Incluyo a continuación la propuesta núcleo del artículo de Javier Benavente Barrón el El País Negocios del 8 de agosto de 2010:
En mi opinión, el primer paso es la creación de una Agencia Nacional de Servicios a la Persona que cuente con al apoyo de todas las fuerzas políticas y sociales y cuyo objetivo primordial sea la promoción de la distribución de los servicios a la persona en cualquier lugar de España, permitiendo el desarrollo de un nuevo sector empresarial de creación intensiva de empleo no deslocalizable. Se encargará, además, de promover una modificación especial de la normativa laboral y fiscal del sector que permita mejorar las condiciones generales de los asalariados y su formación. Esta agencia tiene que delimitar el listado de actividades específicas a incluir como servicios a la persona e implantar un mecanismo de acreditación nacional de empresas prestatarias que garantice la cobertura geográfica y de calidad de los servicios.
Para lograr la equiparación de los precios con los de la economía sumergida, se deben adoptar una serie de medidas fiscales y laborales que, además de permitir la reducción de las cifras de desempleo y mejorar la calidad de los servicios prestados, no supongan ningún coste para la Administración y mejoren la competitividad de las empresas. Entre otras, será necesario la aplicación de un IVA muy reducido para las actividades del sector, la incorporación de deducciones en el IRPF para los particulares que contraten de forma regulada estos servicios, la disminución de cotizaciones sociales para los empleadores del sector y deducciones en el impuesto de sociedades para aquellas empresas que aporten a sus empleados estos servicios como medio de conciliación laboral. El saldo neto en las cuentas del Estado a nivel presupuestario deberá ser neutro, equiparándose los ingresos adicionales en nuevas cotizaciones e impuestos con las deducciones aplicables a particulares y empresas por la utilización de estos servicios de forma legal.
El señor Benavente es parte interesada, pues es presidente de la Asociación Española de Servicios a la Persona y presidente de la empresa Alares, que ofrece varios servicios de ese tipo. Pero el principio es válido: si por las circunstancias socioeconómicas es más rentable para trabajador y empleador que una actividad se realice de modo sumergido, lo que tiene que hacer el Estado es cambiar las circunstancias para que aflore.
En Francia ha sido un éxito este cambio de circunstancias. En España se debería, al menos, intentar, quizá no al principio con toda una agencia estatal, pero sí con el registro en alguna consejería autonómica de personas especializadas en algún tipo de servicio minoritario a domicilio, por ejemplo la asistencia informática o las clases particulares, y en la oferta de desgravaciones fiscales a quienes contrataran legalmente (es decir, con conocimiento de Hacienda) tales servicios.
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