Transcribo las medidas con las que estoy de acuerdo de las propuestas por Pedro Viguer, Juez Decano de Valencia, en su artículo
Cómo modernizar la justicia publicado en El País del 18 de junio de 2011.
- Incrementar el número de jueces. De acuerdo con las estadísticas del CGPJ, en 2010 ingresaron 846,3 asuntos por magistrado o juez, y sólo dictó 473,3 sentencias. Así es imposible.
- Aumentar los recursos destinados a la justicia.
- Concentrar los juzgados en sedes provinciales.
- Crear tribunales de base para los asuntos menores.
- Determinar con exactitud la carga de trabajo que tiene y debe tener cada juez para que sea posible calcular cuántos se necesitan realmente.
- Interconexión informática de los órganos judiciales. Implantación de un sistema informático único (en código abierto, añado yo) para todos los juzgados de España, interconectado de forma fiable con comisarías y prisiones.
- Reducir el número de funcionarios interinos aumentando las plazas fijas a través de unas oposiciones rigurosas de las que salgan funcionarios de carrera sobradamente preparados para la administración de justicia en un mundo cada vez más informatizado.
- Hacer que funcione la oficina judicial, mediante un sistema informático a prueba de fallos y protocolos claros de actuación, que eviten la improvisación y el despilfarro de recursos.
- Reformar las normas procesales (¡la Ley de Enjuiciamiento criminal es de 1882!).
- Evitar la excesiva litigiosidad, limitando los recursos (creo personalmente que la decisión de un tribunal sólo podría recurrirse una vez ante un tribunal superior; los recursos al Supremo, al Constitucional o al Tribunal Europeo de Derechos Humanos deberían permitirse solo en caso de que la decisión supusiera más de diez años de cárcel o una multa para una persona o empresa superior a la mitad de sus ingresos anuales).
- Fomentar la mediación y el arbitraje.
A estas medidas añado yo:
- Formación en informática jurídica desde el primer curso de la carrera de Derecho, con al menos un curso al año.
- Un Consejo General del Poder Judicial formado como propongo en Los órganos colegiados.
- Un sistema de notificación de los pasos y actos judiciales de un proceso a los interesados mediante mensajes de teléfono móvil y consulta del paso o acto a través de página de Internet, en vez de seguir utilizando las notificaciones por correo postal y envío en papel del acto.
- Reforma del estilo y del lenguaje jurídico para quitarle sus rimbombancias y endiosamientos. En las oposiciones a juez o fiscal debería haber un ejercicio obligatorio de transformación de una sentencia clásica, a base de considerandos, en lenguaje actual, claro, directo y comprensible.
- Publicación anual en la web del Consejo General del Poder Judicial de una lista de los juzgados de España, con su número de asuntos entrantes y salientes y su retraso medio, y actuación contra los excesivamente retrasados.
Primero, nuestro sistema judicial es absurdamente garantista. ¿Recuerdan la decisión de la Universidad de Sevilla por la que no se podía expulsar a un estudiante de un examen, pobrecito, al que el profesor pilla copiando in fraganti? Hay que corregir este exceso.
ResponderEliminarSegundo, las asociaciones profesionales de jueces han politizado mucho la profesión. Esto hace que haya que tener pruebas muy contundentes para condenar a nadie y más si son políticos.
Tercero, hay que objetivizar el uso de los indultos (el conductor suicida con conexiones) y del tercer grado (el alto cargo del PP condenado en Cuba).
Finalmente, muchos jueces, simplemente, y esto es un secreto a gritos, no dan palo al agua (aunque haya otros trabajando 12 horas al día). Desgraciadamente, va a ser necesario obligar por ley a los jueces a ir a su oficina seis o siete horas al día. Sí, fichar, y no de martes a jueves y de 10.00 a 14.00 como muchos hacen ahora (“¡y no me llevo trabajo ningún día, que conste!”, comentaba una amiga jueza recientemente). Y promocionarlos solo cuando resuelvan sus asuntos a tiempo y cuando sus sentencias no sean revocadas en apelación, criterios objetivos y verificables.
