jueves, 6 de noviembre de 2014

La renta básica

Wikipedia: la renta básica universal o ingreso ciudadano se define como un ingreso pagado incondicionalmente por el Estado a cada ciudadano, incluso si no quiere trabajar de forma remunerada, sin tener en cuenta si es rico o pobre, independientemente de cuáles puedan sus otras posibles fuentes de renta, sin importar con quién conviva, y que cubra, al menos, las necesidades vitales.


El concepto está claro: significa que a la cuenta de cada ciudadano llegan cada mes, digamos quinientos euros, del Estado, ya sea presidente de un banco o esté tirado en la calle, ya sea un niño de tres años o una anciana de noventa. Y luego los gasta como quiere.

También está claro que, al menos en los países desarrollados, PUEDE implantarse. Por ejemplo, España cerró 2013 con una población de 46.507.760 personas. Multiplicando por 500 y por 12 meses salen 279.046.560.000, es decir, más de doscientos setenta y nueve mil millones de euros. El PIB español es de un billón de euros, y el fraude fiscal, del orden del 24%. Solo con la cantidad que se pierde en fraude fiscal (unos doscientos cuarenta mil millones) ya se podría pagar casi toda la renta básica.

Lo que no está tan claro es si DEBE implantarse. Los experimentos que se han hecho, parciales, limitados a poblaciones pequeñas (Manitoba, Canadá; Omitara, Namibia) y durante cortos espacios de tiempo, no muestran el aumento de inflación ni la desgana por trabajar de las que advierten los críticos. Aparecen efectos muy positivos, como la reducción de las adicciones, los robos, las enfermedades y el aumento de la asistencia a clase.

Sus partidarios afirman también que sería más barata que todo el actual sistema burocrático que otorga las ayudas sociales (en esto, a mí las cuentas no me salen: en los Presupuestos del Estado para 2015  el subsidio de desempleo se estima en 29.727 millones y los servicios sociales y promoción social en 1.849 millones. Total: la renta básica saldría DIEZ VECES MÁS CARA. Además, una renta básica no suprime la necesidad de muchos servicios sociales: porque los niños huérfanos o de padres que no pueden hacerse cargo reciban la renta básica, no van a desaparecer los orfanatos o casas de acogida. Porque todos los ancianos reciban la renta básica, no va a desaparecer la necesidad de residencias. Ya la hay, y eso que actualmente todos los mayores cobran pensión).

En general, se considera que la renta básica sustituiría al seguro de desempleo. Eso tendría el efecto de que, cuando una persona se quedara sin trabajo, cobraría al mes solo la cantidad establecida (quinientos euros por poner un ejemplo, pero en todo caso una cantidad baja, el mínimo imprescindible para satisfacer sus necesidades vitales) sin importar que hasta entonces hubiera estado ganando seiscientos euros o tres mil.

Es previsible que la mayor parte de este ingreso se destinara al consumo, y así el Estado recuperara al menos un quinto (a través del IVA) y probablemente, más, por el efecto impulsor que tendría en la economía.

Y lo que está todavía menos claro es si los ciudadanos QUERRÍAN que se implantara. Suiza, que por ingresos podría introducirla cómodamente, celebrará un referéndum  sobre la cuestión. Se estima que se rechazará. En el Reino Unido, que tiene un sistema de prestaciones sociales relativamente generoso, el descontento de los ciudadanos de cuyos impuestos salen, pero que no las reciben (porque son relativamente ricos) es muy fuerte.

Yo personalmente no estoy de acuerdo con la renta básica incondicional. Me parece que rompe el esquema derechos-deberes en el que se asienta una sociedad democrática: derecho a la libertad de expresión, pero deber de no injuriar; derecho a votar, pero deber de aceptar la opción elegida por la mayoría y de sufragar con impuestos las decisiones que tome; derecho a formar una familia, pero deber de mantener a los hijos; derecho a la renta básica... ¿sin ningún deber ligado? Me resulta por ello terriblemente disolvente: ¿cómo se va a exigir el esfuerzo de trabajar si de nacimiento se tiene el derecho a eludirlo?

Temo incluso que favorecería la marginación de muchas personas, que por su personalidad rechazan someterse a una disciplina: en el Reino Unido existen familias que han hecho de las ayudas sociales su único medio de vida y donde ningún miembro ha trabajado en tres generaciones. Sus vecindarios son un absoluto desastre de droga, delincuencia y descomposición.

