Contra el coronavirus

El coronavirus SARS-CoV-2, que causa la enfermedad denominada COVID-19, ha logrado lo que ninguna calamidad en la historia: parar el mundo. Ni la Segunda Guerra Mundial, ni la bomba atómica sobre Hiroshima, ni los aviones del 11 de septiembre, ni la catástrofe de Chernóbil, ni siquiera los momentos más tensos de la crisis de los misiles cubanos, cuando el planeta estuvo, de verdad, a un paso del holocausto nuclear, consiguieron que tanta gente en tantos países se quedara en su casa muerta de miedo, dejando las calles vacías; los bares, cines y teatros, cerrados; y las pistas deportivas, desiertas.

En el Londres amenazado por las alemanas V-1 y V-2, las personas seguían yendo a los pubs. Cuando sonaba la alarma de bombardeo, sí, corrían a los refugios, pero cuando cesaba la alerta, la vida continuaba. El inmenso cañón alemán Gran Berta, de más de cien kilómetros de alcance, no apagó la vida nocturna de París. Ahora, en pleno siglo XXI, el mundo ha echado el cierre. A 23 de marzo de 2020 hay 294 110 infectados contabilizados (muchos menos de los reales) y 12 944 muertos. El secretario general de la ONU, António Guterres, ha advertido de que los fallecimientos podrían elevarse a millones.

Personalmente me domina la terrible sensación de que, con los recursos disponibles, no se están tomando las medidas óptimas. Suscribo las cinco recomendaciones de Yuval Noah Harari, las detallo y añado otras.

Uno, compartir información fiable: los países que están pasando por la epidemia deberían enseñar a los que todavía no la están atravesando. En este sentido es fundamental que cada país transmita a la Organización Mundial de la Salud (OMS) a diario sus cifras actualizadas de contagiados y fallecidos, especificando edad, sexo y patologías previas (diabetes, hipertensión, hipercolesterolemia...). Deben implantarse rápidamente estándares mundiales sobre qué significan estas cifras. Hay países que solo dan la cifra de hospitalizados, cuando la de contagiados (personas donde las pruebas detectan anticuerpos del SARS-CoV-2, aunque no presenten síntomas) es muy superior. Jamás debe ocultarse información: si China hubiera reaccionado tan solo una semana antes se habría evitado el 66 % de los contagios.

Dos, coordinar la producción mundial y la distribución equitativa de equipo médico esencial, como material de protección y máquinas respiratorias. Deben calibrarse las necesidades de mascarillas, equipos de protección individual (EPI), guantes, productos de desinfección y respiradores. Por país, por región y por ciudad. El material disponible, que siempre sería menos del necesario, se distribuiría de manera prorrateada por necesidad: si hay mil equipos, y una ciudad necesita dos mil y otra quinientos, se mandan 800 a la primera y 200 a la segunda. Se optimizaría la cadena de distribución para que el tiempo de llegada fuera el mínimo posible.

Hay que tener en cuenta que parte de este material se desgasta (algunas mascarillas deben renovarse diariamente; algunos EPI tienen un número limitado de usos y después deben desecharse), por lo que no basta enviar material una sola vez; tiene que establecerse un flujo constante.

Con la mayor rapidez se deben hacer las adaptaciones necesarias en fábricas que lo admitan para hacer frente a la escasez de este material. General Motors, Ford y Tesla ya han tomado medidas en ese sentido. Obviamente esto debe hacerse con cabeza, teniendo en cuenta que es una situación temporal. Las adaptaciones deben permitir que las fábricas vuelvan a su configuración normal cuando pase todo esto.

Los derechos de patente y la normativa sobre especificaciones deberían suspenderse durante este período excepcional. Sin obstaculizar la producción ni la distribución, únicamente deberían llevarse a cabo inspecciones de calidad para verificar que el material sirve para el propósito previsto (y no que un respirador de un fabricante novato introduzca micropartículas de plástico en los pulmones de un enfermo, por ejemplo).

Tres, los países menos afectados deberían enviar médicos, enfermeras y expertos a los países más afectados, tanto para ayudarlos como para adquirir experiencia.

Cuatro, crear una red de seguridad económica mundial para salvar a países y sectores más afectados.

Cinco, formular un acuerdo mundial sobre la preselección de viajeros, que permita que un pequeño número de personas esenciales sigan cruzando las fronteras.

