En su funcionamiento actual las agencias de calificación son dañinas para los mercados, la economía y los ciudadanos. Tienen buena parte de responsabilidad en la Gran Recesión al haber calificado favorablemente los paquetes de hipotecas basura que contaminaron como una plaga todo el sistema financiero y lo habrían hundido de no ser por la intervención de los gobiernos (la otra parte la tienen quienes crearon ese sofisticado veneno). Lo hicieron así porque cobraban de los creadores de estos instrumentos maléficos para darles una calificación favorable. Como pagar al profesor para que te apruebe, vamos. Ahora estas agencias son poseídas, accionarialmente, por grupos que hacen negocio gracias a sus calificaciones, especialmente en el caso de deuda soberana.
Hay que acabar con esto, y ya. Se propone que una agencia europea de calificación sustituya al actual tripolio (Standard & Poors, Mooody's y Fitch), al menos en el viejo continente. Yo no estoy de acuerdo. Esta agencia estaría demasiado sometida a presiones políticas y sus calificaciones serían poco fiables. Creo preferible que una agencia de calificación tenga que ser, obligatoriamente, una cooperativa de personas con al menos diez años de experiencia en el sector financiero (auditores, banqueros, contables...) que nunca hayan sido condenados por delito penal o fiscal, propiedad de sus cooperativistas (socios) y de nadie más.
Deben tener todas la misma tarifa (fijada por el regulador nacional) para examinar y calificar un producto financiero. Y la entidad que lanza ese producto no puede elegir agencia, sino solamente solicitar su calificación. De resultas de esa solicitud se le asigna al azar una agencia, y ésta lo califica de acuerdo a unos procedimientos y parámetros establecidos, públicos y transparentes. Los socios se vuelven financieramente responsables de sus calificaciones, en caso de soborno o mala práctica, con hasta la mitad de su patrimonio personal, riesgo contra el que no pueden asegurarse de ninguna manera (así tendrán más cuidado).
Y por supuesto, ese patrimonio personal solo puede estar constituido por cuentas corrientes y depósitos a plazo fijo: ni acciones de empresas cotizadas, ni títulos de deuda pública, ni ninguno de los productos financieros que la agencia podría en algún momento tener que calificar.
Esto puede parecer radical, y lo es, pero para nada utópico. Invito a quien crea tener una solución mejor a que comente esta entrada.
En su análisis del 08/07/2011, http://www.elpais.com/articulo/economia/accidente/punto/producirse/elpepueco/20110709elpepieco_4/Tes, Juan Ignacio Crespo, estadístico del Estado, propone:
ResponderEliminar1. Que el Banco Central Europeo deje de utilizar la calificación de la deuda pública europea como criterio para aceptar o no papel para descontar.
2. Suspender en Europa y por dos años el que las agencias puedan calificar la deuda pública (una medida que si fuera mundial sería mucho más útil)
Lo que no puede ser es que las agencias califiquen gratis a la mayoría de los grandes países (EE.UU., Francia, Alemania...) y otros, como España, tengan que pagar. Al país que no pague la calificación de su deuda, no se le califica. Y punto. O, si esa calificación es necesaria como base de las de empresas de ese país que pagan, que no se haga pública. La situación actual equivale a que unos paises sufraguen la calificación de otros.
ResponderEliminarPor primera vez las agencias de calificación han sido calificadas: pésimamente. Esta gran novedad se la debemos al Banco Central Europeo, que acaba de publicar un exhaustivo análisis independiente sobre 39.000 notas otorgadas por las tres grandes. La gran conclusión del examen es que S&P, Moody's y Fitch habitan un sistema corrupto.
ResponderEliminarEl 15 de noviembre de 2011, la Comisión anunció una reforma del reglamento UE 1060/2009, para endurecer el trato a esas agencias: por ejemplo, exigiendo que cada tres años sus clientes las roten; o que se exijan dos calificaciones para los productos estructurados complejos. Aún nada.
Hay mejor solución: retirarles el privilegio del paraguas público por el que los Estados imponen que sus notas sean exigibles a empresas y bancos. “Los políticos deben revisar si es adecuado usar calificaciones de crédito en las regulaciones de los mercados financieros”, aconsejaba en 2011 el papel Sovereign rating news and financial markets spillovers, del FMI (WP/11/68). Eso, expulsadlas del templo del mercado.
Un grupo de trabajo del Consejo de Estabilidad Financiera, reunido en Nueva York, a instancias del G-20, intentará a partir del 19 de noviembre de 2012 poner orden en el mercado de las agencias de calificación. La discusión está bien orientada: pretende en principio revisar y recortar los requisitos que se piden a bancos y Estados para garantizar su solvencia y reducir el número de intervenciones de las agencias en la calificación de tales requisitos.
ResponderEliminarAhora bien, esta línea de actuación evita el fondo del problema. Las agencias de rating distorsionan la percepción del mercado por tres razones fundamentales. La primera es el carácter procíclico de sus calificaciones. La segunda, y más grave, es que mantienen líneas de negocio incompatibles. El Banco Central Europeo (BCE) explica en un informe reciente que las agencias califican con notas mejores a las empresas y bancos que además tienen contratados con ellas tareas de consultoría. Una firma consultora no puede ser además auditora, por más “barreras chinas” y demás artilugios corporativos con que se pretenda disfrazar el conflicto de intereses. Los negocios deben separarse, jurídica y societariamente.
Por último, los inversores y ciudadanos —cuando se trata de Estados— tienen derecho a conocer los modelos y parámetros en los que se basa la calificación de una agencia. Con más frecuencia de la debida, estos criterios se desconocen, hasta el punto de que muchos ratings parecen simplemente arbitrarios. Si se conocieran al detalle, los inversores podrían evaluar la confianza que les suscita la calificación de un activo o de una deuda soberana y obrar en consecuencia.
La reforma del mercado de rating exige que se corrijan estas disfunciones. Las agencias son necesarias, porque los inversores no pueden tener un análisis pormenorizado de todos los valores y activos. Pero hay que evitar que actúen como un factor de agravamiento de la crisis.
El supervisor bursátil europeo publicó el 2 de diciembre de 2013 un informe en el que denuncia las ineficiencias de las agencias de calificación. Señala cuatro grandes lagunas: la existencia de conflictos de interés; la proliferación de grietas informativas que ponen en peligro la confidencialidad de los datos; la tendencia a demorar la publicación de cambios en las notas; y la escasez de recursos técnicos y humanos para afrontar su misión.
ResponderEliminarEn algunos casos, las decisiones finales acerca de subir o bajar la calificación de un país han sido tomada por directivos de las agencias y no por los analistas especializados, cuando la legislación obliga a preservar la independencia de los analistas respecto a otras áreas de negocio de las agencias.
Además, en muchos casos la responsabilidad de analizar la solvencia de la deuda soberana europea recae en personas con muy poca experiencia o recién contratadas, lo que pone en riesgo la calidad del trabajo.