Otra cosa completamente distinta, aunque algunos la confundan, es el ingreso mínimo garantizado  , también conocido como salario social o renta mínima de inserción, por el cual, si los ingresos de una persona o familia no alcanzan un mínimo, y no dispone de otras rentas ni posesiones, tiene derecho a recibir ayudas A CAMBIO de aceptar trabajos, formación u otras condiciones.

En España, cada Comunidad Autónoma tiene el suyo: ver este artículo de Eroski Consumer, a mi entender incorrectamente titulado como "Rentas básicas en España"; un título más adecuado sería "Salarios sociales en España"). Con el salario social condicionado estoy PLENAMENTE de acuerdo, y de hecho he recomendado esquemas de ese tipo en entradas sobre la pobreza energética, el derecho a la vivienda y los desahucios.  Porque creo firmemente que el ciudadano, a cambio del deber de contribuir a la sociedad con su esfuerzo, tiene el derecho, si se ve en determinadas dificultades, a ser ayudado por esa misma sociedad PARA SALIR DE ELLAS, no para perpetuarlas.

27 comentarios:

  1. El sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda (agrupados en el colectivo Gestha) ha echado cuentas para intentar averiguar si la idea sería sostenible vía impuestos en España. Y no parece fácil. Según explica José María Mollinedo, secretario de Gestha, “la renta básica universal debería evitar la pobreza material y proporcionar la oportunidad de participar en la sociedad. Esto significa que tendría que estar, como mínimo, al nivel del riesgo de pobreza según los estándares de la Unión Europea”. En España, el Instituto Nacional de Estadística (INE) calcula que el umbral de la pobreza el año pasado se situaba en 7.508,6 euros. Con la actual arquitectura impositiva del país, los números no salen. Al menos a Gestha. Financiar esos 7.508,6 euros para todos costaría a las arcas públicas 353.351 millones, una cantidad muy por encima de los ingresos vía impuestos (210.712 millones) recaudados por el Estado y las comunidades autónomas.

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  2. Un total de 637.573 personas estaban cobrando en España una renta mínima de inserción (RMI) a finales del 2013, con una media de 418 euros al mes (el 64,87% del salario mínimo interprofesional), según el informe anual publicado ayer por el Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales. Eso significa que el 1,35% de la población cobraba el año pasado esta ayuda.

    En 2012 la cifra de receptores de la renta mínima fue de 554.127 personas, lo que supone un incremento de 83.446 personas, el 15,1%, de un año a otro.

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  3. La nueva ayuda a los parados será de 426 euros mensuales y durará seis meses. Los perceptores no deberán percibir rentas ni otras ayudas, y deberán tener cargas familiares. Los parados de larga duración podrán cobrar la nueva ayuda y trabajar al mismo tiempo.

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  4. La compañía británica Greencore, con plantas en Northampton, estaba reclutando trabajadores ¡en Budapest! Preguntada por la BBC, la directora de recursos humanos aseguró que tenían un problema en Northampton. “No hay mucha gente disponible”, añadió, “y no siempre es el tipo de trabajo que la gente quiere hacer”.

    En Northampton hay cerca de 8.000 desempleados, 1.900 menos que en 2013. Una tasa del 6,8%, ligeramente superior a la media nacional. Un 14% de la población en edad de trabajar recibe algún subsidio. Su situación geográfica en el corazón del país convierte a Northampton en un centro logístico de transporte, un sector donde abundan los salarios bajos. Un 11,3% de la población activa carece de titulación (frente al 9,3% de media nacional). Y uno de cada cuatro jóvenes de 18 a 25 años es inactivo económicamente: ni tiene trabajo ni está formándose.

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  5. CC OO y UGT reclaman la creación de una renta mínima para aquellos que no tienen ingresos ni posibilidad de percibir prestaciones por desempleo ni ayudas sociales. Ambas centrales han elaborado una proposición de ley que prevén llevar al Congreso de los Diputados como Iniciativa Legislativa Popular. La ayuda sería de 426 euros mensuales, llegaría a 2.150.000 personas y costaría 11.000 millones de euros anuales.

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  6. Las propuestas de “renta mínima” nacen de una misma inquietud social que las fórmulas de “renta básica universal”. Pero difieren en que se concentran en quienes las necesitan, en que exigen requisitos y en su coste. Por el contrario, la “renta básica” se otorgaría a todos los ciudadanos sin excepción: de Ana Patricia Botín al último mendigo. Costaría entre 145.000 y 257.000 millones (del 15% al 25% del PIB), y para obtenerlos, en el mejor de los casos habría que duplicar la recaudación. En cambio, la renta mínima solo supondría un 1% del PIB y es perfectamente asumible en las condiciones actuales.

