Parar el cambio climático

En español, "cambio climático" se usa para referirse al aumento de las temperaturas que está experimentando la Tierra desde 1900 por el incremento de dióxido de carbono (CO2) debido a la actividad humana, y que según las pruebas científicas, continuará a lo largo del siglo XXI, especialmente si no se hace nada para pararlo.

En inglés, la Wikipedia, muy acertadamente, diferencia entre "climate change", para describir los cambios a lo largo de la historia del planeta (muchos y drásticos) y "global warming"  (calentamiento mundial) para referirse al fenómeno actual, que es el tema de esta entrada.

Desde 1900 la temperatura del planeta se ha elevado 0,8 ºC. A finales del S. XXI, crecerá de 0,3 a 4,8 ºC suplementarios. Los polos se podrían fundir, muchas naciones insulares desaparecerían bajo el mar, extensas zonas continentales quedarían inundadas, regiones fértiles se volverían áridas y centenares de millones de personas devendrían refugiados climáticos.

ESTO HAY QUE PARARLO COMO SEA

Frente al cambio climático existen dos estrategias, no excluyentes: la mitigación (reducir la cantidad de CO2 en la atmósfera) y la adaptación (cambiar el modo de vivir de las poblaciones afectadas). Creo que se debe poner todo el énfasis en la mitigación. Asignar recursos a la adaptación no hace más que agravar el problema, porque el dióxido de carbono sigue acumulándose en la atmósfera y sus efectos, aumentando. La única manera es detener la acumulación y empezar a reducirlo, lo que llevará décadas.

A este respecto, continúan siendo válidas las soluciones que planteé en Para evitar el colapso general:

• Consumir energía solo de fuentes renovables y desarrollar el reciclado al máximo de modo que el consumo de recursos no renovables (minerales) sea el mínimo imprescindible. Por ejemplo, un teléfono móvil es reciclable al 90 %. Todo lo que consumimos, desde una bombilla hasta un avión, puede diseñarse para superar esa cifra.
• Depurar estrictamente todas las aguas residuales y convertir la materia fecal en metano. Fermentar los residuos sólidos urbanos con el mismo propósito y utilizar el gas para quemar lo restante, filtrando los gases de combustión. Desarrollar productos y métodos de fabricación que permitan el reaprovechamiento total.

Y también las que propuse en Racionalidad energética

• Es necesario que las redes eléctricas tengan en todas sus ramas capacidad suficiente para absorber y distribuir la producción de los parques eólicos existentes y otras centrales de energías renovables de la zona.
•  Es necesario que haya suficientes presas reversibles (turbinan, bajando agua de un embalse alto a uno bajo, produciendo energía, cuando hay demanda, y bombean, subiendo el agua, cuando hay exceso de producción, por ejemplo por la noche, para almacenar energía con un rendimiento de hasta el 80%).
•  Es necesario un equilibrio entre las plantas fotovoltaicas (sólo producen cuando luce el sol) y termosolares (producen por el calor acumulado en sus fluidos de intercambio térmico, y por tanto pueden producir de noche o con el cielo nublado).
•  Es necesario investigar el almacenamiento de energía eléctrica en forma de aire comprimido (y esto no son castillos en el aire; se trata de un vector energético probadísimo, con más de cien años de antigüedad y una tecnología barata, segura y eficiente).
•  Es necesario promover la sustitución de sistemas de calefacción de grandes edificios (oficinas, hospitales...) por sistemas de microcogeneración a gas natural que,con el combustible que antes producía solo calor, aparte de producir calor, generan electricidad a coste cero.
•  Es necesario fomentar la producción de biogás (metano) a partir de las aguas residuales urbanas.
•  Es necesario sustituir la producción de electricidad a partir de carbón y petróleo por la producción a partir de biomasa, que se obtendría de una limpieza regular de los bosques y que además serían así menos vulnerables a los incendios.
•  Es necesario promover, en zonas calurosas, la implantación en las azoteas de edificios públicos de sistemas para producir frío a partir de los rayos solares.
• Es necesario poner en marcha parques eólicos marinos y seguir investigando la producción de electricidad a partir de las olas y de las corrientes hasta llegar a generadores comercialmente viables.

