Fomentar la lectura

Fomentar, no solo el hábito de leer, sino la comprensión de lo que se lee y el disfrute con esta actividad, es, desde una perspectiva humanística, esencial para que una persona se mueva por el mundo actual y acceda a las partes que desee de su infinita cultura. Y desde una perspectiva económica es imprescindible para que los trabajadores se formen y se desarrollen las industrias y las sociedades de la cultura, la investigación y el conocimiento.

El contacto con la lectura debe comenzar en cuanto los niños (y empleo el masculino en su sentido de género no marcado, englobando, por supuesto, también a las niñas) comienzan a entender las palabras de sus padres (algunas fuentes aconsejan incluso que antes, cuando son recién nacidos): el padre o la madre debe sentar al niño en sus rodillas, abrir delante de él un libro (adecuado a la edad: muy corto, muy coloreado, con muchos dibujos, con muy pocas palabras y muy grandes) y leer las palabras despacio, con su voz más agradable. No más de cinco minutos al día, unos días el padre y otros la madre, pero todos los días.Cuando el niño está acostado y se dispone a dormir, también es un buen momento para leerle.

El nivel de los libros que se le lean debe ir avanzando según progresa la comprensión del niño. Creo inútil intentar hacerle saltar etapas. Todo ha de ser suave, paulatino, sin imposiciones.

Cuando el niño ya pueda leer alguna palabra, se le señalará, para que la pronuncie, continuando la voz de su progenitor. Poco a poco se le irá animando a que pronuncie más palabras. Al terminar la sesión de lectura diaria, cuyos minutos se pueden ir alargando si se ve que el infante sigue interesado, se deben hacer algunas preguntas, obviamente de su nivel, para comprobar que lo ha entendido y activar sus mecanismos mensales de comprensión y elaboración. Puede incluso animársele a que narre una historia con sus propias palabras, distinta de la leída o derivada de ella. Por ejemplo ¿qué habría pasado si la princesa no hubiera besado a la rana?

A partir de ahí ya se pueden dejar a su alcance libros adecuados por si se anima a leer solo. Eso sí, aunque lo haga, la lectura diaria por parte de los padres debe seguir (salvo que el niño la rechace, claro está) al menos hasta los siete años.

Es imprescindible que en la selección de libros se sigan (no "se tengan en cuenta"; se sigan) los gustos y capacidades del niño. Pretender que nuestros hijos lean libros que a nosotros nos gustaron cuando teníamos su edad es un error. Ha de tomarse como guía única su gusto. Por supuesto, en la librería infantil hay que mostrarle, además de lo que le gusta, otras cosas que pensemos que le pueden gustar. Pero si no le molan, ningún problema. Que extraiga placer de lo que lee, y que lo comprenda, es mucho más importante que el contacto con temas que nosotros creamos interesantes, o con las grandes obras de la literatura de su nivel.
Al niño se le debe poner en contacto con textos en todas las formas que le puedan atraer: no solo libros ilustrados, sino también cómics, revistas especializadas en algún tema que le interese o páginas de Internet análogas. 

Leer es un medio magnífico de ir adquiriendo vocabulario. Cuando en las sesiones diarias los padres se encuentren con una palabra que el niño podría no conocer, se la deben preguntar, sin esperar a que pregunte él, y en caso de que no la sepa, explicársela. Evidentemente un libro con muchas palabras nuevas se haría cansino. Por eso han de elegirse muy cuidadosamente los libros, como peldaños de una escalera que lleva a una mente abierta, despierta, ágil, capaz y de éxito académico. Deben evitarse los tropezones y, por todos los medios, que el niño se aburra.  Nunca jamás se pondrá leer como tarea obligatoria, ni se castigará a leer, ni se castigará por no leer.

En la escuela, y niveles académicos superiores, bajo ningún concepto se debe imponer la lectura de obras determinadas, por magníficas que sean. Las clases de lengua y literatura deben basarse en obras (no solo novelas; también poemas o letras de canciones) elegidas por los propios alumnos, analizando sus personajes, sus elementos simbólicos, sus posibles influencias. También se debe enseñar a diferenciar un libro bien escrito de uno mal escrito, y a rechazar este último. Asimismo debe crearse admiración hacia las grandes obras de la literatura, y proporcionar herramientas para que, repito, solo los que se atrevan, se adentren en ellas y suban así su nota. Por ejemplo se podría sacar un aprobado o un bien sin haber leído El Quijote, pero para ir más allá, tendría que leerse.

Y por último, evidentemente, los niños deben ver que sus padres leen libros y disfrutan con ellos.