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  7. Cerca de 1,8 millones de personas viven en hogares sin ingresos del trabajo, ni de prestaciones por desempleo o de pensiones contributivas. En muchos casos tampoco cobran subsidios. Entre los siete países con mayor riesgo de pobreza infantil de la UE, están los seis que no cuentan con una renta básica. España, con la segunda mayor tasa (30%) de niños en riesgo de pobreza, está de nuevo entre los señalados.

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  8. los socialistas proponen un Ingreso Mínimo Vital que supone multiplicar por seis, hasta alcanzar los 6.450 millones de euros al año, los recursos destinados hasta ahora a paliar la pobreza en España.

    La propuesta persigue dos objetivos: ayudar a unas 730.000 familias sin ingresos para que puedan dar respuesta a las necesidades más básicas y combatir decididamente la pobreza infantil, con ayudas familiares por hijo que beneficiarían a unos 2,3 millones de niños.

    El Ingreso Mínimo Vital en nada se parece a otras propuestas que plantean rentas para todos los ciudadanos, sino que está enfocado en aquellas familias que peor lo están pasando.

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  9. Un estudio del profesor Juan Gimeno Ullastres, catedrático de Economía Aplicada de la UNED concluye que una renta básica de 400 euros mensuales sería viable en España. Costaría en bruto 163.000 millones de euros, de los cuales el 60%, tras haber sido pagado a los ciudadanos, volvería al Estado a través del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF).

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  10. Los suizos han rechazado por un 78% de los votos instaurar una renta básica para todos los residentes en el país en un referéndum celebrado el 5 de junio de 2016. La iniciativa garantizaba un ingreso para todos los residentes en Suiza, durante toda la vida, aunque sólo en la medida en que la persona no dispusiese de un ingreso mensual equivalente.

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  11. La Renta Mínia de Inserción (RMI) es un derecho con rango de ley (Ley 15/2001, Reglamento 126/2014) en la Comunidad de Madrid (C.M.), donde debe residir la persona solicitante. Ésta debe tener residencia legal en España, lo que no se exige al resto de la unidad familiar.

    La finalidad de la RMI es atender las necesidades básicas de toda la unidad familiar residente en el mismo alojamiento (Unidad de Convivencia o UdC):

    * Sustento, habitación, vestido y asistencia médica.

    * Educación e instrucción de menores (o mayores, en ciertos casos).
    * Gastos de embarazo y parto, si no están cubiertos de otro modo.

    Su importe máximo en 2016 es 655,20 euros mensuales.

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  12. (página 684)

    Todas las comunidades y ciudades autónomas cuentan con programas de renta mínima de inserción (RMI).

    Los últimos datos disponibles, que alcanzan hasta 2014, muestran que el número de perceptores de RMI disminuyó ligeramente ese año, pasando de unos 640.000 a unos 605.000. La cuantía mínima promedio de la RMI se sitúa en los 400 euros por titular y mes, que puede aumentar si el titular tiene dependientes a su cargo.

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  13. La renta básica vuelve a estar en la agenda. El elevado desempleo que se prolonga desde que empezó la crisis financiera en 2007, el aumento de la desigualdad y la distribución desproporcionada de los beneficios de la globalización son el contexto de este resurgir de la defensa de una renta garantizada como alternativa al sistema actual.

    Una renta básica sin condiciones que proporcionase unos ingresos mínimos a todo el mundo rompería el vínculo entre prestaciones sociales y trabajo remunerado. Por eso este planteamiento va en contra de la base ética del Estado de bienestar. Tal y como lo conocemos, este sistema otorga beneficios sociales de manera condicional, temporal y selectiva. Eslóganes como “quien no trabaja, no come”, “no se puede esperar algo a cambio de nada” y “la comida gratis no existe” expresan claramente ese principio ético en el que se sustenta el Estado de bienestar.

    Es muy probable que una renta básica digna requiera unos tipos impositivos más altos para financiar el sistema. Sin embargo, los efectos globales en la economía en su conjunto todavía son sumamente inciertos.

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  14. Un grupo de 2.000 desempleados finlandeses elegidos mediante muestreo aleatorio se convertirán a partir de enero de 2017 y durante un periodo de dos años en protagonistas de un experimento mediante el que la Seguridad Social de Finlandia quiere evaluar los efectos de la implantación de la renta básica. Estos elegidos cobrarán 560 euros al mes libres de impuestos.

