Sistema de pensiones inquebrable

Se considera que existen dos modelos extremos de sistemas de pensiones: el de reparto y el de capitalización. En el primero, se ingresa una parte del  salario de cada trabajador en una "caja común", de la cual se paga a los trabajadores ya jubilados. Cuando este trabajador se jubile, si ha contribuído un cierto número de años (que varía de país a país), tendrá derecho a percibir mensualmente, hasta su muerte, una pensión equivalente a un porcentaje (digamos entre el 60% y el 80%) de su último salario.

En el segundo sistema no hay "caja común", sino depósitos individuales. El trabajador ahorra (de manera obligatoria) para sí mismo y retira los ahorros cuando se jubila (aunque en muchos casos la entidad financiera donde tenía el dinero puede ofrecerle cobrar por meses una cantidad proporcional a la suma acumulada y a la esperanza de vida del trabajador). Las principales diferencias con una libreta de ahorros normal son: que el dinero no puede ser retirado hasta la jubilación, y las bonificaciones fiscales que dan los Estados para fomentar este sistema.

Se comprenderá que en muy pocos países se da uno u otro sistema en estado puro, siendo lo normal una convivencia de ambos, con las peculiaridades locales a las que pueden haber dado lugar los procesos históricos.

Ambos sistemas tienen sus problemas. Algunos economistas están constantemente advirtiendo sobre el peligro de quiebra del primero. Su razonamiento es que el sistema de reparto fue creado cuando la esperanza de vida era menor: mucha más gente moría antes de jubilarse, y los que sobrevivían no llegaban a edades tan avanzadas como ahora. De esa forma, se ponía en la "caja" más dinero del que se sacaba. Con una población envejecida, bajos índices de natalidad (por ejemplo, en Alemania o Italia) y la generalización de la jubilación anticipada, la cantidad de dinero que se necesitará en el futuro para cumplir los compromisos adquiridos con los pensionistas puede superar en mucho a la cantidad pagada por los que todavía trabajan. Muchos países, conscientes de este peligro, han endurecido las condiciones para tener derecho a pensión (por ejemplo, incrementando el número de años durante los que se ha cotizado), o reducido el importe de ésta (por ejemplo, en España, desde 2012, la pensión ya no se basa en el salario de los últimos quince años, sino en el de los últimos 25. Hasta se discute calcularla sobre el salario medio de toda la vida laboral).


Por ejemplo, Guillermo de la Dehesa en El País: "Sin embargo, creo que estamos mostrando poca solidaridad intergeneracional.Primero, porque la generación de nuestros hijos, que es muy inferior en número a la nuestra, muy mileurista y con elevado desempleo, tiene ahora que pagar nuestras pensiones, lo que les supondrá un enorme esfuerzo anual de ahorro y un "impuesto" añadido sobre sus ingresos.Segundo, porque no queremos trabajar más años para compensar nuestra mayor esperanza de vida y reducir así el exagerado esfuerzo financiero que ellos tendrán que hacer."


A finales de diciembre de 2012 Mariano Rajoy quiere abrir un debate sobre reformas del actual sistema.

Pero estas soluciones crean nuevos problemas: un trabajador puede haber cotizado muchos años, pero si se queda en paro poco antes de la edad de jubilación, puede perder muchos derechos. A la inversa: en España se da el caso de trabajadores que no cotizan durante parte de su vida; sólo empiezan a hacerlo a partir de los 40, para llegar a los 65 con veinticinco años cotizados. Tampoco está resuelta la situación de un trabajador que ha cambiado el país donde ejerce su profesión una o más veces, ni del que ha trabajado de forma discontinua. Es muy injusto que quien ha cotizado catorce años no tenga derecho a pensión y sí lo tenga el que ha cotizado dieciséis.

Los sistemas de capitalización sufren otros inconvenientes. Sus partidarios decían que ofrecían mejor rentabilidad que los de reparto. La crisis los ha puesto en su lugar: algunos fondos han perdido el más del 30 % de su valor, esto es, darán un capital 30 % menor al trabajador que hubiera confiado en ellos para su pensión y tuviera que jubilarse en ese preciso momento. Aunque eso no es nada comparado con lo que les ocurrió a los empleados de Enron, que lo perdieron todo.

Además, el alza de las acciones depende, primeramente, de las expectativas de beneficio, y a continuación, de que la gente crea en esas expectativas, invierta allí su dinero y lo mantenga. Hemos visto que las expectativas pueden derrumbarse de un día para otro. Confiar el sustento de millones de personas a fondos que se sostienen en el puro aire es completamente insensato.

