Fomentar, no solo el hábito de leer, sino la comprensión de lo que se lee y el disfrute con esta actividad, es, desde una perspectiva humanística, esencial para que una persona se mueva por el mundo actual y acceda a las partes que desee de su infinita cultura. Y desde una perspectiva económica es imprescindible para que los trabajadores se formen y se desarrollen las industrias y las sociedades de la cultura, la investigación y el conocimiento.
El contacto con la lectura debe comenzar en cuanto los niños (y empleo el masculino en su sentido de género no marcado, englobando, por supuesto, también a las niñas) comienzan a entender las palabras de sus padres (algunas fuentes aconsejan incluso que antes, cuando son recién nacidos): el padre o la madre debe sentar al niño en sus rodillas, abrir delante de él un libro (adecuado a la edad: muy corto, muy coloreado, con muchos dibujos, con muy pocas palabras y muy grandes) y leer las palabras despacio, con su voz más agradable. No más de cinco minutos al día, unos días el padre y otros la madre, pero todos los días.Cuando el niño está acostado y se dispone a dormir, también es un buen momento para leerle.
El nivel de los libros que se le lean debe ir avanzando según progresa la comprensión del niño. Creo inútil intentar hacerle saltar etapas. Todo ha de ser suave, paulatino, sin imposiciones.
Cuando el niño ya pueda leer alguna palabra, se le señalará, para que la pronuncie, continuando la voz de su progenitor. Poco a poco se le irá animando a que pronuncie más palabras. Al terminar la sesión de lectura diaria, cuyos minutos se pueden ir alargando si se ve que el infante sigue interesado, se deben hacer algunas preguntas, obviamente de su nivel, para comprobar que lo ha entendido y activar sus mecanismos mensales de comprensión y elaboración. Puede incluso animársele a que narre una historia con sus propias palabras, distinta de la leída o derivada de ella. Por ejemplo ¿qué habría pasado si la princesa no hubiera besado a la rana?
A partir de ahí ya se pueden dejar a su alcance libros adecuados por si se anima a leer solo. Eso sí, aunque lo haga, la lectura diaria por parte de los padres debe seguir (salvo que el niño la rechace, claro está) al menos hasta los siete años.
Es imprescindible que en la selección de libros se sigan (no "se tengan en cuenta"; se sigan) los gustos y capacidades del niño. Pretender que nuestros hijos lean libros que a nosotros nos gustaron cuando teníamos su edad es un error. Ha de tomarse como guía única su gusto. Por supuesto, en la librería infantil hay que mostrarle, además de lo que le gusta, otras cosas que pensemos que le pueden gustar. Pero si no le molan, ningún problema. Que extraiga placer de lo que lee, y que lo comprenda, es mucho más importante que el contacto con temas que nosotros creamos interesantes, o con las grandes obras de la literatura de su nivel.
Al niño se le debe poner en contacto con textos en todas las formas que le puedan atraer: no solo libros ilustrados, sino también cómics, revistas especializadas en algún tema que le interese o páginas de Internet análogas.
Leer es un medio magnífico de ir adquiriendo vocabulario. Cuando en las sesiones diarias los padres se encuentren con una palabra que el niño podría no conocer, se la deben preguntar, sin esperar a que pregunte él, y en caso de que no la sepa, explicársela. Evidentemente un libro con muchas palabras nuevas se haría cansino. Por eso han de elegirse muy cuidadosamente los libros, como peldaños de una escalera que lleva a una mente abierta, despierta, ágil, capaz y de éxito académico. Deben evitarse los tropezones y, por todos los medios, que el niño se aburra. Nunca jamás se pondrá leer como tarea obligatoria, ni se castigará a leer, ni se castigará por no leer.
En la escuela, y niveles académicos superiores, bajo ningún concepto se debe imponer la lectura de obras determinadas, por magníficas que sean. Las clases de lengua y literatura deben basarse en obras (no solo novelas; también poemas o letras de canciones) elegidas por los propios alumnos, analizando sus personajes, sus elementos simbólicos, sus posibles influencias. También se debe enseñar a diferenciar un libro bien escrito de uno mal escrito, y a rechazar este último. Asimismo debe crearse admiración hacia las grandes obras de la literatura, y proporcionar herramientas para que, repito, solo los que se atrevan, se adentren en ellas y suban así su nota. Por ejemplo se podría sacar un aprobado o un bien sin haber leído El Quijote, pero para ir más allá, tendría que leerse.
