jueves, 20 de octubre de 2011

Público y privado

Las múltiples ideologías que en el mundo han sido se han extendido largamente sobre los bienes y servicios que debe proporcionar el Estado y los que debe proporcionar el mercado. La siguiente lista es un destilado de los conocimientos que he ido acumulando sobre el funcionamiento de los diversos sistemas que se han ido ensayando. 

Como principio general, el absolutamente necesario Estado (el mercado, dejado solo, se autodestruye, lo hemos visto repetidamente) debe actuar de árbitro entre los diversos actores de la sociedad, para que se llegue a unas reglas de juego equilibradas. También debe ocuparse de que esas reglas se cumplan y de castigar a los infractores. Sólo debe encargarse directamente de algún sector cuando se ha demostrado que la iniciativa privada proporciona unos resultados claramente peores.

Imagen de una caseta de la Feria del Libro Viejo y Antiguo de Madrid en octubre de 2011.

Los libros serán de alrededor de 1970.


La justicia y la defensa deben ser públicas siempre. Los intentos de que empresas privadas proporcionen servicios bélicos se saldan en vergüenzas como el caso Blackwater.

La seguridad debe ser pública. Es injusto y contraproducente que los que puedan pagar seguridad privada contraten guardas jurados. Debe haber suficiente policía pública, en todas las labores, desde vigilancia de edificios y escolta de personas amenazadas hasta investigación de delitos, para proporcionar seguridad a los ciudadanos. De lo contrario, la clase alta se protege a sí misma con vigilantes privados y deja al resto de la sociedad desprotegida.

La educación debe ser pública. Los sistemas de educación privada dan como resultado que una gran parte de la población no puede pagarse los estudios superiores (caso de EE.UU.) o que las clases medias tienen que hipotecarse de por vida para dar estudios a sus hijos, o una segregación de las clases bajas en la enseñanza media, como sucede en España. Los países que mejor puntúan en el informe PISA, como Finlandia, lo hacen debido a sus buenos sistemas públicos de enseñanza. Esto no quiere decir que la educación privada se deba prohibir, en absoluto, pero el Estado no debe financiarla, ni total ni parcialmente, y los alumnos de la enseñanza privada, para lograr sus títulos (universitarios o de enseñanza media) deben ver sus conocimientos examinados en centros públicos por profesores de la enseñanza pública.

La sanidad debe ser pública. Prácticamente todos los países desarrollados la tienen pública. La única excepción es EE.UU. Los terribles resultados de esa elección pueden verse en la película Sicko (Malucho) de Michael Moore: personas obligadas a elegir qué dedo se amputan porque no pueden pagarse el tratamiento de los dos; personas que toda su vida han pagado un seguro médico privado y al final mueren sin cuidados porque no cubría el padecimiento que han tenido la mala suerte de contraer... Tampoco funcionan los sistemas de gestión privada de hospitales: se acaba pagando mucho más por cama que con un sistema público.

Las residencias de ancianos y las guarderías deben ser públicas. Es el mejor sistema para salvaguardar la salud y la seguridad de nuestros niños y mayores. Las concertadas, o acaban saliendo más caras, o reducen la calidad de la asistencia para obtener su beneficio.

La industria debe ser privada. Desde las fábricas de lápices hasta las de buques destructores. Se ha demostrado que funciona muchísimo mejor que si el Estado posee los medios de producción. Por supuesto, aunque privada, debe estar sometida a la legislación laboral, medioambiental, fiscal y el resto de la normativa, y debe poder ser inspeccionada por personal del Estado cuando se considere necesario. Estoy en desacuerdo con las subvenciones estatales de cualquier tipo a las industrias, incluidos privilegios normativos. Sólo veo admisible un mejor tratamiento fiscal para promocionar el empleo o la innovación. 

La banca debe ser privada. En el plano teórico, un banco público ofrece mucha mayor solvencia que un banco privado. Por tanto, no podrían competir en condiciones de igualdad, lo que llevaría a que todo el sistema bancario fuera público (dicho imperativo teórico, sin embargo, no se ha realizado en la práctica). En el plano práctico, si bien la banca privada ha funcionado DESASTROSAMENTE y es el núcleo de esta Gran Recesión que vivimos, la pública o semipública no puede ponerse como ejemplo (desgobierno absoluto en Cajasur, saqueo por parte de los directivos de la CAM o Nova Caixa Galicia, caída de las norteamericanas Fannie Mae y Freddie Mac, situación de las cajas alemanas...). Mantengo el principio de que el Estado solo debe proporcionar un servicio si ha demostrado hacerlo claramente mejor que el mercado; en caso contrario, debe dejárselo al mercado, y limitarse a supervisar. La vigilancia de la banca ha de ser muy estricta: los gestores de banca privada que, agotado el plazo que se les dé, no sigan a la primera las instrucciones del regulador, deben ser destituidos, multados e inhabilitados por años. Las retribuciones deben ser transparentes, por persona (no por grupo, como ahora) y estar limitadas. Los sectores a los que un banco concede créditos deben diversificarse (constructoras, hipotecas a ciudadanos, créditos personales, distintos sectores empresariales, préstamos sindicados para grandes obras públicas, operaciones internacionales...) y el regulador debe impedir que se concentre demasiado riesgo en un solo sector.