Otro elemento a tener en cuenta es el coste de la gestión. Según el presidente del Centro de Investigación de Políticas Económicas, Guillermo de la Dehesa, los costes de la gestión de un fondo de pensiones alcanzan el 30 % de su valor en el Reino Unido, Méjico y Chile. Hay que pagar muy bien a los gestores y llevar a cabo numerosas operaciones, cada una de ellas con las correspondientes comisiones a los excelentemente retribuidos "trabajadores de cuello blanco" que las realizan. Todo ese dinero va a los bancos e instituciones financieras, lo que hace muy comprensible el interés de estas organizaciones en acabar con el sistema de reparto.

Mi propuesta es un sistema de reparto en el cual la pensión que uno obtiene un mes es directamente proporcional a lo que ha cotizado durante su vida y a lo que han cotizado el mes anterior los trabajadores en activo.

Un ejemplo: Juan acaba de jubilarse, a los 65 años. Su último salario, antes de impuestos, fue de 2000 euros (€) al mes. Ha trabajado durante 40 años. Supongamos una tasa de inflación constante del 2 %, con la que los salarios están indizados (dato que, aunque válido para este análisis, no es real, pues en los países desarrollados, debido al crecimiento de la productividad, los salarios suelen crecer más que la inflación) y una cotización para pensiones del 30 % del salario, que es pagada 15% por el trabajador y 15 % por su empresa.

Esto significa que Juan habrá cotizado199 5478 € en esos cuarenta años. En el país de Juan hay 15 millones de trabajadores y 7 millones de jubilados. El salario medio por trabajador en el primer mes que Juan tiene derecho a pensión es de  1750 € y la contribución total media que cada jubilado ha hecho a la caja común es por tanto de 174 604 €. Con estas cifras, la pensión mensual de Juan será A*B/C, siendo:

A: lo que cotizan ese mes los trabajadores en activo, es decir 15 000 000*1 750*(30/100)
B: lo que ha cotizado Juan, 199 547
C: lo que el resto de jubilados ha cotizado, o sea 7 000 000*174 604

Esto significa que a Juan recibiría el primer mes una pensión de 1286 €, equivalente a un 64 % de su último salario. Este porcentaje puede variar dependiendo de la cotización para pensiones, del número de trabajadores en activo, del número de pensionistas y de la edad de retiro. Aunque resulte algo sorprendente, no cambia si varía el salario medio.

Pero por esta misma razón, mucha gente se vería estimulada a retrasar su jubilación, en vez de la actual situación, en la cual la adelantan (no siempre voluntariamente) y sobrecargan el sistema de pensiones. Otras ventajas del sistema propuesto son:

• su transparencia, simplicidad y responsabilidad: el trabajador puede saber y comprender en todo momento lo que ha pagado y la pensión que recibiría si se jubilara. Esto le permite tomar decisiones de ahorro o pedir cambios (aumentos o reducciones, para los que se podrían convocar referendos con cierta periodicidad, y serían trabajadores y pensionistas quienes decidirían, no políticos) en la cotización para pensiones.
• su seguridad: siempre habrá trabajadores que coticen. Ni siquiera una crisis del mercado laboral reduciría las pensiones tan rápidamente como una crisis bursátil reduce el valor de los fondos.
• su capacidad de generar confianza: en los países donde hay sistema de reparto son continuas las quejas de los trabajadores sobre los recortes  que permanentemente sufre el sistema (recortes, por otra parte, necesarios para asegurar su viabilidad). Esto produce en ellos angustia, desaliento, inseguridad, desconfianza y animadversión hacia los gestores del sistema (inevitablemente, los políticos, que deben aplicar los recortes). El sistema propuesto puede funcionar siempre sin recorte alguno, y en caso de que se viera la necesidad de cambiarlo, decidirían los cambios (aumentos o reducciones en la cotización) los propios trabajadores y jubilados.
• su portabilidad: el trabajador podría desempeñar su actividad laboral en sucesivos países, incluso por períodos cortos, y lo que ha cotizado podría ser fácilmente restado de las "cajas comunes" de esos países y sumado a la del país donde se jubile.
• su autocontrol: no se generan obligaciones que más tarde no puedan ser atendidas. Siempre hay dinero para pagar a todo el mundo. Si las pensiones se vuelven demasiado bajas, o demasiado altas, las protestas de los jubilados o de los trabajadores ajustarían las cotizaciones a un nivel más conveniente.
• su flexibilidad: no es necesario haber trabajado un determinado número de años para tener derecho a pensión, ni que esos años hayan sido los últimos de la vida laboral.
• su adaptabilidad a los actuales sistemas de reparto: el cambio de esos sistemas al propuesto no sería traumático, ni serían necesaria cantidad de dinero alguna (en cambio, para transformar un sistema de reparto a otro de capitalización es necesaria una suma inmensa). En realidad, los actuales sistemas de reparto son realmente un sistema como el descrito, pero encubierto: en lugar de trasladar los cambios demográficos y en el mercado de trabajo de forma continua a medida que se van produciendo, los trasladan de golpe, cada pocos años, a través de las sucesivas reformas.
• su permanencia: al ser un sistema que se ajusta por si mismo, fácil de entender por la gente y con la capacidad de funcionar a lo largo de decenios, dejaría de poder crearse ese clima de "quién pagará nuestras pensiones", "qué pasará en el futuro", "no habrá trabajadores suficientes", etc. Dicho clima no hace más que favorecer, interesadamente, a los planes de pensiones privados, para que se embolsen sus injustificadas comisiones.

