Medidas urgentes contra el paro

Hoy, 25 de abril de 2013, España supera los SEIS MILLONES DE PARADOS. Es una tragedia, una catástrofe. Pero lo peor es que se podrían hacer muchas cosas para paliarla y no se hace nada.

Xavier Vidal-Folch, en su artículo de hoy, propone lo siguiente:

Uno: políticas activas de empleo como el reciclaje, la formación, los institutos de ocupación. Figuran en el repertorio de consejas europeas al menos desde junio, y apenas nada se ha hecho.

Dos: fomento de las exportaciones, de las que tanto se llenan la boca todos (el propio Rajoy en el debate sobre el Estado de la nación) como único indicio feliz en esta recesión, y nadie hace nada nuevo en la Administración. Lean las propuestas de El modelo de apoyo a la internacionalización de la empresa española, el documento 167 del Instituto de la Empresa Familiar (www.iefamilar.com). Hay materia.

Y tres: reforma fiscal integral, en vez de la histérica yenka retórica de subir / bajar impuestos. Lo primero es simplificar el bosque, cercenar la mayoría de deducciones que desnaturalizan y distorsionan el objetivo de cada impuesto, y acabar con las micromedidas sin visión de conjunto. Bastante de ello figura en el muy reciente proyecto socialista Bases para la reforma fiscal (www.psoe.es), que el Gobierno prefiere, de momento, despreciar. Haría mejor en leerlo, igual le da alguna idea.

Durante mucho tiempo he venido proponiendo ideas para el problema más grave de España. Por ejemplo, el 1 de mayo de 2011, cuando no habíamos llegado a los cinco millones:

Para combatir esto es necesario que el Organismo Nacional de Empleo investigue los conocimientos y habilidades que el mercado demanda (porque se siguen ofreciendo puestos, que no se cubren) y forme a las personas necesarias. Si por ejemplo hacen falta 200 técnicos de gestión de residuos, y sólo 50 personas se apuntan al curso, se ofrecen los euros que sean necesarios por cursarlo (¿1000? ¿2000? ¿5000?) hasta que se cubran las 200 plazas. También se deben aumentar los incentivos para los que cambien de localidad de residencia con el fin de ocupar un puesto laboral. Ya existen, pero a la vista de las diferencias en las cifras de paro de las autonomías, está claro que no funcionan.

El 6 de mayo de 2011:

En España el empleo total en los servicios comunitarios (salud, educación, servicios sociales, administración) es del 12,3%, mientras que en la UE 15 es del 17,3%. Es decir, si tuviéramos el gasto social de la UE 15, habría en España alrededor de UN MILLÓN más de personas empleadas. Y no lo tenemos porque el fraude fiscal en España es tal alto (se calcula que un 20% de nuestra economía está sumergida) que no lo podemos pagar. Es absolutamente necesario ir recortando estos DOSCIENTOS MIL MILLONES DE EUROS que nos roban los defraudadores e invertirlos en más médicos, más residencias públicas de ancianos y en una buena red pública de guarderías que, además de los empleos que en sí crea, libera a muchas mujeres, que se pueden poner a buscar trabajo e impulsar la economía. No es ninguna utopía: en Suecia un sistema de guarderías con estas características hace que la tasa de actividad de las mujeres sea similar a la de los varones.

Coincido plenamente con Xavier Vidal-Folch: hay que cambiar el sistema fiscal. Tiene demasiados agujeros a través de los cuales las empresas consiguen pagar solamente el 11% de sus beneficios. Hay que eliminar TODAS las deducciones que no consigan claramente el objetivo de beneficio social general que persiguen, y destinar el dinero recaudado a guarderías y residencias.

Pero además hay que fomentar la inmigración de españoles parados y extranjeros parados residentes en España a otros países donde se requieran sus habilidades, o formarlos aquí en las habilidades que otros países requieran. Todo lo que contribuya a reducir nuestro índice de desempleo será bueno. Así, estos inmigrantes bajarán la tasa de paro, con lo que cesará la presión a la baja sobre los salarios, que deprime la economía. Además, enviarán remesas a sus familiares en España, que las dedicarán al consumo aquí.