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  15. El historiador holandés Rutger Bregman irrumpió en el debate ideológico de su país en 2014 con la publicación de su ensayo "Utopía para realistas". En él propugna la renta básica como inversión. «Hay muchas pruebas científicas que demuestran de que la pobreza es enormemente cara: genera más delincuencia, peores resultados académicos, enfermedades mentales… Sería mucho más económico erradicar la pobreza que combatir los síntomas que provoca.»

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  16. Durante la presentación del informe "¿Qué cambiaría una renta universal?" la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) juzga positivo que países como Finlandia y Holanda estén haciendo experimentos de renta básica, pues el sistema de protección social actual se está quedando obsoleto.

    Advierte, eso sí, que en países ricos como Francia o el Reino Unido, una renta básica tendría el paradójico efecto de disminuir los ingresos de las familias más pobres.

    Considera más viable que, manteniendo el actual Estado de bienestar, se otorgara a ciertos colectivos y durante un tiempo limitado, una renta específica.

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  17. La OCDE acaba de recomendar que se experimente (Basic income as a policy option, marzo 2017) y la Brookings la encuentra útil para dar “seguridad contra las crisis económicas” (Can a universal basic income meet univeral basic needs?, 12 de junio).

    El gran problema es su alto coste. La OCDE lo estima entre un 2% y un 10,2% del PIB.

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  18. Todo el gasto actual en pensiones y subsidios no alcanzaría para pagar una renta básica que superara la línea de la pobreza. En el país más generoso, Luxemburgo, este gasto es del 45 % de dicha línea.

    Es posible hacer una renta básica presupuestariamente neutra si sustituye a todos los subsidios a personas menores de la edad de jubilación (las pensiones no cambiarían).

    Algunas personas recibirían más que con el actual sistema de subsidios condicionados y otras, menos. En Francia un 2 % de la población se elevaría por encima de la línea de pobreza, pero un 5 % descendería por debajo.

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  19. La renta básica podría proteger de las crisis económicas a la población de los países en desarrollo.

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  20. Los economistas Daniel Raventós, Jordi Arcarons y Lluís Torrens publicaron el 26 de julio de 2017 un extenso artículo en el que detallaban un sistema para implantar la renta básica en España y calculaban su coste.

    El modelo se sustenta en los siguientes criterios:
    1) La cantidad de RB transferida es igual o superior al umbral de riesgo de pobreza. Garantiza pobreza cero en términos estadísticos para toda la ciudadanía.
    2) La RB transferida no está gravada por el IRPF.
    3) La RB transferida sustituye toda prestación pública monetaria de cantidad inferior y hasta esa cantidad.
    4) La RB transferida deberá ser complementada, cuando sea inferior a la prestación pública monetaria.
    5) La RB transferida no debe suponer la detracción de ningún otro ingreso público por la vía del IRPF. O dicho a la inversa: el modelo deberá financiar lo que ya se financia actualmente (sanidad, educación… y todas las otras partidas de gasto público), además de la RB que se propone.

    La cantidad de RB para los mayores de 18 años es de 7.471 euros anuales (622,5 euros mensuales), para los menores de edad es el 20% de la anterior (124,5 euros mensuales). Los 622,5 euros mensuales era el umbral de riesgo de pobreza en España para el año 2010.

    El coste total de la renta básica es 217.237 - 29.367 millones de euros. Para financiarlo se reformaría el impuesto sobre la renta de la siguiente manera:
    1) Integración de la base del ahorro en la base general.
    2) Eliminación de la compensación entre rendimientos.
    3) Eliminación del mínimo personal y familiar.
    4) Eliminación de las reducciones sobre la base imponible y de las deducciones sobre la cuota.
    5) Tipo único impositivo del 49 % sobre todas las rentas excepto la RB, que no está gravada.

    Más del 80 % de la población saldría beneficiada.

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  21. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) calcula que la aprobación de la ley que establecería una prestación de ingresos mínimos para personas sin empleo tendría un coste presupuestario de entre 6.000 y 15.300 millones de euros, dependiendo de si se incorporan o no determinadas enmiendas.

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  22. En primer lugar, tenemos un problema de incentivos para aceptar ofertas de empleo. Supongamos un beneficiario que recibe una oferta laboral por un salario igual a la cuantía de la PIM más un euro. En este caso, su renta sería únicamente un euro más alto si acepta el empleo. Es decir, estaría trabajando todos los días por un euro.

