domingo, 29 de enero de 2012

Las pensiones y sus enemigos

Voy a separar este tema de la entrada Público y privado por su importancia y porque se están produciendo movimientos respecto a esta cuestión.

Las pensiones deben ser públicas. Lo bueno de un sistema público de pensiones, que tiene que ser de reparto, es que el dinero que meten en el sistema los trabajadores sale inmediatamente hacia los pensionistas, por lo que es difícil que se extravíe o se invierta mal, y nadie puede reclamar comisiones por su funcionamiento.



En cambio, en los sistemas privados, necesariamente de capitalización, el dinero que van metiendo los trabajadores se invierte en diversos activos financieros. Esas inversiones pueden ser afortunadas (y entonces no pasa nada) o desafortunadas (en cuyo caso, o los trabajadores quedan en la miseria al jubilarse o tiene que pagar el Estado). En todos los casos los gestores de esos fondos se llevan unas comisiones injustificables.

No conozco ningún caso de un sistema público de pensiones que haya quebrado (porque, al ser público, simple, y estar a la vista de todos, si se prevén problemas, se pueden hacer ajustes, con debate, luz, taquígrafos y retribución electoral de las modificaciones). Sin embargo puedo citar muchos casos de fondos de pensiones privados que acabaron muy mal: Enron, Chile, Argentina... Los fondos de pensiones privados no deben tener ningún privilegio, ni fomento, ni desgravación por parte del Estado.

En enero de 2012 en España se está preparando un robo a los pobres para dárselo a los ricos. Las desgravaciones a los fondos de pensiones privados no tienen ninguna justificación y suponen más de 1.400 millones de euros anuales. Pues en vez de suprimirlas directamente, se está pensando en aumentarlas. ¿Por qué? Público lo explica muy bien:

El fichaje de Flavia Rodríguez-Ponga para la Dirección general de Seguros y Fondos de Pensiones del Ministerio de Economía es un ejemplo de lo que en el mundo anglosajón se conoce como "puerta giratoria": fue durante 12 años alto cargo de esta misma dirección general hasta que, en 2004, tras la victoria del PSOE, se convirtió en ejecutiva de Mutua Madrileña, una de las empresas punteras del mismo sector que supervisaba desde el Ministerio. Y ahora se completa al emprender el camino de regreso, al frente de la dirección general, justo en el momento en que los fondos de pensiones privados sufren una importante crisis y su patronal reclama nuevas exenciones fiscales y la reforma urgente del sistema público para empujar a los ciudadanos hacia los fondos privados.

De esa crisis de los fondos de pensiones privados ha hablado otro artículo:

Si las pensiones públicas están amenazadas con la crisis, las privadas aún más, según las cifras oficiales: tanto en Reino Unido como en EEUU, el agujero de las pensiones privadas –es decir, los recursos que faltan para poder satisfacer los compromisos contraídos—ha batido a final de 2011 sus respectivos récords.

En Reino Unido, según el informe del Banco de Inglaterra, el déficit global de los planes privados ascendía en noviembre a 266.000 millones de euros y afectaba a 5.390 de los 6.533 existentes. En EEUU, la consultora Mercer estima que el déficit de los planes de las empresas del índice S&P 1.500 suma 400.000 millones.

Los informes de la OCDE han puesto de manifiesto que, ante las crecientes dificultades financieras, los gestores invierten de forma creciente en los vehículos más especulativos para intentar aumentar la rentabilidad, con lo que ponen aún más en riesgo la bolsa de pensiones privada. Según The New York Times, el 50% de los ingresos de los fondos de capital riesgo (private equity) provienen ya de los fondos privados de pensiones, que entre 2000 y 2010 han pagado sólo en EEUU 17.000 millones de dólares en comisiones a los gestores de sus carteras.


El Ministro Cristóbal Montoro ha dicho que se mejorará la fiscalidad de los planes de pensiones. Espero y deseo que no le dejen.