Habría que utilizar la Ley de Partidos para sacar la política de la justicia y a los jueces de la política. Abochorna que en altos tribunales el voto de sus miembros responda a la conveniencia del partido que los promocionó. Al Tribunal Supremo deberían acceder solo miembros de la carrera judicial por méritos en ella. Se debe eliminar el turno para los que no son miembros de esta carrera: no es presentable que cuando van a llover demandas contra la banca acceda al Supremo el director jurídico de La Caixa. Debe desaparecer el tercio de magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia regionales elegido por el CGPJ a propuesta de las Asambleas de las comunidades. La incompatibilidad del personal de la judicatura con la política ha de ser tan estricta como para los militares. Es un sarcasmo que los jueces no puedan afiliarse a un partido, pero sí ser secretario de Estado, portavoz parlamentario o asistir a sus ejecutivas y volver a la justicia cuando acaba la experiencia. La justicia es como la mujer de César.
ResponderEliminarEn las oficinas del decanato en el mismo juzgado, el magistrado Benito Raboso explica que en 2012 recibieron 60.000 demandas a repartir entre 41 salas. Ahora llegan 300 al día, ocho por juez. La memoria de 2012 del CGPJ fija que en 2011 ingresaron 9.041.442 asuntos en los órganos judiciales, y que al final del año quedaron 3.063.263 sin resolver. “No podemos permitir que con la excusa de la crisis se hagan limpiezas baratas en las empresas. Nosotros, los jueces, somos el último filtro para proteger al ciudadano”, explica Raboso. “Nuestro cuello de botella son los jueces: no hay bastantes. Es como un hospital sin cirujanos”, se queja. La falta de manos se traduce en que en España haya 10,2 jueces por cada 100.000 habitantes (algo más de 4.000 para 46 millones de ciudadanos) frente a la media europea de 21,3.
ResponderEliminarAntonio Fuentes Bujalance, magistrado en el Mercantil 1 de Málaga y presidente en Andalucía del Foro Judicial Independiente, para ahorrar en lo accesorio, propone soluciones como trabajar desde casa usando Internet y asistir a los juzgados solo a las vistas, recortando en funcionarios y edificios. “Hay miles de soluciones”, cuenta, “aunque hay que preguntar a los que saben, los que trabajamos en esto”.
Jueces consagrados insisten en que el recorte de plazas (se congelaron las oposiciones en 2012 y las bajas prácticamente no se cubren) va a ralentizar aún más la resolución de casos como el de los ERE en Andalucía o el del Madrid Arena, para el que su magistrado, Eduardo López Palop, ha pedido ya apoyos.
El caso de los sustitutos está generando especial indignación. La última reducción de gastos en Justicia pasa por laminar los 1.200 jueces de esta categoría —responsables del 30% de procesos en España— en una medida que aspira a ahorrar 20 millones del presupuesto de 1.500 millones del ministerio. La semana pasada en Guipúzcoa ya dejaron de trabajar 10 sustitutos de 24. Suplían vacantes, bajas y licencias de maternidad. “Intentar que todo eso lo cubran los titulares es ponerse de espalda a los datos”, protesta Iñaki Subijana, presidente de la Audiencia de Guipúzcoa. “No se va a poder absorber y va a haber una prolongación de las esperas. Además, con esta política se atenta contra derechos de los trabajadores que son los jueces, como el derecho a la maternidad”.
El sistema informático es uno de los principales problemas: en los juzgados de Plaza de Castill gestionan la mayoría de expedientes con Libra, un programa de 1999 fuera del entorno Windows. “Es muy lento y se cae a menudo, pero la gente tampoco es partidaria de cambios porque siempre son a peor”. Pero lo descorazonador es que Libra es solo una de las decenas de aplicaciones de ese tipo. Cada comunidad autónoma con competencias de Justicia tiene la suya: Cicerone, Avantius, Adriano, Temis, Justizia Bat… Y, claro está, son incompatibles entre sí. Muchas veces la incomunicación informática no es solo entre comunidades, sino también entre las mismas jurisdicciones de una provincia, entre juzgados donde manejan versiones más modernas o antiguas de cada programa.
Manuela Carmena, primero abogada y luego juez, propone en su blog eliminar la anticuada figura del procurador, que no existe en ningún otro país del mundo.
ResponderEliminarEl ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, planea establecer tasas judiciales para las partes que recurran un fallo en segunda instancia y, también trascendente, los ingresos se destinarán a modernizar la justicia y no a engrosar las arcas de Hacienda.
ResponderEliminar"La solución no puede ser destinar más recursos materiales a su resolución ni incrementar el número de jueces, que lo intentaremos", explicó. Además de las tasas, el ministerio quiere apostar por la mediación, derivar asuntos a notarios y registradores y dar prioridad en los juzgado a los asuntos de mayor trascendencia. "Hay un abuso de acceso a los juzgados, sobre todo en segunda instancia".
