1. La tasa de paro debe estar por debajo del 6%. Este es el primer objetivo económico. Todos los demás deben supeditarse a él de forma sostenible. Es decir, si la tasa de paro es del 9%, de nada vale aumentar monstruosamente un año el déficit para reducirla ese año al 5%, porque en años siguientes volverá a crecer. Lo importante de estas cifras objetivo no es que una magnitud se encuentre dentro o fuera de las franjas debidas, sino su tendencia (favorable) a mantenerse en esas franjas o entrar en ellas, o bien la desfavorable a alejarse de dichas franjas, o a salir de ellas. Como el velocímetro en el salpicadero de un coche.
2. La inflación debe encontrarse entre el 1% y el 3% anual. Menos puede suponer riesgo de deflación, que corroe la economía de mercado, porque retrasa las decisiones de posibles compradores, a la espera de precios más bajos. Y más, deteriora el valor de los activos y genera incertidumbre. Como herramientas para combatir una inflación que tiende a salirse por arriba de la franja debida debería utilizarse, primero, el aumento de los tipos de interés, y luego, si no se revela eficaz, el incremento de la imposición directa (para reducir la cantidad de dinero disponible por los consumidores) o la restricción directa del crédito (por ejemplo, obligando a que, en las compras a plazos, necesariamente el primero tuviera que abonarse en el momento de la compra, y que el número máximo de plazos pudiera ser fijado por el Gobierno. No es lo mismo comprarse un coche de 10.000 euros en 50 plazos que en 30. En el segundo caso, quedaría restringido el número de posibles compradores.)
3. En una situación de crecimiento en la franja debida (ver más adelante), que llamaré "situación normal" los salarios nominales deben aumentar, al menos, con la inflación, pero eso sí, de modo diferido y paulatino. La principal herramienta de la que dispone el Gobierno para este objetivo es el salario mínimo, que debe existir. En febrero de cada año, cuando se conozca la inflación de todo el año anterior, se decidirá sobre el aumento, de acuerdo con la situación de los demás indicadores. Puede hacerse de golpe (para que se empiece a aplicar en marzo), en dos veces (si, por ejemplo, el crecimiento es débil o la inflación elevada), en cuatro...
4. Las pensiones, en cambio, no deben indizarse con la inflación. Para su cálculo debe seguirse el sistema de pensiones inquebrable que propongo en otra entrada. En una situación normal, aumentarán como los salarios, pero en caso de crisis no comprometerán el resto de la economía.
5. El interés del dinero debe encontrarse entre el 1% y el 6%, y en situación normal, al menos medio punto por encima de la inflación. Aunque ahora mismo (octubre de 2014) en EE.UU., la UE y Japón se encuentra prácticamente en 0%, y la economía estadounidense va bien, mientras que las otras renquean, unos tipos tan bajos privan a los responsables económicos de una de las principales herramientas de control. Encuentro preferible que del manejo de esta cifra objetivo se encargue un organismo independiente, tal como explico en la entrada Los bancos centrales.
6. El gasto público debe situarse entre el 40% y el 45% del PIB. Es imposible gastar menos si seguridad, justicia, educación, sanidad y pensiones son públicas y de la calidad deseable, como defiendo en otra entrada. Y más (hay países, como Eslovenia, que casi llegan al 60%) suponen que el Estado excede su doble y debido papel de
- controlador de la actividad económica general +
- realizador de las actividades en las que es claramente más eficiente
para ocupar una porción demasiado amplia del espectro económico, con el riesgo que esto supone para la libertad, el desarrollo y el dinamismo.
Hago un inciso para reiterar mi absoluta convicción, derivada de los hechos, de que el mercado, dejado a sí mismo, se autodestruye. En cambio, el Estado puede sobrevivir sin el mercado, pero lleva situaciones altamente indeseables, cuyo paradigma es Corea del Norte. No soy hostil al Estado ni al mercado. Propugno su coexistencia pacífica y equilibrada, con el Estado vigilando al mercado y los ciudadanos vigilando con desconfianza a los dos y exigiéndoles democráticamente las demandas que juzguen razonables.
