No quiero criticar la solución del Gobierno. Solamente exponer las razones que me llevan a pensar que mi solución es mejor.
Vídeo completo en You Tube del interesantísimo programa Salvados de Jordi Évole
'Oligopoly: el juego de la energía' emitido por la Sexta el 18/11/2012.
Explica con mucho detalle alguno de los temas que trata esta entrada
y pone énfasis sobre que el precio al que se está pagando la electricidad
no tiene nada que ver con su coste, y que habría que aproximarlos.
Mi propuesta era:
Tiene que existir un impuesto a la producción de electricidad, dependiente de cada central y del coste fijado por la subasta cada día, cuyos ingresos vayan a cubrir el déficit de tarifa.
Un ejemplo: supongamos que el 28 de septiembre de 2011 OMEL fija para el día siguiente un precio P de 60 €/MWh.
La central nuclear de Ascó II tiene este año un coste de producción C de 18 €/MWh, contando todo: coste de las instalaciones, IBI, amortizaciones, personal, seguros, combustibles, residuos... Todo. Este coste de producción lo fijaría anualmente el Estado para cada central (hidroeléctrica, térmica) teniendo en cuenta dichos costes, la cantidad de electricidad producida el año anterior y la esperable el año en curso.
Entonces esta central debería pagar por la electricidad producida el 29 de septiembre de 2011 (y que, recordemos, le sería retribuida a 60 €/MWh) un impuesto
I = P – C * 2 * Interés legal del
dinero
La ley de Presupuestos Generales de cada año se encarga de fijar y actualizar a los valores de mercado el tipo de interés legal del dinero (ILD). En los presupuestos para el año 2011 este tipo se fijó en el 4%. Por tanto, el impuesto para esa central ese día sería 60 – 18*(1 + 0,04*2) = 40,56 €/MWh.
Según el editorial de El País del 23 de agosto de 2012, el plan del Gobierno consiste en el establecimiento de impuestos con tipos de gravamen diferente en función de cada tecnología generadora de energía eléctrica. Más concretamente, en el artículo del día anterior en que se basa dicho editorial, La propuesta incluía un impuesto del 4% a las térmicas, del 11% a la generación eólica y otro del 19% a la fotovoltaica y del 13% a la termosolar. Nucleares e hidráulicas también tendrían su propio gravamen (10 y 15 euros por megavatiohora). En total, pretendía recaudar 6.800 millones de euros al año y compensaba a las eléctricas con concesiones más amplias.
El primer problema de estos gravámenes fijos es que se podrían trasladar a los precios, con lo que el déficit de tarifa no solo no se resolvería, sino que se agravaría. Mi sistema, donde el impuesto depende del precio, no adolece de ese peligro.
El segundo problema es que trata de forma igual a instalaciones que son muy diferentes, unas recién construidas y otras completamente amortizadas. Incluso las que empezaron a operar en fecha parecida pueden tener tecnologías de muy distinto rendimiento. Los impuestos fijos pueden no solo conducir a algunas instalaciones a la quiebra mientras otras obtienen beneficios altísimos, sino que además, precisamente por esta razón, los tribunales pueden echarlos abajo.
Precisamente por esta razón, los impuestos fijos se han tenido que establecer por la mínima: es decir, si hay 10 instalaciones de un tipo (por ejemplo, nucleares) y un impuesto de 20 euros por MWh haría no rentable una sola de ellas, se tiene que bajar el impuesto para que TODAS sean rentables. Las otras se ven así muy beneficiadas, y la electricidad sigue sin pagarse al precio que realmente cuesta producirla.
De modo que estaríamos ante un sistema subóptimo, que no conseguiría eliminar el déficit de tarifa, solo reducirlo, mientras que mi planteamiento, que se ajusta a la rentabilidad de cada instalación, sí eliminaría el déficit.
La gran dificultad, pero solo aparente, de mi sistema, es que el Estado establezca fiablemente los costes de producción reales de todas las instalaciones de generación eléctrica de España, desde la más pequeña hidroeléctrica hasta la mayor nuclear. Es posible. Existen ya múltiples datos de instalaciones de energías renovables, de nucleares y de hidroeléctricas.
Se tendría que unificar toda esa información y ponerla en una base de datos. Cada responsable de cada instalación, accediendo por firma electrónica, podría ver, y en su caso, corregir o aportar, los datos de fecha de puesta en servicio de la instalación, cantidad anual de electricidad producida, precio de la instalación cuando se puso en servicio, inversiones de ampliación o modificación que se han ido haciendo a lo largo de los años y coste de mantenimiento anual. Suponiendo un plazo de amortización de 20 años, se calcularía automáticamente el coste de producción de la instalación. Todo lo declarado a la base de datos tendría que poder ser justificado documentalmente por el responsable en caso de inspección. Detectar los fraudes sería muy sencillo: bastaría con inspeccionar las instalaciones cuyo coste de producción declarado fuera más de un 25% superior a la media de las instalaciones de la misma tecnología. Las instalaciones que mintieran sobre sus costes declarados o no pudieran justificarlos serían multadas con el triple de la cantidad presuntamente defraudada y la inhabilitación permanente de su responsable. Los fraudes serían imprescriptibles.