Combatir la pobreza energética

La pobreza energética es la incapacidad de un hogar de satisfacer una cantidad mínima de servicios de la energía para sus necesidades básicas, como mantener la vivienda en unas condiciones de climatización adecuadas para la salud (18 a 20º C en invierno y 25º C en verano).

Esto puede no ser solamente debido a los bajos ingresos intrínsecos del hogar, sino también a la mala calidad de la vivienda, o a su emplazamiento en un sitio muy frío o muy cálido, o a tratarse de una vivienda muy grande para una sola persona de bajos ingresos.

 Se estima que la pobreza energética afecta a un 10% de los hogares españoles, unos 4 millones de personas. En Europa, a 50 millones. Habitar una vivienda con temperaturas inadecuadas en invierno aumenta el riesgo de padecer enfermedades físicas y mentales e incrementa la probabilidad de morir de forma prematura entre ancianos. Una estimación publicada en la revista Consumer indica que la pobreza energética causaría más de 2.000 muertes prematuras al año en España. Los enfermos crónicos, niños y ancianos son los más afectados.

Cómo hacer frente a la pobreza energética: artículo de Eroski Consumer

Una de las causas principales de la pobreza energética es la mala calidad de las viviendas. En España el 60% del parque se construyó con anterioridad a la normativa de regulación térmica. Estos edificios pierden calor y necesitan más energía para mantener la temperatura. Otra de las causas es la baja eficiencia energética de los aparatos, bombillas, sistemas de climatización, etc., utilizados en estas casas.

Marta García, consultora de Ecoserveis, asegura que para abordar este problema hay que actuar sobre sus tres causas principales: nivel de ingresos, calidad en la edificación y precios de la energía.

Las medidas preventivas tendrían que ser prioritarias. Las viviendas de protección oficial, ocupadas en principio por familias vulnerables, deberían contar con criterios superiores de eficiencia energética.

Otra medida sería la de ofrecer bonos para el pago de facturas de energía a las personas mayores. En Inglaterra, el Gobierno destina 100 millones de euros para cubrir los costes de las tarifas sociales y ayudar a las familias más vulnerables. Las personas mayores de 60 años reciben 300 euros al año como medida contra la pobreza energética. En España habrá que esperar a tener los datos del nuevo bono social, puesto en marcha en julio de este mismo año.

 Los consumidores pueden asumir diversas medidas para combatir la pobreza energética. En primer lugar, pueden prestar atención a sus facturas de energía y comprobar si se ha contratado una tarifa adecuada. En la actualidad, los consumidores con menos de 10kW de potencia contratada pueden escoger entre la Tarifa de Último Recurso (precio máximo fijado por el Gobierno) o ir al mercado libre a pactar las condiciones con una comercializadora.

La potencia contratada es otro elemento que los consumidores pueden elegir y reducir hasta lo necesario. A igual consumo, la factura será mayor cuanto mayor sea la potencia contratada. Para hacerse una idea, se puede analizar el conjunto de equipos que se quieren tener encendidos al mismo tiempo. Para un piso medio con cocina y calefacción de gas suele ser suficiente una potencia de 3,3kW o incluso menos.

La reducción del consumo energético es otra medida clara que se puede lograr con diversos consejos:

• Utilizar la energía sólo cuando sea necesario. Ser conscientes de que es un bien escaso que conlleva un impacto medioambiental, social y económico más grande del que parece.
• Sustituir las bombillas incandescentes por otras de bajo consumo.
• Contar con electrodomésticos de eficiencia energética A o A+.
• Regular la calefacción con termostatos y encenderla durante el día unas pocas horas, suficiente para que el calor acumulado se mantenga para el resto de la jornada.
• Invertir en aislamiento de paredes, ventanas e incluso tuberías y conductos de ventilación y climatización al construir o rehabilitar una casa. Las comunidades autónomas ofrecen ayudas que cubren hasta el 60% de esta inversión.
• Instalar contrapuertas y contraventanas.
• Evitar las fugas de calor, que pueden suponer entre el 5% y el 30% del malgasto energético. En el mercado se pueden encontrar diversos materiales y sistemas asequibles que permitirán acabar con este problema, por ejemplo burletes de gomaespuma.
• Realizar un correcto mantenimiento de las calderas y otros sistemas de climatización.
• Los ventiladores de techo reversibles pueden utilizarse en invierno para hacer circular el calor y ahorrar costes de calefacción hasta en un 10%.
• Aplicar sistemas basados en energías renovables (para ello también se pueden solicitar diversas ayudas institucionales).
• Vestir de acuerdo a las condiciones climatológicas: estar en casa en camiseta de manga corta durante el invierno supone un uso excesivo de la calefacción. 