Las pensiones deben ser públicas. Lo bueno de un sistema público de pensiones, que tiene que ser de reparto, es que el dinero que meten en el sistema los trabajadores sale inmediatamente hacia los pensionistas, por lo que es difícil que se extravíe o se invierta mal, y nadie puede reclamar comisiones por su funcionamiento. En cambio, en los sistemas privados, necesariamente de capitalización, el dinero que van metiendo los trabajadores se invierte en diversos activos financieros. Esas inversiones pueden ser afortunadas (y entonces no pasa nada) o desafortunadas (en cuyo caso, o los trabajadores quedan en la miseria al jubilarse o tiene que pagar el Estado). En todos los casos los gestores de esos fondos se llevan unas comisiones injustificables. No conozco ningún caso de un sistema público de pensiones que haya quebrado (porque, al ser público, simple, y estar a la vista de todos, si se prevén problemas, se pueden hacer ajustes, con debate, luz, taquígrafos y retribución electoral de las modificaciones). Sin embargo puedo citar muchos casos de fondos de pensiones privados que acabaron muy mal: Enron, Chile, Argentina... Los fondos de pensiones privados no deben tener ningún privilegio, ni fomento, ni desgravación por parte del Estado

La agricultura debe ser privada, pero el cultivo de los productos agrícolas más vulnerables a los vaivenes del mercado debe estar dirigido por el Estado a través de una política agrícola detallada. Pero esto será el tema de otra entrada.

El transporte aéreo debe ser privado: las compañías de bandera nacionales han ido cayendo una tras otra, desapareciendo o fusionándose con privadas. Actualmente el transporte aéreo es mucho más barato y tiene menor precio que a mediados del siglo veinte. Las compañías aéreas privadas logran mayor eficiencia que las públicas. Es un hecho.

El control del tráfico aéreo debe ser público. Es demasiado arriesgado dejar la seguridad en manos de una empresa cuya rentabilidad y supervivencia depende de gastarse más o menos en precauciones.

Los aeropuertos también deben ser públicos. Corresponde al Estado decidir su ubicación, su tráfico, sus horarios y sus frecuencias. Todo para equilibrar adecuadamente los intereses de las diferentes compañías, el medio ambiente y el sueño de los pobladores vecinos.

Las infraestructuras en general (carreteras, puentes, redes eléctricas, ferrocarriles redes de telecomunicaciones, redes de gasoductos, redes de agua...) deben ser públicas o, en el caso de las redes, pertenecer a empresas controladas por el Estado donde tengan participaciones equitativas todos los usuarios y que tengan como finalidad, primero la eficiencia, y después, una rentabilidad solo vez y media superior al precio legal del dinero (para evitar que cobren a los usuarios tarifas abusivas), con salarios tasados para sus directivos.

El transporte por carretera de viajeros y mercancías debe ser privado. Así funciona muy bien y no hay necesidad de que el Estado se meta.

El transporte de viajeros por ferrocarril debe ser público. Las experiencias de privatización han causado un deterioro espectacular de la calidad del servicio. El transporte de mercancías por ferrocarril también debe ser público, y de rentabilidad mínima, para promocionarlo respecto al transporte por carretera, mucho peor ecológicamente.

La prestación de servicios (electricidad, telecomunicaciones, gas..) a través de las redes públicas debe ser privada y a precio libre, pero las retribuciones de los directivos de las compañías que se sirvan de tales redes, sus dividendos y su contabilidad deben ser estrictamente controlados y, caso de producirse precios abusivos (más de un 10% superiores a la media de los países de la UE), los responsables de fijar tales precios deben ir a la cárcel.

Los medios de comunicación deben ser privados. El Estado no debe poseer ni la más mínima participación en periódicos, radios o televisiones. Existe una peligrosa y perversa tendencia de los políticos a controlar la información o, directamente, manipularla en su favor. Por supuesto, hay que poner límites a la posesión por una sola persona de demasiados medios de comunicación, para evitar situaciones indeseables tipo Berlusconi y otras, pero ése será el tema de otra entrada.

Las bibliotecas deben ser públicas y gratuitas, y debe existir una buena red, que preste no solamente libros, películas o discos (cuyos autores deben ser justamente retribuidos cuando sus obras se presten), sino que tenga salas que puedan utilizar grupos locales de músicos o actores aficionados.

