La votación del 9-N se ha realizado en Cataluña, a pesar de la prohibición del Tribunal Constitucional. Ahora hay que responder.
El Gobierno del PP ha iniciado los trámites para llevar ante la justicia los posibles delitos cometidos.
La oposición del PSOE insiste en su plan de una reforma federal de la Constitución.
Otras voces reclaman que el Gobierno negocie con los separatistas, que declaran que lo único que están dispuestos a negociar es un referéndum legalmente válido.
Estudiemos las opciones:
A. Combatir el separatismo con la ley. Procesar a Artur Mas y a sus consejeros por desobediencia y malversación. Caso de ser declarados culpables, destituirlos e inhabilitarlos. Tener en cuenta la posibilidad de suspender la autonomía de Cataluña. Es una vía dura, de conflicto permanente. La tensión no desaparecerá, e incluso puede aumentar, pero los resultados son previsibles: Cataluña se mantendrá unida a España, dentro de la Unión Europea y del Euro, y España mantendrá su integridad, y podrá por ello hacer frente a sus compromisos internacionales. Recordemos que tiene una deuda pública de un billón de euros y deuda privada por un importe superior, y que de momento, en noviembre de 2014, puede pagarla con relativa comodidad, pues el riesgo país se percibe como bajo.
B. Emprender una reforma federal de la Constitución: a diferencia del primer camino, este se encuentra jalonado de incertidumbres. Primera: ¿aceptará el PP tal reforma? Seguramente, no. ¿Es por tanto políticamente productivo que el PSOE haga tal movimiento, sabiendo que será bloqueado enseguida? Segunda: caso de que se llegue a una reforma federal de la Constitución ¿todos los españoles la aprobarían mayoritariamente en referéndum? ¿Y los catalanes? ¿Y los vascos? ¿Qué pasa si en esas autonomías se rechaza? ¿No se convertiría este intento de mantenerlos dentro en una justificación para su salida? ¿Y qué harían los mercados ante cada convocatoria? Corremos el riesgo cierto de caminar hacia una situación bastante peor que la actual.
C. Negociar con los separatistas. ¿Qué se negocia? Dicen que solo negociarán un referéndum válido. De boquilla, como todas sus proclamas, pero no es que así creen un clima demasiado favorable. ¿Entonces? ¿Un concierto económico para Cataluña similar al vasco y al navarro? Qué bien, qué productivo es el chantaje. ¿Y así se quedarán tranquilos? Evidentemente, no. Con lo bien que les ha ido la estrategia de la reclamación constante ¿para qué van a abandonarla? Recordemos que la situación actual supone una ruptura del pacto constitucional: se cedió más poder que nunca a las Comunidades Autónomas con el fin de aplacar las reivindicaciones de los entonces nacionalismos. Hoy no solo no se han aplacado, sino que se han convertido en separatismos que no tienen ningún empacho en incumplir la propia ley que los sostiene.
Teniendo esto en cuenta, veo preferible la confrontación. Y bien que lo siento, porque este es un blog de soluciones. Pero hay problemas políticos que, mientras las partes mantengan sus posturas, no tienen solución, aunque sí un tratamiento óptimo.
Por tanto, no en defensa de la unidad de España, que como concepto abstracto me la trae al pairo, sino en defensa de los concretos intereses legítimos de la mayoría de los españoles (incluidos los catalanes, aunque no quieran aceptarlo), creo que deben tomarse las siguientes medidas.
1. Advertir a la Generalitat que no se negociará nada bilateralmente con ella y que se tomarán todas las medidas oportunas para asegurar el cumplimiento de la legislación vigente.
2. Suprimir la posibilidad de que el Estado o las Comunidades Autónomas controlen medios de comunicación (televisiones, radios, periódicos...), ya que son utilizados para manipular la opinión pública.
3. Abrir un proceso negociador con todas las Comunidades Autónomas, incluidas las de régimen foral, para un nuevo sistema de financiación justo y equitativo, basado en el número de habitantes (fiablemente actualizado cada año) y en los servicios que las autonomías prestan a esos habitantes. Las autonomías de régimen foral (que recaudan los impuestos) pagarán al Estado la diferencia entre lo que recauden y lo que deban recibir por el nuevo sistema (fin de los cupos vasco y navarro), mientras que las restantes autonomías recibirán el dinero directamente del Estado.