    En segundo lugar, tenemos un problema con los inactivos que tienen un incentivo muy grande a apuntarse al desempleo para percibir la prestación. Imaginemos un hogar formado por una pareja con dos hijos, donde la mujer trabaja y el hombre está inactivo (ni trabaja ni busca trabajo). En este caso, si la renta familiar total es inferior a 25.474, activándose el hombre y esperando 12 meses tendría derecho a la PIM.

    Por último, las CC AA tienen la competencia en asistencia social y de hecho todas han implementado programas similares a la PIM. Sin entrar en la constitucionalidad de la propuesta, parece evidente que el incentivo de las CC AA es dejar al Estado la financiación de la PIM, y ellas ocuparse únicamente de gestionar el gasto, perdiendo la corresponsabilidad fiscal.

    Para solucionar estos problemas de diseño se me ocurren tres enmiendas. En primer lugar, involucrar a las CC AA en el diseño, la gestión y su financiación. En segundo lugar, que el trabajador no pierda la PIM si encuentra trabajo, sino que pierda solo un porcentaje de la PIM. Empezaría siendo una prestación para quien no trabaja y no tiene recursos y terminaría, al menos durante algún tiempo, siendo un complemento salarial. En tercer lugar, para evitar el efecto llamada de los inactivos y controlar el gasto, al menos en una fase inicial, se podría empezar restringiendo el colectivo de beneficiarios a los desempleados que, habiendo trabajado en el pasado, lleven más de dos años en paro o haya transcurrido más de un año una vez terminada la prestación.

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  23. A favor: "Renta básica incondicional. Una propuesta de financiación racional y justa" del catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Barcelona Jordi Arcarons, el profesor de economía en la misma universidad Daniel Raventós y el director de servicios de planificación en el Área de Derechos Sociales del Ayuntamiento de Barcelona y profesor en la Escuela Superior de Comercio Internacional-Universidad Pompeu Fabra, Lluís Torrens. Ediciones del Serbal).

    En contra: "Contra la Renta Básica" de Juan Ramón Rallo, licenciado en Derecho y en economía por la Universidad de Valencia y doctor en economía por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Editorial Deusto.

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  24. Los 560 euros mensuales incondicionalees no tuvieron ningún efecto en la empleabilidad de los participantes. Trabajaron prácticamente las mismas horas y ganaron lo mismo —exceptuando los ingresos de la renta básica— que otro colectivo de características similares. En cambio, la renta básica sí sirvió para impulsar la salud, la autoestima y el optimismo hacia el futuro de sus beneficiarios.

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  25. Pero, contrariamente a lo que piensa parte de la ciudadanía, la gran mayoría de las personas que reúnen los requisitos para solicitar estas rentas, no las están recibiendo: solo el 8 % de los españoles que vive bajo el umbral de la pobreza las percibe. ¿Puede achacarse solo a la desinformación de los posibles perceptores, a la vergüenza de pedir ayuda, a su falta de formación para realizar trámites o a la saturación de los servicios sociales? Estos factores influyen, pero la responsabilidad máxima recae en el sistema burocrático de solicitud y concesión o denegación de estas rentas, un sistema inoperante, cuando no directamente kafkiano, que exige más a los más vulnerables.

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  26. Los sindicatos llevaron al Congreso una iniciativa legislativa popular para crear una ayuda a todos los parados que estuvieran 12 meses sin trabajar. Según la Autoridad Independiente, esto costaría entre 7.200 y 9.800 millones de euros anuales.

    La Autoridad Independiente propone dos opciones:

    Opción A: una ayuda con un primer tramo del 80 % del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM, en 2019 casi 440 euros al mes) y un segundo tramo de 1.200 euros al año por hijo a cargo con un máximo de tres hijos.

    Opción B: una ayuda que, partiendo de ese 80 % del IPREM, fuera menguando en función de la renta del beneficiario hasta el 10 % de ese índice.



    La percepción de estas ayudas sería compatible con un salario, es decir, no haría falta encontrarse desempleado.

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  27. El Observatorio Social de "laCaixa" publicó en septiembre de 2019 un informe de expertos en el que recomienda que todas las personas adultas hagan la declaración del impuesto sobre la renta. Si sus ingresos están por encima del mínimo vital (unos 5.500 euros anuales para una persona sola, que se incrementan si tiene hijos o ascendientes a cargo), el impuesto sobre la renta será positivo (pagarán), mientras que para quienes se sitúen por debajo será negativo (recibirán).

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