Todo monumento o museo o paraje natural que los ciudadanos y los técnicos consideren de interés excepcional debe ser público, en mejor salvaguarda de ese interés, y debe permitir visitantes en un número que no lo deteriore, cobrando una entrada que permita al menos sufragar una cuarta parte de los gastos de mantenimiento.

El resto de manifestaciones culturales (música, pintura, danza, ópera, novela, poesía, teatro, cine...) deben ser dejadas a la iniciativa privada y el Estado no debe intervenir, ni siquiera para premiar a los mejores en cada campo.

32 comentarios:

  1. Movilidad social y educación pública

    El vídeo electoral escogido por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) para su campaña electoral puede gustar mucho, poco o nada, pero tiene la virtualidad de plantear un tema interesante como es la relación entre movilidad social y educación pública.

    En España, el tema tiende a presentarse como una cuestión meramente ideológica. En el ámbito socialdemócrata se defiende que la educación pública favorece la movilidad social, mientras que en el ámbito liberal se viene a decir que lo importante es que exista una buena educación, de calidad, independientemente de que sea pública o privada.

    Parece como si fuera un problema de creencias, sobre el que no se pudiera llegar a una conclusión sólida basada en datos concretos. Sin embargo, existen trabajos dedicados a medir la movilidad social real en diferentes países, que pueden dar algunas pistas.

    Según expone, por ejemplo, el científico británico Richard Wilkinson utilizando datos del Banco Mundial para los países ricos, quienes tienen mayores tasas de movilidad social son países como Finlandia, Noruega o Suecia. En el otro extremo, países como Reino Unido y, ¡sorpresa!, Estados Unidos, tienen unas tasas de movilidad mucho menores (véase, http://www.ted.com/ talks/richard_wilkinson.html). Resulta sintomático que los primeros son reconocidos por la calidad y solidez de su educación pública, mientras que los segundos cuentan con unos sistemas educativos que tienden a ser más elitista y se basan en gran medida en la idea de pago por una educación de alta calidad.

    Contra lo que normalmente se cree, si alguien pretende alcanzar el sueño americano del ascenso social por medio de la educación, tiene bastantes más posibilidades de conseguirlo si se va a vivir a Finlandia. Es obvio que con la educación se pueden buscar otros objetivos diferentes a la movilidad social, por ejemplo, alta formación de las élites y formación eficaz de mano de obra sin más pretensiones.

    Pero si de lo que estamos hablando es de movilidad social que es sinónimo de igualdad de oportunidades, una mirada a lo que ocurre en el resto del mundo apunta a que es la enseñanza pública de calidad la que realmente la fomenta. Son datos, no solo ideología.

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  2. La escuela que me enseñó a ser persona

    Que la educación debe ser pública se ha escuchado por todos los rincones del país acompañado de muchas razones, la mayoría relacionadas con la igualdad de oportunidades para todos, sean de la condición que sean. Sin embargo, yo veo otra razón del mismo peso y que no se ha tenido demasiado en cuenta.

    Este junio terminé mis estudios de 2º de Bachillerato en un instituto público y, con un poco de perspectiva, mirando hacia atrás e intentando recapitular mis años en la enseñanza pública, entendí que no solo había aprendido a nivel académico todo lo que debía aprender, sino que además había entendido el mundo a través de mi clase, que siempre había estado compuesta por gente diversa y donde no habían faltado nunca extranjeros, personas de distintas etnias, niños que llegaban sin saber una palabra de español, con problemas familiares, económicos, con distintas culturas, distintas creencias, etcétera. He escuchado a mucha gente decir que este tipo de gente frena el ritmo de la clase y hace perder a la enseñanza pública la calidad que debería tener. Mentira.

    La calidad y la diversidad nunca han estado enfrentadas, qué mejor calidad que una escuela que te enseña el mundo real, a respetar y convivir con personas con las que luego te vas a relacionar profesional o personalmente.

    Estoy orgullosa de la enseñanza pública, con sus virtudes y sus defectos, porque gracias a ella ahora soy una persona respetuosa, tolerante y autosuficiente y espero que no nos quiten esta enseñanza porque yo la considero una necesidad, la mejor forma de conocer el mundo a través de un aula, que al fin y al cabo es el conocimiento más importante.

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  3. El peor año para el empleo ha generado en España un déficit de la Seguridad Social de 600 millones, equivalente a apenas el 0,4% del PIB. Y, pese a ello, la hucha de las pensiones permanecerá por encima de los 62.500 millones. En cambio, el patrimonio de las pensiones privadas en España ha perdido, a falta de contabilizar el último trimestre, 3.100 millones de euros (el 3,8% de su valor), con lo que el volumen de fondos privados cae al nivel de 2006.