También hay desventajas, por supuesto: altas tasas de inflación, bajos índices de natalidad y aumentos bruscos del desempleo pueden tener una fuerte incidencia negativa sobre el sistema propuesto (pero también lo tendrían sobre cualquier sistema de reparto).

Para las pensiones de viudedad, orfandad e invalidez se crearían sistemas contablemente separados del sistema de jubilación propuesto. Cada trabajador contribuiría, por ejemplo, con un 1% de su sueldo al fondo de invalidez y, caso de quedar inválido, independientemente del momento de su vida laboral en que eso se produce, cobraría el 90% de su sueldo, con un máximo que se fijara. Para las pensiones de viudedad y orfandad contribuirían con porcentajes similares los trabajadores que tuvieran pareja e hijos, respectivamente.

Las pensiones no contributivas, o los complementos para alcanzar un mínimo, saldrían de partidas diferentes de los Presupuestos Generales del Estado, no de las cotizaciones de los trabajadores.

Este sistema no es ninguna entelequia, sino el de "cuentas nocionales" que se aplica, por ejemplo, en Suecia, Letonia y Polonia: un sistema de aportación definida y no, como el español, de prestación definida. El trabajador aporta durante toda su carrera laboral a esa cuenta nocional y su pensión de jubilación se calcula en función de lo aportado durante toda su vida.

Para regularse y adaptarse a las circunstancias en cada momento no depende de una decisión política, sino que cuenta con sus propios mecanismos de ajuste automático. Este sistema incentiva el trabajo, ya que la prestación de jubilación depende de las cotizaciones de toda la vida laboral.

Las comisiones de investigación

A la vista del resultado de las comisiones de investigación de los ERE andaluces y de la tragedia del Madrid Arena, creo que lo mejor es renunciar en España a que en los parlamentos, ya sean nacionales o autonómicos, y en los ayuntamientos, se formen comisiones de investigación, cualquiera que sea el hecho que suceda.

El problema con estas comisiones es que la mayoría de sus miembros procederán necesariamente del partido que está en el poder, que con toda probabilidad será el partido bajo cuyo mandato se han producido los hechos que se investigan. Por ello este partido, con la finalidad de protegerse, intentará limitar las comparecencias y sesgar las conclusiones. Al final lo único que se producirá es una gran decepción de los ciudadanos.

Además, si se ha abierto, como sucede casi siempre, una investigación judicial sobre los hechos, los comparecientes ante la comisión pueden acogerse a su derecho a no declarar para no perjudicar su causa judicial, lo que vuelve a la comisión impotente para averiguar la verdad.

En los parlamentos y ayuntamientos se realizan tres funciones principales: la primera, elegir al mandatario; la segunda, legislar; y la tercera, el control del mandatario mediante preguntas de la oposición. La función de investigación (interrogatorio de testigos y expertos, recopilación de información, generación de hipótesis de lo sucedido y elección de la que mejor concuerda con la información presentada) es extraña a las otras tres. No debe sorprender, por tanto, que unos pretendan desgastar al mandatario con estas comisiones y otros, descafeinarlas.

Por añadidura, las conclusiones de la comisión solo son informativas, mientras que las de la investigación judicial son preponderantes y tienen consecuencias penales. Si la justicia es lenta, se tendrían que poner los medios para que fuera más rápida, no desperdiciar recursos en decepcionantes vías secundarias.

