Los políticos son necesarios. Alguien tiene que mandar. Y, salvo que aceptemos un sistema en que el mando recae por azar en cualquier ciudadano (que no lo aceptaríamos, no hay más que ver la resistencia de mucha gente a ser jurado, ni creo que llegara a funcionar bien), es necesario que la persona que tiene que mandar recabe votos, reciba apoyos y consiga ser elegido.
Pero el sistema para alcanzar el poder en España adolece de fallos. Una vez que llegan a sus cargos, los políticos están más preocupados de mantenerlos que de cumplir las promesas por las que fueron elegidos. Y después de perder el poder ya tienen la vida resuelta como diputados europeos o consejeros de empresas públicas municipales o de cajas de ahorros. Y no hablemos de la corrupción.
Para luchar contra la mayor lacra que amenaza nuestro sistema político, es necesario que en las listas de candidatos el votante de un partido pueda tachar un número de nombres (por ejemplo, hasta un tercio) sin invalidar el voto. Se computarían los nombres tachados y se restarían esos votos a ese candidato, de modo que a los candidatos sobre los que existen sospechas de corrupción les resultaría más difícil salir elegidos.
También es necesario evitar que la política se convierta en una profesión, porque eso aleja demasiado a los representantes de los representados y da la impresión de que han pedido nuestro voto para solucionarse la vida. Por eso, ninguna persona podría ser reelegida más de una vez para ningún cargo público: ningún alcalde, concejal, diputado nacional, autonómico o europeo, senador, ministro o presidente del Gobierno podría por tanto estar en su cargo más de ocho años. Y ninguna persona debería sumar más de doce años en más de un cargo. Se acabaría por tanto con la costumbre de mandar a Europa a los políticos amortizados. Los órganos de representación no deben ser un aparcamiento de fieles, sino foros donde se elabore la normativa más adecuada para los ciudadanos a los que representan. De la misma manera se procedería con los consejos de administración de empresas públicas (especialmente las municipales) y de cajas de ahorros, donde gente cuya única prueba de valía es que alguna vez estuvo en una lista al Congreso o al Senado vegeta en sinecuras con unos sueldazos vergonzosos, que encima pagamos todos.
Con esa limitación de tiempo veo yo más probable que la gente con auténtico deseo de hacer cosas se pusiera a hacerlas de verdad.
Un sueldo igualitario para los políticos
ResponderEliminar(carta de Uge López al diario Público el 03/08/2011)
Necesitamos cartillas de racionamiento. No, no crean que frivolizo sobre el hambre de los años cuarenta. Muchas personas lo sabemos porque tuvimos una. Mi propuesta va dirigida a la clase política y a sus remuneraciones, que salen de los presupuestos del Estado. Igual que hay que fijar techos de gasto para las comunidades autónomas, también hay que fijarlos para sus responsables políticos. Es una medida fácil de tomar e incluso de incluir en los presupuestos para 2012. Tabla rasa, todos iguales. El salario se irá reduciendo en función del nivel del puesto, de su productividad y de su dedicación. Quien decida dedicarse a la política podrá tener un mínimo de cuatro años garantizados con unas retribuciones generosas, pero nada más. Si no les interesa tienen el sector privado para desarrollar su carrera profesional. Tenemos que avanzar por este camino para no crear castas privilegiadas y reducir nuestro déficit para crear nuevos puestos de trabajo.
Dice el conseller catalán de Economía, Mas-Colell, que no tiene alternativas al impago de los geriátricos y centros de atención social por 70 millones de euros. ¡Y tanto que tiene!. Aquí van un par.
ResponderEliminarLa primera es acabar con los consells comarcals que se inventó Jordi Pujol. La inmensa mayoría de ciudadanos no sabemos ni qué hacen ni a qué se dedican pero en los consells de marras están colocados más de mil políticos, la mayoría de CiU y su eliminación nos ahorraría 560 millones, ocho veces la factura impagada. Y la segunda alternativa es reducir los “sueldazos” de los consellers y altos cargos catalanes.
¿Puede Mas-Colell mirar a los ojos de un anciano y decirle que no hay dinero para cuidarle mientras él mismo cobra el doble que un ministro a costa de nuestros impuestos?