    Si las pensiones públicas están amenazadas con la crisis, las privadas aún más, según las cifras oficiales: tanto en Reino Unido como en EEUU, el agujero de las pensiones privadas –es decir, los recursos que faltan para poder satisfacer los compromisos contraídos—ha batido a final de 2011 sus respectivos récords.

    En Reino Unido, según el informe del Banco de Inglaterra, el déficit global de los planes privados ascendía en noviembre a 266.000 millones de euros y afectaba a 5.390 de los 6.533 existentes. En EEUU, la consultora Mercer estima que el déficit de los planes de las empresas del índice S&P 1.500 suma 400.000 millones.

    Los informes de la OCDE han puesto de manifiesto que, ante las crecientes dificultades financieras, los gestores invierten de forma creciente en los vehículos más especulativos para intentar aumentar la rentabilidad, con lo que ponen aún más en riesgo la bolsa de pensiones privada. Según The New York Times, el 50% de los ingresos de los fondos de capital riesgo (private equity) provienen ya de los fondos privados de pensiones, que entre 2000 y 2010 han pagado sólo en EEUU 17.000 millones de dólares en comisiones a los gestores de sus carteras.

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  4. El Partido Republicano está firmemente empeñado ahora en sustituir Medicare por un plan de Vouchercare, con cupones. El Gobierno ya no sufragará nuestras facturas médicas importantes; en lugar de eso, nos entregará un vale que podremos destinar a la contratación de un seguro privado. Y si resulta que el vale no es suficiente para pagar una cobertura decente, es problema nuestro.

    Es más, los vales serán casi con toda seguridad insuficientes; su valor vendrá estipulado por una fórmula que no tiene en cuenta los presumibles incrementos en los costes de la atención sanitaria.

    Aun así, ¿no reducirían costes las aseguradoras privadas gracias a la magia del mercado? No. Todos, y quiero decir todos, los indicios apuntan a que sistemas públicos como Medicare y Medicaid, que conllevan menos burocracia que las aseguradoras privadas (si no se lo creen es que nunca han tenido que tratar con una compañía de seguros) y más poder de negociación, son mejores que el sector privado a la hora de controlar gastos.

    Sé que esto contradice el dogma del libre mercado, pero es un hecho. Pueden constatarlo en la historia de Medicare Advantage, que se gestiona a través de aseguradoras privadas y siempre ha tenido unos costes más altos que el Medicare tradicional. Pueden comprobarlo comparando Medicare y los seguros privados: Medicaid cuesta mucho menos. Y pueden verlo estableciendo comparaciones internacionales: EE UU tiene el sistema sanitario más privatizado del mundo desarrollado y los costes más elevados, con diferencia.

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  5. (también https://www.google.es/search?hl=es&gl=es&tbm=nws&q="liberalización+del+ferrocarril+de+pasajeros")

    La mejor forma de medir la competitividad del ferrocarril de pasajeros es observando su cuota de mercado frente a otros modos de transporte: entre 2000 y 2010 ha pasado en España del 5 al 5,4%, mientras que en países que han introducido mecanismos de competencia, como Reino Unido, ha pasado del 5,3 al 7,5%.

    [¿Pero no habría que medir también otros factores como la satisfacción de los viajeros y el coste medio por viaje para el viajero y para el Estado?]

    No es nada sencillo conseguir competencia en un mercado donde intrínsecamente existen limitaciones para que se desarrolle. Por ejemplo, en España, tras la liberalización del transporte de mercancías, su cuota ha descendido de un 4,7% en 2009 al 4,2% en 2010.

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  6. Un acuerdo del Consejo de Gobierno de septiembre de 2010 modificó, al alza, la cantidad máxima anual (canon) que reciben el hospital Infanta Cristina, el Infanta Leonor, el Infanta Sofía, el Henares, el Tajo y el Sureste, centros sanitarios construidos mediante contratos de concesión de obra pública adjudicados por concurso en 2005 y que la entonces presidenta, Esperanza Aguirre, puso en marcha casi a la vez en un maratón inaugurador de menos de un mes, durante febrero de 2008. El Gobierno regional acordó pagarles dos millones al año más de lo que constaba en la oferta económica inicial de 2005.

    Además de incrementar en dos millones anuales el canon a las concesionarias, el acuerdo también contemplaba modificar la cantidad máxima anual desde la puesta en servicio de los hospitales: ese concepto supone 4,3 millones, según el informe (1,4 de ellos para el hospital Infanta Leonor; la cantidad más elevada).

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  7. A propósito de la privatización de la sanidad que muchos defienden quiero hacer una reflexión que creo que, no sé por qué, se hace pocas veces por parte de los economistas al contraponer lo público versus lo privado.

    La empresa privada funciona mejor que lo público en situación de competencia y mercado abierto. Pero cuando se trata de concesiones que suponen un monopolio con poco control en una zona o región determinada suponen con el motivo del lucro un funcionamiento peor.