7. Los ingresos públicos (la presión fiscal) en situación normal deben situarse un punto por encima del gasto. Es decir, el Estado no ha de tener déficit, sino superávit. Evidentemente no promulgo recortar el gasto público en países donde se encuentra en la franja debida (España, por ejemplo, tenía el 43,8% en 2013), sino aumentar los ingresos (combatiendo sin tregua el fraude, la elusión y los paraísos fiscales). Es deseable acercar todo lo posible la imposición de las rentas del capital, del trabajo y de la actividad empresarial. También llegar a acuerdos internacionales de topes mínimos y máximos efectivos para cada renta. Las nóminas de los que cobran el salario mínimo (o menos) deben gravarse al 0%, y las que cobran un múltiplo de dicha cantidad (por ejemplo 10 veces, 15 veces), al tipo máximo, que en ningún caso será efectivamente superior al 49%. Tampoco a ningún contribuyente (persona física o jurídica), por rico que sea, se le podrá detraer mediante impuestos directos (estatales, municipales; los indirectos no se tienen en cuenta) más del 49% de su renta (escudo fiscal). Los ricos deben pagar más, de acuerdo, pero tipos efectivos del 60% o hasta del 80%, como existen, son un abuso y una injusticia, porque solo derivan de la incapacidad de los gobernantes para perseguir eficazmente a los evasores.
8. Los fondos resultantes de este superávit (creo que no hay una palabra para llamarlos; al contrario de lo acumulado tras sucesivos años de déficit, que se denomina "deuda") se destinarían a períodos en que el crecimiento estuviera por debajo del límite inferior debido, para estimular la economía con obras públicas, préstamos en condiciones favorables, formación de desempleados, transformación de sectores productivos obsoletos, etc. Estos fondos, por tanto, en situación normal, no se podrían invertir. Ni en deuda de otros países, ni en la bolsa, ni en prestar a interés, porque existiría el riesgo de que, cuando fueran necesarios, no estuvieran disponibles o (caso de la bolsa) hacerlos líquidos los mermara significativamente (en una situación de crisis la bolsa baja mucho, y vender importantes cantidades de acciones la hace bajar todavía más). Quedarían así "económicamente muertos". Pero es la única forma en que cumplan su función. Una economía (capitalista, obviamente) bien gestionada en un entorno favorable tiende a sobrecalentarse. No hay más remedio que estar enfriándola constantemente (sin pasarse, ojo). La forma más eficaz es detraerle "combustible" (dinero): restringiendo el crédito, dificultando las compras a plazos, aumentando las retenciones mensuales sobre los salarios, etc.
9. El crecimiento del PIB debe situarse entre el 2 y el 4% anual (aunque, como he dicho en otra entrada, es insostenible el crecimiento infinito en un planeta con recursos finitos, pero ese es el mapa de otro territorio). Más supone riesgo de descontrol de la economía (la economía china, que durante años ha crecido a ritmos superiores al 11%, se enfrenta ahora a riesgos de burbujas, desempleo, contaminación y descontento social). Menos, genera desempleo o no permite absorberlo.
10. Todas las cifras estadísticas (por ejemplo, el PIB es estadístico, porque deriva de la evaluación de la realidad, pero el salario mínimo, no, porque lo fija el Gobierno, y los tipos de interés, tampoco, porque los fija el banco central) deben calcularlas y proporcionarlas públicamente organismos independientes y sin funciones reguladoras, con metodologías transparentes e internacionalmente consensuadas. Buen ejemplo: el INE español. Mal ejemplo: su homólogo argentino y su historial de manipulación de la inflación. Trimestralmente (y esto es fundamental, porque en la economía actual la difusión de una decisión económica multiplica sus efectos) el Ministro de Economía debe dar una rueda de prensa (y luego admitir preguntas, por supuesto) sobre la situación de las cifras objetivo, sus previsiones y las medidas que se van a tomar. No debe haber más portavoces oficiales que expresen opiniones al respecto (para que las del Ministro al cargo tengan todo el peso posible).