Además de todo esto, con el objetivo particular de parar el cambio climático, también se debería:

• Obligar a que en el plazo de 10 o 15 años todos los edificios habitados no históricos de todo el mundo tengan calificación energética A.
• Cubrir de plantas propias de la zona, y de modo sostenible con las condiciones climáticas (a las que se puede sumar alguna ayuda técnica inerte, como http://en.wikipedia.org/wiki/Groasis_Waterboxx), todas las extensiones de tierra no ocupadas por la agricultura (desiertos incluidos; solo quedarían desnudas las altas montañas). Cuanta mayor envergadura tengan las plantas, mejor, pues más carbono fijarán. Por ejemplo, si una zona admite, por un lado, arbustos, y por otro, pinos, dar preferencia a los pinos (pero tampoco plantar exclusivamente pinos de modo que el bosque resultante sea sumamente vulnerable a una plaga o a un incendio). Ser cuidadosos con las zonas polares: allí puede ser conveniente no replantar áreas baldías para que, al cubrirlas la nieve, reflejen la luz solar al espacio. Esos casos habrá que estudiarlos uno por uno.
• Esto incluye cubrir de plantas las azoteas de los edificios (si lo permite la solidez de sus vigas y si, por las condiciones climáticas de poco sol, se consigue así una mejora respecto a la instalación de placas solares) y todos los espacios urbanos donde sea posible. Por ejemplo, esto supondría acabar con las plazas duras.
• En la reforestación, dar prioridad a las especies de la zona que tengan algún aprovechamiento comercial (resina, madera, frutos, biomasa...), para asegurar su mantenimiento, y fomentar, a través de impuestos o regulación, la sustitución, en los casos posibles, de materiales cuya fabricación libera gases de efecto invernadero por materiales producidos en los nuevos bosques (por ejemplo, sustituir plástico por madera).
• Combatir la deforestación que está teniendo lugar actualmente en algunas partes del mundo (Brasil, Indonesia). Dar créditos blandos para cambiar el modelo de desarrollo con deforestación a otro con aprovechamiento y aumento de la capa forestal. Aplicar sanciones comerciales a los países que aun así continúen deforestando.
• Capturar el dióxido de carbono emitido por las actuales centrales térmicas de carbón o gas e inyectarlo en el subsuelo no es, de momento, una solución general: se quita del 80 al 90 % del dióxido de carbono, pero las necesidades de combustible se incrementan de un 25 a un 40 %. También se debe seguir investigando y, eso sí, a las centrales que estén cerca de formaciones geológicas donde se pueda inyectar, y en las que, por su tecnología, sea eficiente el método (digamos más del 85% del CO2 no emitido a la atmósfera y menos del 30% de combustible suplementario), se las debe obligar a aplicarlo, compensándolas económicamente por el sobrecoste.
• Prohibir para 2030 la fabricación de vehículos terrestres con motores de combustión. A partir de ese año solo se podrán fabricar vehículos eléctricos. Se incentivará la baja y achatarrado de los vehículos terrestres de combustión interna de modo que en 2050 hayan desaparecido de las calles de todo el mundo (desarrollado y subdesarrollado) y solo subsistan en los museos.
• Poner en marcha un plan mundial de sustitución de TODA la generación eléctrica no renovable (centrales nucleares, de carbón, de fuel y de gas natural) por renovable (hidroeléctrica, eólica, termosolar, fotovoltaica y geotérmica). Desde ya no se debe empezar a construir ninguna central no renovable y deben eliminarse de todas las planificaciones. Las centrales no renovables que se encuentren en funcionamiento deberán cerrarse y desmantelarse (cuidando de reciclar sus elementos tanto como sea posible) al final de su vida útil, sin prolongar esta en ningún caso.
• En la nueva planificación se tendrá en cuenta el aumento del consumo que supondrán los vehículos eléctricos, pero a la vez se emplearán como almacenamiento distribuido de energía. La potencia de base será hidroeléctrica y se instalarán centrales reversibles (o se modificarán las existentes para hacerlas reversibles) donde sea posible. 
• Las redes mundiales de electricidad estarán tan interconectadas como sea económicamente viable, de modo que, en un determinado momento, una sequía en Europa pueda compensarse con el sol del Sahara, mientras que en un episodio de polvo africano (que disminuye la producción fotovoltaica), los embalses de Escandinavia puedan ayudar a Oriente Medio.
• A partir de 2030 solo se podrán fabricar aeronaves de hidrógeno o eléctricas a baterías, y a partir de 2050 se prohibirá volar a cualesquiera otras. Esto quiere decir que hay que empezar ya la investigación en todos los ámbitos necesarios para llevar a cabo este cambio tecnológico. Será mayor que el cambio del avión de hélice al reactor.
• Lo mismo con los barcos: a partir de 2030 solo se podrán fabricar buques propulsados por  hidrógeno, eléctricos a baterías, solares o impulsados por el viento, y a partir de 2050 se prohibirá navegar a cualesquiera otros.
• Se restringirá el uso del cemento para la edificación residencial a lo estrictamente necesario, favoreciendo, en cambio, la construcción con productos forestales.
• A partir de 2030 se prohibirá la instalación de calderas de calefacción de carbón, gasóleo, fuelóleo o gas natural. Para 2050 cualquier sistema de calefacción que emita gases de efecto invernadero se deberá haber sustituido por bombas de calor, geotermia o biomasa.