    Esto es esencial destacarlo y creo que nadie lo hace.

    Juan Carlos Ortigosa Perochena en El País del 20 de diciembre de 2012

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  8. El pasado jueves fui, junto con mis dos hijas, uno de los más de mil retenidos, y luego evacuados, en la estación de esquí dePanticosa.

    No sé si la empresa privada gestora de la estación ganó el jueves mucho o poco dinero, ni si quienes, por parte de la empresa, dirigían la operación estaban o no capacitados o ganaban mucho o poco.

    Pero sí sé, porque lo vi, que quienes de verdad tomaron las decisiones, asumieron los riesgos, y nos dieron protección y garantía fueron los servicios públicos de Guardia Civil, Bomberos y Protección Civil, que no ganaron ningún dinero por el rescate, que se sirven de funcionarios con una capacitación avalada por oposiciones, instrucción y preparación constante, que tienen sueldos congelados desde hace años y que desde 2013 también tienen reducidos, a menos de la mitad, los “moscosos”.

    La emergencia, afortunadamente, no tuvo consecuencias. Pero debiera servir para constatar, una vez más, que quizás la empresa privada sea una opción para gestionar un servicio de ocio como el esquí, pero que para la prestación de servicios de emergencia en Huesca, igual que de Sanidad en Madrid, sólo estaremos tranquilos si la gestión es pública.

    José María Ayala Muñoz en carta a El País

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  9. La polémica entre el personal de salud y la Comunidad de Madrid por la privatización de 27 centros de salud y 6 hospitales me recordó las que ya había escuchado en Perú y toda América Latina a comienzos de los años noventa, cuando se privatizaron los servicios públicos y numerosas empresas estatales.

    Los defensores de la privatización argumentan que aumenta la eficiencia a los servicios. Pero mi experiencia con el otorrino de los ronquidos desmiente categóricamente esa teoría. Ese incompetente no era más eficiente que ningún médico de la sanidad española que me haya atendido. Todo lo contrario. El médico público no gana más dinero por encontrarte más enfermedades. Te dice lo que hay. En cambio, el otorrino de los ronquidos, en su afán por exprimirle más dinero a su consulta, hizo un diagnóstico errado y otro ficticio.

    En las grandes empresas privadas, la tan mentada eficiencia se refiere a los dueños, no a los clientes. Las compañías telefónicas te pueden vender una línea en cinco minutos. Pero si tienes algún problema con ella, puedes perder días tratando de arreglarlo. He pasado algunos de los momentos más frustrantes de mi vida tratando de poner una queja ante grabadoras o teleoperadoras que te mandan de un teléfono a otro, hasta que prefieres dejar el desperfecto como está. Lo mismo con las aerolíneas. Su eficiencia para cobrarte el pasaje contrasta con su torpeza para resolver los equipajes extraviados y las conexiones perdidas por retrasos.

    OK. Comprendo que el Estado no está para garantizar que llegue tu maleta o funcione tu roaming (lo he visto intentarlo en América Latina en los ochenta, y lo hacía fatal, la verdad). Pero el Estado sí debe garantizar que no te mueras por la calle de una enfermedad curable, y no se la contagies a los demás. Para eso le pagamos.

    Y ya que lo pagaremos de todos modos, nos sale más barato asegurar entre todos un sistema sólido y concentrado en curar, no en maximizar beneficios. Mayor eficiencia significa “más servicios por menos dinero”. Y eso es exactamente lo que España ha tenido hasta ahora. Ojalá no lo pierda.

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  10. Los partidarios de la gestión privada, o externalización, argumentan que el gestor privado obtiene mejores resultados (relación calidad / coste) por su mayor interés y motivación, al estar en juego sus beneficios. Los partidarios de la gestión pública argumentan que, si los gestores públicos poseen la necesaria formación y motivación, no tienen por qué obtener peores resultados, con la diferencia de que las ganancias o beneficios que se obtengan revierten como menores costes de gestión en la empresa pública.

    El problema es que no se hagan las cosas bien. En la gestión privada, no hacer las cosas bien se traduce en una menor calidad de servicio o incluso la carencia de este, por no ejercerse el necesario control. En la gestión pública no hacer las cosas bien se traduce, bien en una menor calidad de servicio o bien en mayores costes.

    La pregunta a contestar por consiguiente es: ¿de qué o de quién depende que las cosas se hagan bien? Es evidente, que de los políticos responsables, ya que son ellos en ambos casos los que deben ejercer el necesario control: De la calidad en la gestión privada y de la calidad y los costes en la gestión pública.— Fernando Real Recuerda en carta a El País

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  11. En su libro "Algo va mal" (2010), editado en español por Taurus, el historiador británico Tony Judt vierte las siguientes opiniones sobre las privatizaciones:

    - "Hemos presenciado un traspaso continuado de la responsabilidad pública al sector privado sin que ello haya representado ninguna ventaja colectiva evidente. Al contrario de lo que pretenden el mito popular y la teoría económica, la privatización es INEFICIENTE."

