lunes, 25 de enero de 2016

La prevención de la delincuencia

España tiene una tasa de criminalidad muy baja respecto a la Unión Europea, que a su vez la tiene muy reducida respecto al resto del mundo. Pero hay países donde supone un gravísimo problema. En esta entrada hablaré solamente de soluciones que se han mostrado eficaces para paliar la delincuencia convencional, cometida por delincuentes habituales o por organizaciones criminales. No hablaré de la ciberdelincuencia ni de delitos cometidos por empresas legales (fraude fiscal, acuerdos de precios, manipulación del Líbor, trampas en las emisiones contaminantes, etc.).


Los estudios sobre su impacto socioeconómico son altamente divergentes, pero coinciden en que la carga es altísima y ronda los miles de millones de dólares estadounidenses (Muggah y Krause, 2008, pp. 17-18). En uno de los estudios más robustos sobre el tema se estima que sólo los homicidios cometidos con armas de fuego en Venezuela durante el año 2010 costaron 4.000 millones de dólares, excluyendo costes indirectos e intangibles (Geneva Declaration Secretariat, 2015, p. 173-174).

Me centraré específicamente en los asesinatos, los robos con violencia (atracos, sustracciones de coches tras romperles las cerraduras, robo en domicilios tras romper puertas o ventanas) y los secuestros.

No hablaré de los hurtos (robos al descuido, sin violencia), la venta ilegal, los delitos de tráfico (conducir bebido o a velocidad excesiva) el acoso escolar (bullying), el terrorismo, el tráfico de drogas, el proxenetismo, la trata de mujeres (por las razones expuestas en Sobre la prostitución, considero que lo mejor es el modelo sueco: la prohibición total), las redes de extorsión ("protección"), las violaciones de mujeres adultas (tratadas en otra entrada) y de menores (en otra más, todavía por añadir a este blog) ni de la violencia doméstica (que ya traté en Parar los asesinatos de mujeres). No porque no sean importantes, sino porque considero que tienen causas diferentes y se deben abordar de otras maneras.

En otra entrada hablo del castigo a la delincuencia (multas, confiscaciones de patrimonio, trabajos comunitarios y prisiones).


En el Reporte de Economía y Desarrollo 2013, del Banco de Desarrollo de América Latina, en el que se basa buena parte de esta entrada, se observa que el importante crecimiento del delito y de la violencia en muchos países  no solo ha implicado altos costos económicos y sociales, sino que ha socavado la confianza de los ciudadanos entre sí y en las autoridades.

Hay que combatir eficazmente la delincuencia, no solo porque produce una importante merma del bienestar y el crecimiento, sino porque es lo que la población demanda, y si esta demanda se ve insatisfecha por los actuales gobernantes, elegirá a otros que le prometan resolver el problema, con el peligro para todos que suponen las soluciones extremistas.

  • En primer lugar se debe fomentar que la gente denuncie los delitos. Debe ser posible hacerlo por teléfono, sin necesidad de presentarse en comisaría. En los momentos de saturación, si un operador telefónico no puede atender a la víctima de un delito, debe poderse grabar la denuncia. Luego será examinada por un operador, y en caso de faltar algún dato que impida su persecución, sería el operador el que llamaría a la víctima para preguntárselo. Deben elaborarse y difundirse periódicamente estadísticas de llamadas a la policia y tiempo medio que necesitó el ciudadano para completar su comunicación por este canal.

  • Se deben elaborar y publicar estadísticas muy cuidadosas sobre los delitos denunciados y resueltos, de acuerdo con estándares internacionales. Asimismo resulta eficaz difundir cifras reales, y presentadas de manera objetiva, sobre la eficacia en la persecución del delito. No se trata en ningún caso de amedrentar, sino de inculcar en quien se está planteando delinquir, que existe una alta probabilidad de que sea detenido y castigado si lo hace.