Y por último, evidentemente, los niños deben ver que sus padres leen libros y disfrutan con ellos.
Mete "Lo que hay que hacer" en Google y mira qué te sale: enlaces a un libro "Lo que hay que hacer con urgencia" del que las primeras páginas no están disponibles para descargar. Y mientras, tu ciudad, tu país, tu planeta bullen de problemas a los que no se pone remedio adecuado, cuando existen soluciones para todos. Escribo este blog desde Madrid, España, la Tierra, para unir mi voz a los que proponen estas soluciones y presionan para que se apliquen.
jueves, 24 de octubre de 2013
sábado, 19 de octubre de 2013
La financiación de las Administraciones Públicas
Es necesario establecer unas reglas muy claras sobre la financiación de los tres niveles de la Administración Pública en España: Central, Autonómica y Local. Tiene que quedar transparente quién hace qué y con qué dinero. Las posibilidades son infinitas, pero conviene escoger métodos tan simples como sea posible y aplicarlos rigurosamente.
La financiación del nivel local debería ser la más sencilla: los Ayuntamientos pueden autofinanciarse, sin recibir dinero del Estado, a través del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), tanto sobre fincas urbanas como sobre parcelas industriales o agrícolas. También deben poder establecer diversas tasas como recogida de basuras, alcantarillado, o circulación. Y solo deben dedicarse a las competencias que les son propias: limpieza, saneamiento, arreglo de las calles y aceras, alumbrado, ordenación del tráfico urbano, bomberos, parques y jardines. No deben, por ejemplo, asumir competencias en servicios sociales o sanidad. Tampoco deben financiarse vendiendo suelo, porque crea espejismos contables (se cree que se tiene más capacidad económica de la real) que luego desembocan en déficit pavorosos. Si un Ayuntamiento decide vender suelo un año porque su población está aumentando o porque quieren instalarse industrias, el dinero obtenido debe repartirse proporcionalmente entre los contribuyentes a los impuestos municipales ese año.
La limitación de los servicios que pueden ofrecer los Ayuntamientos es una de las modificaciones que va a introducir la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, cuyo proyecto ha empezado a tramitarse en el Parlamento en octubre de 2013.
Este proyecto mantiene las diputaciones, pero yo creo que deben eliminarse directamente. Para que los Ayuntamientos pequeños contraten servicios (recogida de basuras, etc.), no es necesario que se los presten de arriba a abajo a través de las diputaciones; creo mejor que varios Ayuntamientos pequeños y cercanos se pongan de acuerdo para contratar conjuntamente a una sola empresa que les preste los servicios.
La madre del cordero está en el reparto del dinero entre las Administraciones Central y Autonómica. Los ingresos están bastante claros:
Sesenta y ocho mil millones de euros de impuestos directos, casi todos (sesenta y cinco mil) de impuesto sobre la renta, a asalariados y autónomos, y treinta y siete mil millones de impuestos indirectos, la mayoría de IVA (veintisiete mil millones) e impuestos especiales sobre los combustibles, el tabaco y el alcohol (casi ocho mil millones).
Y por cierto ¿dónde están en ese documento los ingresos por el impuesto de sociedades (otra fuente dice que superan los veintidosmil millones de euros, pero sus cifras no parecen coincidir con las del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas).
¿Pero los gastos? Tenemos por supuesto los gastos de los ministerios (treinta y cuatro mil millones de euros). ¿Pero cuánto se gasta realmente en Educación, en Sanidad, en Justicia, que son las competencias que están transferidas a las Comunidades Autónomas?
Hay que tener en cuenta que las pensiones se pagan con las cotizaciones a la seguridad social, que no son esos ridículos 978 millones que aparecen en la imagen de arriba, sino más de cien mil millones. Prácticamente todos esos ingresos se dedican a pagar las pensiones, y hay suficiente, aunque existe un pequeño déficit.
Lo que debería hacerse para evitar el continuo baile de agravios de las Autonomías es transferirles lo recaudado por impuestos indirectos por las ventas en sus territorios (es decir, aunque una gran empresa con sede en Madrid tribute mil millones por IVA, no se transferirían directamente a la Comunidad de Madrid, sino que se repartirían proporcionalmente a las ventas de esa empresa en cada Autonomía). La gestión, la recaudación y la represión del fraude seguirían siendo del Estado, pero la transferencia del dinero a las arcas autonómicas sería automática en cuanto ese dinero entrara en las arcas de Hacienda, y no requeriría de decisiones políticas.