El Gobierno creará una agencia que ponga en la misma red informática todos los procedimientos judiciales de los tribunales.
El ministro de Justicia quiere acabar con los criterios "políticos" y discrecionales para la promoción de los jueces y magistrados para convertir la judicial en una "carrera de excelencia". El horizonte es orientarla "al objetivo de profesionalidad, responsabilidad e independencia", según Ruiz-Gallardón. Para ello, se propone incrementar "los elementos reglados de promoción" y dejar a un lado la discrecionalidad en la toma de decisiones y, por supuesto, los criterios políticos.
Progresivamente dejará de haber jueces instructores: solo serán juzgadores y velarán porque se respete el procedimiento y los derechos de los acusados. La instrucción la irán asumiendo progresivamente los fiscales.
P. ¿Es lógico que se tarde tanto en instruir un caso?
ResponderEliminarR. No. Hay casos como Guateque, que empezó en 2006 y en el que todavía no hay escrito de acusación. Si la investigación y la instrucción se realizan con criterios judiciales, hay que hacerla con todas las garantías y todos los actos se hacen con la presencia de todas las partes, pero realmente no es necesario hacer una declaración con todas las garantías. Esto produce una gran inflación de recursos y de impugnaciones, que hacen que los procedimientos se eternicen. Pero hay muchas más.
P. ¿Cómo cuales?
R. Por ejemplo, y esto se ha dado muy claramente en el tema de los controladores aéreos. Hasta que se decide quién es el órgano competente se han perdido ocho o diez meses. Y no estoy exagerando. Estoy hablando de cifras tristemente razonables. Eso no ocurriría nunca con un fiscal instructor, porque estamos todos bajo la misma dirección. Hay casos de cierto renombre, como la operación Bloque o la operación Puerto, que ya estaba antes de que yo llegara, todavía no ha acabado. En este último caso, no hay sentencia firme aún. Creo que esto no es de recibo. Somos el único país en el mundo que tenemos este sistema judicial y es triste.
P. ¿Qué le parece la gestión de la justicia por parte de la Comunidad de Madrid?
R. También hay un antes y un después de la crisis. No vamos a negar su esfuerzo por la modernización de la justicia. Están creando en una continua actividad instrumentos procesales. Si antes hablábamos de carencia de fiscales, de lo que más falta tenemos es de funcionarios. Esto es ancestral. La propia Comunidad nos lo ha reconocido. No llegamos a una ratio de un funcionario por cada fiscal. Hay menos funcionarios que fiscales, lo que es bastante insuficiente. Llevamos mucho tiempo con la misma plantilla y siempre insuficiente. Ahora hay determinadas actitudes que no logramos entender como el que no se nombren sustitutos cuando hay vacantes o bajas.
P. ¿Qué medidas habría que tomar?
R. Lo primera es la de prestar los medios necesarios para poder desempeñar nuestras funciones.
Estoy de acuerdo en que hay que cambiar el actual sistema español de jueces instructores y jueces juzgadores por otro en el que los fiscales sean quienes instruyan y los jueces, por un lado, velen porque se respete el procedimiento y los derechos de los acusados y las víctimas, y por otro, absolutamente fundamental, dicten sentencia tras examinar las pruebas y testimonios de todas las partes.
ResponderEliminarEl problema de este sistema es cómo preservar la necesaria independencia de los fiscales (la de los jueces ya está preservada, menos mal). En algunos países (EE.UU.) son elegidos directamente por la población de su distrito jurisdiccional. En otros, como España, dependen jerárquicamente del Ministerio de Justicia.
Creo mejor un sistema en que los fiscales que han aprobado una oposición adecuada (cuyo temario tendrá que ir cambiando, adaptándose a las nuevas redacciones de las leyes, los avances tecnológicos, la importancia que la sociedad concede a cada delito, etc.) elijan destino entre las vacantes existentes. Una vez en su puesto, tendrán la facultad de investigar delitos para presentarlos ante un juez y que sean castigados. Pero solamente podrán investigar algo si previamente han recibido una denuncia formal y concreta. De la policía o de una persona física, en su propio nombre o representando a una persona jurídica. No se admitirían denuncias anónimas o genéricas.