Seis, investigación, investigación e investigación, mundialmente coordinada. Todos los equipos de investigación médica que actualmente estén con otras enfermedades (cáncer, alzheimer) y que puedan suspender temporalmente su tarea sin echar a perder el trabajo realizado, deben dedicarse a este coronavirus. Hay que averiguar por qué no afecta a los niños, y si el mecanismo puede trasladarse a los más vulnerables, los ancianos. Hay que terminar cuanto antes las pruebas de las vacunas que ya han empezado. Hay que averiguar, si, aparte de la cloroquina, en el inmenso arsenal farmacéutico del que dispone la humanidad, hay alguna otra arma eficaz. ¿Y en qué dosis? ¿Por qué vía (oral, en aerosol, inyectable...)? ¿Para pacientes en qué condición (infectados sin síntomas, con síntomas leves, con disnea, terminales)? Evidentemente, cada equipo tiene que dedicarse a investigar una sola cosa, que les debe venir ordenada desde arriba, por alguien que lleve cuenta de lo que todavía no se sabe, y los resultados deben compartirse inmediatamente y estar disponibles gratuitamente para toda la comunidad científica y la ciudadanía. De nuevo la OMS es el organismo más adecuado para esto. Si es necesario reforzar temporalmente sus medios humanos o técnicos, hágase.

Siete, separar a los infectados de quienes no lo están. Y no digo "a los enfermos de los sanos", porque la clave de esta pandemia es que la inmensa mayoría de los infectados no presenta síntomas, pero puede contagiarla a una minoría vulnerable que morirá en masa por el colapso de los sistemas sanitarios. En España se han producido intensos focos en residencias de ancianos porque, en vez de trasladar al enfermo a un hospital, permanece en la residencia, sin que los trabajadores dispongan de los equipos de protección adecuados. Una nueva instrucción obliga a separar a los residentes en cuatro categorías: sin síntomas y sin contacto estrecho con caso posible o confirmado de coronavirus; residentes sin síntomas, en aislamiento preventivo; residentes con síntomas; y casos confirmados. Esto es ineficaz. Lo primero es trasladar a los hospitales, incluidos los de campaña que se están montando, a quienes necesiten atención hospitalaria. Después hay que habilitar unas residencias para infectados que no necesiten atención hospitalaria, y otras residencias para no infectados, trasladando físicamente a cada una de ellas a los ancianos según su condición, comunicándoselo a sus familiares, pero sin que sea necesario el permiso de estos ni el de las personas trasladadas. El personal de las residencias de no infectados, antes de comenzar su jornada laboral, debe hacerse una prueba rápida (15 minutos) de coronavirus. Si resulta positivo debe notificarlo e ir a trabajar a alguna de las residencias de infectados, con los equipos de protección adecuada, ya que, cuanto mayor es la cantidad de SARS-CoV-2 a la que se exponga una persona, mayor es la probabilidad de que desarrolle un grado más intenso de la enfermedad. Por eso los sanitarios son uno de los colectivos más afectados.

Ocho, debe hacerse todo lo posible para paliar la recesión económica mundial que va a provocar esta enfermedad. Millones de empresas, autónomos y empleados perderán sus ingresos o los verán reducidos. Los Estados deben poder endeudarse sin límite para atender a estas necesidades. A todo aquel que pueda demostrar que tenía unos ingresos (por ejemplo, un salario, o las rentas declaradas de un pequeño negocio) y que los ha perdido, el Estado debe garantizarle unos ingresos mínimos mientras dure esta situación anómala. Esperemos que sea poco.

Cambiar la estrategia de Ciudadanos

El partido español Ciudadanos se pegó el batacazo padre en las elecciones del 10 de noviembre de 2019: de 57 diputados en las generales de ese mismo año a solo 10 representantes siete meses después. Su líder, fundador y principal responsable de la debacle, Albert Rivera, dimitió. Su sucesor aún no ha sido elegido, pero de momento parece que será Inés Arrimadas. Lo que no queda nada claro es la estrategia que va a seguir a partir de que sea designada.

Ciudadanos fue fundado como un partido de centro izquierda, pero en 2017 abandonó la socialdemocracia para definirse como liberal progresista. El éxito electoral hizo creer a Rivera que podía superar al principal movimiento de la derecha española, el Partido Popular (PP), por lo que radicalizó su discurso, atacando muy duramente al partido socialista y negándose a pactar con él la investidura posterior a abril de 2019, a pesar de que ambos partidos sumaban votos suficientes. Esto provocó una quiebra interna de Ciudadanos y la marcha o desafección de muchas personas de renombre que habían fundado el partido, colaborado con él desde sus inicios o saludado favorablemente sus propuestas. El resultado fue el naufragio del siguiente noviembre y el indeseable auge de la ultraderecha.