 

25 comentarios:

  1. Pues bien, pese a todas las adversidades macroeconómicas, nuestro sistema, de reparto, sobrevive a la tormenta, y lo hace incurriendo en déficits que por el momento son de todo punto asumibles. A fin de cuentas, el sistema sueco [parcialmente de capitalización: la pensión del sistema público solo representa un 65% de sus ingresos de jubilado; otro 25% procede de planes de empresa, que los sindicatos consiguieron en la negociación colectiva de 1979 para el 90% de los trabajadores ocupados, y el resto, en torno a un 10%, llega de los planes de pensiones individuales], que también sufrió el impacto de la crisis financiera, en este caso la bursátil en 2008, por desplome del valor de su Fondo (¡menuda ironía!), se encontró con que conforme a sus reglas era precisa una rebaja de las pensiones de un 4,5% en 2009. Y, ¿cómo evitar entonces lo que era socialmente insostenible? Fácil, muy fácil. Acudiendo al Estado y aprobando en el Parlamento una modificación del IRPF que lo rebajara a los jubilados, para compensar así la merma de la pensión.

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  2. El gobierno justifica la limitación de la subida de las pensiones públicas al 1% en el argumento de que así ahorra en 2012 cerca de 2.000 millones de euros, un dinero que dice necesitar para cumplir los objetivos de déficit público que le ha marcado la Troika.

    Sin embargo, oculta que junto a esta medida, los Presupuestos Generales del Estado han subvencionado este año los planes de pensiones privados con una cifra prácticamente idéntica: 2.000 millones de euros que el Estado dejará de ingresar en impuestos para favorecer la contratación de planes de pensiones privados.

    Y no sólo eso, los presupuestos de 2013 prevén que estas subvenciones fiscales aumentarán a unos 2.200 millones. Es decir, mientras se recortan en un 2, un 5, un 10% o más las pensiones, la sanidad, la educación, la dependencia,... las ayudas para contratar fondos privados de pensiones tienen una subida del 10%.

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  3. Alentado por los beneficios que tanto para mí como para el país iban a tener los planes privados de pensiones, suscribí uno de estos productos por el que percibo 270 euros mensuales desde mi jubilación hace dos años. Mi pensión de la Seguridad Social es de 760.

    Como bien es sabido, si yo percibiera hasta 22.000 de un solo pagador, no tendría obligación de declarar. Pero como perpetro el abuso imperdonable de cobrar 13.000, eso sí, de dos pagadores, he de declarar obligatoriamente, con el resultado de tener que apoquinar a Hacienda entre 1.400 y 1.500 por declaración. Aquí naufraga la lógica fiscal junto con mi sueño mileurista, mientras me pregunto dónde se esconderá el genio de la ciencia que introdujo en la ley esta cruel penalización, solo por tener dos pagadores.

    Espero que alguien con facultades para la contrición pueda leer este lamento y ponerle remedio. De lo contrario, que a nadie más se le ocurra la idea de meterse en un plan de pensiones. Es una encerrona a cadena perpetua que se comerá en pocos años todo lo que se aportó.

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  4. Una de las principales recomendaciones de Bruselas pasa por “considerar una mayor limitación del gasto fiscal relativo a la imposición directa”. La traducción del peculiar lenguaje burocrático consiste en suprimir algunas de las múltiples deducciones del IRPF y sociedades.

    La mayoría de los expertos fiscales consultados coinciden en que hay que revisar las desgravaciones que suponen un coste para el Estado de cerca de 16.400 millones. La más cuantiosa es la deducción por compra de vivienda, unos 1.800 millones al año. Pero el punto de mira de Bruselas está puesto en la deducción sobre planes de pensiones privados.

    “En el impuesto sobre la renta personal, la desgravación fiscal de las contribuciones a planes de pensiones tiene efectos regresivos y falsea la composición del ahorro”, señala la Comisión Europea.

    “Cuando decimos que no hay suficiente dinero para las pensiones públicas, no tiene sentido financiar con dinero público, con 1.200 millones al año, las pensiones privadas que normalmente corresponden a rentas altas”.