    - Las privatizaciones en el Reino Unido resultaron en una transferencia neta de 14.000 millones de libras de los contribuyentes a los inversores, más 3.000 millones de comisiones a los bancos que organizaron la operación.

    - "La única razón para que los inversores privados estén dispuestos a adquirir bienes públicos que en apariencia son ineficientes es que el Estado elimina o reduce su exposición al riesgo."

    - "En esas condiciones privilegiadas el sector privado resulta al menos tan ineficaz como el público: se embolsa los beneficios y deja que el Estado cargue con las pérdidas. El resultado ha sido el peor tipo de <>: una empresa privada apoyada indefinidamente por fondos públicos."

    - "Con todo lo que insistió Friedrich Hayek en que las industrias monopolísticas (incluidos el ferrocarril y los servicios públicos) debían dejarse en manos privadas, no se preocupó de prever las implicaciones: como nunca podría permitirse que esos servicios nacionales vitales quebraran, los nuevos dueños podían correr riesgos, malgastar o hacer un uso indebido de los fondos, sabedores de que el Gobierno acudiría al rescate.

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  12. El ayuntamiento de Birmingham compró en 1875 el servicio de agua a los inversores privados porque “el suministro de agua a los ciudadanos es asunto del máximo interés para la ciudadanía y deben controlarlo sus representantes, no especuladores”. La historia se repetirá no lejos de allí (Ámsterdam, 1898). El municipio expropia el servicio a sus promotores porque “no les interesaba ampliar la cobertura. Les preocupaban más los beneficios que prestar un servicio de calidad”. El tiempo pasa, los argumentos perduran.

    Podría pensarse, dada la feroz competencia, que el negocio es formidable y que cualquier aumento tarifario llenará, aún más, el bolsillo del operador. La respuesta es sí…, pero no. Porque las millonarias inversiones de las últimas décadas no las están pagado, en contra de la Directiva Marco del Agua, los usuarios. Buena parte las ha financiado Bruselas. El resto, el Estado y las autonomías. Y así, las gestoras operan los servicios asumiendo sólo costes de explotación y mantenimiento. Las tarifas no contemplan la amortización de estas costosas infraestructuras.

    Consumimos, pues, un patrimonio regalado lo que explica la diferencia de precios entre el norte y el sur de Europa. Pero el maná de las subvenciones se acaba y el sistema camina hacia el colapso. Mayormente porque los cánones de las empresas no se destinan a renovar estas infraestructuras, un dinero que desvía la administración, no el operador privado. En los servicios públicos la caja única municipal facilita el trasvase.

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  13. (programa Salvados "Café para nadie")

    Jordi Évole entrevista al joven diputado (27) de Izquierda Unida Alberto Garzón.

    Ver la parte 6 (abajo, a la derecha del visor, donde aparecen los números 1 a 6).

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  14. En el año 1965 en Gran Bretaña se presentó el plan Beeching, que pretendía reducir el déficit de los ferrocarriles por medio del cierre de muchas líneas y la supresión de servicios. Algunos años más tarde se comprobó que el resultado de este plan fue un aumento del déficit de operación, ya que la pérdida de ingresos fue mayor que el recorte.

    Hoy en día sabemos que el déficit de los ferrocarriles se solventa mejor fomentando su uso y estimulando la demanda, y no suprimiendo servicios que, aunque parezcan deficitarios y lleven a poca gente, son importantes ramificaciones de la red ferroviaria y nutren las líneas más importantes. Una vez suprimidas estas líneas, muchas otras también perderán pasajeros, y el déficit de operación será mayor, o se recortará más todavía el servicio.

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  15. David McDonald, uno de los autores de Remunicipalización: El retorno del agua a manos públicas (Transnational Institute, 2013), señala que la vuelta del suministro del agua a manos públicas puede tener diversas motivaciones. En ocasiones fracasa la misma empresa concesionaria, incapaz de asumir las condiciones de su contrato. En otras son los municipios los que acaban entendiendo que la explotación de un servicio público genera beneficios para una empresa privada y, por tanto, más costes en la factura para el ciudadano que podrían evitarse. “Muchos alcaldes dijeron que era necesario reducir la deuda e, incluso, que la gestión privada era más eficiente, pero el resultado ha sido que los precios son más altos y que los beneficios son para las empresas”, resume sobre la situación actual Christa Hecht, de la Asociación de Operadores Públicos de Alemania.

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  16. En un Estado de derecho, el monopolio de la violencia lo ostenta el Estado y el ejercicio legítimo de la fuerza que de ello se deriva le compete en exclusiva. Pues bien, siendo eso así, el correlato inmediato es que solo los funcionarios (en este caso de policía) pueden ejercer la potestad administrativa en nombre de ese Estado. Jamás (en un Estado democrático, en sentido no formal, sino material) esa potestad puede delegarse en quien no sea funcionario (de carrera o de empleo).