No soy favorable a ninguna de las propuestas de geoingeniería que se están estudiando (por ejemplo, sembrar el mar con polvo de hierro para favorecer el crecimiento de plancton, que fije carbono de la atmósfera). Por el momento, ninguna de ellas ha demostrado ser eficaz y carecer de peligrosos efectos secundarios. Pero por supuesto estoy a favor de que se siga investigando, y que incluso se haga alguna prueba de campo, siempre a escala limitada y midiendo extremadamente bien beneficios y perjuicios.

Los cursos de formación

Los cursos de formación a desempleados, y de reciclaje profesional, son en España, desgraciadamente, pasto de ladrones. Tres de cada cuatro cursos que revisó el Tribunal de Cuentas en noviembre de 2014 presentaban irregularidades: como botón de muestra, hubo un alumno superaplicado que se apuntó A CIENTO UN CURSOS.

En Andalucía el escándalo de los ERE se mezcla con el de cursos de formación . Este último podría ascender a 950 millones de euros (el importe de las subvenciones entre 2008 y 2011 no justificadas debido al sistema de exoneraciones). Hay abiertas investigaciones en siete de las ocho provincias de la comunidad.
En Madrid, el caso Aneri   asciende a diecisiete millones de euros malversados.

Jordi Évole dedicó un programa entero a esta plaga, y además de los habituales alumnos inexistentes y firmas falsas, denunció que empresas de formación secuestran a la fuerza parte del sueldo de los profesores, acompañándolos al banco a cobrar el cheque, y quedándose con una cantidad. Si no lo aceptan, no los vuelven a contratar. Esto es chantaje mafioso en estado puro. Absolutamente intolerable.

El Gobierno de Susana Díaz va a cambiar el sistema de adjudicación para que absolutamente todas las convocatorias se hagan por concurso público, y sin exoneraciones. Se fijará también el tope de dinero que una misma entidad puede recibir para que se repartan los cursos entre más adjudicatarios.

En todo el caso, tan malo es que se robe el dinero y no se imparta el curso como que se imparta un curso que no le sirva al desempleado para encontrar trabajo. Un problema menor sería que se imparta a diez parados un curso que efectivamente les facilite salir de esa situación, pero que se cobre al Estado como si se hubiera impartido a quince, por ejemplo falsificando firmas de asistentes.

Hay que acabar con este saqueo de una santa vez. Todo robo del dinero público es inadmisible, pero cuando contribuye a agravar el principal problema del país, lo es doblemente. Para ello es necesario tomar medidas que, primordialmente, aseguren que el curso le va a servir realmente al desempleado (o va a servir efectivamente para el reciclaje profesional del trabajador). Secundariamente, medidas que garanticen que el curso se imparte y se cobra al Estado por el número auténtico de alumnos que lo han recibido. Y en un tercer escalón, medidas para impedir que los profesores sean extorsionados.