Un partido de centro es necesario en esta España fragmentada y polarizada. No sirve de nada tener dos derechas con propuestas parecidas, queriendo además ambas competir con la ultraderecha. Es mucho mejor una estructuración en cinco partidos: extrema izquierda, izquierda, centro, derecha y ultraderecha. Ciudadanos tiene que ser el partido bisagra. Tiene que comprometerse a encabezar gobiernos (nacionales, autonómicos o municipales) solo si es la lista más votada. En otro caso, debe comprometerse a apoyar a la lista más votada, a cambio de moderación y combate sin concesiones contra la corrupción.

Con ese ideario simple (limpieza, moderación e igualdad entre todos los españoles, sin privilegios para los de ninguna autonomía) ya tiene ideología de sobra para caminar hacia delante. Solo le queda la durísima batalla de la credibilidad. Con los permanentes bandazos lo tiene muy difícil para convencer al electorado de que esta vez va en serio, de que estos parámetros son su verdadera esencia y no los va a modificar. Se arriesga a seguir la senda del olvidado Partido Reformista Democrático de Miquel Roca i Junyent y del más reciente Unión, Progreso y Democracia.

En primer lugar debe dejar atrás a la carbonizada Arrimadas, ya sin baza alguna, y elegir a un líder creíble. El único que se me ocurre en este momento es Francesc de Carreras. En segundo lugar, para dar algo de credibilidad a su apuesta, tiene que romper las alianzas con el PP en las autonomías de Andalucía y Madrid, para componerlas con el PSOE, que fue la lista más votada en las elecciones autonómicas del 26 de mayo de 2019. No será nada fácil. Pero Ciudadanos no tiene otro camino para sobrevivir y España necesita su activa participación.

Teoría de la inspección óptima

Sea una empresa que debe cumplir una determinada normativa V. Cumplirla le supone un coste f·C, siendo C su cifra de negocios (facturación) en las unidades monetarias del país donde está radicada, y f un número adimensional entre 0 y 1, en principio de un valor pequeño, como 0,01 o 0,02. Asimismo, incumplirla supone un daño social d·C, siendo d un número adimensional entre 0 y 1.

Si la incumple, la empresa añadirá f·C a sus beneficios, pero, si es inspeccionada, se arriesga a una multa m·C, siendo m un número adimensional mayor que 0. La probabilidad de que la empresa sea inspeccionada en un año natural es p. Ese año natural también es el año del ejercicio económico. En el país hay E empresas sujetas a la normativa V, y S inspectores de dicha normativa. Estos inspectores trabajan 47 semanas al año, 40 horas por semana. Determinar si una empresa cumple la normativa lleva h·C horas¹, siendo h un número positivo de dimensión horas/unidad monetaria (que en este artículo se simbolizará con €, sin que eso restrinja la ubicación geográfica de la empresa) y con un valor de algunas millonésimas. Por ejemplo una empresa que facture 100 millones de € se inspeccionará en 20 horas.

Cada inspector cuesta al Estado 40 000 € al año, siendo esta cantidad el salario bruto del inspector más las cotizaciones a la Seguridad Social menos lo que el inspector paga por IRPF.

La distribución de la cifra de negocios de las E empresas es exponencial: hay muchas que tienen una cifra de negocios de 1 M€, pocas de 10 M€, y la mayor factura 900 M€, distanciándose considerablemente de la segunda, que solo factura 500 M€. La facturación media C_m es 20 M€.

La infracción de la normativa prescribe en un plazo P, que de momento, para hacer los cálculos que responderán a las preguntas que se van a plantear, se fija en 5 años. El inspector es capaz de averiguar, si hay incumplimiento, el momento en que se ha producido. Por ejemplo, inspecciona la empresa en un año a. Halla que, en ese momento, la empresa está cumpliendo la normativa, pero en el año a-3 la incumplía. Puede entonces poner la multa m·C. La multa es igual tanto si en el momento de la inspección la empresa está cumpliendo la normativa como si la incumplió en un pasado dentro de este plazo de prescripción, y siempre se aplica sobre la facturación del año en que se incumplió que, como se ha dicho, no tiene por qué coincidir con el año de inspección.

