No se discute que la educación obligatoria debe pagarla el Estado. ¿Pero quién debe sufragar las caras carreras universitarias? ¿También el Estado? ¿La familia del estudiante? ¿El propio estudiante, pidiendo un crédito que pagará cuando obtenga un buen trabajo con los conocimientos adquiridos en esa carrera? El País publicó el 10 de octubre de 2012 un extenso
artículo sobre el particular, ya que está siendo objeto de polémica en España, Reino Unido, Chile, EE.UU. y otros países, que han adoptado diversas soluciones.
Opino que el Estado debe fomentar, ante todo, el buen funcionamiento general de un país y el aprovechamiento de sus recursos. Para que un país funcione se necesitan médicos, ingenieros, filólogos, historiadores, periodistas... y un larguísimo etcétera, ciñéndose solamente a las enseñanzas universitarias. El recurso más valioso en estos tiempos es el talento. El sistema que propongo es perfectamente aplicable a la formación profesional superior.
Mi tesis es que, si para una determinada enseñanza se calcula que el país va a necesitar N titulados al año, los N * (1+F) mejores estudiantes que se matriculen en esa enseñanza solo pagarían anualmente un 5% de los ingresos netos de la unidad familiar de cada estudiante, con un límite del coste medio anual de esa enseñanza por estudiante. F es la tasa de fracaso, definida como F = (E - T) / E, siendo E el número de alumnos que empezaron esa enseñanza hace A años y T el número de estudiantes que la terminaron el año anterior. A es el número de años de los que consta la enseñanza.
Esta fórmula no tendría en cuenta a los alumnos que terminan la enseñanza en un número de años superior al programado, pero me parece importante emplear fórmulas sencillas. Si una familia tiene a más de un miembro estudiando entre los mejores, se aplica el límite conjuntamente: es decir, si una familia tiene 2 estudiantes, por cada uno pagaría el 2,5%.
¿Cómo se determinaría quiénes son los mejores estudiantes? Por su nota media en todas las asignaturas del ciclo anterior, corregida por centros mediante una prueba objetiva de nivel igual para todos los alumnos realizada y puntuada por el Estado. Por ejemplo, si la nota media en todas las asignaturas del ciclo de los alumnos de un centro es de 7,2 y en la prueba objetiva la nota media de todos los alumnos de ese centro es 6,6, a cada alumno de ese centro se le resta 0,6 de su nota media para competir por las plazas que se abonan al 5% de ingresos netos de la unidad familiar. Como ejemplo de prueba objetiva tenemos la actual Selectividad, aunque para calcular la nota de corte de entrada en las facultades se hace la media de la selectividad y las asignaturas.
El resto de los estudiantes que quieran matricularse en esa enseñanza, hasta cubrir las plazas académicamente disponibles, pagan el coste medio anual completo. Y que se les deje claro que pueden estar haciendo el canelo, pagando un alto coste para a lo mejor no trabajar cuando acaben la carrera.
Por cada asignatura que suspendan, a los alumnos del inicial 5% se les aumenta un punto este porcentaje. Así, uno de estos alumnos que el primer año suspendiera dos asignaturas, al matricularse en el segundo año se le exigiría el 7%.
¿Cómo se determinaría el coste anual medio de una carrera? Dividiendo la suma del salario anual de profesores y otros trabajadores, más el coste de mantenimiento y funcionamiento de los edificios, más el material académico, por el número de alumnos matriculados ese año. No se tendría en cuenta el valor de los edificios, ni su amortización. Obviamente esto arrojaría diferentes costes para la misma carrera en distintas facultades. Todas estas cifras se publicarían con estricta puntualidad en la web del
Ministerio de Educación (en 2012, Ministerio de Educación, Cultura y Deporte) y proporcionarían información muy valiosa, especialmente de costes disparados, que habría que inspeccionar.
¿Y cómo se calcula el número de titulados de una determinada enseñanza que el país va a necesitar? Fácil: para cada enseñanza se van anotando las personas que se titulan en ella cada año. Un año después se mira cuántas de ellas están dadas de alta en España como trabajadores o como empresarios autónomos. Si por ejemplo un año se han licenciado por universidades públicas 700 médicos y 365 días después se ve que trabajan 650, esos 650 son los que el país necesita (a efectos del coste para los alumnos de las universidades públicas; las privadas pondrían los precios que quisieran). Si el año siguiente esta cifra sube a 670, para el otro habrá que considerar que se necesitan 690. Vuelvo a repetir que todas las cifras se calcularían anualmente y estarían disponibles públicamente, no solo las del año en curso, sino las de años anteriores, que serían del máximo interés para estudiantes, gestores y sociólogos.
Por supuesto este sistema generaría déficit a las universidades públicas. No puede ser de otra forma. Solo las universidades privadas pueden aspirar a ser rentables económicamente. Las públicas deben aspirar a ser rentables socialmente, que sus licenciados se coloquen, que su enseñanza e investigación sean de calidad y que sus costes permanezcan moderados.