Todo esto está muy bien, pero muchas veces la gente pobre no tiene dinero para mejorar la eficiencia energética de su vivienda. Por eso creo que el Estado debe devolver hasta un 50% de la factura energética (electricidad, gas natural o butano) a los hogares en que anualmente esa factura suponga más de un 10% de los ingresos anuales.

Esto no debería hacerse a través de precios subvencionados (como el actual bono social). La energía debería cobrarse a su coste (más un beneficio justo para el proveedor) a todos los consumidores, y solamente ser ayudados aquellos que realmente lo necesitaran.

Para recibir esta ayuda, se debería solicitar cada año. No sería necesario aportar facturas de electricidad o gas: se implantaría un sistema coordinado con las compañías de gas y electricidad en que el solicitante solamente tendría que aportar su NIF; ya se encargaría Hacienda de comprobar de si el montante de las facturas energéticas para el año anterior es superior al 10% de los ingresos de ese hogar.

Solamente podrían recibir estas ayudas aquellos hogares con menos de 70 metros cuadrados construidos por habitante (datos que el sistema comprobaría automáticamente en el Catastro y en el Padrón municipal; hacérselos declarar al solicitante es invitar al fraude).

Las personas receptoras de estas ayudas deberían, además, ser auténticamente pobres; es decir, no podrían poseer, total o parcialmente, otras viviendas aparte de la solicitante, ni cuentas bancarias, depósitos o activos financieros por valor superior a 3.000 euros.

Un hogar que recibiera una ayuda por este concepto de más de 200 euros anuales más de dos años consecutivos estaría obligado, después del tercer año, a someterse a un somero estudio de eficiencia energética, pagado por el Estado, que recomendaría medidas (por ejemplo, cambiar ventanas, aislar paredes, sustituir calderas, etc.). Tras este tercer año, cualquier ayuda posterior iría íntegramente destinada a poner en marcha alguna de las medidas recomendadas. Por ejemplo, un hogar que hubiera recibido 400, 426 y 397 euros en años consecutivos, estaría obligado el cuarto año a sustituir una ventana, por, digamos, 300 euros, y solo recibiría la ayuda el cuarto año tras presentar la factura de la sustitución.

Evidentemente, un sistema de ayudas así sería administrativamente caro para el Estado, pero a mí me parece la única forma de abordar seriamente el problema. Mucho más caras están saliendo las enfermedades y muertes provocadas por la falta de ingresos suficientes para mantener la vivienda a una temperatura adecuada. El derecho a la vivienda debe entenderse como el derecho a una vivienda saludable, no una que por tus circunstancias te enferme.

Propuestas de los médicos para ahorrar en sanidad

El 4 de abril de 2013 los Consejos Generales de Médicos y Enfermeros presentaron La Alternativa de los médicos y enfermeros para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud, un trabajo de gran calado en el que han intervenido más de 9.000 personas durante siete meses.