En 2013, la Administración en su conjunto gastó 464.759 millones de euros, el 44,3% del PIB. Sin contabilizar la ayuda financiera –que no se tiene en cuenta a efectos del cumplimiento del déficit, el nivel baja al 43,8%. Supone el decimotercer porcentaje más bajo de la UE de los Veintiocho y se encuentra a 5,6 puntos de la media de la zona euro (49,4%).
ResponderEliminarFedea considera que el sector público español no está “sobredimensionado". El nivel vigente es adecuado si se quiere tener un “Estado de bienestar a la europea”. Además, señala que, en un entorno neutral –sin recesión ni expansión económica– difícilmente se podría fijar un nivel de gasto por debajo del 42% del PIB “sin desmantelar programas importantes de nuestro Estado del Bienestar”.
El Círculo de Empresarios, en cambio, lamentó en un informe reciente que el Gobierno haya renunciado a recortar el gasto en los Presupuestos de 2015. El organismo presidido por Mónica de Oriol defiende que el tamaño del sector público debería moverse entre el 35% y el 40% del PIB. Ello supone entre 40.000 millones y 92.000 millones menos que ahora. Precisamente ese era el plan inicial del Gobierno de Mariano Rajoy que, solo meses después de formarse, remitió a Bruselas el Programa de Estabilidad 2012-2015. Allí se fijaba el objetivo de rebajar el gasto público en 2015 al 37,7% del PIB, el nivel más bajo desde 1984 y que, en caso de cumplirse, habría supuesto un ajuste sin precedentes.
Yellen y el resto de gobernadores de la Fed consideran que la economía de EEUU se ha encauzado más menos definitivamente. Los datos macroeconómicos más importantes de la misma son: un crecimiento interanual del PIB en el tercer trimestre cifrado provisionalmente en el 3,5% (cuatro décimas más de lo que preveía el consenso de los servicios de estudio), un paro del 5,9% de la población activa (que la Fed debe tener en cuenta estatutariamente tanto como la inflación —del 1,7%— y como el crecimiento del PIB a la hora de tomar sus decisiones, no como otros bancos centrales), y un déficit público del 2,8% del PIB.
ResponderEliminarJapón subió el IVA del 5% al 8% y la economía ha entrado inesperadamente en recesión. Pues claro. Y tenían prevista una subida al 10%. La han pospuesto a 2017, pero sin posibilidades de aplazamiento. En España pasó lo mismo en septiembre de 2012 con la subida del 18 al 21%. Si es que cuando la economía está débil no hay que subir impuestos; hay que luchar más eficazmente contra el fraude.
ResponderEliminarSi Japón hubiera atacado con contundencia su crisis bancaria y de deuda, como recomienda Richard Koo, y hubiera conseguido un crecimiento potencial del 1% y un objetivo de inflación del 2%, su PIB nominal en 2013 sería un 50% mayor. Sus ingresos públicos habrían crecido, hace años que habrían acabado con el déficit y no tendrían una crisis de deuda pública.
ResponderEliminarEspaña es el sexto país europeo que menos recauda en función de su PIB, un 37,8% según las últimas cifras de Eurostat, mientras que la media de los socios de la zona euro se situó durante el año pasado en el 46,6% de su PIB. Y ello a pesar de las subidas generalizadas de impuestos aplicadas durante la crisis para contener la acelerada sangría de ingresos públicos.
ResponderEliminarEllo refleja la ineficiencia de la recaudación en nuestro país, que en el IRPF se sustenta mayoritariamente en los ingresos de los asalariados.
Este modelo resulta insostenible. Porque aunque es cierto que en la reducción del gasto público (que asciende al 43,6% del PIB frente al 49% de los países del euro y el 38,1% del conjunto de la UE) hay recorrido para moderar la asfixiante presión fiscal sobre el ciudadano, la parte del león debe proceder de una mayor efectividad en la recaudación de impuestos.