Grupo 1

- Solo se podrán impartir cursos que hayan pedido efectivamente los posibles alumnos, o en los que las empresas que podrían contratar trabajadores estén interesadas. Es decir, las Administraciones no podrán tener un catálogo de cursos inútiles, como corte y confección o mecanografía, ofrecerlos, y decir que gastan en formación. Basta de paripés. Serán los alumnos los que, a través de una página específica de Internet, y verificando su identidad, podrán pedir periódicamente un curso en el que estén interesados. Por ejemplo, una secretaria en paro pide un curso de programación de aplicaciones para smartphone. Un tornero que está trabajando solicita un curso de CNC (Computer Numerical Control). Un desempleado tendría derecho a solicitar un curso cada, digamos, dos meses, y un empleado, cada seis. El catálogo de la página sería totalmente abierto, es decir, estaría organizado por temas generales (informática, mecánica, electricidad, albañilería...) pero dentro de cada rama específica, si el curso que interesa al alumno no existe, la página le permite añadirlo al catálogo, y además, que otros que vengan después de él también lo pidan. Para las empresas, igual, solo que en lugar de DNI electrónico se identificarían con el certificado electrónico de la empresa. Obviamente, los alumnos podrían ver cuáles son los cursos más solicitados por las empresas. Las empresas que ejercieran actividades de formación no podrían solicitar cursos (para evitar que solicitaran aquellos que ya imparten, que son muy cucas).

- Cuando se alcance un determinado número de solicitudes para un curso, la Administración estará obligada a impartirlo, especialmente si el número de empresas solicitantes es elevado y hay un número suficiente de alumnos que lo han pedido. No podrá alegar que no hay profesores, material o locales. Que los busque.

- Si un posible alumno solicitó un curso que se va a celebrar, pero en otra localidad, tiene derecho a beca. Se le adelanta primero la mitad del dinero. Cuando termine el curso, debe pasar un examen sobre los conocimientos impartidos. Si lo aprueba, se le da la otra mitad. Si lo suspende, debe devolver lo que se le adelantó.


Grupo 2

- Todos los cursos serán presenciales. Es absolutamente lamentable que la trapacería hispánica obligue a ir contra los tiempos. ¡Con lo baratos y eficientes que serían cursos telemáticos! Pero conociéndonos, no queda otra. Informáticamente es demasiado fácil falsificar asistencias y seguimiento de cursos telemáticos.

- Los cursos solamente los impartirán empresas contratadas por la Administración (los organismos estatales o autonómicos de empleo) a través de concursos públicos y transparentes. No los podrán impartir, ni contratar, sindicatos ni asociaciones empresariales. Dejarán de recibir fondos para este fin. Demasiadas veces han hecho mal uso del dinero público. La Administración se corromperá, por supuesto, pero si todos están en la pomada, será mucho más difícil que se denuncie y combata la corrupción . Ejemplos: las tarjetas de Cajamadrid y el asesinato en el Orient Express: como todos eran cómplices, nadie decía palabra.

- Antes de empezar cada jornada del curso, el profesor pasa lista de un modo muy riguroso: los alumnos, de pie junto a él, van diciendo su nombre. El profesor comprueba que está en la lista, y en ese caso, el alumno le entrega su DNI. El profesor comprueba que es auténtico y corresponde al nombre. Entonces el alumno firma en su cuadro de la lista, bajo la mirada del profesor, y el profesor introduce el DNI por la ranura de una caja cerrada con llave, que solo él tiene y de la que es responsable. Solo lo entregará cuando termine la jornada del curso (en ningún otro caso, ni para desayunar, ni para almorzar, ni aunque el alumno tenga que irse urgentemente al hospital).