Las 85 medidas que se proponen en este documento son las siguientes:

Medidas estructurales de ordenación y gobernanza del sistema (17)

1. Dotar al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud de eficacia jurídica y ejecutividad a sus decisiones
2. Tarjeta Sanitaria única e inteligente para el Sistema Nacional de Salud
3. Receta electrónica única para el Sistema Nacional de Salud
4. Igualdad de derechos y garantía de accesibilidad del paciente en todo el territorio nacional
5. Regulación específica para la atención sanitaria de la población inmigrante
6. Igualdad de derechos del profesional en el territorio nacional y derecho a la movilidad dentro del Sistema Nacional de Salud
7. Fondo de cohesión y compensación como garante de la financiación de la atención sanitaria interterritorial
8. Agencia Estatal Única de Calidad, Alta Inspección y Acreditación del Sistema (Supresión de agencias regionales)
9. Armonización de competencias de las administraciones sanitarias (régimen de colaboración marco con las administraciones regionales y supresión de duplicidades y solapamientos)
10. Régimen jurídico de la Alta Inspección Sanitaria y normativa sancionadora, homogénea a nivel nacional
11. Registro estatal de profesionales sanitarios
12. Estrategia de potenciación del papel a desempeñar por los Consejos Generales de Médicos y de Enfermeros
13. Fortalecimiento de las competencias de los Colegios profesionales en el ámbito disciplinario
14. Homogeneización del régimen sancionador en todo el territorio nacional
15. Creación del estatuto y del régimen jurídico del directivo y cargo público sanitario
16. Control del turismo sanitario
17. Dependencia estatal de la sanidad en lugar de autonómica

Medidas de calidad, eficiencia y racionalización de la gestión sanitaria

1. Implantación de un sistema de compras centralizado para medicamentos, productos sanitarios y tecnología sanitaria, con criterios homogéneos aprobados por el Consejo Interterritorial.
2. Alianzas estratégicas con la iniciativa privada para la mejora y prestación de servicios sanitarios.
3. Compatibilidad del sistema público con el sistema privado.  Posible sistema de desgravación fiscal para usuarios del aseguramiento sanitario privado.
4. Implementación en la gestión sanitaria de los Sistemas de Pago por Proceso (GRD, CRG, etc. )
5. Implantación de Renting y Leasing sanitario.
6. Colaboración público-privada: PPP en la gestión sanitaria, tanto en la atención primaria, atención especializada y atención socio-sanitaria.
7. Modernización y flexibilización del régimen de conciertos.
8. Definición de un régimen de personal sanitario público (funcionarios, laborales y estatutarios) transferible a servicios públicos de gestión privada.
9. Centralización y externalización de los servicios sanitarios de: Radiodiagnóstico, laboratorios, esterilización.
10. Centralización y externalización de todos los servicios no asistenciales.
11. Compromiso en la limitación de gastos a los presupuestos asignados a las administraciones regionales y centros asistenciales.
12. Autonomía real de la gestión de los centros sanitarios, con evaluación final de los resultados.
13. Fomento de la competitividad inter-hospitalaria para la mejora de la eficiencia del sistema y de la calidad asistencial.
14. Principio de “déficit cero” a nivel de centro sanitario.
15. Aligeramiento y racionalización de estructuras gerenciales y nuevo sistema retributivo de los equipos directivos.
16. Gestión empresarial por objetivos de los centros sanitarios.
17. Sistema de movilidad y flexibilidad en la gestión de RRHH, tanto a nivel de los servicios regionales de salud como del SNS.
18. Auditorías externas de calidad en la prestación asistencial.
19. Creación de un sistema para el establecimiento de criterios y estándares mínimos de una buena práctica clínica y su evaluación.
20. Nuevo modelo de gestión clínica, basado en potenciar la autonomía de gestión de las áreas de los servicios asistenciales.
21. Garantizar la continuidad asistencial: área única y coordinación entre los diferentes niveles de asistencia.
22. Reducir los cargos políticos y asesores de las Consejerías de Sanidad.
23. Cartera de Servicios aprobada por ley nacional y congelada hasta el año 2020.
24. Mecanismo de revisión estatal de la Cartera, mediante acuerdo del Consejo Interterritorial (CI), por mayoría absoluta de sus miembros y previa presentación de una memoria económica que evalúe el coste de implantación y su mecanismo de financiación con cargo a los propios recursos del Sistema Nacional de Salud (SNS).
25. Desarrollo de indicadores de calidad para el Sistema Nacional de Salud aprobados por el Consejo Interterritorial.
26. Tiempos máximos de espera quirúrgica pactados y aprobados en el Consejo Interterritorial.
27. Sistemas informatizados de gestión de listas de espera accesibles por el ciudadano.
28. Protocolos homogéneos de actuación, basados en guías clínicas homogéneas.
29. Implantación de la contabilidad analítica en los centros asistenciales.
30. Potenciación de las consultas a nivel telefónico o telemático para determinados tipos de pacientes.
31. Regionalización de los procedimientos quirúrgicos: definir servicios y centros de referencia en determinadas patologías.
32. Utilización de las TIC's para el control de pacientes crónicos.
33. Acceso del paciente a los resultados de pruebas diagnósticas a través de internet.
34. Retribución Fija + Productividad por objetivos cuantificables vinculados a los escalones de la carrera profesional.
35. Eliminación por ley de las peonadas.
36. Pacto de recuperación del poder adquisitivo y desarrollo de la carrera profesional, acompasado a objetivos económicos y “déficit cero” del Sistema.  Objetivo 2018-2020.
37. Movilidad nacional para la racionalización de plantillas.
38. Cambio de modelo retributivo basado en cantidad, calidad y compromiso con los objetivos asistenciales.
39. Conciliación de la vida familiar y laboral.  Cambio en el sistema de horario actual.
40. Selección de los jefes de servicio por mérito de manera competitiva.
41. Ampliación de 35 a 37,5 horas de la jornada profesional.
42. Desarrollar y potenciar los centros asistenciales de media y larga estancia con el objeto de disminuir la estancia en los centros asistenciales de agudos.

