sábado, 17 de marzo de 2012

La banca popular

El problema de la banca son los directivos. Los de la banca privada, para aumentar los beneficios a corto plazo, asumen grandes riesgos que, en ocasiones, llevan al cierre de la entidad o a su rescate con fondos públicos. Los de la banca pública (estoy pensando en las cajas de ahorro españolas) la emplean como una herramienta política (por ejemplo, la Caja de Ahorros del Mediterráneo favoreció las inversiones de la Generalitat Valenciana), como una agencia de colocación de familiares o como un jugoso limón que hay que exprimir con millonarios sueldos y pensiones autofijados.


"Pero no puede haber una banca sin directivos" dirá alguien. "¿Quién decidiría sobre a quién prestar, cuánto y en qué condiciones?"

Pues ya la hay: las finanzas colaborativas, y más concretamente, las plataformas de Internet donde las empresas y los particulares se prestan entre sí:

Un miembro inversor decide cuánto quiere prestar, a qué interés, qué plazo e incluso qué tipo de inversión. Un miembro prestatario solo tiene que elegir entre las condiciones ofrecidas. No hay intermediarios, no hay oficinas, no hay servicios extra. Unos invierten dinero y reciben intereses; otros piden prestado y pagan sus cuotas.

Con el problema de crédito que tenemos en España creo que valdría la pena fomentar estas plataformas. Como el peligro que tienen estos sistemas es que los administradores de la web financiera se lleven el dinero, creo que el Estado español debería crear una. No tendría que poner dinero, solamente tener un conjunto de servidores, programarlos y protegerlos de los piratas. El mínimo gasto que ocasiona mantener el sistema informático se compensa más que sobradamente con los efectos beneficiosos en la economía.

Los prestamistas solo podrían ser personas físicas españolas; los prestatarios, autónomos al corriente con Hacienda y la Seguridad Social y sin pérdidas en los dos últimos años. Todas las operaciones se harían con DNI electrónico. Por eso la plataforma debe ser del Estado: es el único que puede comprobarlo todo de manera instantánea. Si la plataforma fuera privada, tendría que tener acceso a la base de datos de Hacienda o de la policía (para los DNI), lo cual no se puede permitir.

El dinero de cada prestamista se repartiría entre al menos veinte prestatarios para minimizar el riesgo de impago. El prestamista tendría la posibilidad de escoger los prestatarios a los que va a ir su dinero. 

No hay ningún riesgo para el Estado, puesto que realmente no presta un céntimo. El riesgo lo asumen los prestamistas. Por eso, la plataforma no puede quebrar. A diferencia de un banco, que es depositario del dinero, y que si le exigen más efectivo que el que tiene en caja puede quebrar (pánicos bancarios), a la plataforma de crédito no se le puede exigir dinero, porque no se deposita en la plataforma, sino que se presta directamente de los inversores a los autónomos.

No son necesarios, por tanto, ni el coeficiente de caja, ni la licencia bancaria, ni la supervisión por el banco central, ni emitir acciones, ni tener directivos, ni financiarse en el mercado interbancario, ni ninguna de esas otras pejigueras que lastran lo que debería ser una actividad casi natural: quien tiene dinero que no necesita en el momento lo presta a interés a quien puede ponerlo a funcionar en la economía.

Eso sí, opino que, en estas plataformas,  el Estado no debe nunca ni poner dinero (el Estado británico va a poner dinero en Zopa y Funding Circle) ni avalar el puesto por los inversores, ni conceder desgravaciones a los intereses obtenidos por los inversores. Porque la mejor forma de garantizar el funcionamiento de estas plataformas es que los inversores vigilen su propio dinero y decidan a quién se lo prestan. Si el Estado pone dinero, un funcionario decidirá a quién se presta un dinero que no es suyo. Si avala el puesto por particulares, estos serán menos cuidadosos. Y si ofrece desgravaciones, distorsionará la relación entre riesgo y tipo de interés. Por ejemplo, si los intereses de un depósito bancario soportan un impuesto del 21% y los de una plataforma de préstamos un impuesto de solo el 15%, podría darse el caso de que los inversores de estas plataformas solicitaran por su dinero intereses menores que la banca tradicional, lo cual es absurdo.

