Los servicios secretos

El reciente caso de espionaje generalizado a políticos catalanes, que viene a unirse a los seguimientos indebidos realizados en la Comunidad de Madrid, pone de manifiesto la necesidad de imponer límites legales a estas vergonzosas actividades.

Es necesario modificar la Ley de Seguridad Privada para que, por un lado, las empresas de detectives tengan prohibido realizar sus actividades por encargo de instituciones públicas y partidos políticos, bajo pena de cárcel, y por otro lado, los políticos electos y resto de miembros de un partido político, no puedan contratar con dichas agencias, bajo la misma pena.

Asimismo, estará prohibido para dichas agencias investigar a partidos políticos, sus miembros o a instituciones públicas.

Los partidos, cargos electos, jueces, etc., que sospechen que están siendo objeto de escuchas, vigilancia o seguimiento, deberían poder recurrir al Centro Nacional de Inteligencia para que lo comprobara. En caso de que su sospecha se demostrara infundada, pagarían una tasa razonable por los gastos.

La organización de los servicios secretos varía según los países. En España solo existe el CNI, que por su ley reguladora puede actuar fuera y dentro del país, y además existen servicios de información de la Policía Nacional y de la Guardia Civil. En EE.UU. hay hasta 16 agencias dedicadas a la información secreta. En el Reino Unido tienen el MI5 para el contraespionaje dentro del país y el MI6 para la acción exterior.

Creo que el mejor modelo es un solo servicio secreto, con capacidad de actuar dentro y fuera del país. Tiene que estar perfectamente coordinado por arriba con Presidencia del Gobierno, Ministerio de Defensa. Ministerio del Interior y Ministerio de Asuntos Exteriores. Y por abajo, con la Policía, la Guardia Civil (aunque yo pienso que este instituto armado tiene poco sentido hoy día y que debería integrarse en la Policía Nacional), las policías autonómicas e incluso las locales.

Por supuesto, todo cuerpo policial debe disponer de información muy amplia para cumplir sus funciones de prevenir el delito y castigar a los delincuentes. Y esta información debe ser secreta. Pero la diferencia con unos servicios de inteligencia es que esta información la ha obtenido en el ejercicio de sus funciones de persecución del delito. Es decir, la finalidad de la Policía no es obtener información, mientras que la del CNI (está en su propia denominación, "inteligencia"), sí. El departamento de información de la policía no tendrá personal dedicado a obtener esa información. Tendrá informáticos y documentalistas dedicados a compilarla, filtrarla, organizarla y ponerla a disposición de los agentes de policía y de los jueces.

La ley debe prevenir estrictamente un aspecto de los servicios secretos que en el pasado ha empleado el poder para protegerse ilegítimamente: estos servicios no pueden investigar a partidos políticos que hayan condenado explícitamente la violencia y el terrorismo, ni a jueces, ni a fiscales, ni a periodistas nacionales. Los agentes secretos que reciban órdenes ilegítimas en tal sentido deben tener la posibilidad de negarse, denunciarlo anónimamente al Parlamento sin sufrir represalias y que sea destituida toda la cadena de mando que ordenó tal fechoría.

Otro aspecto de los servicios de inteligencia que genera fricciones es su relación con la acción diplomática. Demasiado a menudo el embajador de un país en otra nación es el jefe local de los espías, lo cual da lugar a episodios vergonzosos de diplomáticos implicados en espionaje que son expulsados. A mi entender los diplomáticos deberían obedecer estrictamente las leyes del país huésped en lo que se refiere a obtención de información (lo que normalmente equivaldría a sacarla de fuentes públicas: periódicos, sitios virtuales de organismos, etc.). Otra cosa son las necesidades del servicio secreto. Por ejemplo, si un país sospecha que otro prepara una agresión, yo lo creo legitimado para mandar a sus espías, sobornar a cargos militares, instalar micrófonos ocultos, etc., pero el embajador no debería ser informado de estas actividades, y mucho menos dirigirlas. Eso sí, su Ministerio de Asuntos Exteriores sí debe estar informado de la actividad de los espías y dirigir la actividad del embajador de acuerdo con lo que se vaya sabiendo.