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  5. La Comisión Europea sugirió hace unos días que España debería suprimir o limitar la desgravación fiscal por planes de pensiones privados. Para el Ejecutivo comunitario, en el impuesto sobre la renta personal, “la desgravación fiscal de las contribuciones a planes de pensiones tiene efectos regresivos y falsea la composición del ahorro”.

    Ignacio Zubiri, catedrático de Hacienda Pública en la Universidad del País Vasco, sostiene que estas desgravaciones tienen un coste elevado: en 2013, algo más de 2.000 millones de euros (equivalentes al 3% del IRPF), si se tiene en cuenta que en la Memoria de Beneficios Fiscales de los Presupuestos Generales del Estado para 2013 aparece la cifra de 1.112,31 millones, que tan solo corresponde a la parte estatal del IRPF, que supone, tras la aplicación de la nueva escala complementaria, en torno al 56%. Por la parte de las comunidades autónomas hay que añadir el otro 44%. “No tiene sentido”, según Zubiri, “dedicar dinero público a pensiones privadas, especialmente en un momento en el que se están recortando las pensiones públicas por falta de dinero”.

    Quienes apoyan la eliminación de esta desgravación consideran adicionalmente que su efectividad es limitada, porque la mayoría de la gente simplemente traslada a planes de pensiones ahorros que hubiera invertido en otros activos y, en muchos casos, hubiera utilizado para financiar su jubilación. Para estos expertos, además, se acoge a la deducción no solo el ahorro nuevo generado por el propio incentivo (probablemente, poco), sino el que se hubiera realizado en cualquier caso. Por último, consideran, tal y como recalca Zubiri, que “es una deducción que solo beneficia a las rentas altas, que son aquellas que más deducen —el 10% que más declara realiza el 35% de las deducciones— y las que más se ahorran por euro deducido, porque su tipo marginal en el IRPF es más alto”.

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  6. José Antonio Herce, experto en pensiones privadas, dijo en 2012 “Cuando hablamos de las pensiones complementarias o de las pensiones privadas, / … / no estamos siendo honestos / … / lo que necesitamos desesperadamente es que las pensiones públicas se replieguen de una o de otra manera para ampliar el espacio atribuido a las pensiones privadas”.

    Para conseguir esto se propala entre la opinión pública la falsa idea de que llegará un momento en que no se podrán pagar las pensiones públicas, cuando lo cierto es que, más de veinte años después de que se empezara con estas mentiras, las pensiones públicas se siguen pagando, y en cambio, muchos fondos de pensiones privadas han quebrado, han visto cómo se reducían drásticamente los fondos de sus partícipes, han sido rescatados por otros Estados (no en España), a costa de sus contribuyentes y están en el origen de la crisis financiera.

    Lo que debe hacerse en vez de difundir embustes es incrementar los recursos del sistema aumentando los ingresos (a través de cotizaciones sociales y/o aportaciones estatales) hasta alcanzar los niveles existentes de media en los países de la zona euro. Y en España, particularmente, por otras causas principales y obvias, pero también, secundariamente, por las pensiones, resolver el gravísimo problema social del desempleo masivo.

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  7. 1. No funcionó el pregonado paradigma universal aplicable a todos los países independientemente de sus notables diferencias económicas y sociales.
    2. No logró cubrir a la mayoría de la fuerza laboral porque el sistema privado es adecuado para un mercado laboral urbano formal, pero en América Latina predomina el sector informal.
    3. No se materializó la mayor parte de los efectos presuntos: la cobertura se estancó o cayó, la competencia no funcionó bien en la mayoría de los países, el gasto administrativo se incrementó, la cartera de inversión se concentró en deuda pública (donde no había mercado de capitales o era incipiente), la equidad de género se deterioró porque los sistemas privados acentúan la inequidad de género.
    4. Virtualmente, todas las reformas descuidaron las pensiones de asistencia social a los pobres.
    5. Probó ser falso el supuesto que la propiedad de las cuentas individuales y la administración privada impedirían la intrusión de la política, así en Argentina el Gobierno presionó a las administradoras de pensiones a invertir en deuda pública, provocando una pérdida del fondo en la crisis a comienzos de siglo.
    6. Generó costes fiscales de transición más altos y prolongados que lo proyectado.
    7. No se cumplió la premisa de que el Estado desempeñaría un papel subsidiario al mercado puesto que aquel tuvo un rol financiero clave.
    8. La crisis financiera global redujo notablemente el capital acumulado y su rendimiento, provocando crítica y paralizando las reformas estructurales en 2008.