Los fiscales serían irremovibles (como los jueces) y no podrían ser apartados de un caso salvo que un nuevo Consejo Fiscal Superior los hallara culpables de prevaricación. No podrían recibir instrucciones del Gobierno y su Consejo tendría el deber de ampararlos contra las presiones que pudieran recibir.
Como soluciones para la sobrecarga de trabajo del sistema judicial, la primera sería la destipificación de conductas criminales leves, que es algo que se está produciendo en toda Europa y que aquí seguimos incomprensiblemente manteniendo. No tiene ningún sentido, ni siquiera económico, por no hablar ya del judicial, que jueces, fiscales, secretarios judiciales, abogados, procuradores y oficiales de justicia dediquen su tiempo a asuntos de absoluta nimiedad, como son los juicios de faltas. Nadie se puede imaginar la cantidad de horas, de espacio de oficinas y de documentos que se dedican a estos menesteres. Si se eliminaran estos conflictos ya ganaríamos mucho.
ResponderEliminarLa segunda sería hacer más operativas las leyes y potenciar los sistemas de mediación antes del juicio.
El presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Carlos Carnicer, el portavoz de Jueces para la Democracia, Joaquim Bosch, y el de la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria, Marcelino Sexmero, proponen las siguientes medidas:
ResponderEliminar1. Aumentar la inversión en medios técnicos e informática.
2. Duplicar el número actual de jueces (5.155 en 2014, 11 jueces por habitante) hasta acercarse a la ratio media europea (21 jueces por habitante).
3. Implantar un sistema informático del S. XXI que elimine completamente el papel y conecte todo: juzgados, fiscalía, administración de justicia nacional y autonómica. El sistema actual es de mediados del siglo XX, y el utilizado por la fiscalía no es compatible con el de ciertos juzgados o autonomías. Como modelo debería tomarse el expediente electrónico de justicia gratuita.
4. Revisar con urgencia la Ley de Enjuiciamiento Criminal para adaptarla a los tiempos actuales y a las nuevas técnicas de investigación, y para que aporte las garantías suficientes a todos los procesos.
5. Repartir mejor la carga de trabajo y apoyar a los tribunales más sobrecargados.
6. Fomentar la mediación y el arbitraje.
7. Alcanzar un pacto de Estado en cuestión de justicia para realizar cambios a largo plazo con una dotación presupuestaria suficiente y estable.
8. Contar con un ministro que, desde dentro, conozca bien los problemas actuales y esté dispuesto a realizar cambios radicales para solventarlos.
Hay un modelo perverso y es que el juez de instrucción a la vez garantiza los derechos del investigado pero tiene el deber de avanzar en la investigación. Somos una especie de doctor Jekyll y mister Hyde. Pero por el hecho de cambiar jueces por fiscales no se va a mejorar la instrucción.
ResponderEliminarCon otro problema, los jueces somos independientes, y los fiscales, en principio con el modelo que se plantea, no lo son. Seguirían dependiendo de su superior jerárquico, con lo que serían más permeables a las presiones e instrucciones. Si se le dan medios, y una cierta autonomía e independencia de sus superiores para investigar, el modelo me puede parecer positivo. Pero si cambiamos jueces independientes por fiscales sujetos al principio de unidad y dependencia jerárquica y los mantenemos con los mismos medios, habremos pervertido el sistema porque investigara alguien que en definitiva depende de la autoridad política.
Seguramente si, tal y como ocurre en la inmensa mayoría de los sistemas procesales del mundo, el impulso de la investigación oficial del delito quedara en manos de la acusación, por supuesto con un control de garantías a cargo de un juez (de un juez-juez como el que define el artículo 117 de nuestra Constitución, no de un juez multitareas, que al tiempo es jefe de la policía), la carga estigmatizadora de tal investigación no pasaría más allá de la legítima crítica —como manifestación del derecho de defensa— frente la actuación del órgano acusador del Estado. O sea: el fiscal. Que en nuestro sistema puede ser, además, acompañado o sustituido por la acusación particular y la acusación popular.
ResponderEliminar- Aumentar la plantilla de jueces
ResponderEliminar- Revisar a fondo la organización judicial
- Despolitizar la Justicia y desjudicializar la política
- Dificultar el paso de la judicatura a la política
- Revisar los aforamientos
- Indultos, solo con el visto bueno del tribunal
- Medidas para agilizar la instrucción
- Profesionales adscritos a los juzgados
- Acabar con las disfunciones territoriales
- Pacto de Estado para la Justicia
Carlos Mompó el juez más eficaz de España. Ha pasado de recibir 1.500 demandas en 2013 a 2.400 en 2015. Aún así, señala juicios verbales en mes y medio, mientras que las audiencias previas de los ordinarios -reclamaciones que superan los 6.000 euros- se acuerdan dentro de los 30 días siguientes desde la recepción de la demanda. En 48 horas tiene la sentencia.