Un programa informático sortea de manera perfecta las empresas que se van a inspeccionar. Todas las empresas entran en el sorteo cada vez. Es decir, que una empresa haya sido inspeccionada no la libra de entrar en el siguiente sorteo.

Para simplificar se supone que no hay inflación, que tanto los sueldos de los inspectores como las facturaciones de las empresas son constantes, y que no varía el número de empresas. Aunque por supuesto las sanciones pueden ser recurridas, los tribunales siempre dan la razón al Estado, y al final, se pagan².

Preguntas:

1. Suponiendo que el número de empresas E es 100 000, el número S de inspectores es 10, f = 0,01 y m = 0,03 ¿cuál es el riesgo para una empresa de incumplir la normativa?
2. En la situación anterior ¿mantener la inspección supone para el Estado un ingreso o un gasto? ¿Y si se tiene en cuenta que el daño social por el incumplimiento d = 0,02?

Solución: en el período de prescripción P (5 años) se realizan 5 · 47 · 40 · 10 = 94 000 horas de inspección. Inspeccionar a la empresa media lleva 4 horas (si una empresa que facture 100 M€ se inspecciona en 20 horas, una que facture 20 M€ (C_m) se examina en la quinta parte de tiempo. Se habrán realizado, por tanto, 23 500 inspecciones. La probabilidad de que, en 5 años, una empresa sea inspeccionada es 23 500/100 000 = 0,235. Si incumple, el gasto esperable es 0,235 · m · C = 0,00705 · C. Mientras que si cumple, el gasto, en ese período de 5 años, es de 5 · f · C = 0,05 · C. Por tanto, con los parámetros fijados en estos valores, a la empresa le sale rentable incumplir la normativa.

Cabe esperar, por tanto, un grado de incumplimiento alto. Supongamos que es el 90 %. En esta situación lo recaudado por multas es 0,9 · 23 500 · m · C_m = 12 690 M€ cada 5 años. Si en esos años se han pagado a los inspectores 5 · S · 40 000 = 2 M€ parece que la situación sale al Estado muy rentable. Ahora bien, si tenemos en cuenta el daño social, la pérdida para el Estado es de esos 2 M€ + 0,9 · E · d · 5· C_m = 182 000 M€ cada 5 años. Queda claro así que es una ruina.

Obviamente este daño social dependerá de la normativa que se incumpla. Si es una normativa recaudatoria, el Estado perderá esa recaudación, y, si no está sujeto a restricciones de déficit, deberá compensarla con emisiones de deuda (a un interés cuantificable, que será el daño). Si, en cambio está sujeto a restricciones, calcular el daño se vuelve más difícil, pero siempre se puede hacer una estimación razonable. En otro orden de cosas, si el incumplimiento es no pagar las cotizaciones a la Seguridad Social por todas las horas realmente trabajadas, el daño se puede cuantificar con la pensión media y los ingresos brutos que esos trabajadores, cuando se jubilaran, perderían respecto a si se hubieran hecho los pagos correctos.

Se han expuesto los parámetros que deben tenerse en cuenta para que, en una situación real, donde vendrán dados C_m, d, E, h y coste de los inspectores, el responsable político ajuste P, m y S para minimizar prudentemente el daño social, sin que eso suponga un gasto desproporcionado para el Estado en inspectores ni para el sector empresarial en multas. Se cree recomendable reducir la normativa al mínimo imprescindible y facilitar a las empresas su cumplimiento, automatizándolo todo lo posible, de modo que el personal de las empresas no tenga que realizar tareas adicionales. Un buen ejemplo es el sistema de Suministro Inmediato de Información (SII) del IVA. Por supuesto la normativa debe perseguir fines que tengan suficiente apoyo social y elaborarse con la máxima colaboración de las empresas.

1 Cuanto mayor es la cifra de negocios de la empresa, más horas lleva determinarlo. Para simplificar se ha puesto una relación lineal, pero es posible que la relación sea logarítmica, k+h·log(C).

2 Si se hacen los cálculos para un supuesto real, habrá que tener en cuenta las ratios ([número de multas no recurridas + veces que los tribunales dan la razón al Estado en las recurridas]/nº de multas impuestas) y (nº de multas que al final se consiguen cobrar/nº de multas impuestas).