5 comentarios:

  1. Todos sabemos que la solución está en que fluya el crédito. Solicito a quien proceda, desarrollemos ICO, pero directamente, sin contar con esos bancos que nos cobran un peaje sin aportar nada y que están colapsando la economía. Sugiero que este ICO compre el dinero al 1% y lo preste a los ciudadanos al 5%. De este modo se embolsará la diferencia. Dotará a la economía de liquidez y no necesitará vender deuda ni subir impuestos, ya que obtendrá un beneficio que será suficiente para subsanar el déficit. Así el banco que quiera trabajar tendrá que hacer negocios con las empresas y los ciudadanos.

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  2. La asfixiante sequía del crédito está multiplicando en España las fuentes alternativas de financiación de pequeñas empresas y ciudadanos a través de Internet. Se trata de préstamos que trocean la inversión de cada particular en tramos de hasta 40 euros para reducir el riesgo. Todos los créditos son respaldados por la aportación de muchos pequeños inversores. La iniciativa se ha puesto de moda en EE UU y Reino Unido, donde ya se manejan miles de millones de dólares. La razón de este éxito es que todos ganan: los particulares obtienen una rentabilidad media del 10% por prestar sus ahorros, y los prestatarios abaratan la financiación tradicional.

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  3. El esquema recomendado podría tener una variante: en otra plataforma de crédito, que conviviría con la propuesta, Los prestamistas también serían personas físicas españolas, pero los solicitantes de crédito solo podrían ser funcionarios de carrera (porque su salario está permanentemente garantizado por el Estado).

    Ejemplo: un funcionario solicita, con su DNI electrónico, un préstamo a esta plataforma. El sistema informático, del Estado, comprueba que es funcionario de carrera, que la letra mensual del préstamo es inferior a un 20% de sus ingresos netos, y que le quedan suficientes años de carrera para pagar el préstamo. Comprobadas estas condiciones, el dinero se transfiere de inmediato a la cuenta que indique el funcionario, y luego, cada mes, el Estado, antes de abonar su nómina al funcionario, transfiere automáticamente a la plataforma de crédito el importe de la letra, que inmediatamente es troceado y repartido a los prestamistas que pusieron el dinero.

    El único riesgo, prácticamente nulo, es el fallecimiento prematuro del funcionario, o la pérdida de su condición. Este riesgo sería asumido por el Estado.

    No se trata de otorgar un privilegio a los funcionarios; se trata de aprovechar su condición para inyectar dinero en la economía. El crédito que así obtenga un funcionario no se lo tendrá que pedir a un banco, y así, una empresa, u otra persona que no sea funcionaria, tendrá más dinero disponible y en mejores condiciones.

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  4. Personas individuales pueden invertir directamente desde 20 hasta 2.000 euros en pequeñas y medianas empresas que han demostrado ser solventes durante años. Con ese dinero se dan créditos a las empresas y con los plazos que pagan ellas se retribuye a los inversores.

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  5. Centenares de pequeñas y medianas empresas han logrado financiación en los últimos años sin pasar por la sucursal de un banco. La incursión de los préstamos entre particulares, el llamado crowdlending, ha permitido que miles de inversores destinen su dinero a conceder créditos a empresas o proyectos de su interés, asumiendo el riesgo a cambio de un interesante retorno en estos tiempos de tipos al 0%.

    Esta es una de las vías abiertas por las plataformas de crowdfunding, que en España arrancaron en 2012 movilizando unos 10 millones de euros, alcanzaron los 29 millones en 2013, los 61 millones en 2014 y siguieron creciendo en 2015.

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