4. Publicar anualmente las balanzas fiscales (con el método carga-beneficio) y toda la información de ingresos fiscales (IVA, IRPF, especiales, tramos de contribuyentes por autonomía, etc.), con un retraso máximo de dos años (es decir, la información correspondiente al ejercicio 2012 se tendría que publicar, como muy tarde, en 2014).
5. Que el PSOE rompa de una vez con el PSC y cree en Cataluña una rama constitucionalista.
Tras el 9-N se confirma una evidencia: el independentismo es minoritario en Cataluña. Los propios independentistas se han movilizado al máximo para su día grande con 1,8 millones de votos del sí-sí, es decir, poco más de una cuarta parte de ese censo ampliado de unos 6,5 millones de mayores de 16 años, inmigrantes, residentes en el extranjero, etcétera. A partir de ahora, en lugar de hablar tan pomposamente del “pueblo de Cataluña” deberían hacerlo en nombre de una cuarta parte. Y es que hay mucho ruido y pocas nueces. Una minoría muy movilizada y subvencionada, que dispone a su antojo de las instalaciones públicas y los recursos públicos, pero que tiene enfrente a una clara mayoría de catalanes que no queremos separación ni confrontación sino entendimiento con el resto de españoles.
ResponderEliminarLos medios públicos, una vez más, en uno y otro lado, fueron los grandes perdedores del conflicto, sometidos al poder político.
ResponderEliminarCataluña y España están inmersas en un proceso tan viejo como el mundo; las regiones ricas intentan desembarazarse de las menos afortunadas para no tener que soportar una carga económica real o figurada. De ahí que no sea fácil encontrar soluciones o medidas que hagan reversible una situación de deterioro que se ha acelerado, ¡oh casualidad!, a raíz de la crisis.
ResponderEliminarSolo hay un buen argumento para defender la idea de que Cataluña siga formando parte de España. Es a lo más que puede aspirarse desde Madrid (aparte, claro está, de intentar no fomentar el mal ambiente ya existente entre ambas partes) o desde la Cataluña no independentista. Y es este: que cuando los países se desestabilizan, tardan mucho en conseguir estabilizarse de nuevo.
Wolkswagen ha decidido pisar el freno en la planta de Martorell ante la incertidumbre política que genera el movimiento independentista. La fábrica barcelonesa continuará con la producción que tiene planificada pero el grupo alemán no aclarará de momento las inversiones futuras, lo que sí ha hecho con otras plantas de la compañía. Por ahora, Martorell ha perdido en favor de Chequia la producción del todocamino que estaba basado en la plataforma del Seat León.
ResponderEliminarLa soberanía reside en todo el pueblo español. Pero un presidente autonómico, contrariado porque se le ha negado una financiación privilegiada, ha llevado a cabo una consulta para separar su autonomía que, aunque ilegal e inválida, ha obtenido más de un millón de votos afirmativos a una pregunta ambigua. Eso ha creado una inestabilidad que perjudica al país entero.
ResponderEliminarEs posible que castigar la ilegalidad a través de la fiscalía sea difícil. Y probable que la reforma federal planteada por el PSOE no sea la solución, pues el PP podría bloquearla y, aun en el caso de que estuviera de acuerdo y se sometiera a referéndum, podría ser rechazada. Me gustaría, por tanto, proponer la siguiente idea: tras encuestas cuidadosas que aseguraran que se ganaría y que la participación sería suficiente en todo el territorio, convocar en toda España un referéndum con una pregunta clara y directa: ¿Quiere usted que Cataluña siga unida al resto de España y dentro de la Unión Europea?
¿Qué hacer el día de la declaración de independencia o el día en que, sin esa declaración, el Gobierno catalán se dirija al Gobierno de la Nación y a los órganos comunitarios expresando su intención de constituir el nuevo Estado? La declaración parlamentaria de independencia es un acto jurídico que, por sí solo, posee una densidad jurídica limitada y bastará con su impugnación ante el Tribunal Constitucional para suspenderla. Pero, con declaración parlamentaria o con una mera comunicación, Mas intentará crear estructuras de Estado, y es ahí donde se debe intervenir.