- Habrá inspectores de formación. Cada día inspeccionarán al menos cuatro cursos, seleccionados al azar por un programa informático entre los que se estén impartiendo ese día en la localidad (o en la provincia). Avisar a la empresa que imparte los cursos de que se la va a inspeccionar será delito grave de revelación de secretos. El inspector llevará una cámara de vídeo portátil que, al entrar en la empresa, pondrá a grabar, y solo parará cuando salga. El profesor entrará en el local donde se imparta el curso, pedirá al profesor que abra la caja y comprobará los carnés con los alumnos que estén efectivamente presentes. Cualquier irregularidad que advierta será causa de la suspensión automática y definitiva del curso, que no se pague a la empresa y las responsabilidades penales a que hubiera lugar. Cuando el inspector vuelva a las oficinas de la Administración, volcará las grabaciones en el sistema informático. Sus superiores tendrán la obligación de revisar al menos una de ellas cada dos días.

- No se podrán presentar a concursos empresas en las que los inspectores hayan detectado irregularidades, ni tampoco empresas que tengan administradores, consejeros o apoderados que lo fueron anteriormente de empresas tramposas.


Grupo 3

- La empresa adjudicataria de los cursos pagará siempre a los profesores mediante ingreso en la cuenta del profesor (no en efectivo ni por cheque).

- La empresa comunicará a la Administración los datos de los profesores que haya seleccionado para impartir el curso.

- La Administración advertirá expresamente a los profesores por carta que, si la empresa les exige parte de su salario para contratarlos, deben comunicar a la Administración esa práctica. En ese caso la Administración denunciará a la empresa ante los tribunales por chantaje y delito contra los derechos de los trabajadores, suspenderá inmediatamente el curso y su pago, y excluirá a la empresa de posteriores concursos.

Los separatismos

La votación del 9-N se ha realizado en Cataluña, a pesar de la prohibición del Tribunal Constitucional. Ahora hay que responder.

El Gobierno del PP ha iniciado los trámites para llevar ante la justicia los posibles delitos cometidos.

La oposición del PSOE insiste en su plan de una reforma federal de la Constitución.




Otras voces reclaman que el Gobierno negocie con los separatistas, que declaran que lo único que están dispuestos a negociar es un referéndum legalmente válido.


Estudiemos las opciones:

A. Combatir el separatismo con la ley. Procesar a Artur Mas y a sus consejeros por desobediencia y malversación. Caso de ser declarados culpables, destituirlos e inhabilitarlos. Tener en cuenta la posibilidad de suspender la autonomía de Cataluña. Es una vía dura, de conflicto permanente. La tensión no desaparecerá, e incluso puede aumentar, pero los resultados son previsibles: Cataluña se mantendrá unida a España, dentro de la Unión Europea y del Euro, y España mantendrá su integridad, y podrá por ello hacer frente a sus compromisos internacionales. Recordemos que tiene una deuda pública de un billón de euros y deuda privada por un importe superior, y que de momento, en noviembre de 2014, puede pagarla con relativa comodidad, pues el riesgo país se percibe como bajo.

B. Emprender una reforma federal de la Constitución: a diferencia del primer camino, este se encuentra jalonado de incertidumbres. Primera: ¿aceptará el PP tal reforma? Seguramente, no. ¿Es por tanto políticamente productivo que el PSOE haga tal movimiento, sabiendo que será bloqueado enseguida? Segunda: caso de que se llegue a una reforma federal de la Constitución ¿todos los españoles la aprobarían mayoritariamente en referéndum? ¿Y los catalanes? ¿Y los vascos? ¿Qué pasa si en esas autonomías se rechaza? ¿No se convertiría este intento de mantenerlos dentro en una justificación para su salida? ¿Y qué harían los mercados ante cada convocatoria? Corremos el riesgo cierto de caminar hacia una situación bastante peor que la actual.

C. Negociar con los separatistas. ¿Qué se negocia? Dicen que solo negociarán un referéndum válido. De boquilla, como todas sus proclamas, pero no es que así creen un clima demasiado favorable. ¿Entonces? ¿Un concierto económico para Cataluña similar al vasco y al navarro? Qué bien, qué productivo es el chantaje. ¿Y así se quedarán tranquilos? Evidentemente, no. Con lo bien que les ha ido la estrategia de la reclamación constante ¿para qué van a abandonarla? Recordemos que la situación actual supone una ruptura del pacto constitucional: se cedió más poder que nunca a las Comunidades Autónomas con el fin de aplacar las reivindicaciones de los entonces nacionalismos. Hoy no solo no se han aplacado, sino que se han convertido en separatismos que no tienen ningún empacho en incumplir la propia ley que los sostiene.