    Al haber dado el Gobierno del PP este paso, no solo ha incurrido en un grave error político (cuyas consecuencias no tardaremos en lamentar), sino que, además, ha atentado contra una de las bases de la propia Administración pública en su sentido democrático: haber accedido a tal condición mediante procesos respetuosos con los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad.

    Servidores públicos van a ser sustituidos, en parte de sus funciones, por empleados privados a sueldo de empresas particulares. Servidores del interés privado (de la empresa que le paga) gestionarán la seguridad ciudadana en lugar de los funcionarios de policía, que son servidores públicos.

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  17. La seguridad, el orden público, la legalidad, la educación y la salud competen al Estado, desde luego, pero no de manera monopólica sino en estrecha colaboración con la sociedad civil.

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  18. Faustino Blanco, consejero de Sanidad de Asturias.

    Hay evidencias de que la sanidad privada es menos eficiente que la pública. En Reino Unido, donde el modelo de provisión privada está más extendido, son numerosas las referencias críticas por tratarse de un sistema más caro, debido a la necesidad de las empresas proveedoras de obtener beneficios; en el que rápidamente se produce una reducción en capacidad y en número de profesionales y que obtiene peores resultados de salud.

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  19. Soy el hijo de una persona considerada gran dependiente. Cualquier cuidado para este tipo de pacientes es escaso. Hace un tiempo tomamos la difícil —y siempre cuestionada— decisión de ingresarla en una residencia especializada en el cuidado de personas con la enfermedad de Alzheimer. Centro de titularidad pública pero, sorpresa, de gestión privada; es decir, el día a día, el tratamiento y la atención de estas personas depende de una empresa privada. Por cierto, no sé de ninguna residencia en la Comunidad Autónoma en la que resido que sea de verdad pública.

    ¿Qué creen que buscará una empresa privada? ¿Proporcionar los mejores cuidados a personas completamente vulnerables u obtener beneficios?

    Hay que dejar de jugar y de mercadear con la salud y la vida de los ciudadanos.— Borja Ibáñez Cárcamo

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  20. Personalidades tan distantes como Plácido Domingo o Vicente Todolí han afirmado en diferentes ocasiones que en España es habitual la intromisión política en los teatros de ópera y centros de arte, donde los caciques tratan de imponer nombres de su confianza, programación y compras de artistas.

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  21. Como suele suceder en las privatizaciones, se aprovechó para aumentar las tarifas. El resultado ha sido unos beneficios extraordinarios para la empresa concesionaria. Porque en un servicio como el del agua, con características de monopolio natural, no hay diferencias de costes entre la gestión pública y privada.

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  22. Como todos los países desarrollados, Estados Unidos depende sobre todo del mercado y la iniciativa privados para proporcionar a los ciudadanos todo aquello que quieren y necesitan, y prácticamente ningún político estadounidense propondría que eso cambiase. Hace ya mucho tiempo que quedaron atrás los días en que parecía una buena idea que el Gobierno controlase directamente una gran parte de la economía.

    Pero también sabemos que hay cosas que, hasta cierto punto, debe hacerlas el Gobierno. Cualquier libro de texto de economía habla de determinados “bienes públicos”, como la defensa nacional y el control del tráfico aéreo, que no pueden ponerse a disposición de cualquiera sin que estén a disposición de todos y, por tanto, no ofrecen incentivos para que los suministren las empresas con ánimo de lucro. ¿Pero son los bienes públicos el único ámbito en el que el Gobierno supera al sector privado? De ninguna manera.

    Un ejemplo típico de actividad en la que el Gobierno destaca son los seguros médicos. Y hay otro ejemplo importante de superioridad gubernamental: las pensiones de jubilación.

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  23. La banca pública trataría de promover lo que al burócrata le interesa. El conjunto de los contribuyentes pagaríamos sus caprichos mediante la continuada socialización de sus pérdidas. La seguridad que a los ahorradores les proporciona esa banca pública no es la que procede de haber inmovilizado su capital en proyectos productivos seguros y rentables, sino la que deriva de la capacidad del Estado para expoliar al ciudadano y cubrir con los ingresos tributarios aquellos fiascos vinculados a la promoción de sus ruinosos "sectores relevantes".

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  24. El Gobierno estadounidense anunció el 17 de agosto de 2016 que dejaría de utilizar cárceles privadas porque considera que son menos efectivas y seguras que las instalaciones públicas.

    La decisión llega tras las crecientes quejas de irregularidades en prisiones privadas y tras la publicación, la semana pasada, de una investigación del Departamento de Justicia que concluye que las cárceles privadas son peores que las públicas: se registran más peleas, robos y ataques, no proporcionan el mismo nivel de servicios y no suponen un ahorro sustantivo en costes.