  • Se debe actuar en numerosos ámbitos para prevenir el delito (que no surja) y combatirlo cuando ha surgido:la familia, la escuela, el barrio, la comunidad, la infraestructura urbana, las regulaciones económicas, la policía, la justicia y las cárceles.

  • Los estudios muestran que las inversiones en fortalecer la nutrición y estimulación temprana de los niños y la promoción de ambientes familiares proactivos y no conflictivos disminuyen la propensión al delito de los jóvenes. Por el contrario no funcionan los programas que tratan de asustarlos (llevándolos a visitar cárceles o a hablar con criminales).

  • Son igualmente beneficiosas las mejoras en los espacios públicos (algo tan simple como iluminar bien una zona oscura reduce el delito un 21 % de media), eliminar los recodos donde puedan esconderse asaltantes, prohibir la venta de alcohol a partir de horas avanzadas de la tarde, las estrategias de control policial focalizado en un tipo de delito o en las zonas urbanas donde se cometen muchos.
  • Son eficaces los programas de vigilancia vecinal: consiguen de media una reducción del 26 % de los delitos.

  • La experiencia demuestra que, cuando se mejora una zona conflictiva, la delincuencia no se traslada a otras, sino al revés: la zona mejorada ejerce una influencia beneficiosa sobre las aledañas. 
  • Debe evitarse la degradación de las zonas urbanas. Mantener una buena limpieza es esencial para que calles y parques sean utilizados por un alto número de ciudadanos, y así disuadir a los delincuentes. Las pintadas (marcas de territorio de bandas) deben ser borradas rápidamente, y dificultadas (paredes cubiertas de vegetación, superficies plástificadas donde la pintura se fija mal, restricción de la venta de pinturas en aerosol...). Los edificios deshabitados sin valor histórico o artístico deben derribarse. Los que sí tengan este valor deben rehabilitarse como viviendas, hoteles o edificios públicos.

  • Hay que enseñar a los niños a controlar sus impulsos, especialmente los violentos, a resolver conflictos sin violencia, mediante negociación, y a expresar respetuosamente lo que sienten (asertividad). Debe promoverse el juego en equipo (respeto por las reglas, premio al esfuerzo) y actividades comunitarias como orquestas o coros.

  • Hay que procurar la empleabilidad de los jóvenes y que conozcan muy bien los riesgos de las drogas y del sexo sin protección.

  • Los drogadictos, incluidos los que no han cometido delitos, deben tener acceso gratuito a tratamientos de desintoxicación y a medicamentos que los ayuden a sobrellevar el síndrome de abstinencia (entre ellos, la metadona). A los que, por causa de la droga, han cometido delitos, debe ofrecérseles una reducción apetecible de condena si entran en un programa de reinserción, que incluya controles mensuales de consumo.

  • Hay que promover las discotecas sin alcohol para menores de 18 años, y centros de ocio y deporte (cine, videojuegos, teatro) abiertos hasta horas avanzadas de la noche (las que dicten sus asistentes). Por ejemplo, los impuestos para una discoteca sin alcohol podrían ser cero, o mínimos. Las entradas a estos lugares para los jóvenes deberían ser asequibles, y de acuerdo con los ingresos de sus familias. Siempre saldrá más barato que reprimir las pandillas en que se integrarían los jóvenes ociosos sin posibilidades. Además, como castigo por mala conducta, se podría prohibir la entrada durante varias semanas o meses.

  • La justicia debe ser rápida, sin que los acusados pierdan garantías. Debe transcurrir menos de un año entre la denuncia y la resolución judicial en primera instancia. Pueden admitirse acuerdos entre fiscal y abogado, para evitar juicio, siempre que se demuestre que funcionan. Todo el procedimiento debe ser electrónico, con, si el acusado queda en libertad a la espera de juicio, notificaciones a su teléfono móvil, que estará obligado a llevar encima con el geolocalizador activado y que, si deja de llevar, motivará su inmediata entrada en prisión.

