnerables”, algo que en nuestro país está pendiente. Esta definición podría consistir en un consumo mínimo diario en kWh, el equivalente a una cesta de consumo básica (iluminación y refrigeración de alimentos, por ejemplo), más amplia durante el invierno. Ese nivel mínimo no podría ser interrumpido en ningún caso por las empresas comercializadoras. En caso de impago de la factura, la deuda persistirá pero el suministro solo podría reducirse hasta ese nivel mínimo. El coste financiero de esta medida sería asumido por las empresas comercializadoras que hasta ahora financian el bono social, durante un tiempo determinado en coordinación con los servicios sociales.

    De acuerdo con cálculos preliminares, el coste de esta medida estaría entre los 50 y 100 millones de euros, bastante por debajo de los 200 millones que actualmente se destinan al bono social.

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  11. El Tribunal Supremo asestó el 26 de octubre de 2016 un duro golpe a la reforma eléctrica aprobada en 2013 al ordenar al Estado que pague a las grandes eléctricas el descuento del 25% que están obligadas a costear a los clientes más vulnerables desde 2014. La sentencia conlleva el reembolso a estas compañías de más de 500 millones de euros.

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  12. En toda España, de los cerca de 506.000 cortes de suministro por no abonar las facturas en 2015, en más del 55 % se restableció el suministro en 48 horas y en otro 8 %, en un mes. Y de los cortes de suministro registrados, solo el 2 % son clientes vulnerables.

    Es ese 2 % sobre el que se debe centrar la política social, que no corresponde a las empresas, sino al Estado y los servicios sociales. Las empresas no tienen capacidad de conocer las circunstancias personales de los clientes vulnerables. Los servicios sociales y gobiernos locales, sí.

    No es, por lo tanto, un problema de fondos, que los hay, ni de más regulación, sino de una coordinación efectiva y una política orientada a apoyar a los clientes vulnerables de manera eficiente, filtrando por renta y ofreciendo una respuesta rápida.

    Las empresas eléctricas han ido más allá de la regulación y han firmado convenios con las administraciones regionales y municipales, para verificar la situación social real del suministro ante un caso de impago. Se pregunta a los servicios sociales, y si se constata una situación vulnerable, la administración libera fondos de protección social, y la eléctrica no corta el suministro. Por lo tanto, en casos que se han hecho desafortunadamente muy populares, la responsabilidad a la hora de identificar a los clientes en riesgo social corresponde a los servicios sociales, no a la eléctrica. En el caso específico de Gas Natural Fenosa, el 97% de sus clientes están protegidos contra cortes de suministro y atendió a más de 860 casos de clientes vulnerables. Sin embargo, la Generalitat de Cataluña solo utilizó en el 2015 un 22% del fondo que tenía disponible para combatir la pobreza energética.

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  13. Promover medidas de eficiencia energética

    En lugar de ayudar a pagar recibos, mejor ayudar a aislar las casas para que no se malgaste energía al calentarlas. Algunas de estas ayudas consisten en créditos que se van pagando durante 25 años con los ahorros en la factura de la calefacción.

    Energía de prepago

    En algunos países tienen la modalidad de prepago, y es una opción que ayuda mucho a controlar el gasto a familias que viven al día.

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  14. El informe Pobreza energética en España y posibles soluciones, elaborado por Economics for Energy, propugna el bono social como "herramienta fundamental" para combatir la pobreza energética, pero "modificando algunas de sus deficiencias para convertirlo en un instrumento más efectivo".

    En este sentido, propone que los hogares vulnerables sean los únicos beneficiarios del mismo, que cubra todos los gastos energéticos, que sea una transferencia de suma fija y no un descuento sobre el precio, y que se financie con cargo a los Presupuestos.

    Como medidas complementarias para garantizar el acceso a la energía, el texto propone fomentar la eficiencia energética, mecanismos para evitar desconexiones por falta de pago de las facturas de los hogares vulnerables, mejorar la información a los hogares más desfavorecidos y establecer una tarifa energética adecuada que recoja solo los costes que le corresponden.

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  15. Con una reforma de menos de 8.000 euros (cambios de vidrios, poner alfombras...) un hogar puede ahorrarse entre 300 y 650 euros anuales en su factura energética, y por tanto amortizar la reforma en unos diez años.

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  16. Será una ayuda directa a consumidores vulnerables. Se entregará a principios de año y para recibirlo es imprescindible ser beneficiario del bono eléctrico. Su disfrute será compatible con el cobro de otras subvenciones.

    Se otorgará en función de la vulnerabilidad del consumidor y la zona climática: entre 25 euros para los vulnerables de zonas cálidas y 130 euros para las zonas muy frías.

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