ResponderEliminarEl CGPJ ha premiado a su juzgado por el proyecto 'Celeridad en la tramitación y resolución de procesos' dentro de la modalidad de 'Justicia eficaz' de los premios 'Calidad de la Justicia'.
El mismo día que se presenta una demanda por una reclamación menor a 6.000 euros se empieza a tramitar. Los juicios más complejos se celebran a última hora para no retrasar a los demás y son puntuales hasta para devolver el dinero a la gente.
En el juzgado de Mompó no esperan a que el Decanato envíe los documentos que se registran, son ellos los que cada mañana, antes de que la Guardia Civil abra el acceso al público, bajan una planta para recogerlos y llevarlos al juzgado directamente. Llevan la iniciativa para ganar tiempo.
España tiene 5.800 jueces, 5.500 de ellos en activo. Son 12,5 por cada 100.000 habitantes, muy lejos de los 21,6 de media de la UE. Los expertos consultados coinciden en que aumentar la planta judicial es necesario. Pero añaden que no es suficiente; que de nada sirve poner 4.000 o 5.000 jueces más si eso no va acompañado de otros mecanismos que dejen atrás el viejo modelo organizativo del siglo XIX.
ResponderEliminar“Es urgente racionalizar el trabajo”, opina Margarita Robles, exmagistrada del Tribunal Supremo, diputada socialista y presidenta de la Comisión de Justicia del Congreso. “Hay jurisdicciones y juzgados colapsados mientras otros tienen una carga de trabajo mínima, como los juzgados de menores o las salas civiles y penales de los tribunales superiores de justicia. Un primer paso sería hacer una radiografía de los juzgados existentes y de su carga de trabajo."
Hacen falta más jueces, pero no necesariamente más juzgados. Los magistrados plantean la posibilidad de crear, en vez de más juzgados unipersonales, tribunales de instancia en los que un secretario y un grupo de funcionarios puedan atender las necesidades de varios jueces.
Sobre la mesa está también modificar el número de partidos judiciales en los que se divide España, 431. “¿Qué sentido tiene que en Asturias haya ahora 18 partidos judiciales?”, se pregunta Ignacio González Vega, portavoz de la asociación progresista Jueces para la Democracia. “Tal y como están configurados, se crearon pensando en que los ciudadanos iban en diligencia, a caballo o a pie”, añade Manuel Almenar, portavoz de la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura, de tendencia conservadora. “Hoy en día no tienen sentido. La eficacia requiere partidos judiciales de mayor extensión y grandes sedes donde se concentren juzgados que estén dotados de más medios y mejores servicios de apoyo”.
“Para agilizar la justicia hay que arreglar de una vez el tema del expediente digital”, señala Páez, decano de Málaga. “Ahora mismo hay ocho sistemas informáticos distintos —siete de algunas comunidades autónomas con competencias de justicia transferidas y otro del ministerio—, que no se pueden comunicar entre sí. No tiene ningún sentido. ¿Queremos o no queremos que la justicia funcione a nivel nacional? Esa es la gran pregunta”.
Se plantea también una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal que sustituya a la de 1881 y que probablemente lleve la instrucción a manos de los fiscales. “Pero si se quiere ir adelante con esta idea se tiene que garantizar la autonomía de los fiscales y dar la vuelta a su estatuto”, opina Álvaro García, de la Unión Progresista de Fiscales. “La constitución establece que sea el Gobierno quien nombre al Fiscal General del Estado y reformarla es complicado, pero sí se puede blindar la carrera fiscal frente a injerencias políticas e impedir que el fiscal general pueda dar órdenes de no acusar a alguien”.
La gestión de la Operación Lezo ha afectado directamente a la imagen de la Fiscalía hasta el punto de arruinar una de las reformas que parecía más realizable en el inicio de la legislatura: la del proceso penal para que los fiscales puedan instruir los sumarios. PP y PSOE compartían la idea de modificar la ley de Enjuiciamiento Criminal, del siglo XIX.