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  8. Para estimar la pensión de una persona mayor de 50 años, como pretende hacer el Gobierno, las variables fundamentales son: normativa vigente, tiempo e importe de las cotizaciones acreditadas, evolución del IPC en el periodo de cálculo e importes máximos y mínimos de pensión. Todos estos datos se examinan cuando la jubilación se produce. Ninguno de esos elementos, ninguno, puede preverse con semejante antelación [17 años para una persona de 50 años que se jubilará a los 67], y menos en estos tiempos de precariedad e incertidumbre laboral. Cuando la edad de jubilación no esté cercana, la información que se facilite no podrá ser cierta.

    Dicha medida, manifiesta el ministerio, se desplegará de forma coordinada con las entidades financieras. En palabras del secretario de Estado, lo que se busca es que cada ciudadano pueda adoptar las decisiones de ahorro que más le interesen.

    Sin entrar a valorar lo sangrante que llega a ser esta última afirmación, lo cierto es que se están utilizando cuantiosos recursos humanos y materiales para suministrar una información fundamentada en datos impredecibles. Aproximadamente se van a enviar ocho millones de cartas. Cabe preguntarse a quién se pretende servir y cuánto nos va a costar.

    Pedro-José Moreno López.
    Cuerpo Técnico Superior de la Administración de la Seguridad Social, Barcelona.

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  9. Y hay otro ejemplo importante de superioridad gubernamental: las pensiones de jubilación.

    Tal vez no necesitaríamos pensiones públicas si la gente corriente fuese de verdad tan perfectamente racional y tuviese tanta visión de futuro como a los economistas les gusta suponer en sus modelos (y a la gente de derechas en su propaganda). En un mundo ideal, los trabajadores de 25 años basarían sus decisiones sobre cuánto ahorrar en una valoración realista de lo que necesitarán para vivir cómodamente cuando tengan más de 70 años. También serían inteligentes y perspicaces a la hora de invertir esos ahorros.

    En el mundo real, sin embargo, muchos estadounidenses, posiblemente la mayoría de ellos, ahorran poquísimo para su jubilación. Además, invierten mal esos ahorros. Por ejemplo, un informe reciente de la Casa Blanca revelaba que los estadounidenses pierden miles de millones cada año debido a que los asesores de inversión ponen más empeño en ganar tanto como pueden que en velar por el bienestar de sus clientes.

    Uno podría sentir la tentación de responder que si los trabajadores ahorran demasiado poco e invierten mal, es culpa suya. Pero la gente tiene trabajo e hijos y debe hacer frente a todas las crisis de la vida. Es injusto esperar que, además, sean inversores expertos. En cualquier caso, se supone que la economía debe ser útil para las personas reales que viven una vida real; no debería ser una carrera de obstáculos que solo unos cuantos puedan superar.

    Y, en el mundo real de la jubilación, las pensiones públicas son un ejemplo excelente de un sistema que funciona. Es sencillo y limpio, con un coste operativo bajo y unos trámites burocráticos mínimos. Les brinda a los estadounidenses mayores que han trabajado mucho durante toda su vida la oportunidad de vivir decentemente tras jubilarse, sin necesidad de poseer la capacidad inhumana de anticiparse al futuro que les espera décadas después, ni ser, además, unos prodigios de la inversión.