En otoño de 2015, el Gobierno británico llevará al Parlamento una norma que prohibirá que en años de crecimiento del PIB se gaste más de lo que ingresa fiscalmente. Es decir, el superávit de las cuentas públicas será obligatorio en años “normales”. Lo que se recauda con los impuestos habrá de cubrir el gasto ordinario de la administración y las inversiones en infraestructuras. Solo se podrá pedir prestado para salir de situaciones de recesión.
ResponderEliminarEl ejemplo perfecto de una idea seriamente mala es la determinación, contra toda evidencia, de defender que el gasto público que ayuda a los menos afortunados es una causa fundamental de nuestros problemas económicos. En Estados Unidos, me alegra decirlo, esta idea parece estar contra las cuerdas. En Gran Bretaña, sin embargo, sigue imponiéndose. En concreto, un factor importante del reciente triunfo electoral de los conservadores ha sido el modo en que los medios de comunicación británicos les han dicho a los votantes, una y otra vez, que el gasto público excesivo del Gobierno laborista fue el causante de la crisis financiera.
ResponderEliminarApenas hay que esforzarse para demostrar que esa afirmación es absurda por diversos motivos. Por un lado, la crisis financiera afectó a todo el mundo; ¿acaso provocó el supuesto despilfarro de Gordon Brown el estallido de las burbujas inmobiliarias de Florida y España? Por otra parte, todas estas acusaciones de irresponsabilidad constituyen un falseamiento de los hechos porque, en vísperas de la crisis, nadie opinaba que Gran Bretaña estuviese derrochando el dinero: la deuda era baja, desde un punto de vista histórico, y el déficit, bastante pequeño. Para terminar, la supuestamente desastrosa situación fiscal de Gran Bretaña jamás ha preocupado a los mercados, que han seguido dispuestos a comprar bonos británicos, aun cuando su rendimiento es bajo, en términos históricos.
En su informe sobre ingresos y gastos públicos entre 2007 y 2013, la OCDE incluye a España en el grupo de países (lo completan Grecia, Irlanda, Portugal Italia o Japón) cuya deuda considera insostenible si no son capaces de acumular superávit primarios (sin el coste de la deuda) durante décadas. En el caso español, el saldo primario positivo debería promediar el 2% anual
ResponderEliminarEn caso de aumentos del PIB, la teoría sugiere que los países no deberían perseguir una política fiscal expansiva sino más bien aprovechar los tiempos relativamente buenos para ahorrar y crear espacio fiscal.
ResponderEliminarTener un déficit fiscal estructural cuando el PIB aumenta (expansión procíclica) es, por definición, insostenible. Sólo en los países donde el PIB se reduce y donde la deuda y las tasas de interés son relativamente bajas podría contemplarse una política fiscal contracíclica.
Dado que esta política puede ir acompañada de un aumento de la deuda, unas instituciones fiscales adecuadas para asegurar un retorno creíble al equilibrio fiscal, cuando el PIB vuelva a crecer, contribuirían a limitar los aumentos de las tasas de interés. Si las tasas de interés llegaran a subir, la política fiscal expansiva sería menos efectiva.
Mauricio Macri, Presidente de Argentina: "Encontré un Estado devastado, carcomido por la inoperancia y la corrupción. Sin saber cuáles eran las reservas, el porcentaje de inflación, de pobreza, de PIB, las estadísticas de inseguridad, ni siquiera de accidentes de tráfico… Ha costado mucho empezar a construir una herramienta de navegación. Hemos tenido que pilotar un avión sin instrumental."
ResponderEliminarDos economistas del Banco Mundial han analizado datos de PIB, deuda y gasto público de un gran número de países y concluyen que, si el país tiene su deuda alta, los efectos de un incremento del gasto público son menores que si la tiene baja.
ResponderEliminarCarmen Reinhart y Kenneth Rogoff afirmaron en un artículo de 2010 (ver https://en.wikipedia.org/wiki/Growth_in_a_Time_of_Debt) que cuando la deuda externa (suma de la deuda pública externa y de la deuda privada externa) de un país supera el 60 % del PIB, el crecimiento disminuye en dos puntos.
ResponderEliminarEsta afirmación se reveló después como errónea por fallos en el Excel de cálculo y omisión de datos relevantes.