La financiación de las Administraciones Públicas

Es necesario establecer unas reglas muy claras sobre la financiación de los tres niveles de la Administración Pública en España: Central, Autonómica y Local. Tiene que quedar transparente quién hace qué y con qué dinero. Las posibilidades son infinitas, pero conviene escoger métodos tan simples como sea posible y aplicarlos rigurosamente.

La financiación del nivel local debería ser la más sencilla: los Ayuntamientos pueden autofinanciarse, sin recibir dinero del Estado, a través del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), tanto sobre fincas urbanas como sobre parcelas industriales o agrícolas. También deben poder establecer diversas tasas como recogida de basuras, alcantarillado, o circulación. Y solo deben dedicarse a las competencias que les son propias: limpieza, saneamiento, arreglo de las calles y aceras, alumbrado, ordenación del tráfico urbano, bomberos, parques y jardines. No deben, por ejemplo, asumir competencias en servicios sociales o sanidad. Tampoco deben financiarse vendiendo suelo, porque crea espejismos contables (se cree que se tiene más capacidad económica de la real) que luego desembocan en déficit pavorosos. Si un Ayuntamiento decide vender suelo un año porque su población está aumentando o porque quieren instalarse industrias, el dinero obtenido debe repartirse proporcionalmente entre los contribuyentes a los impuestos municipales ese año.

La limitación de los servicios que pueden ofrecer los Ayuntamientos es una de las modificaciones que va a introducir la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, cuyo proyecto ha empezado a tramitarse en el Parlamento en octubre de 2013.

Este proyecto mantiene las diputaciones, pero yo creo que deben eliminarse directamente. Para que los Ayuntamientos pequeños contraten servicios (recogida de basuras, etc.), no es necesario que se los presten de arriba a abajo a través de las diputaciones; creo mejor que varios Ayuntamientos pequeños y cercanos se pongan de acuerdo para contratar conjuntamente a una sola empresa que les preste los servicios.

La madre del cordero está en el reparto del dinero entre las Administraciones Central y Autonómica. Los ingresos están bastante claros:

 Parte superior. Hay más ingresos, pero son bastante menos relevantes.

 Sesenta y ocho mil millones de euros de impuestos directos, casi todos (sesenta y cinco mil) de impuesto sobre la renta, a asalariados y autónomos, y treinta y siete mil millones de impuestos indirectos, la mayoría de IVA (veintisiete mil millones) e impuestos especiales sobre los combustibles, el tabaco y el alcohol (casi ocho mil millones).

Y por cierto ¿dónde están en ese documento los ingresos por el impuesto de sociedades (otra fuente dice que superan los veintidosmil millones de euros, pero sus cifras no parecen coincidir con las del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas).

¿Pero los gastos? Tenemos por supuesto los gastos de los ministerios (treinta y cuatro mil millones de euros). ¿Pero cuánto se gasta realmente en Educación, en Sanidad, en Justicia, que son las competencias que están transferidas a las Comunidades Autónomas?

Hay que tener en cuenta que las pensiones se pagan con las cotizaciones a la seguridad social, que no son esos ridículos 978 millones que aparecen en la imagen de arriba, sino más de cien mil millones. Prácticamente todos esos ingresos se dedican a pagar las pensiones, y hay suficiente, aunque existe un pequeño déficit.

Lo que debería hacerse para evitar el continuo baile de agravios de las Autonomías es transferirles lo recaudado por impuestos indirectos por las ventas en sus territorios (es decir, aunque una gran empresa con sede en Madrid tribute mil millones por IVA, no se transferirían directamente a la Comunidad de Madrid, sino que se repartirían proporcionalmente a las ventas de esa empresa en cada Autonomía). La gestión, la recaudación y la represión del fraude seguirían siendo del Estado, pero la transferencia del dinero a las arcas autonómicas sería automática en cuanto ese dinero entrara en las arcas de Hacienda, y no requeriría de decisiones políticas.

Los regímenes especiales del País Vasco y Navarra fueron una malísima idea, pero dado que eliminarlos supondría un coste político actualmente inasumible, mejor dejarlos estar, eso sí, actualizando cada año con cifras reales los cupos vasco y navarro.

Alternativamente se podría continuar con un sistema de financiación parecido al actual, y basado en la población de cada Autonomía. Pero el Padrón ha de revisarse bien cada año. No puede ser que haya territorios que, por no reconocer el Estado el aumento de sus poblaciones, vayan acumulando deudas históricas. Además de en la población como factor fundamental, deberían tenerse en cuenta factores secundarios que inciden en el coste de atender a esa población, como la edad, la dispersión, la insularidad, etc.

La inmigración ilegal

Vaya por delante que lo ideal sería un mundo de países con un nivel de desarrollo parecido, en el que las fronteras pudieran estar abiertas y todas las personas moverse libremente e instalarse donde quisieran.

