1. La tasa de paro debe estar por debajo del 6%. Este es el primer objetivo económico. Todos los demás deben supeditarse a él de forma sostenible. Es decir, si la tasa de paro es del 9%, de nada vale aumentar monstruosamente un año el déficit para reducirla ese año al 5%, porque en años siguientes volverá a crecer. Lo importante de estas cifras objetivo no es que una magnitud se encuentre dentro o fuera de las franjas debidas, sino su tendencia (favorable) a mantenerse en esas franjas o entrar en ellas, o bien la desfavorable a alejarse de dichas franjas, o a salir de ellas. Como el velocímetro en el salpicadero de un coche.
2. La inflación debe encontrarse entre el 1% y el 3% anual. Menos puede suponer riesgo de deflación, que corroe la economía de mercado, porque retrasa las decisiones de posibles compradores, a la espera de precios más bajos. Y más, deteriora el valor de los activos y genera incertidumbre. Como herramientas para combatir una inflación que tiende a salirse por arriba de la franja debida debería utilizarse, primero, el aumento de los tipos de interés, y luego, si no se revela eficaz, el incremento de la imposición directa (para reducir la cantidad de dinero disponible por los consumidores) o la restricción directa del crédito (por ejemplo, obligando a que, en las compras a plazos, necesariamente el primero tuviera que abonarse en el momento de la compra, y que el número máximo de plazos pudiera ser fijado por el Gobierno. No es lo mismo comprarse un coche de 10.000 euros en 50 plazos que en 30. En el segundo caso, quedaría restringido el número de posibles compradores.)
3. En una situación de crecimiento en la franja debida (ver más adelante), que llamaré "situación normal" los salarios nominales deben aumentar, al menos, con la inflación, pero eso sí, de modo diferido y paulatino. La principal herramienta de la que dispone el Gobierno para este objetivo es el salario mínimo, que debe existir. En febrero de cada año, cuando se conozca la inflación de todo el año anterior, se decidirá sobre el aumento, de acuerdo con la situación de los demás indicadores. Puede hacerse de golpe (para que se empiece a aplicar en marzo), en dos veces (si, por ejemplo, el crecimiento es débil o la inflación elevada), en cuatro...
4. Las pensiones, en cambio, no deben indizarse con la inflación. Para su cálculo debe seguirse el sistema de pensiones inquebrable que propongo en otra entrada. En una situación normal, aumentarán como los salarios, pero en caso de crisis no comprometerán el resto de la economía.
5. El interés del dinero debe encontrarse entre el 1% y el 6%, y en situación normal, al menos medio punto por encima de la inflación. Aunque ahora mismo (octubre de 2014) en EE.UU., la UE y Japón se encuentra prácticamente en 0%, y la economía estadounidense va bien, mientras que las otras renquean, unos tipos tan bajos privan a los responsables económicos de una de las principales herramientas de control. Encuentro preferible que del manejo de esta cifra objetivo se encargue un organismo independiente, tal como explico en la entrada Los bancos centrales.
6. El gasto público debe situarse entre el 40% y el 45% del PIB. Es imposible gastar menos si seguridad, justicia, educación, sanidad y pensiones son públicas y de la calidad deseable, como defiendo en otra entrada. Y más (hay países, como Eslovenia, que casi llegan al 60%) suponen que el Estado excede su doble y debido papel de
- controlador de la actividad económica general +
- realizador de las actividades en las que es claramente más eficiente
para ocupar una porción demasiado amplia del espectro económico, con el riesgo que esto supone para la libertad, el desarrollo y el dinamismo.
Hago un inciso para reiterar mi absoluta convicción, derivada de los hechos, de que el mercado, dejado a sí mismo, se autodestruye. En cambio, el Estado puede sobrevivir sin el mercado, pero lleva situaciones altamente indeseables, cuyo paradigma es Corea del Norte. No soy hostil al Estado ni al mercado. Propugno su coexistencia pacífica y equilibrada, con el Estado vigilando al mercado y los ciudadanos vigilando con desconfianza a los dos y exigiéndoles democráticamente las demandas que juzguen razonables.