Los regímenes especiales del País Vasco y Navarra fueron una malísima idea, pero dado que eliminarlos supondría un coste político actualmente inasumible, mejor dejarlos estar, eso sí, actualizando cada año con cifras reales los cupos vasco y navarro.
Alternativamente se podría continuar con un sistema de financiación parecido al actual, y basado en la población de cada Autonomía. Pero el Padrón ha de revisarse bien cada año. No puede ser que haya territorios que, por no reconocer el Estado el aumento de sus poblaciones, vayan acumulando deudas históricas. Además de en la población como factor fundamental, deberían tenerse en cuenta factores secundarios que inciden en el coste de atender a esa población, como la edad, la dispersión, la insularidad, etc.
La financiación del nivel local debería ser la más sencilla: los Ayuntamientos pueden autofinanciarse, sin recibir dinero del Estado, a través del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), tanto sobre fincas urbanas como sobre parcelas industriales o agrícolas. También deben poder establecer diversas tasas como recogida de basuras, alcantarillado, o circulación. Y solo deben dedicarse a las competencias que les son propias: limpieza, saneamiento, arreglo de las calles y aceras, alumbrado, ordenación del tráfico urbano, bomberos, parques y jardines. No deben, por ejemplo, asumir competencias en servicios sociales o sanidad. Tampoco deben financiarse vendiendo suelo, porque crea espejismos contables (se cree que se tiene más capacidad económica de la real) que luego desembocan en déficit pavorosos. Si un Ayuntamiento decide vender suelo un año porque su población está aumentando o porque quieren instalarse industrias, el dinero obtenido debe repartirse proporcionalmente entre los contribuyentes a los impuestos municipales ese año.
La limitación de los servicios que pueden ofrecer los Ayuntamientos es una de las modificaciones que va a introducir la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, cuyo proyecto ha empezado a tramitarse en el Parlamento en octubre de 2013.
Este proyecto mantiene las diputaciones, pero yo creo que deben eliminarse directamente. Para que los Ayuntamientos pequeños contraten servicios (recogida de basuras, etc.), no es necesario que se los presten de arriba a abajo a través de las diputaciones; creo mejor que varios Ayuntamientos pequeños y cercanos se pongan de acuerdo para contratar conjuntamente a una sola empresa que les preste los servicios.
La madre del cordero está en el reparto del dinero entre las Administraciones Central y Autonómica. Los ingresos están bastante claros:
Parte superior. Hay más ingresos, pero son bastante menos relevantes.
Sesenta y ocho mil millones de euros de impuestos directos, casi todos (sesenta y cinco mil) de impuesto sobre la renta, a asalariados y autónomos, y treinta y siete mil millones de impuestos indirectos, la mayoría de IVA (veintisiete mil millones) e impuestos especiales sobre los combustibles, el tabaco y el alcohol (casi ocho mil millones).
Y por cierto ¿dónde están en ese documento los ingresos por el impuesto de sociedades (otra fuente dice que superan los veintidosmil millones de euros, pero sus cifras no parecen coincidir con las del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas).
¿Pero los gastos? Tenemos por supuesto los gastos de los ministerios (treinta y cuatro mil millones de euros). ¿Pero cuánto se gasta realmente en Educación, en Sanidad, en Justicia, que son las competencias que están transferidas a las Comunidades Autónomas?
Hay que tener en cuenta que las pensiones se pagan con las cotizaciones a la seguridad social, que no son esos ridículos 978 millones que aparecen en la imagen de arriba, sino más de cien mil millones. Prácticamente todos esos ingresos se dedican a pagar las pensiones, y hay suficiente, aunque existe un pequeño déficit.
Lo que debería hacerse para evitar el continuo baile de agravios de las Autonomías es transferirles lo recaudado por impuestos indirectos por las ventas en sus territorios (es decir, aunque una gran empresa con sede en Madrid tribute mil millones por IVA, no se transferirían directamente a la Comunidad de Madrid, sino que se repartirían proporcionalmente a las ventas de esa empresa en cada Autonomía). La gestión, la recaudación y la represión del fraude seguirían siendo del Estado, pero la transferencia del dinero a las arcas autonómicas sería automática en cuanto ese dinero entrara en las arcas de Hacienda, y no requeriría de decisiones políticas.
