No todas las personas sin hogar se encuentran en la calle por la misma razón. La página de la Wikipedia sobre el fenómeno considera que casi siempre se debe a la ruptura de lazos familiares, laborales o sociales. Esto puede concretarse en un divorcio, quedarse sin empleo, ser desahuciado, sufrir un trastorno mental, una enfermedad que imposibilite trabajar, volverse adicto a alguna sustancia, etc. Dichas causas pueden encadenarse en la misma persona: alguien puede perder su trabajo, como resultado ser desahuciado de su casa, caer en una depresión y hacerse alcohólico.
Está claro, por tanto, que debe analizarse cada caso y tratarlo de la forma más adecuada. Las personas sin hogar que sufren una enfermedad incapacitante curable deben ser tratadas y curadas. Si se niegan a ello, deben poder ser llevadas ante un juez que, de forma temporal, las incapacite legalmente si lo considera adecuado, hasta que estén curadas.
Si su enfermedad es incurable (por desgracia hay muchas personas en esta situación que padecen graves trastornos mentales incurables), el Estado debe hacerse cargo de ellas, con una pensión por incapacidad permanente, si son capaces de vivir dignamente por si mismas, o, si eso no es posible, internándolas en manicomios.
Si padecen una adicción al alcohol (muy frecuente) o a otras drogas, deben ser incluidas en programas de desintoxicación, y si se niegan, forzarlas a ello. Esto supone una discriminación respecto a adictos que sí tienen hogar, pero está justificada porque si la persona conserva su hogar, conserva cierto control sobre su vida y tiene más probabilidades de superar su adicción.
Los desempleados capaces de trabajar deberían recibir la formación adecuada para desempeñar un trabajo que la sociedad demande y así obtener un salario a cambio. No estoy de acuerdo con que solo se les ofrezca la posibilidad de vender publicaciones caritativas. A nadie debería dejársele como única salida el vivir de la caridad de otros. Eso equivale a que los demás juzguen si vive o muere, y ninguna persona merece morir. Aunque tampoco estoy de acuerdo con la prohibición de la mendicidad. Sí con la resolución, caso por caso, de los problemas que han llevado al mendigo a esa situación, y con una fuerte concienciación social para no dar dinero a los mendigos.
Debería haber una directiva en la Unión Europea que obligara a cada municipio a proporcionar alojamiento y comida a cada persona nacida en ese municipio y que se encontrara sin hogar. Las personas que fueran halladas sin hogar en un municipio diferente al de su nacimiento serían trasladadas (si se niegan, a la fuerza) al de su nacimiento. Y allí recibirían, sin excepción alguna, esos beneficios. Eso no viola la libertad de circulación de los ciudadanos de la UE: una cosa es la libertad de circulación, y otra la libertad de establecimiento. Las personas libres deben poder ir (moviéndose) donde quieran, pero no quedarse tiradas en la calle, apropiándose así de un espacio comunitario que es de todos y que tiene otros usos.
Lo contrario haría que los municipios que cumplieran la directiva se llenaran de personas sin hogar, causando la lógica irritación del resto de sus habitantes.
Las personas sin hogar no nacidas en la UE y que no tuvieran permiso de residencia en vigor serían deportadas a sus países de origen.