12 comentarios:

  1. Resultados de un estudio del Instituto Elcano:

    * No hay una relación lineal entre las tasas de homicidio y la proliferación civil de armas de fuego. Hay países fuertemente armados pero relativamente pacíficos y viceversa.

    * Sí puede identificarse una correlación entre el porcentaje de homicidios cometidos con armas de fuego y las tasas nacionales de homicidio. Es decir, tasas altas de homicidio suelen venir acompañadas de porcentajes altos de homicidio cometidos con armas de fuego.

    * La letalidad de las armas de fuego es especialmente alta en América Central, el Caribe y el norte de Sudamérica. No parece estar determinada por su proliferación, sino por el contexto social en el que se encuentran.

    * Entre los principales factores sociales que actúan como catalizadores de violencia armada en la región están la urbanización rápida y descontrolada, un porcentaje alto de hombres jóvenes que no trabajan ni estudian, la alta desigualdad económica, un historial de conflicto armado reciente, acontecimientos violentos en países vecinos, migraciones masivas y, sobre todo, la presencia de narcotráfico y de grupos armados altamente estructurados.

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  2. Desde 1995 es reconocido un cambio en la ciudad de Bogotá. Este cambio, iniciado por el alcalde Mockus en 1995 y mantenido por sus sucesores, ha tenido entre sus pilares la construcción de una “cultura ciudadana”, fundada en la idea de que la violencia se puede combatir promoviendo el respecto y las interacciones pacíficas entre ciudadanos.

    En la práctica esta cultura ciudadana se fomentó mediante la implementación de un conjunto de programas de muy diversa naturaleza. Un ejemplo fue la adopción de los “mimos del tráfico” que emulaban a los transeúntes cuando violaban normas (cruzar fuera de un rallado) y ofrecían gestos de desaprobación a conductores que violaban las normas (pasarse una luz roja).

    Asimismo, se promovió el uso de tarjetas con las cuales los mismos ciudadanos aprobaban (pulgares arriba) o desaprobaban (pulgares abajo) la conducta de otros ciudadanos, promoviendo así la auto-regulación.

    La implementación de la “hora zanahoria”, las “noches de mujeres” y la “cultura al parque” son también iniciativas vinculadas a la promoción de la cultura ciudadana. La hora zanahoria forzaba el cierre de los locales nocturnos a la una de la mañana, para evitar eventos de consumo excesivo de alcohol que llevan a violencia y accidentes viales. Con la premisa de que existía una incidencia estadística mayor de actos delictivos vinculada a los hombres, “noches de mujeres” promovía la “toma de la noche” por parte de mujeres (algunos viernes), incentivando a los hombres a mantenerse en casa. Se verificó una reducción de 40% en la violencia en las noches de mujeres con respecto a un viernes ordinario.

    El cambio en la cultura ciudadana vino acompañado de una importante reducción del crimen. La tasa de homicidio pasó de 88 a 22 por cada 100 mil habitantes en una década y se verificó una redujeron un 20% las muertes vinculadas a accidentes de tráfico.

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  3. No hay una bala de plata y depende de si los países tienen una tasa alta o baja de criminalidad, pero desde luego la inversión social y reducir la impunidad ayudan. Hay que cuidarse del populismo penal, la mano dura y la tolerancia cero. Quien promete remedios a corto plazo no es creíble. Pero tampoco hay que resignarse: el esfuerzo social colectivo puede lograr resultados drásticos en 5 o 10 años.

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  4. Un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) estima que el costo anual directo del crimen y la violencia en América Latina y el Caribe asciende a US$261.000 millones, o 3,55 por ciento del PIB. Esta cantidad duplica el promedio de países desarrollados y equivale al total que la región invierte en infraestructura.