ResponderEliminarHabrá quien piense que son las Fuerzas Armadas las que deben intervenir. Hasta hace pocas semanas, parecía que esa opción era impensable, dada la conciencia democrática y la apoliticidad de las actuales Fuerzas Armadas. Pero las palabras de ciertos generales obligan a ponerse en guardia. Los Gobiernos conservadores, a diferencia de los Gobiernos socialistas, simpatizan con un cierto nivel de autonomía de las Fuerzas Armadas y en ese caldo de cultivo pueden surgir ideas y debates sobre una eventual intervención militar en una Cataluña declarada independiente. Mejor olvidarlo. En primer lugar, porque una intervención militar provocaría muy posiblemente una reacción violenta, por minoritaria que fuese. En segundo lugar, porque la historia demuestra que cuando un Estado se pone bajo de la protección de los ejércitos, es difícil liberarse de esa tutela.
Pero excluir rotundamente una intervención militar no quiere decir que el Estado democrático se cruce de brazos. Como dice el documento El proceso constituyente, la declaración de independencia ha de ir acompañada de la “desconexión del sistema institucional y jurídico español”. Ahí, sin acuerdo con el Estado, ya tendríamos un delito de rebelión si no le faltara el requisito de la violencia (artículo 472.5º del Código Penal), pero el hecho de que no encaje en el tipo penal no significa que el Estado deba contemplar pasivamente la situación.
La asociación Empresarios de Cataluña se ha presentó oficialmente el 11 de diciembre de 2014 en un acto celebrado en un hotel de Barcelona, al que asistieron más de 300 personas. Esta agrupación de un centenar de empresarios rechaza el proceso secesionista liderado por el presidente catalán, Artur Mas. Su manifiesto afirma: «El Gobierno de la Generalitat no puede ni debe abandonar los principios de legalidad y neutralidad, si no nos quiere llevar a un gravísimo callejón sin salida. No se puede seguir perjudicando ni poniendo en riesgo las relaciones con nuestros clientes, proveedores, fuentes financieras, inversores y socios del resto de España, los cuales contemplan con preocupación y estupor la evolución de este proceso secesionista».
ResponderEliminar«Dada la responsabilidad, siquiera parcial o compartida, que han tenido las izquierdas en esta actualidad descabellada, dudo de que el PSOE o el PSC anden sobrados de legitimidad para proponer por su cuenta y riesgo, y menos después de negociar con quien declara enemigo al Estado y alardea de “engañarlo con astucia”, reformas constitucionales, federalismos, terceras o cuartas vías, asimetrías y fildurcios que de todas maneras no aplacarán la sed insaciable de soberanía de los que han sido educados en el desprecio y aborrecimiento de todo lo que suene a español, en el chovinismo y en un sentimiento de agravio ya muy fosilizado.»
ResponderEliminarIgnacio Vidal-Folch, en El País
Con un techo electoral máximo de 28% de independentistas tras una propaganda, durante los últimos años, avasalladora y pagada con dinero público, con el frente soberanista dividido por razones partidistas e incapaces incluso de ponerse de acuerdo en los presupuestos del próximo año, sin ningún apoyo internacional aparte de partidos xenófobos como la Liga Norte o el Vlaams Belang, está claro que el proceso está muerto y enterrado. Es hora de que se vaya, señor Mas, como hizo el señor Ibarretxe. Deje de engañar a los catalanes y de hacer el ridículo. ¡Dimita!— Pau Vives Iborra, Matadepera, Barcelona
ResponderEliminarEn el siguiente ciclo político, la pulsión secesionista se convertirá en un factor crónico de tensión, en un elemento de desestabilización grave, pero sin posibilidades de producir un jaque mate al orden constitucional. Principalmente porque, en condiciones normales, el muro de la legalidad es insalvable. Y porque, además, el conflicto es irresoluble en los términos que se plantea. Pero eso no significa que el envite vaya a desaparecer sino todo lo contrario: está más bien llamado a enquistarse muchos años.