Cambiar el Tribunal de Cuentas

El Tribunal de Cuentas es un órgano del Estado, con antecedentes de siglos, que actualmente se rige por el artículo 136 de la Constitución Española:
 

1. El Tribunal de Cuentas es el supremo órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica de Estado, así como del sector público.
   Dependerá directamente de las Cortes Generales y ejercerá sus funciones por delegación de ellas en el examen y comprobación de la Cuenta General del Estado.
2. Las cuentas del Estado y del sector público estatal se rendirán al Tribunal de Cuentas y serán censuradas por éste.
   El Tribunal de Cuentas, sin perjuicio de su propia jurisdicción, remitirá a las Cortes Generales un informe anual en el que, cuando proceda, comunicará las infracciones o responsabilidades en que, a su juicio, se hubiere incurrido.
3. Los miembros del Tribunal de Cuentas gozarán de la misma independencia e inamovilidad y estarán sometidos a las mismas incompatibilidades que los Jueces.
4. Una ley orgánica regulará la composición, organización y funciones del Tribunal de Cuentas.

Lo que este artículo no dice en absoluto es que sus miembros tengan que ser designados a medias por el Congreso y el Senado (actualmente 6 y 6) y que los partidos políticos puedan llenarlo de funcionarios de libre designación.

Incluso aunque esos designados fueran personas honradas, el ser designados por los mismos partidos a los que han de controlar extiende la sospecha sobre su actuación. Me reafirmo en lo que pedía en mi entrada Los órganos colegiados: los miembros de estos órganos no deberían ser elegidos, sino sorteados entre personas con al menos veinte años de experiencia en su ámbito, que nunca hubieran sido condenadas por delito penal o fiscal, ni sancionadas por falta grave en el ejercicio de sus funciones, y que, por supuesto, hubieran entrado voluntariamente en el sorteo.

Según una reciente sentencia del Tribunal Supremo, en 2011 en el Tribunal de Cuentas, los funcionarios llegados de otras Administraciones eran 94 frente a los 89 letrados y auditores de carrera. De los 206 puestos que tenían dotación presupuestaria, "142 corresponden a la plantilla de los Cuerpos Superiores (...), por lo que solo podrán cubrirse por funcionarios de Cuerpos de Administraciones Públicas y de la Seguridad Social 64 puestos, límite que se halla hoy ampliamente superado". La afirmación supone denunciar que hay 30 personas (94 - 64 = 30) de otras Administraciones que trabajaban de forma irregular.

Es necesario eliminar la libre designación como método para acceder al Tribunal de Cuentas y dejar la oposición como único sistema. Los miembros no dispondrán de chófer (ahora algunos sí lo tienen). Se suprimirán los tribunales de cuentas autonómicos y toda la fiscalización de las cuentas de las autonomías se hará desde el Tribunal de Cuentas central.

Debería quedar como un órgano técnico de control, solamente con la función fiscalizadora. Ahora  también tiene la jurisdiccional, con capacidad para enjuiciar a los malversadores de fondos públicos, pero yo no tengo noticias de que la ejerza, pues de acuerdo con mi información, todos los malversadores, y por desgracia hay muchos, han sido juzgados, o lo están siendo, por otros tribunales. Si el Tribunal de Cuentas, en sus comprobaciones, detecta cualquier posible delito, debería ponerlo en conocimiento de la fiscalía correspondiente.

La inspección de las cuentas de los partidos políticos tendría que hacerse con especial cuidado: antes del 1 de mayo de cada año, todos los partidos políticos con cargos elegidos (diputados, senadores o concejales) deberían publicar en sus respectivas páginas de Internet sus cuentas del año anterior. Completas. Ingresos y gastos pormenorizados, créditos bancarios, sueldos a cada empleado del partido, donaciones, etc. Antes del 1 de octubre de cada año el Tribunal de Cuentas emitiría un dictamen sobre esa documentación (caso de encontrar defectos de forma, posibles errores o documentación faltante, se habría puesto antes en contacto con el partido afectado para subsanarla). Si la documentación no fuera completa o se hallara que se ha incumplido la ley de partidos o la ley general de contabilidad, el Tribunal tendría la potestad de bloquear desde un mínimo del 10% hasta un máximo del 100% de los fondos públicos que fuera a recibir ese partido desde ese 1 de octubre.

