miércoles, 1 de enero de 2014

Las personas sin hogar

El fenómeno de la gente durmiendo en las calles de los países desarrollados (no es que los refugiados en los países pobres tengan menos importancia; tienen más, pues su número es mucho mayor, pero sus problemas se deben a causas distintas) hiere profundamente nuestra sensibilidad. Estos países tienen recursos suficientes para eliminar el problema y la inmensa mayoría de sus ciudadanos está de acuerdo en que una pequeña parte de sus impuestos se gaste con esa finalidad. Por tanto, si las noches frías sigue muriendo gente que duerme al raso, entonces no se están tomando las medidas adecuadas.


No todas las personas sin hogar se encuentran en la calle por la misma razón. La página de la Wikipedia sobre el fenómeno considera que casi siempre se debe a la ruptura de lazos familiares, laborales o sociales. Esto puede concretarse en un divorcio, quedarse sin empleo, ser desahuciado, sufrir un trastorno mental, una enfermedad que imposibilite trabajar, volverse adicto a alguna sustancia, etc. Dichas causas pueden encadenarse en la misma persona: alguien puede perder su trabajo, como resultado ser desahuciado de su casa, caer en una depresión y hacerse alcohólico.

Está claro, por tanto, que debe analizarse cada caso y tratarlo de la forma más adecuada. Las personas sin hogar que sufren una enfermedad incapacitante curable deben ser tratadas y curadas. Si se niegan a ello, deben poder ser llevadas ante un juez que, de forma temporal, las incapacite legalmente si lo considera adecuado, hasta que estén curadas.

Si su enfermedad es incurable (por desgracia hay muchas personas en esta situación que padecen graves trastornos mentales incurables), el Estado debe hacerse cargo de ellas, con una pensión por incapacidad permanente, si son capaces de vivir dignamente por si mismas, o, si eso no es posible, internándolas en manicomios.

Si padecen una adicción al alcohol (muy frecuente) o a otras drogas, deben ser incluidas en programas de desintoxicación, y si se niegan, forzarlas a ello. Esto supone una discriminación respecto a adictos que sí tienen hogar, pero está justificada porque si la persona conserva su hogar, conserva cierto control sobre su vida y tiene más probabilidades de superar su adicción.

Los desempleados capaces de trabajar deberían recibir la formación adecuada para desempeñar un trabajo que la sociedad demande y así obtener un salario a cambio. No estoy de acuerdo con que solo se les ofrezca la posibilidad de vender publicaciones caritativas. A nadie debería dejársele como única salida el vivir de la caridad de otros. Eso equivale a que los demás juzguen si vive o muere, y ninguna persona merece morir. Aunque tampoco estoy de acuerdo con la prohibición de la mendicidad. Sí con la resolución, caso por caso, de los problemas que han llevado al mendigo a esa situación, y con una fuerte concienciación social para no dar dinero a los mendigos.

Debería haber una directiva en la Unión Europea que obligara a cada municipio a proporcionar alojamiento y comida a cada persona nacida en ese municipio y que se encontrara sin hogar. Las personas que fueran halladas sin hogar en un municipio diferente al de su nacimiento serían trasladadas (si se niegan, a la fuerza) al de su nacimiento. Y allí recibirían, sin excepción alguna, esos beneficios. Eso no viola la libertad de circulación de los ciudadanos de la UE: una cosa es la libertad de circulación, y otra la libertad de establecimiento. Las personas libres deben poder ir (moviéndose) donde quieran, pero no quedarse tiradas en la calle, apropiándose así de un espacio comunitario que es de todos y que tiene otros usos.

Lo contrario haría que los municipios que cumplieran la directiva se llenaran de personas sin hogar,  causando la lógica irritación del resto de sus habitantes.

Las personas sin hogar no nacidas en la UE y que no tuvieran permiso de residencia en vigor serían deportadas a sus países de origen.