    La región tiene el 9 por ciento de la población mundial, pero registra un tercio de las víctimas de homicidios a nivel global. Es la región más violenta del planeta, fuera de las zonas de guerra. Seis de cada 10 robos son cometidos con violencia y el 90 por ciento de los homicidios no son resueltos. Sus cárceles están entre las más hacinadas en el mundo.

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  5. Un estudio del Instituto para la Economía y la Paz afirma que, sin violencia, México sería un 18 % más rico. Insiste en la necesidad de aumentar los salarios de la policía y mejorar la capacidad general de la justicia en un país donde la ratio de funcionarios de este sector es de 3,5 por cada 100.000 habitantes, casi cuatro veces inferior a la media mundial.

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  6. Un estudio del Banco Mundial sobre políticas contra la violencia y la delincuencia en Latinoamérica, halló lo siguiente:

    - Un aumento de 1 punto porcentual en la tasa de embarazo adolescente se asocia a una cifra aproximada de 0,5-0,6 homicidios adicionales por cada 100.000 habitantes.

    - Un aumento de 1 punto porcentual en el desempleo juvenil deriva en 0,34 homicidios adicionales por cada 100.000. El desempleo de la población general no parece tener efecto sobre la delincuencia.

    - El delito, y especialmente los homicidios, se concentra mucho: en determinados municipios, e incluso en determinadas calles. Por tanto, un despliegue efectivo de los recursos debe focalizarse en las zonas donde se comenten más delitos (para lo cual es fundamental recabar datos sobre las coordenadas exactas donde se cometió cada delito, y tratar informáticamente estos datos, para generar mapas).

    - Un delito adicional que es evitado deriva en delitos adicionales evitados más adelante. Son extremadamente productivos los esfuerzos coordinados de varios municipios colindantes.

    - El que la policía pida sobornos se asocia a un asombroso aumento de 16 puntos porcentuales (un aumento de casi 50 por ciento) en la probabilidad de experimentar algún tipo de delito.

    - La probabilidad de detención del delincuente desempeña un papel crucial en la disuasión de la delincuencia.

    - El pico máximo de agresión física tiene lugar en la primera infancia (entre los 24 y 42 meses) —algo que sugiere que, a medida que los niños crecen, aprenden formas de controlar su comportamiento y limitar o evitar la agresión física. Aquellos niños que no pueden aprender a autorregularse, exhibiendo un elevado nivel de agresión y problemas de conducta durante la escuela primaria, corren mayor riesgo de caer en comportamientos negativos durante la adolescencia y la adultez.

    - El comportamiento disruptivo crónico en los primeros años de vida tiende a resultar en comportamientos delictivos frecuentes y muchas veces graves durante la adolescencia y adultez

    - Una combinación de atención prenatal y visitas domiciliarias por parte de enfermeras u otros expertos capacitados a mujeres embarazadas en riesgo y hogares con niños pequeños en riesgo sirve para mejorar los resultados conductuales en niños, adolescentes y jóvenes adultos.

    - El maltrato del niño (incluido el abuso sexual) es uno de los principales determinantes del comportamiento delictivo futuro.

    - Las intervenciones relativas al desarrollo infantil temprano (DIT) —aquellas que mejoran la capacidad de pensar y razonar en los niños, así como habilidades como la memoria, atención y autocontrol— son prometedoras en cuanto a la posterior reducción del delito.

    - El tiempo adicional en la escuela reduce la tasa de delitos serios contra la propiedad cometidos por adolescentes (entre 14 y 28 %, dependiendo del estudio), corroborando que, cuando un adolescente carece de un entorno estructurado o supervisado, es propenso a incurrir en comportamientos antisociales.

    - Las políticas que disuaden a los jóvenes de abandonar la enseñanza secundaria en sus últimos años derivan en las mayores y más duraderas reducciones en la delincuencia. Los beneficios se transmiten a la siguiente generación, convirtiendo en virtuoso el círculo vicioso.

    - En Estados Unidos, por cada 1 % que aumentó la tasa de finalización de la escuela secundaria entre los varones, se generó un beneficio social de 1.100 millones de dólares.