Los regímenes especiales del País Vasco y Navarra fueron una malísima idea, pero dado que eliminarlos supondría un coste político actualmente inasumible, mejor dejarlos estar, eso sí, actualizando cada año con cifras reales los cupos vasco y navarro.
Alternativamente se podría continuar con un sistema de financiación parecido al actual, y basado en la población de cada Autonomía. Pero el Padrón ha de revisarse bien cada año. No puede ser que haya territorios que, por no reconocer el Estado el aumento de sus poblaciones, vayan acumulando deudas históricas. Además de en la población como factor fundamental, deberían tenerse en cuenta factores secundarios que inciden en el coste de atender a esa población, como la edad, la dispersión, la insularidad, etc.
sábado, 12 de octubre de 2013
La inmigración ilegal
Vaya por delante que lo ideal sería un mundo de países con un nivel de desarrollo parecido, en el que las fronteras pudieran estar abiertas y todas las personas moverse libremente e instalarse donde quisieran.
Seguidamente, hay que dejar bien claro que ningún ser humano es ilegal. Todas las personas tienen derecho a la vida, a conservar su integridad física y moral, a ser tratadas dignamente, y a la libertad dentro de la ley.
Dicho lo anterior, en este lamentablemente muy imperfecto mundo en que vivimos, los países ricos tienen leyes de inmigración muy severas que tratan de impedir que entre en ellos más gente de los países pobres de la que consideran que pueden absorber. Los que infringen estas leyes son llamados, a mi modo de ver correctamente, inmigrantes ilegales, si bien otros prefieren llamarlos "inmigrantes irregulares". Aunque el problema no es nominativo, sino de sufrimiento humano: para saltar las barreras puestas por los países ricos, estos inmigrantes recorren peligrosísimos trayectos, pasan hambre, sed, frío, o son robados, estafados, violados o asesinados. Muchos perecen en el camino. Incluso algunos que consiguen llegar son internados de forma indefinida en centros para extranjeros entrados ilegalmente, hasta que al fin son deportados a sus países de origen.
Esto es lo que se debe evitar.
Desde luego, la mejor forma de evitarlo sería eliminar los paraísos fiscales, donde las cleptocracias que dirigen (es un decir; mejor sería "esquilman") los países de origen atesoran las fortunas que les roban. Pero mientras esto llega, deben tomarse medidas urgentes:
Seguidamente, hay que dejar bien claro que ningún ser humano es ilegal. Todas las personas tienen derecho a la vida, a conservar su integridad física y moral, a ser tratadas dignamente, y a la libertad dentro de la ley.
Dicho lo anterior, en este lamentablemente muy imperfecto mundo en que vivimos, los países ricos tienen leyes de inmigración muy severas que tratan de impedir que entre en ellos más gente de los países pobres de la que consideran que pueden absorber. Los que infringen estas leyes son llamados, a mi modo de ver correctamente, inmigrantes ilegales, si bien otros prefieren llamarlos "inmigrantes irregulares". Aunque el problema no es nominativo, sino de sufrimiento humano: para saltar las barreras puestas por los países ricos, estos inmigrantes recorren peligrosísimos trayectos, pasan hambre, sed, frío, o son robados, estafados, violados o asesinados. Muchos perecen en el camino. Incluso algunos que consiguen llegar son internados de forma indefinida en centros para extranjeros entrados ilegalmente, hasta que al fin son deportados a sus países de origen.
Esto es lo que se debe evitar.
Desde luego, la mejor forma de evitarlo sería eliminar los paraísos fiscales, donde las cleptocracias que dirigen (es un decir; mejor sería "esquilman") los países de origen atesoran las fortunas que les roban. Pero mientras esto llega, deben tomarse medidas urgentes:
- Una política de inmigración inteligente, tipo "green card" estadounidense: cada país rico evalúa sus necesidades de mano de obra extranjera y, a través de sus embajadas, acepta solicitudes de residencia temporal o permanente de trabajadores capaces de satisfacer esas necesidades. Posteriormente se sortean las plazas existentes entre las solicitudes ofrecidas.
- Para presentar esa solicitud sólo es necesario acreditar el conocimiento del idioma del país de destino, acreditar que se sabe hacer el trabajo en cuestión, carecer de antecedentes penales y tener las huellas digitales de todos los dedos en perfecto estado.