Sin embargo, se ha usado políticamente esta afirmación errónea como argumento para reducir el nivel de deuda pública.
La deuda pública es lo que debe un Estado. Puede debérselo a inversores del propio país o del extranjero. La deuda privada es lo que deben los particulares y empresas de un país. Pueden debérselo a bancos del mismo país o del extranjero.
La deuda externa es lo que debe un Estado a extranjeros más lo que deben a extranjeros los particulares y empresas del territorio (país) gobernado por ese Estado.
Hay países con altos niveles de deuda pública (como Japón) pero que se la deben casi toda a nacionales, por lo que su nivel de deuda externa es bajo. También se da el caso opuesto.
Lo que está claro es que no se debe usar como argumento político para reducir la deuda pública una afirmación errónea sobre la deuda externa, lo mismo que no deben usarse para comprar sandías consejos (como el aspecto de la piel) válidos para melones.
Ahora bien, hay argumentos basados en datos empíricos para reducir la deuda pública: un estudio con datos de deuda pública y crecimiento de 183 países distintos (fuente: FMI) a lo largo de 25 años (de 1980 a 2015) muestra que, a mayor deuda, menor crecimiento, y que hay dos umbrales clave:
1. El mayor impacto negativo en el crecimiento (más de medio punto, exactamente 0,52) se observa cuando la deuda supera el umbral del 100 % del PIB.
2. El segundo mayor impacto (casi medio punto, exactamente 0,45) se produce cuando la deuda rebasa el umbral del 60 % del PIB.
POR TANTO, ha de mantenerse la deuda por debajo del 60 % del PIB, y si llegara a superarse, EN NINGÚN CASO debe permitirse que rebase el 100 % del PIB.
La comunicación a los mercados de una estrategia de futuro conocida y previsible (por ejemplo, la expansión cuantitativa) aumenta la eficacia de esas políticas, además de constituir su específica rendición de cuentas ante la opinión pública, subrayan Nergiz Dincer y Barry Eichengreen en una potente investigación (Central banck transparency and independence..., en International Journal of Central Banking, 2014)
ResponderEliminarEn ausencia de un cierto equilibrio de poder entre el Estado y la sociedad, un país puede verse sometido a fuerzas centrífugas que lo lleven a la anarquía, donde el poder central es incapaz de ejercer su autoridad (Afganistán), o hacia un despótico Leviatán (Corea del Norte) en el que la sociedad civil está totalmente sometida. Las fronteras que delimitan la senda de equilibrio son inestables y pueden moverse bastante por efecto de choques externos significativos. El cambio tecnológico y la mundialización son, según el economista Daron Acemoglu, más que suficientes para comprometer el equilibrio anterior. Si se intenta recuperar ese equilibrio respondiendo al descontento social con un Estado más fuerte se corre el peligro de empeorar aún más la situación.
ResponderEliminarEl nuevo paradigma keynesiano recomendaba no recortar gastos en medio de las recesiones. Pero para conseguirlo, los países deberían ahorrar en los años de bonanza y reducir la deuda pública para poder financiar sus déficit a tipos de interés bajos.
ResponderEliminarSi hay déficit y deuda pública elevada cuando llega la recesión, y los inversores temen el impago, se produce fuga de capitales, aumentan las primas de riesgo, se restringe el crédito y sube el paro. Por lo tanto, aumentar el déficit público en una recesión puede provocar un crecimiento del desempleo y ser procíclico, justo lo que Keynes pretendía evitar.
España no cuenta con margen en las cuentas públicas para afrontar la ralentización económica. Lo impide una deuda pública cercana al 100% del PIB, unas pensiones cuyo coste va al alza y un paro demasiado elevado. Así lo afirman organismos como la Comisión Europea, el FMI o el Banco de España. Y lo constatan, pese a su distinto signo político, media docena de ex altos cargos consultados. Consideran que es preferible proteger la solvencia del Estado antes que intentar reanimar la actividad. Con un endeudamiento alto, lo que se gana de impulso con los estímulos se acaba perdiendo por la prima de riesgo.
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