Medidas sobre medicamentos

1. Receta: copago único para las dos modalidades de recetas
2. Regulación de la venta online de medicamentos y productos sanitarios
3. Reconsideración de la visita comercial al prescriptor
4. Consideración de retribución en especie la derivada de la asistencia a congresos y eventos farmacéuticos
5. Política agresiva en materia de medicamentos genéricos
6. Ajustar las dosis de medicamentos al tratamiento prescrito
7. Pacto para el desarrollo estratégico de la industria farmacéutica nacional y la investigación biomédica
8. Pago de una parte del precio de los medicamentos por parte de los jubilados dejando de ser gratuito (copago)
9. Incremento de la parte que se paga en las recetas (incremento según receta)
10. Los parados sin prestación, los titulares de pensiones no contributivas y los de rentas mínimas de inserción, no tendrán que pagar por medicamentos.
11. Se excluyen de la receta fármacos para problemas menores.

Medidas de concienciación y educación del paciente: derechos y deberes

1. Campañas de difusión nacional de las medidas de concienciación y educación del paciente
2. Emisión de facturas sombra
3. Medidas punitivas al paciente en relación a la no retirada o recogida de pruebas diagnósticas
4. Medidas punitivas al paciente en relación a la no asistencia injustificada a listas de espera y consultas externas
5. Corresponsabilidad del paciente en el ahorro farmacéutico

Medidas en materia de infraestructuras sanitarias

1. Mapa nacional de infraestructuras sanitarias
2. Congelación de nuevas infraestructuras sanitarias hasta el año 2020
3. Plan de racionalización, modernización y optimización de infraestructuras sanitarias

Medidas de financiación económica complementaria

1. Ticket moderador en urgencias (salvo derivación de Primaria o generando ingreso hospitalario)
2. Gratuidad de un menú básico durante la estancia hospitalaria.  Resto bajo pago
3. Cobro de las prestaciones sanitarias a extranjeros y a terceros
4. Facturación inter-centros del sistema asistencial
5. Optimización de la utilización de espacios, servicios y estudio de usos alternativos o arrendamientos que permitan ingresos añadidos de carácter finalista
6. Pago por parte del paciente de las prótesis ambulatorias y los productos dietéticos
7. Pago por parte del paciente del transporte no urgente



En el estudio también se han hecho encuestas sobre la aceptación de estas medidas por ciudadanos y expertos, lo que ha arrojado otras dos listas: las veinte mejor valoradas y las diez peor valoradas.