- Además hay que reforzar las fronteras con sistemas tipo SIVE (Sistema Integral de Vigilancia del Estrecho de Gibraltar). Cuando se detecte cualquier embarcación con posibles inmigrantes ilegales, barcos de vigilancia deben abordarla e inspeccionarla. Caso de encontrar alguno, se hará volver a la embarcación a las costas de las que partió (para lo cual habría que suscribir convenios con esos países), se hará bajar a tierra a los ocupantes después de tomar las huellas a todos y cada uno y se confiscará la embarcación. Todo esto, por supuesto, sería muy caro, pero mantener a un lado la riqueza y al otro la pobreza exige un enorme esfuerzo (por eso lo ideal sería un mundo homogéneamente rico). Las fronteras terrestres deberían reforzarse con sistemas adecuados. Si el país en cuestión no los puede pagar (caso de Grecia, por ejemplo), los que pertenezcan a la misma área geográfica de circulación libre de personas deberían ayudarlo con lo que fuera necesario.
- Ninguna persona que haya intentado o conseguido emigrar ilegalmente a un país podrá nunca ser aceptado como inmigrante legal. Para cada afortunado en el sorteo del punto 1, se comprueba si sus huellas están en la base de datos de inmigrantes ilegales, y en ese caso, se rechaza su solicitud.
- Este sistema debería publicitarse ampliamente en los países de origen: que sus jóvenes tengan muy claro que si deciden respetar la ley, tienen una oportunidad, mientras que si deciden vulnerarla, jamás podrán alcanzar su sueño, y se dejarán inútilmente en el camino una cantidad inmensa de dinero. Hasta puede que la vida.
- En los países de destino, la vida tiene que ser imposible para quien no tenga los papeles en regla. No debe poder alquilar una casa, ni siquiera una habitación, ni abrir una cuenta bancaria, ni transferir dinero, ni trabajar, ni cobrar un sueldo, ni empadronarse. Para todas esas actividades se exigirá ser ciudadano del país o tener un permiso de residencia en vigor. Y además, en este último caso, se anotará la fecha en que termina su validez, y si no es renovado, lo realizado con ese permiso dejará de funcionar. Por ejemplo, un inmigrante legal con permiso de residencia hasta el 8 de febrero de 2015 abre una cuenta para cobrar su sueldo. El banco anota esta fecha en su base de datos. Pues bien, si no entrega al banco una copia de la renovación de su permiso, el 8 de febrero de 2015 esa cuenta queda automáticamente bloqueada. De la misma forma se tiene que multar enérgicamente a los que pretendan ayudar a alguien a sortear la ley (alquilando una habitación a un inmigrante irregular, por ejemplo), incluso, si tienen un permiso de residencia en vigor, con la pérdida de éste.
- Los controles de identidad en la boca del metro, o en las zonas donde los inmigrantes van a divertirse, apestan a racismo. Creo mucho más eficaz controlar las viviendas (¿por qué consume agua una vivienda donde no hay nadie empadronado?), los puntos de envío de dinero (¿cómo puede Andreas transferir mensualmente el doble de su sueldo? ¿No estará ayudando a alguien?) y los centros de trabajo (lo que vendría muy bien no solo para combatir la inmigración ilegal, sino también los abusos contra los autóctonos).
- Deben acabarse los permisos por arraigo, Los aspirantes a emigrar a un país rico deben tener muy claro que la única forma de llegar a ser residente legal es respetar la ley desde el principio. No conozco ninguna ley que, si la incumples el tiempo suficiente, dejas de tener que cumplirla.
- Los centros de residencia (que no internamiento) de posibles inmigrantes ilegales no deben estar en el país rico que los haya detenido, sino en el país pobre más cercano que los acepte (a cambio de dinero, claro) y deben ser abiertos: quien quiera se puede marchar de ellos, pero no podrá volver a entrar. Por ejemplo, si se halla que una persona reside ilegalmente en, digamos, Francia, se la traslada inmediatamente al centro de, digamos, Burkina Faso, aunque presumiblemente su nacionalidad de origen sea nigeriana. Allí, si acepta declarar su nacionalidad real, será deportado a su país. Si se niega, tendrá la opción de quedarse allí para siempre o marcharse por la puerta a una realidad todavía peor que aquella de la que huyó. No deberían hacerse excepciones ni con mujeres embarazadas ni con menores, que deberían ser siempre devueltos a sus países de origen y reintegrados a sus familias o, si se niegan a identificarlas, internados en orfanatos de sus países.
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