En todo caso, si se percibe que la información que la opinión pública ha recibido sobre determinado asunto, incluso después de la investigación judicial, es insuficiente, el poder mejor situado para arrojar algo más de luz no es el legislativo, sino el mediático: que investiguen los periódicos, las revistas, que se rueden documentales... Sus conclusiones siempre tendrán más credibilidad que las de una comisión de investigación.

Implantar en España el modelo de otros países más serios, con todos los miembros de la comisión de investigación independientes, parece imposible. Y ese modelo no está exento de problemas (conflictos de interés, alcance de los poderes...). Para muestra, la comisión que investigó los atentados del 11 de septiembre.

Lo que sí parece factible es, al juez o a los jueces que redacten una sentencia sobre un asunto que haya tenido amplia repercusión pública, darles la facultad de proponer, como anexo de su sentencia, cambios legislativos o reglamentarios que puedan evitar la repetición de los hechos juzgados.

El quinto poder

El primero es el ejecutivo; el segundo, el legislativo; el tercero, el judicial; el cuarto, el de los medios de comunicación, que yo creo que podría llamarse poder informativo o poder mediático. Y todavía se está decidiendo cuál es el quinto. Según Wikipedia, hay dos corrientes de pensamiento: la primera cree que el quinto poder sería el que ejercen los Gobiernos sobre la economía a través de las empresas públicas y los mecanismos de intervención (por ejemplo, los tipos de interés). La segunda, que el quinto poder sería el de Internet, particularmente los blogs, las wiki y las redes sociales.

Yo discrepo: por un lado creo que el poder que ejercen los Gobiernos sobre la economía es parte del poder ejecutivo y el legislativo. Si el poder es la capacidad de ser obedecido, la acción de un Gobierno para, por ejemplo, reducir el límite de velocidad en las carreteras (medida que no supone intervención en la economía) o para aumentar los impuestos sobre los carburantes (lo que sí afecta a la economía) corresponde exactamente a la misma capacidad.

Por otro lado creo que los blogs, las wiki y las redes sociales son auténticos alfeñiques frente al auténtico quinto poder:

el financiero. 

Actualmente los bancos tienen mucha más capacidad que los Gobiernos para incidir en la economía. La Gran Recesión que estamos viviendo desde 2007 no corresponde a un comportamiento desordenado de los Gobiernos, sino de los bancos, al que los Estados no quisieron poner coto. Y no digo "o no pudieron" porque podrían y deberían haberlo hecho. Actuando de modo legal, los bancos tienen la facultad de restringir el crédito a toda la economía en general, limitarlo a unos sectores mientras lo favorecen a otros, cortar completamente el grifo a una empresa en particular sin que lo justifique el estado de sus cuentas, o hacer subir los tipos de interés de la deuda que emiten los Estados hasta cotas que los pongan de rodillas. Actuando de modo ilegal sus facultades son ilimitadas.

La democracia no puede tolerar esto. Si un puñado de señores (son prácticamente todos varones) pueden decidir a su antojo las condiciones de las pensiones de un país, sus leyes laborales, su sanidad o los salarios de los trabajadores, para que a sus ya repletos bolsillos fluya todavía más dinero, eso ya no es democracia; es plutocracia. Además de su injusticia intrínseca y sangrante, se trata de una forma de gestión del mundo absolutamente ineficiente, que lo esquilma, lo lleva de crisis en crisis y hace pagar a la mayoría los platos rotos. Se tienen que poner en marcha cuanto antes las siguientes medidas (enlaces a las páginas de este blog donde las he comentado más extensamente):

• Acabar con los paraísos fiscales, en los cuales los bancos ocultan su identidad para llevar a cabo operaciones impresentables.
• Convertir al BCE en un comprador incondicional de deuda de los estados cuando su prima de riesgo superara los 200 puntos básicos.
• Limitar los salarios de los altos ejecutivos bancarios a diez veces el menor sueldo del banco.
• Trocear las entidades de tamaño sistémico hasta que alcanzaran una magnitud inocua en caso de quiebra; o, alternativamente, hacer el impuesto sobre los beneficios fuertemente progresivo según el tamaño de la entidad: una entidad que tuviera menos del 10% del mercado de crédito pagaría un impuesto del 20%; otra que tuviera entre el 10 y el 20% pagaría el 30%, etc. De esa forma se favorecería una paulatina reducción del tamaño y se conseguiría un mercado de muchas entidades pequeñas, y por tanto con menos poder.

Nota: esta entrada, publicada el 22 de diciembre de 2012, no tiene nada que ver con la película El quinto poder estrenada el 18 de octubre de 2013.