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  7. El estudio del Banco Mundial sobre políticas contra la violencia y la delincuencia en Latinoamérica, también halló que:

    - Mejorar la nutrición (enriqueciendo las dietas con ácidos grasos esenciales, por ejemplo el omega 3, presentes en el pescado azul, los frutos secos y el aceite de oliva), tratar la salud mental y promover la meditación han tenido resultados sorprendentemente prometedores y duraderos en la prevención de la delincuencia.

    - Cualquier ingreso adicional transferido a segmentos de bajos ingresos resulta en una reducción considerable de la actividad criminal.

    - Un mejor alumbrado público disminuye la delincuencia entre el 7 y el 20 %, tanto de día como de noche, más que por la mejor visibilidad, por el mayor orgullo y cohesión comunitarios que proporciona.

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  8. El programa «Haciéndose un hombre» (Becoming a man) de Chicago (sesiones grupales de una hora a la semana para evitar reacciones violentas en situaciones de tensión) ha reducido a la mitad las detenciones por violencia y aumentado en un 15 % las tasas de finalización de la educación secundaria.

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  9. Más gasto en educación, planes eficaces contra el machismo asesino, dotar de más medios a la psiquiatría estatal, luchar contra la desigualdad de recursos, reparar las cotas crecientes de marginalidad social y mejorar la atención de menores delincuentes y presos convictos para que su paso por las instituciones de reforma y castigo sea reparador.

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  10. Para poder prevenir eficazmente la delincuencia juvenil es necesario que toda la sociedad procure un desarrollo armonioso de los adolescentes, y respete y cultive su personalidad a partir de la primera infancia.

    Deberá aplicarse una política progresista de prevención de la delincuencia, que incluirá:

    a) La creación de oportunidades, en particular educativas, para atender a las diversas necesidades de los jóvenes y servir de marco de apoyo para velar por el desarrollo personal de todos los jóvenes, en particular de aquellos que están patentemente en peligro o en situación de riesgo social y necesitan cuidado y protección especiales;

    b) La formulación de doctrinas y criterios especializados para la prevención de la delincuencia, basados en las leyes, los procesos, las instituciones, las instalaciones y una red de servicios, cuya finalidad sea reducir los motivos, la necesidad y las oportunidades de comisión de las infracciones o las condiciones que las propicien;

    c) Una intervención oficial que se guíe por la justicia y la equidad, y cuya finalidad primordial sea velar por el interés general de los jóvenes;

    d) La protección del bienestar, el desarrollo, los derechos y los intereses de todos los jóvenes;

    e) El reconocimiento del hecho de que el comportamiento o la conducta de los jóvenes que no se ajustan a los valores y normas generales de la sociedad son con frecuencia parte del proceso de maduración y crecimiento y tienden a desaparecer espontáneamente en la mayoría de las personas cuando llegan a la edad adulta;

    f) La conciencia de que, según la opinión predominante de los expertos, calificar a un joven de "extraviado", "delincuente" o "predelincuente" a menudo contribuye a que los jóvenes desarrollen pautas permanentes de comportamiento indeseable.

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  11. Prevenir que se cometa un delito no solo evita el sufrimiento ocasionado por las pérdidas personales y materiales, sino que también resulta más barato que reaccionar ante los delitos consumados y sus consecuencias.

    Cuando se comete un delito, el Estado activa cuatro grandes funciones en las que tendrá que gastar recursos públicos:
    i) policías para perseguir y aprehender al infractor;
    ii) servicios de justicia para investigar y juzgarlo;
    iii) el sistema de sanciones para aplicarle una sanción y promover su rehabilitación; y
    iv) servicios de reparación del daño para las víctimas.

    Si se suman esos gastos y se comparan con el costo de prevenir que el delito ocurra, las conclusiones serán muy favorables a la prevención, y lo serán todavía más si se consideran los costos privados y sociales de ese delito y los costos de los delitos prevenidos en el futuro.