Teniendo esto en cuenta, veo preferible la confrontación. Y bien que lo siento, porque este es un blog de soluciones. Pero hay problemas políticos que, mientras las partes mantengan sus posturas, no tienen solución, aunque sí un tratamiento óptimo.

Por tanto, no en defensa de la unidad de España, que como concepto abstracto me la trae al pairo, sino en defensa de los concretos intereses legítimos de la mayoría de los españoles (incluidos los catalanes, aunque no quieran aceptarlo), creo que deben tomarse las siguientes medidas.

1. Advertir a la Generalitat que no se negociará nada bilateralmente con ella y que se tomarán todas las medidas oportunas para asegurar el cumplimiento de la legislación vigente.

2. Suprimir la posibilidad de que el Estado o las Comunidades Autónomas controlen medios de comunicación (televisiones, radios, periódicos...), ya que son utilizados para manipular la opinión pública.

3. Abrir un proceso negociador con todas las Comunidades Autónomas, incluidas las de régimen foral, para un nuevo sistema de financiación justo y equitativo, basado en el número de habitantes (fiablemente actualizado cada año) y en los servicios que las autonomías prestan a esos habitantes. Las autonomías de régimen foral (que recaudan los impuestos) pagarán al Estado la diferencia entre lo que recauden y lo que deban recibir por el nuevo sistema (fin de los cupos vasco y navarro), mientras que las restantes autonomías recibirán el dinero directamente del Estado.

4. Publicar anualmente las balanzas fiscales (con el método carga-beneficio) y toda la información de ingresos fiscales (IVA, IRPF, especiales, tramos de contribuyentes por autonomía, etc.), con un retraso máximo de dos años (es decir, la información correspondiente al ejercicio 2012 se tendría que publicar, como muy tarde, en 2014).

5. Que el PSOE rompa de una vez con el PSC y cree en Cataluña una rama constitucionalista.

La renta básica

Wikipedia: la renta básica universal o ingreso ciudadano se define como un ingreso pagado incondicionalmente por el Estado a cada ciudadano, incluso si no quiere trabajar de forma remunerada, sin tener en cuenta si es rico o pobre, independientemente de cuáles puedan sus otras posibles fuentes de renta, sin importar con quién conviva, y que cubra, al menos, las necesidades vitales.

El concepto está claro: significa que a la cuenta de cada ciudadano llegan cada mes, digamos quinientos euros, del Estado, ya sea presidente de un banco o esté tirado en la calle, ya sea un niño de tres años o una anciana de noventa. Y luego los gasta como quiere.

También está claro que, al menos en los países desarrollados, PUEDE implantarse. Por ejemplo, España cerró 2013 con una población de 46.507.760 personas. Multiplicando por 500 y por 12 meses salen 279.046.560.000, es decir, más de doscientos setenta y nueve mil millones de euros. El PIB español es de un billón de euros, y el fraude fiscal, del orden del 24%. Solo con la cantidad que se pierde en fraude fiscal (unos doscientos cuarenta mil millones) ya se podría pagar casi toda la renta básica.

Lo que no está tan claro es si DEBE implantarse. Los experimentos que se han hecho, parciales, limitados a poblaciones pequeñas (Manitoba, Canadá; Omitara, Namibia) y durante cortos espacios de tiempo, no muestran el aumento de inflación ni la desgana por trabajar de las que advierten los críticos. Aparecen efectos muy positivos, como la reducción de las adicciones, los robos, las enfermedades y el aumento de la asistencia a clase.

