Cartas sobre la mesa
- Ley de transparencia y acceso público a la información.
- Creación de un portal nacional de transparencia pública que ponga a disposición de los ciudadanos, de una forma sencilla y directa, los datos básicos de los más de 20.600 organismos, instituciones y empresas que integran el abultado y complejo sector público español.
- Exclusión de las listas electorales de los procesados por corrupción.
- Reforma de la legislación electoral para desbloquear las listas cerradas que presentan los partidos políticos.
- Compromiso de los cargos públicos electos de formular y hacer pública su declaración de bienes e intereses.
- Modificar la normativa sobre financiación de los partidos políticos en línea con las recomendaciones del Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa: mayor información acerca de los préstamos recibidos, las fundaciones y empresas vinculadas, las finanzas de las sedes locales, etcétera.
- Obligatoriedad legal de rendición y publicación online de las cuentas de los partidos políticos, incluyendo el detalle de sus cuentas electorales.
- Ley para la protección al denunciante de prácticas corruptas o ilegales, tanto en el ámbito público como en el sector empresarial.
- Respeto efectivo de los principios de méritos y capacidad, y eliminación de la libre designación y el cese discrecional en la Administración pública. El mérito debería asegurarse para el acceso a los altos cargos y a los cargos directivos de las fundaciones y las empresas públicas. Deberían publicarse además los currículos de las personas que hayan accedido a esos cargos, fomentarse la carrera directiva profesional y eliminar cargos de asesores y eventuales.
- Pacto nacional de lucha contra la corrupción entre partidos, ONG, asociaciones empresariales, sindicatos y medios de comunicación que priorice la adecuada implantación de las normas existentes, refuerce las sanciones, asegure la independencia de los órganos encargados de la lucha contra la corrupción, y coordine las actuaciones en la materia.
Además proponen:
1. Crear un órgano o consejo de transparencia e integridad, no remunerado, con representación plural de los partidos políticos, las instituciones públicas y la sociedad civil. Este órgano plural debería impulsar y velar por la transparencia pública, y promover el cumplimiento de medidas como las señaladas en el anterior Decálogo.
2. Propiciar la introducción en los distintos niveles educativos de materias y contenidos éticos, de valores, y contra la corrupción.
3. Implantar en todos los partidos políticos un sistema permanente de control interno para prevenir y detectar posibles actuaciones corruptas, así como el correspondiente régimen de sanciones.
4. Para fomentar la transparencia, eficacia y eficiencia de las instituciones públicas, se debería:
a) Analizar los procesos administrativos para simplificarlos tanto como sea posible, y publicar periódicamente los correspondientes indicadores y resultados.
b) Desarrollar la contabilidad analítica y el cálculo y publicación de los costes reales de las diferentes actividades y servicios de los organismos públicos
c) Evaluar y publicar los costes y beneficios que proporciona cada una de las distintas instituciones públicas a los ciudadanos.
d) Establecer e impulsar un sistema de propuestas y sugerencias por parte de los empleados públicos para el ahorro de gastos en sus respectivas instituciones (con el posible establecimiento de premios o incentivos para las mejores iniciativas).
La negativa del Consejo General del Poder Judicial de exponer sus gastos tan solo a requerimiento del Congreso y el Tribunal de Cuentas ejemplifica el carácter patrimonial y cortijero del ejercicio de la función publica por una proporción suficiente de sus miembros para imponer tal criterio. Creo que la transparencia en la gestión del dinero público hoy en día y gracias a Internet es sencilla, barata y eficaz. Tan solo consiste en trasladar a una web las partidas contables. Una contabilidad dinámica (con periodicidad trimestral), abierta (no es necesario requerirla), y pública (accesible a cualquier ciudadano), permitiría conocer a cualquier magistrado, fiscal, secretario o conductor de autobús como se administra el dinero de los impuestos en ese Organismo.
ResponderEliminarLa extensión de este sistema permitiría igualmente saber cuál es el coste del vehículo oficial de un rector de universidad pública o los gastos de viaje un departamento de cualquier organismo público. Esta transparencia, realizable sin costes adicionales y con carácter inmediato permitiría confiar en la buena gestión del dinero público.
Juan Carlos Antón en carta a El País
Con una ley que hubiera permitido el acceso a todos los contratos firmados por la Generalitat Valenciana y el Gobierno de Baleares, ambas comunidades probablemente no tendrían tantos políticos bajo investigación, ni hubieran sido tan fáciles los presuntos manejos del yerno del Rey con fondos de esas autonomías. Tampoco habría sido tan sencilla la desviación de fondos de los ERE en Andalucía. Y si las Administraciones estuvieran obligadas a comunicar la documentación sobre recalificaciones de terrenos, contratos o privatizaciones, se hubiera podido conocer el porqué de las decisiones y prevenir posibles corrupciones.
ResponderEliminarEl Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero preparó un proyecto de ley de transparencia en su segundo mandato, pero la disolución anticipada de las Cortes impidió discutirlo. El de Mariano Rajoy aprobó su propio proyecto en el verano pasado y, tras las críticas recibidas, anunció el razonable deseo de consultarlo con otros grupos parlamentarios. Ahora se prevé llamar a una serie de expertos para seguir hablando del asunto. Bien, pero urge sacar la Ley de Transparencia del punto muerto en que se encuentra y engranar la velocidad adecuada para este vehículo legal.