    Por ejemplo, los programas de tutoría intensiva para adolescentes en riesgo, como “Becoming a Man” en Chicago, lograron una reducción del 44 % en los arrestos por delitos violentos (además de mejoras educativas). La evaluación de costo-beneficio arrojó el resultado de que por cada dólar invertido en estos programas se obtenía un beneficio de casi ocho dólares.

    Un claro ejemplo de esto son los programas para prevenir que los jóvenes y adolescentes se inicien o persistan en carreras delictivas.

    Estos programas forman parte de las intervenciones más costo-efectivas que hay en materia de seguridad. Muchos utilizan un enfoque probado y basado en evidencia denominado Terapia Cognitivo Conductual (CBT, por sus siglas
    en inglés) cuyo fin es ayudar a cambiar las formas de pensamiento antisocial de un individuo para favorecer sus comportamientos pro sociales y constructivos.

    La CBT es un ingrediente clave en múltiples tipos de intervenciones para distintos grupos de edades y adaptadas a diferentes niveles de riesgo. Una de sus aplicaciones más conocidas es la Terapia Multisistémica (MST, por sus siglas en inglés). La MST logra reducir la probabilidad de reincidencia
    de un adolescente que delinque en hasta un 70 % tras cinco meses de tratamiento en los casos más complejos, con un beneficio neto total que puede superar los 11.000 dólares por participante.

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  12. Entre la mano dura y el abordaje de las causas estructurales de la delincuencia existe una tercera vía, que combina los elementos preventivos y punitivos cuyo impacto en los delitos está respaldado por evidencia científica. Este enfoque, que en el mundo anglosajón se conoce como "smart-on-crime".

    ¿Cómo puede el gobierno de un país aumentar la eficiencia de su gasto en seguridad ciudadana (prevención, policía, justicia, prisiones, reinserción y ayudas a las víctimas)? El primer paso es comparar la eficiencia de sus servicios de seguridad ciudadana (gasto per cápita, tasa de homicidios por 100.000 habitantes, porcentaje de ciudadanos que han sido víctimas de algún delito en el último año) con la eficiencia de los servicios del país de su entorno con mejor desempeño a este respecto.

    Una mayor eficiencia se puede alcanzar por dos caminos: conseguir lo mismo con menos recursos (si no hay más remedio, en el caso de problemas presupuestarios) o conseguir más con los mismos recursos (lo preferible).

    La eficiencia está vinculada con indicadores de capacidad institucional, tales como el Índice de eficacia del Estado y el Índice del Estado de Derecho.

    Cuanto mayor es la complejidad organizacional de la policía, menor es la eficiencia. Concretamente, cuanto mayores son la diferenciación funcional (mayor número de departamentos o unidades técnicas) y la diferenciación espacial (mayor número de comisarías en el territorio), menor es la eficiencia.

    Al contrario, cuanto mayor es el control organizacional, más aumenta la eficiencia. En particular, cuanto mayor es la centralización en la toma de decisiones policiales y cuanto más formales son las reglas y directrices organizativas, más crece la eficiencia.

    La literatura académica en seguridad ciudadana coincide en tres grandes principios para orientar el gasto en seguridad:
    * preventivo en lugar de reactivo y punitivo,
    * focalizado en lugar de disperso, y
    * basado en evidencia científica de impacto, y preferentemente de costo-efectividad, en lugar de basado en la intuición.

    Los delitos se concentran de forma desproporcionada en un pequeño número de lugares, de personas y de comportamientos de alto riesgo. Cuanto más focalizado sea el gasto de seguridad y justicia en estos tres ámbitos, mayor será su impacto.

    Comportamientos de mayor riesgo: portar un arma de fuego, particularmente si es ilegal; consumo excesivo de alcohol, por su relación con la violencia; y asociación con grupos de personas que infringen la ley.

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