Sus partidarios afirman también que sería más barata que todo el actual sistema burocrático que otorga las ayudas sociales (en esto, a mí las cuentas no me salen: en los Presupuestos del Estado para 2015  el subsidio de desempleo se estima en 29.727 millones y los servicios sociales y promoción social en 1.849 millones. Total: la renta básica saldría DIEZ VECES MÁS CARA. Además, una renta básica no suprime la necesidad de muchos servicios sociales: porque los niños huérfanos o de padres que no pueden hacerse cargo reciban la renta básica, no van a desaparecer los orfanatos o casas de acogida. Porque todos los ancianos reciban la renta básica, no va a desaparecer la necesidad de residencias. Ya la hay, y eso que actualmente todos los mayores cobran pensión).

En general, se considera que la renta básica sustituiría al seguro de desempleo. Eso tendría el efecto de que, cuando una persona se quedara sin trabajo, cobraría al mes solo la cantidad establecida (quinientos euros por poner un ejemplo, pero en todo caso una cantidad baja, el mínimo imprescindible para satisfacer sus necesidades vitales) sin importar que hasta entonces hubiera estado ganando seiscientos euros o tres mil.

Es previsible que la mayor parte de este ingreso se destinara al consumo, y así el Estado recuperara al menos un quinto (a través del IVA) y probablemente, más, por el efecto impulsor que tendría en la economía.

Y lo que está todavía menos claro es si los ciudadanos QUERRÍAN que se implantara. Suiza, que por ingresos podría introducirla cómodamente, celebrará un referéndum  sobre la cuestión. Se estima que se rechazará. En el Reino Unido, que tiene un sistema de prestaciones sociales relativamente generoso, el descontento de los ciudadanos de cuyos impuestos salen, pero que no las reciben (porque son relativamente ricos) es muy fuerte.

Yo personalmente no estoy de acuerdo con la renta básica incondicional. Me parece que rompe el esquema derechos-deberes en el que se asienta una sociedad democrática: derecho a la libertad de expresión, pero deber de no injuriar; derecho a votar, pero deber de aceptar la opción elegida por la mayoría y de sufragar con impuestos las decisiones que tome; derecho a formar una familia, pero deber de mantener a los hijos; derecho a la renta básica... ¿sin ningún deber ligado? Me resulta por ello terriblemente disolvente: ¿cómo se va a exigir el esfuerzo de trabajar si de nacimiento se tiene el derecho a eludirlo?

Temo incluso que favorecería la marginación de muchas personas, que por su personalidad rechazan someterse a una disciplina: en el Reino Unido existen familias que han hecho de las ayudas sociales su único medio de vida y donde ningún miembro ha trabajado en tres generaciones. Sus vecindarios son un absoluto desastre de droga, delincuencia y descomposición.

Otra cosa completamente distinta, aunque algunos la confundan, es el ingreso mínimo garantizado  , también conocido como salario social o renta mínima de inserción, por el cual, si los ingresos de una persona o familia no alcanzan un mínimo, y no dispone de otras rentas ni posesiones, tiene derecho a recibir ayudas A CAMBIO de aceptar trabajos, formación u otras condiciones.

En España, cada Comunidad Autónoma tiene el suyo: ver este artículo de Eroski Consumer, a mi entender incorrectamente titulado como "Rentas básicas en España"; un título más adecuado sería "Salarios sociales en España"). Con el salario social condicionado estoy PLENAMENTE de acuerdo, y de hecho he recomendado esquemas de ese tipo en entradas sobre la pobreza energética, el derecho a la vivienda y los desahucios.  Porque creo firmemente que el ciudadano, a cambio del deber de contribuir a la sociedad con su esfuerzo, tiene el derecho, si se ve en determinadas dificultades, a ser ayudado por esa misma sociedad PARA SALIR DE ELLAS, no para perpetuarlas.

Crear casi tres millones de empleos

El Consejo Empresarial para la Competitividad (CEC) en su documento La recuperación económica en España ganará fuerza en 2014-2015 propuso el lunes 3 de noviembre de 2014 una batería de medidas económicas encaminadas a reducir el paro en España desde el entorno actual del 24% al 10% en 2018.