7. Los ingresos públicos (la presión fiscal) en situación normal deben situarse un punto por encima del gasto. Es decir, el Estado no ha de tener déficit, sino superávit. Evidentemente no promulgo recortar el gasto público en países donde se encuentra en la franja debida (España, por ejemplo, tenía el 43,8% en 2013), sino aumentar los ingresos (combatiendo sin tregua el fraude, la elusión y los paraísos fiscales). Es deseable acercar todo lo posible la imposición de las rentas del capital, del trabajo y de la actividad empresarial. También llegar a acuerdos internacionales de topes mínimos y máximos efectivos para cada renta. Las nóminas de los que cobran el salario mínimo (o menos) deben gravarse al 0%, y las que cobran un múltiplo de dicha cantidad (por ejemplo 10 veces, 15 veces), al tipo máximo, que en ningún caso será efectivamente superior al 49%. Tampoco a ningún contribuyente (persona física o jurídica), por rico que sea, se le podrá detraer mediante impuestos directos (estatales, municipales; los indirectos no se tienen en cuenta) más del 49% de su renta (escudo fiscal). Los ricos deben pagar más, de acuerdo, pero tipos efectivos del 60% o hasta del 80%, como existen, son un abuso y una injusticia, porque solo derivan de la incapacidad de los gobernantes para perseguir eficazmente a los evasores.
8. Los fondos resultantes de este superávit (creo que no hay una palabra para llamarlos; al contrario de lo acumulado tras sucesivos años de déficit, que se denomina "deuda") se destinarían a períodos en que el crecimiento estuviera por debajo del límite inferior debido, para estimular la economía con obras públicas, préstamos en condiciones favorables, formación de desempleados, transformación de sectores productivos obsoletos, etc. Estos fondos, por tanto, en situación normal, no se podrían invertir. Ni en deuda de otros países, ni en la bolsa, ni en prestar a interés, porque existiría el riesgo de que, cuando fueran necesarios, no estuvieran disponibles o (caso de la bolsa) hacerlos líquidos los mermara significativamente (en una situación de crisis la bolsa baja mucho, y vender importantes cantidades de acciones la hace bajar todavía más). Quedarían así "económicamente muertos". Pero es la única forma en que cumplan su función. Una economía (capitalista, obviamente) bien gestionada en un entorno favorable tiende a sobrecalentarse. No hay más remedio que estar enfriándola constantemente (sin pasarse, ojo). La forma más eficaz es detraerle "combustible" (dinero): restringiendo el crédito, dificultando las compras a plazos, aumentando las retenciones mensuales sobre los salarios, etc.
9. El crecimiento del PIB debe situarse entre el 2 y el 4% anual (aunque, como he dicho en otra entrada, es insostenible el crecimiento infinito en un planeta con recursos finitos, pero ese es el mapa de otro territorio). Más supone riesgo de descontrol de la economía (la economía china, que durante años ha crecido a ritmos superiores al 11%, se enfrenta ahora a riesgos de burbujas, desempleo, contaminación y descontento social). Menos, genera desempleo o no permite absorberlo.
10. Todas las cifras estadísticas (por ejemplo, el PIB es estadístico, porque deriva de la evaluación de la realidad, pero el salario mínimo, no, porque lo fija el Gobierno, y los tipos de interés, tampoco, porque los fija el banco central) deben calcularlas y proporcionarlas públicamente organismos independientes y sin funciones reguladoras, con metodologías transparentes e internacionalmente consensuadas. Buen ejemplo: el INE español. Mal ejemplo: su homólogo argentino y su historial de manipulación de la inflación. Trimestralmente (y esto es fundamental, porque en la economía actual la difusión de una decisión económica multiplica sus efectos) el Ministro de Economía debe dar una rueda de prensa (y luego admitir preguntas, por supuesto) sobre la situación de las cifras objetivo, sus previsiones y las medidas que se van a tomar. No debe haber más portavoces oficiales que expresen opiniones al respecto (para que las del Ministro al cargo tengan todo el peso posible).