Para reconstruir el futuro de España

Propuestas de la redacción del periódico El País ante la epidemia de casos de corrupción y el desprestigio de la clase política.

1. Ley de Partidos
Que garantice la democracia interna y la transparencia de las formaciones políticas, con normas democráticas en su funcionamiento interno. Debe imponer un sistema de financiación transparente y un control eficaz e independiente de sus cuentas llevado a cabo con periodicidad anual, con sanciones que lleguen incluso hasta la disolución en caso de incumplimiento. La norma puede vincularse a las regulaciones establecidas en la Ley de Transparencia y permitir que los ciudadanos puedan solicitar a un partido documentos relacionados con su funcionamiento. Los cargos imputados en procesos judiciales deberían ser suspendidos en sus funciones orgánicas hasta que se aclare su situación.

2. Ley Electoral
Es preciso sustituir el actual sistema de listas cerradas y bloqueadas por otro que permita a los ciudadanos negar su voto a candidatos concretos que no consideren dignos de su confianza. Hay que revisar el principio constitucional que determina a la provincia como distrito electoral, que en el caso del Senado debe estar referido a las autonomías. La distribución de escaños debe potenciar la proporcionalidad del sistema, de modo que cada diputado elegido represente a un número razonablemente equiparable de votantes. Ha de regularse de forma transparente la financiación de las campañas electorales, reduciendo su actual duración, innecesaria en una sociedad con tantos y tan variados medios de comunicación, y establecer criterios claros y eficaces para la adecuada utilización de las redes sociales en tiempo electoral.

3. Reforma de la Administración
Una reforma y modernización de las Administraciones públicas debe eliminar la duplicación de estructuras y funciones para adaptar el tamaño del Estado y el gasto a los nuevos perfiles de la sociedad del bienestar y a las características de la organización territorial de España y de la UE. Es preciso reducir el número de municipios, recurrir a gestores técnicos donde sea necesario, regular el sueldo de los alcaldes, fiscalizar los presupuestos con agencias independientes y revisar el sistema de oposiciones y de cuerpos de funcionarios. El Estatuto Básico del Empleado Público debe contribuir a profesionalizar la dirección de la gestión, limitando la designación política de altos cargos para protegerlos de interferencias. Debe garantizarse efectivamente, contra lo que ahora sucede, un acceso adecuado a la información sobre la gestión de las Administraciones, que facilite la rendición de cuentas de los gestores y el juicio crítico por parte de los administrados.

4. Estatuto de la Corona
A fin de establecer los deberes y las responsabilidades del titular de la misma. Tiene que ordenar, mediante caución parlamentaria, el funcionamiento de la Familia Real, garantizar la absoluta transparencia de los gastos atribuibles no solo a sus personas físicas, sino al funcionamiento general de la Casa. Y, como en el caso de la Ley de Partidos, estar vinculado a las regulaciones establecidas en la Ley de Transparencia.

5. Pacto por el empleo y las pensiones
Con la participación de Gobierno, partidos políticos, centrales sindicales y organizaciones empresariales. Resulta necesario articular un consenso que culmine la reforma laboral y corrija sus carencias y desequilibrios. Establecidas las bases de contratación y despido, es urgente impulsar las políticas activas de empleo en un país con seis millones de parados. Hay que poner en marcha un programa de subvenciones directas (nacionales y europeas) dirigidas a las pequeñas y medianas empresas para la creación de puestos de trabajo especialmente orientados a los jóvenes. El pacto debe financiarse con aportaciones de fondos europeos, en el marco de un acuerdo en la eurozona. Las ayudas previstas en el presupuesto de la Unión son del todo insuficientes para hacer frente a la gravedad del problema.
Es necesaria una reforma en profundidad del sistema de pensiones que tenga en cuenta, entre otras cosas, la mayor esperanza de vida de la población. Dicha reforma no puede hacerse unilateralmente por ningún partido, cualquiera que sea la mayoría parlamentaria de que disfrute. Hace falta garantizar la sostenibilidad del sistema y mejorar la correspondencia entre cotización y pensión.