La primera de ellas tiene que ver con cambios en elmarco institucional y el aumento del tamaño de las empresas. En concreto, proponen “eliminar las barreras legales (laborales, regulatorias y fiscales) que tienen las compañías a la hora de aumentar su volumen de negocio, así como facilitar las condiciones financieras para realizar fusiones y adquisiciones”. El objetivo del CEC con ello es duplicar las empresas de más de 250 trabajadores (que son apenas 3.800 de los tres millones de empresas que existen) y aumentar un 60% las medianas que emplean entre 50 y 250 asalariados (actualmente unas 24.000). Esto generaría, según sus cálculos, 400.000 nuevos empleos en los próximos cuatro años.

Para ello, el CEC pide que se duplique el presupuesto para políticas activas de empleo, se aumente el número de inspectores laborales, se incentive fiscalmente la transición hacia contratos formales, y se cambien las actitudes frente al fraude. Los empresarios sostienen que con estas propuestas se pueden aflorar 827.000 empleos sumergidos hasta 2018, lo que redundaría en una recaudación fiscal adicional cercana al 1% del PIB.

Según las pesquisas del CEC, 307.000 trabajadores cobran el desempleo aunque trabajan en negro y otros 275.000 empleos sumergidos corresponden a la inmigración ilegal. 

Serían necesarias (dice el CEC, yo no estoy de acuerdo) “al menos, medidas adicionales permanentes” que supondrían ajustes por valor de unos 30.000 millones de euros hasta 2018. Estos deberán “recaer en mayor medida en recortes en el gasto frente a un incremento de ingresos”. Así,destacan sus propuestas de ajustes de gastos en personal por 5.000 millones; fusión de ayuntamientos, que ahorraría otros 6.000 millones o medidas de reestructuración de todo el sector público que podrían significar hasta 17.500 millones menos de gasto.Para lograr la reducción de la deuda, a estos ajustes debería añadirse la necesidad de privatizar activos públicos por valor de unos 35.000 millones de euros.

Como he explicado en la entrada Las cifras objetivo, no comparto que España necesite una reducción del gasto público. Yo creo que necesita mantenerlo, y los recursos para tener superávit e ir reduciendo la deuda, sacarlos de una lucha más eficaz y decidida contra el fraude y la elusión. En ese aspecto sí que estoy plenamente de acuerdo con el CEC.

Tampoco es posible aplicar en España el "remedio" de aumentar los impuestos indirectos sin empeorar la enfermedad: la debilidad del consumo. Ya se vio con el aumento del IVA del 18 al 21% en septiembre de 2012.

Con el fin de obtener los otros 1,9 puntos de recorte del paro atribuibles a la mejora del conocimiento y la energía, proponen aumentar el actual 1,3% del PIB que se destina a I+D al 3%. Este aumento deberá provenir, almenos en sus dos terceras partes de la inversión privada (que actualmente es del 55%). Asimismo, apuestan por aumentar considerablemente la inversión de intangibles (información digitalizada; I+D y nuevos productos; marca etc.).

En cuanto a las inversiones energéticas, creen que se requerirá destinar 18.000 millones en cuatro años a eliminar de las tarifas los costes no relacionados con la producción y distribución de energía y repartir entre todos los sectores la carga fiscal del cumplimiento de los objetivos medioambientales, entre otras cosas. En cuanto a la mejora de la excelencia educativa, el CEC reclama una reforma que ligue las remuneraciones de los profesores a objetivos; y se cree, entre otras cosas, un “programa de vales/cheques” para escuelas tanto públicas como privadas, según el cual “competirían por los recursos que proveen las Administraciones públicas”.

Las cuentas del CEC:

•  Aumentar el tamaño de las empresas y su productividad. 400.000 empleos.
•  Apuesta por la internacionalización de las empresas. 700.000 empleos.
•  Mejorar el nivel educativo con mayores recursos y cualificación especializada. 200.000 empleos.
•  Acelerar la economía del conocimiento con el desarrollo digital y del I+D. 130.000 empleos.
•  Una política energética sostenible. 100.000 empleos.
•  Afloramiento del trabajo sumergido. 800.000 empleos.
•  Crecimiento económico. En torno a 600.000 empleos.

TOTAL: DOS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA MIL EMPLEOS