4 comentarios:

  1. Los médicos de los servicios de urgencias de los hospitales públicos se encuentran a menudo con una disyuntiva: pacientes a los que clínicamente les pueden dar el alta sobre la marcha, pero hay dudas sobre si van a estar bien atendidos una vez que salgan del centro. En teoría, la práctica habitual es intentar asegurarse de que una persona en riesgo social no va a quedar desamparada cuando salga a la calle, pero, en la práctica, las prisas del día a día en urgencias llevan a que no siempre se cumpla con estos requisitos. El Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha elaborado un protocolo para fijar los “criterios mínimos” que deben seguir todos sus médicos cuando les llegue un paciente que, además de un problema clínico, presente un problema social que suponga un riesgo añadido para su salud.

    Entre las principales novedades del documento está la regulación de lo que el SAS llama “ingreso por causas sociales”: los servicios de urgencias de los hospitales andaluces no podrán dar el alta a personas en riesgo social si no hay garantías de que el paciente va a estar bien atendido una vez que salga a la calle.

    El paciente se quedará ingresado hasta que el hospital le encuentre un recurso social (por ejemplo, un albergue en el caso de los indigentes o viviendas seguras para mujeres maltratadas) o garantice que tiene familia o cuidadores que se pueden hacer cargo de él.

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  2. Ocho personas se benefician del programa Housing First. A finales de 2015 serán 20 en la capital.

    Los seleccionados tienen que llevar años en la calle y contar con problemas de dolencias, adicciones o problemas mentales.

    Para el sorteo entre los elegidos —se consulta a distintos colectivos de profesionales—, se tiene en cuenta la división por sexos que existe en la calle. Por cada ocho vagabundos hay dos mujeres.

    Quienes disfrutan de alguna renta tienen que aportar el 30% del dinero.

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  3. El director del centro de políticas de la vivienda de la universidad de Galway opina que la infravivienda ahora está desbocada, ha crecido de forma espectacular. En los últimos diez años se ha vuelto muy caro conseguir un alquiler en cualquier ciudad europea. Barcelona más que ninguna otra porque aquí hay una gran industria turística. Airbnb, los alquileres de pocos días, generan una enorme presión en un número limitado de pisos que hace aumentar el precio. Y los alquileres razonables ya no pueden competir. Tener un hogar se ha vuelto imposible para el 30 % de la población.

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  4. Un politólogo, un obispo, un médico y un sociólogo formaron en 2007 el comité especial gubernamental que tenía como misión sacar de las calles de Finlandia a miles de personas sin hogar. Inspirado en el movimiento estadounidense Pathways Housing First, fundado a principios de los años noventa por el psicólogo Sam Tsemberis, el Gobierno del país nórdico consiguió reducir entre 2008 y 2015 un 35% el número de ciudadanos que se acuestan y se despiertan cada día a la intemperie: 1.345 personas. En Helsinki, según dicen las ONG involucradas en el programa, ya casi no hay vagabundos. Y el objetivo del Gobierno ahora es erradicar la población sin techo en todo el país para 2027, según Bloomberg.

    Siguiendo la estela de Tsemberis —que implementó el proyecto en Nueva York, una ciudad especialmente complicada durante las últimas décadas del siglo XX—, la clave no está en la reinserción ni en la desintoxicación de drogas o alcohol como condición sine qua non para acceder a una vivienda. Por el contrario, se trata de un cuasiliteral “empezar la casa por el tejado”. Todo comienza con la entrega de llaves, sin condiciones ni prejuicios. Y a partir de ahí, aseguran los impulsores del proyecto, la vida de miles de familias y ciudadanos empieza a mejorar. “Se concibe la casa como el punto de partida y no como punto de llegada en el camino de los sin techo.”

    “El sistema de refugio temporal no estaba funcionando. Mientras esa gente no tenga una casa permanente, siempre serán considerados sin techo”, subraya Juha Kaakinen, que formó parte del cuarteto de expertos que puso en marcha el proyecto.

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