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  25. Artur Mas decidió en 2012 incorporar al Sistema Sanitari Integral d’Utilització Pública (SISCAT) cuatro centros privados con finalidad lucrativa, con el compromiso de derivarles cada año importantes porciones de actividad quirúrgica y asistencial. Según aseguran los actuales responsables del departamento tras auditar su relación económica con dichas entidades, ni es más barato operar en quirófanos privados que hacerlo en los públicos, ni era la única forma de reducir las enormes listas de espera que llegó a acumular el sistema.

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  26. Verán, la sanidad privada es un negocio. Pero es que el objetivo de la sanidad no puede ser el de ganar dinero. No todo en la sociedad ha de moverse hacia el lucro. En el concepto mismo de la democracia anida un impulso de ordenación social, de moderación de las desigualdades, de freno al botín salvaje. Por eso se pagan impuestos: por el bien común. Y la sanidad está en la base de ese bien común.

    Argumentan los partidarios del dinero tintineante que la medicina privada es más barata y eficiente que la pública. Mienten, porque engañan en la forma de medir. Cada vez que un enfermo se complica en la privada, lo derivan a la pública, que no sólo tiene que hacerse cargo de los tratamientos más costosos, sino también de las muertes.

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  27. Es hora de decirlo alto y claro: hay que desmantelar los semáforos, despedir a los policías de tráfico, eliminar todas las normas de circulación, prohibir los controles de alcoholemia, y dejar que las señales tengan sólo un mero papel consultivo. Así todos conduciríamos mejor y no habría atascos.

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  28. Las empresas particulares tienden a exprimir sus beneficios. Cuando esos beneficios se obtienen directamente de la dependencia de servicios imprescindibles para la ciudadanía, entonces solo una vigilancia extremada de las autoridades públicas puede frenar las sospechas de descuido, explotación y baja capacitación. En la sanidad han sido catastróficas las experiencias de privatización y desde autopistas radiales a la limpieza de las ciudades conocemos episodios grotescos que nos invitan a plantear si el modelo necesita una revisión profunda. En los aeropuertos los pasajeros conceden a una empresa privada el rango de fuerza de seguridad del Estado sin que se demuestre si esa transacción es del todo normal.

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  29. En contra de lo que solemos pensar, el Estado no está para amueblar nuestras conciencias, ni para legislar sobre nuestra entrepierna, ni para crear problemas donde no existen, ni para costear museos tontorrones de arte-estafa, ni para hacer la competencia a las empresas o inmiscuirse en las vidas privadas. El Estado tiene unas competencias sencillas y claras: garantizar la seguridad jurídica y la libre competencia, recaudar los impuestos y distribuirlos equitativamente, intentar sostener la sanidad y la educación públicas y mantener el orden. También debe encargarse de despejar las carreteras si llega un temporal de nieve y avisar a los conductores de que no se echen al monte sin cadenas en una noche complicada, porque entonces pernoctarán en las cunetas.

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  30. El Tribunal de Cuentas critica lo que puso en marcha el Gobierno de Zapatero en 2010 de intentar dar créditos directos a pequeñas y medianas empresas y autónomos que no lograban financiación por otra vía. La entonces vicepresidenta económica, Elena Salgado, instó al entonces presidente del ICO, José María Ayala, a prestar asumiendo todo el riesgo, y se llegaron a formalizar créditos por 550 millones. De ellos, el ICO da contablemente por perdidos 175 millones. Los ha provisionado al 100 % por ser ya fallidos o de muy dudoso cobro.

    Se concedieron un total de 13.961 operaciones en 2010 y 2011 y siguen vivas, bien por haber sido refinanciadas o por no recuperadas, un total de 8.308. De ellas, 5.072 -el 83%- se halla en situación de morosidad o fallido.

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  31. Tanto Estado y como Mercado son imprescindibles para la sociedad, y ambos son recíprocamente dependientes y complementarios. Si bien la actividad económica es imposible sin un marco institucional estable, una sociedad con mercados débiles o inexistentes carece de dinamismo económico. Éste no es un argumento normativo o de autoridad, sino empírico; todas las experiencias exitosas de desarrollo han contado con el dinamismo del mercado y el apoyo de las instituciones del Estado.

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  32. La dialéctica entre lo público y lo privado ha sido uno de los elementos esenciales de la evolución social durante los últimos siglos. Todo indica que será aún más relevante en las próximas décadas.

    A estas alturas, está ya bastante demostrado que ni el “todo privado” ni el “todo público” ofrecen buenos resultados. Y que un país no puede gestionarse como una empresa.

    La gran cuestión del futuro no consiste en de quién es la riqueza, sino de quién es la gente.

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