ResponderEliminarLa instrucción de los fiscales ha sido una reivindicación histórica de muchos juristas utilizando la referencia del resto de países europeos y para evitar disfunciones que se producen ahora en cooperación jurídica internacional, por la diferencia de competencias entre fiscales españoles y jueces y fiscales europeos.
En todo caso, la reforma procesal requiere un cambio del Estatuto Fiscal para asegurar que no esté condicionado por el Ejecutivo.
1. La duración del cargo del FGE se amplia de 4 a 6 años, y se suprime su cese automático al cesar el Gobierno.
ResponderEliminar2. Para acceder al cargo de FGE se exigirán 25 años de ejercicio profesional, no 15 como hasta ahora, así como no haber desempeñado cargo público o de carácter electivo en los últimos 10 años.
3. El nombramiento del candidato propuesto por el Gobierno, una vez oído el CGPJ y el C. Fiscal, deberá ser ratificado por una mayoría de 2/3 de los miembros del Congreso de los Diputados.
4. Será el Congreso quien pueda destituir al FGE si aprecia incumplimiento de sus obligaciones o de los principios constitucionales.
5. Las comunicaciones del FGE con el Gobierno y las Cámaras se realizan siempre por escrito.
6. El Ministerio Fiscal será presupuestariamente autónomo.
7. El Consejo Fiscal estará compuesto por 11 miembros: el FGE, el Teniente Fiscal del Tribunal Supremo y nueve fiscales directamente elegidos por los propios fiscales.
8. Se fortalecerá la autonomía de los fiscales en el ejercicio de sus funciones y, en concreto, se limitarán las órdenes de los Fiscales Jefes a instrucciones de carácter general, y sólo excepcionalmente respecto de casos concretos (en tal caso siempre por escrito). Igualmente se limita la capacidad de sustitución de un fiscal en la llevanza de un caso concreto, que en caso de discrepancia deberá contar con el parecer favorable del Consejo Fiscal.
9. La Sección Permanente de Valoración centralizará toda la información sobre méritos y capacidad de los Fiscales, y emitirá Informe valorando los candidatos para cada nombramiento. Los ascensos responderán exclusivamente a criterios de mérito profesional.
10. Los nombramientos para cargos dentro de la carrera fiscal serán acordados por el FGE previa ratificación de su propuesta por mayoría cualificada del Consejo Fiscal, no como sucede ahora que todos los nombramientos para cargos en la carrera fiscal los efectúa el Gobierno, a propuesta del FGE.
Las cuatro asociaciones españolas de jueces -la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Francisco de Vitoria (AJFV), Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) y Foro Judicial Independiente (FJI)– han consensuado un documento que describe las 14 propuestas básicas, necesarias e ineludibles para mejorar la Justicia.
ResponderEliminar1.- Sistema de elección de los vocales de procedencia judicial por los jueces y las juezas, asegurando la igualdad de género y la presencia de las minorías.
2.- El CGPJ debe amparar de modo efectivo a los miembros de la carrera judicial de cualquier ataque recibido que afecte a su independencia.
3.- Definir previamente los perfiles de los altos cargos judiciales. Proceso transparente, con criterios objetivos basados en el mérito y capacidad e igualdad de género.
4.- Supresión de los magistrados designados por los Parlamentos autonómicos.
5.- Plan de inversión suficiente y prolongado a fin de conseguir un servicio público de calidad.
6.- Plan decenal de inversiones prorrogable, destinado -entre otros aspectos- a:
a) Incrementar el número de jueces y juezas;
b) Modernizar los edificios judiciales;
c) Implantar el expediente judicial útil y operativoy
d) Procurar los medios necesarios para hacer efectivos los derechos reconocidos en las leyes.
7.- Racionalización de la planta judicial:
a) Implantación de los tribunales de instancia.
b) Eliminación de la figura de las adscripciones forzosas.
c) Evitar la precarización judicial.
8.- Implantación de la oficina judicial.
9.- Hacer compatibles los distintos sistemas de gestión procesal existentes en el territorio nacional.
10.- Dotación de medios materiales adecuados a los funcionarios públicos con competencias en la lucha contra la corrupción.
11.- Convocatoria inmediata de la mesa prevista en la Ley de Retribuciones y reclamar las mejoras salariales que permitan recuperar los recortes de los últimos siete años.
12.- Recuperación del régimen de vacaciones y permisos vigente al momento de la supresión y reducción por Ley Orgánica 8/2012.
13.- Implantación urgente de unas cargas máximas de trabajo.
14.- Adecuada asistencia de la Mutualidad General Judicial.