ResponderEliminarUn estudio elaborado por Convivencia Cívica Catalana (entidad contraria al separatismo) basado en datos del Registro de Inversiones del Ministerio de Economía y Competitividad (http://datainvex.comercio.es/principal_invex.aspx), afirma que, entre enero y septiembre de 2014, Cataluña recibió inversiones extranjeras por valor de 1.094 millones de euros, cuando en el mismo período de 2013 fueron 1.999 millones. Una caída del 45,2%. En cambio, la Comunidad de Madrid recibió en ese período de 2013 5.554 millones, y en el de 2014, 5.091 millones, es decir, una disminución de solamente el 8,3%, cinco veces inferior a la de Cataluña.
ResponderEliminarLos números son muy claros: los catalanes hemos gastado 20 veces más dinero en el “Gordo” de la Lotería Nacional que en la “Grossa” —“Gorda” en catalán— de la Generalitat. Lo de la lotería catalana estaba pensado para ser una de esas flamantes “estructuras de Estado” que tanto entusiasman a Artur Mas, pero el experimento ha resultado un pelín fallido: ha caído su facturación, más de la mitad de billetes no se han vendido y, para colmo, el primer premio, gran parte del segundo y casi todo el tercero han quedado sin ganador. La “Grossa”,en vez de una lotería, parece un impuesto nada encubierto.
ResponderEliminarEl pacto en enero de 2015 para celebrar elecciones "plebiscitarias" en septiembre deja muy claro que la verdadera intención de Artur Mas no es alcanzar la independencia, sino instrumentalizar la ambición independentista para mantenerse en el poder. Y la voluntad de ERC no es consumar la secesión, sino ganar unas elecciones autonómicas e hilvanar un gobierno que provoque la desintegración de CiU.
ResponderEliminarSegún las entidades bancarias JP Morgan, el banco japonés Nomura y la Unión de Bancos Suizos (UBS), la independencia de Cataluña supondría más deuda, más déficit, muchas menos inversiones internaciones en un territorio que estaría fuera del euro y de la Unión Europea. Los ingresos serían insuficientes para cubrir los nuevos gastos que se generarían.
ResponderEliminarEl primero, la afirmación desacomplejada del Estado de derecho. Tomando, si persiste el desacato, las medidas coercitivas que la ley democrática dispone.
ResponderEliminarEl segundo, proceder a la reforma del Estado. Reconocer que nuestro ordenamiento contiene fallos de diseño territorial no supone dar la razón al soberanismo, sino entender que su actual configuración concede a los nacionalistas demasiados pretextos (no causas) para encizañar a la ciudadanía. El fallo más conspicuo es la ausencia de un cierre competencial que minimice las ocasiones de litigio entre distintos niveles de gobierno; la técnica federal puede ayudar. Hay problemas también de tipo fiscal: falta un mecanismo claro, justo y eficiente para la financiación del autogobierno. Hay, en fin, una larga y fatigosa querella lingüística, agravada por la indiferencia del Estado (que ignora la dimensión política de las otras lenguas españolas, de las cuales ha cedido con desdeño la gestión en exclusiva a las comunidades) y la mala fe de los nacionalistas (que a poco que alcanzan el poder, gobiernan con evidente desprecio del pluralismo lingüístico): es necesario estabilizar el marco regulatorio del plurilingüismo español con criterios de equidad, haciéndose cargo de las razonables aspiraciones de todos los hablantes.
Con carácter general, la nación puede serlo en sentido jurídico-político (nación dotada de soberanía/poder constituyente, la nación-Estado); en sentido cultural (colectividad territorial con identidad nacional propia pero carente de soberanía/poder constituyente), o en ambos simultáneamente.
ResponderEliminarEn la Constitución española, España es nación en sentido tanto jurídico-político como cultural, mientras que a las naciones (solo) culturales que forman parte de la nación española se las distingue de esta denominándolas “nacionalidades”. Constitucionalmente, España es, por tanto, una nación de nacionalidades (y regiones); o, lo que es lo mismo, una nación (jurídico-política y cultural) de naciones culturales (y regiones).
El profesor de Historia José Ángel Ruiz habla en Radio Nacional de su libro "Y llegó la barbarie: nacionalismo y juegos de poder en la antigua Yugoslavia". Puede verse que el esquema es calcado al que se sigue en Cataluña.
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