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  10. De acuerdo con el libro "The Elusive Quest for Growth", página 114, párrafo 2 "Muchos Gobiernos obligan a los fondos de pensiones que acumulan superávit en las primeras etapas de vida del plan, a prestar al Gobierno a tipos de interés negativos. Los ejemplos incluyen Costa Rica, Ecuador, Egipto, Jamaica, Perú, Trinidad y Tobago, Turquía y Venezuela". Otra razón para desconfiar de un sistema de capitalización y preferir el de reparto.

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  11. Los fondos de pensiones privados prometen alta rentabilidad a largo plazo. Por ello necesitan cuantiosos retornos en sus inversiones para mantener la palabra dada. Esto los obliga a lanzarse “a la búsqueda de rendimiento”. Pero como las obligaciones y los títulos de deuda pública en la actualidad apenas ofrecen rentabilidad, tienen que invertir en productos más complejos y más volátiles, “en la compra de activos cuyos precios sin duda no reflejan de manera realista los riesgos que llevan asociados”. En otras palabras, inflados por burbujas especulativas susceptibles de reventar.

    El problema, recuerda la OCDE, es que el 40% de sus inversiones se centran en títulos de renta fija o de bajo rendimiento. Si los tipos de interés siguen bajos, les será imposible respetar sus compromisos, a no ser que cambien la composición de su cartera (lo que a su vez entraña el riesgo explicado). Todo esto, en última instancia, “pone en peligro la solvencia” de los mismos.

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  12. El último informe de la Comisión Europea, con proyecciones hasta el año 2060, sitúa a España como el país con el sistema de pensiones más sostenible entre los grandes países de la UE. Se estima que el gasto en pensiones pasará en España del 11,8 % en 2015 al 11,0 en 2060, mientras que en Alemania o Bélgica subirá.

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  13. La policía de Brasil considera que existen pruebas de grupos delictivos organizados entre los líderes de empresas, los administradores de fondos de pensiones y las compañías calificadoras de activos y administradores de fondos de capital riesgo. El operativo apunta a un supuesto fraude en los fondos de pensión Funcef, Petros, Previ y Postalis, todos los cuales están vinculados con empresas estatales. A través de este fraude, 3.000 millones de reales brasileños (unos 1.000 millones de dólares) podrían haber salido de fondos de pensiones para engrosar los bolsillos de algunos de los sospechosos.

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  14. Solo tres de los 335 fondos de pensiones con 15 años de historia arrojaron desde el 2001 una rentabilidad superior a la del Ibex-35. Pocos gestores se merecen las comisiones que cobran". La evolución experimentada por estos instrumentos tampoco justifica el trato fiscal favorable del que gozan. Y todavía hay algunos, como Pedro Schwartz, que califican al sistema de reparto de "fraude piramidal", cuando ningún sistema de reparto en ningún país ha quebrado, pese a las falsas e interesadas alarmas sobre su sostenibilidad.

    En cambio, sí que han quebrado fondos de pensiones privados (por ejemplo el de Enron) y organismos como la OCDE han expresado su temor a que no puedan pagar a sus partícipes las rentabilidades prometidas.

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  15. la anémica rentabilidad de estos obedece a que:
    a) las gestoras y bancos que los mantienen son ineficientes o ignorantes;
    b) imponen al cliente minorista comisiones directas (de hasta el 2%) abusivas;
    c) le colocan acciones-basurilla a cambio de lograr de las empresas jugosos contratos de emisión de deuda, dirección de créditos sindicados u otros negocios mayoristas.

    O por una desleal coyunda de los tres motivos.

    Una especialidad corrupta y clandestina del sector se conoce como “rejoneo”: las astillas, propinas o comisiones que algunas gestoras reciben por incluir en las carteras de sus fondos determinadas acciones.