6. Reforma de la Justicia
Los jueces deben contar con una mejor y más eficiente organización y con mayores recursos y medios. Debe potenciarse la coordinación de la justicia, en la que ahora intervienen funcionarios pertenecientes hasta a cinco cuerpos distintos que a su vez dependen, según los casos, de la Administración central o de la autonómica. La igualdad de los ciudadanos ante la ley, el derecho a la tutela judicial efectiva y el derecho a un juicio justo están reducidos muchas veces en la práctica a meras declaraciones, pues el funcionamiento de los tribunales no es nunca rápido ni resulta siempre eficaz, por lo que hay que aumentar significativamente el número de jueces. Hace falta revisar las normas procesales para que, manteniendo las garantías básicas, puedan agilizarse los juicios y sea adecuadamente protegida la presunción de inocencia ante la llamada “pena de telediario”. El Gobierno debe renunciar a su actual política sobre tasas judiciales.

7. Pacto por la educación
La política general sobre enseñanza —y los planes de estudio— no puede ser revisada cada vez que un partido llega al poder. El futuro de las economías avanzadas descansa sobre las estrategias de educación, formación de capital humano e investigación. Hay que sentar las bases que lo garanticen y que establezcan criterios para gestionar recursos, establecer incentivos e introducir controles, independientemente del color político de quienes gobiernen. La enseñanza concertada, que se beneficia de las subvenciones, debe garantizar la igualdad de oportunidades y no ejercer prácticas discriminatorias de sexo o religión. Deben establecerse evaluaciones públicas de los centros de enseñanza, de modo que tengan repercusión en la carrera profesional de sus responsables.

8. Pacto por la sanidad pública
Es necesario preservar y mejorar el sistema de sanidad pública para mantener los elevados niveles del servicio que durante años hemos sabido construir y que hacían del modelo español de salud, cualesquiera que fueran sus defectos, algo digno de sostener y perfeccionar. El Estado debe garantizar la cobertura universal, revisando los errores detectados a la hora de transferir la gestión a las autonomías. Es preciso controlar los resultados de la gestión pública y fiscalizar el cumplimiento de los acuerdos con las empresas concertadas, eliminando la posibilidad de acometer inversiones públicas en beneficio exclusivo de la rentabilidad de la gestión privada.

9 y 10 [no estoy de acuerdo]

Grupos antiterroristas coordinados

La matanza de In Amenas (68 muertos) ha vuelto a poner de resaltar la necesidad de algo que ya se vio con la masacre de la isla de Utoya (69 muertos) y la captura de Mohammed Merah tras los atentados de Toulouse, por citar solo algunos casos recientes: grupos antiterroristas perfectamente entrenados y capaces de un despliegue inmediato.

Existen numerosos grupos de operaciones especiales: los GEOS españoles, los SAS británicos, la Delta Force estadounidense... Pero todos los países deberían tener el suyo. Deberían ser capaces de desplegar un grupo operativo (al menos cuatro personas) en cualquier punto del territorio en un máximo de media hora. Y lo que es más importante: debería firmarse un tratado internacional de protección contra el terrorismo por el cual el Gobierno de un país que estuviera sufriendo una toma de rehenes o similar, y sus grupos de operaciones especiales no tuvieran capacidad suficiente para resolverlo con garantías, pudiera llamar en su ayuda a grupos de países vecinos. Este tratado se organizaría sobre tres principios fundamentales para este tipo de casos, de mayor a menor prioridad:

1. No ceder en ningún caso a las demandas de los terroristas.
2. Preservar la vida y la integridad física de los rehenes.
3. Detener, interrogar y juzgar con todas las garantías a los terroristas.

Hay una alternativa: un grupo de operaciones especiales de la ONU, análogo a los Cascos Azules, pero con funciones de resolución de tomas de rehenes en lugar de interposición entre partes en conflicto. Sin embargo sería mucho más caro, menos operativo y probablemente, por falta de entrenamiento frecuente, menos eficaz.

Los grupos antiterroristas deberían disponer de la última tecnología. Con cuantos menos muertos y heridos se salde un asalto (incluidos los terroristas, que pueden proporcionar información muy útil), mucho mejor. En estas actuaciones los últimos minirrobots podrían desempeñar un papel fundamental: como observadores dentro del área ocupada por los terroristas o, incluso, como armas portadoras de somníferos.