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  16. En el Estudio económico sobre España publicado el 14 de marzo de 2017, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico expone que es necesario subir el IVA y eliminar "exenciones del IRPF con un enfoque inadecuado". Esto es algo que también apuntó el Fondo Monetario Internacional (FMI) en su revisión anual a España, y que en el caso del IVA se llevaría a cabo mediante la eliminación de los tipos reducidos, mientras que en el del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas se haría eliminando las deducciones por vivienda habitual y por contribuciones a los planes de pensiones.

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  17. Los planes de pensiones no ofrecen una rentabilidad atractiva y, de hecho, algo más de la mitad de estos productos presentan un interés negativo en el último año, esto es, pierden dinero.

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  18. Según datos de la OCDE, los planes de pensiones comercializados en España tienen los terceros costes operativos más altos de entre los países desarrollados, después de Letonia y Chequia. Además su rentabilidad está entre las más bajas.

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  19. Según el sindicato de Técnicos de Hacienda (Gestha), estos beneficios fiscales suponen cada año una pérdida de recaudación para España de 2.000 millones de euros.

    Además no consiguen fomentar el ahorro individual: desde 2008 el número de partícipes ha caído un 10 %, desde los 10,6 millones hasta los 9,6 millones que registra en 2019.

    Gestha considera que los planes de pensiones privados ya no son un producto para complementar la jubilación, sino una vía de escape fiscal para las rentas más altas.

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  20. El propio sector de los planes de pensiones privados lo reconoce: «Actualmente no hay incentivos fiscales auténticos, sino un mero diferimiento de la fiscalidad», dijo la presidenta de Unespa (la patronal aseguradora), Pilar González de Frutos, en un encuentro en Madrid el 29 de octubre de 2019.

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  21. Luis de Guindos, vicepresidente de la institución con sede en Fráncfort, presentó el nuevo informe de estabilidad financiera y alertó del exceso de riesgos que están asumiendo tanto aseguradoras como fondos de pensiones en un intento por obtener la rentabilidad que necesitan para la sostenibilidad de sus negocios en pleno entorno de tipos negativos.

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  22. Chile cuenta con un sistema de pensiones de capitalización desde 1981. Las bajas pensiones a las que ha conducido son el primer motivo de las masivas protestas que convulsionan el país en noviembre de 2019.

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  23. A diferencia de otras desgravaciones, la que afecta a los planes de pensiones no reduce la base imponible, sino que la traslada en el tiempo. El dinero que se mete en un plan de pensiones es como si no se hubiera ganado. Pero cuando se recupera, al jubilarse, toca tributar por todo ese dinero.

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  24. Los fondos de pensiones han ofrecido una rentabilidad deplorable y la ventaja fiscal se la terminan apropiando los gestores vía comisiones. Cabe sospechar que con su deducción ocurre como con la famosa desgravación por vivienda, que después de un tiempo sólo incrementaba el precio de los inmuebles.

    El informe más conocido sobre la rentabilidad de los fondos de pensiones españoles es el de los profesores Pablo Fernández y Pablo F. Acín. Según su estudio correspondiente al periodo 2003-18, la rentabilidad del Ibex 35 en ese lapso fue de 118 % y la de los bonos del Estado a 15 años, del 95 %, pero la rentabilidad media de los fondos de pensiones apenas llegó al 38,7 %.

    En 2014, Acín comparó la rentabilidad obtenida por 248 alumnos del Colegio Retamar de Madrid, que elaboraron carteras aleatorias de renta variable, con el rendimiento de los fondos de pensiones de renta variable españoles. Los estudiantes lograron una rentabilidad media del 105% y los fondos se quedaron apenas en el 34%.

    Los técnicos de Hacienda señalaron la regresividad de la desgravación por fondos de pensiones, a los que sólo llegan las rentas más altas.

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  25. Eliminando completamente la desgravación de la que actualmente disfrutan los planes de pensiones en España se ahorrarían 1.643 millones de euros al año, según ha calculado la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF). Con ese dinero se podrían pagar políticas que beneficiaran a los más desfavorecidos, como una renta mínima.

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