Seguidamente, hay que dejar bien claro que ningún ser humano es ilegal. Todas las personas tienen derecho a la vida, a conservar su integridad física y moral, a ser tratadas dignamente, y a la libertad dentro de la ley.

Dicho lo anterior, en este lamentablemente muy imperfecto mundo en que vivimos, los países ricos tienen leyes de inmigración muy severas que tratan de impedir que entre en ellos más gente de los países pobres de la que consideran que pueden absorber. Los que infringen estas leyes son llamados, a mi modo de ver correctamente, inmigrantes ilegales, si bien otros prefieren llamarlos "inmigrantes irregulares". Aunque el problema no es nominativo, sino de sufrimiento humano: para saltar las barreras puestas por los países ricos, estos inmigrantes recorren peligrosísimos trayectos, pasan hambre, sed, frío, o son robados, estafados, violados o asesinados. Muchos perecen en el camino. Incluso algunos que consiguen llegar son internados de forma indefinida en centros para extranjeros entrados ilegalmente, hasta que al fin son deportados a sus países de origen.

Esto es lo que se debe evitar.

Desde luego, la mejor forma de evitarlo sería eliminar los paraísos fiscales, donde las cleptocracias que dirigen (es un decir; mejor sería "esquilman") los países de origen atesoran las fortunas que les roban. Pero mientras esto llega, deben tomarse medidas urgentes:

1. Una política de inmigración inteligente, tipo "green card" estadounidense: cada país rico evalúa sus necesidades de mano de obra extranjera y, a través de sus embajadas, acepta solicitudes de residencia temporal o permanente de trabajadores capaces de satisfacer esas necesidades. Posteriormente se sortean las plazas existentes entre las solicitudes ofrecidas.
2. Para presentar esa solicitud sólo es necesario acreditar el conocimiento del idioma del país de destino, acreditar que se sabe hacer el trabajo en cuestión, carecer de antecedentes penales y tener las huellas digitales de todos los dedos en perfecto estado.
3. Además hay que reforzar las fronteras con sistemas tipo SIVE (Sistema Integral de Vigilancia del Estrecho de Gibraltar). Cuando se detecte cualquier embarcación con posibles inmigrantes ilegales, barcos de vigilancia deben abordarla e inspeccionarla. Caso de encontrar alguno, se hará volver a la embarcación a las costas de las que partió (para lo cual habría que suscribir convenios con esos países), se hará bajar a tierra a los ocupantes después de tomar las huellas a todos y cada uno y se confiscará la embarcación. Todo esto, por supuesto, sería muy caro, pero mantener a un lado la riqueza y al otro la pobreza exige un enorme esfuerzo (por eso lo ideal sería un mundo homogéneamente rico). Las fronteras terrestres deberían reforzarse con sistemas adecuados. Si el país en cuestión no los puede pagar (caso de Grecia, por ejemplo), los que pertenezcan a la misma área geográfica de circulación libre de personas deberían ayudarlo con lo que fuera necesario.
4. Ninguna persona que haya intentado o conseguido emigrar ilegalmente a un país podrá nunca ser aceptado como inmigrante legal. Para cada afortunado en el sorteo del punto 1, se comprueba si sus huellas están en la base de datos de inmigrantes ilegales, y en ese caso, se rechaza su solicitud.
5. Este sistema debería publicitarse ampliamente en los países de origen: que sus jóvenes tengan muy claro que si deciden respetar la ley, tienen una oportunidad, mientras que si deciden vulnerarla, jamás podrán alcanzar su sueño, y se dejarán inútilmente en el camino una cantidad inmensa de dinero. Hasta puede que la vida. 
6. En los países de destino, la vida tiene que ser imposible para quien no tenga los papeles en regla. No debe poder alquilar una casa, ni siquiera una habitación, ni abrir una cuenta bancaria, ni transferir dinero, ni trabajar, ni cobrar un sueldo, ni empadronarse. Para todas esas actividades se exigirá ser ciudadano del país o tener un permiso de residencia en vigor. Y además, en este último caso, se anotará la fecha en que termina su validez, y si no es renovado, lo realizado con ese permiso dejará de funcionar. Por ejemplo, un inmigrante legal con permiso de residencia hasta el 8 de febrero de 2015 abre una cuenta para cobrar su sueldo. El banco anota esta fecha en su base de datos. Pues bien, si no entrega al banco una copia de la renovación de su permiso, el 8 de febrero de 2015 esa cuenta queda automáticamente bloqueada. De la misma forma se tiene que multar enérgicamente a los que pretendan ayudar a alguien a sortear la ley (alquilando una habitación a un inmigrante irregular, por ejemplo), incluso, si tienen un permiso de residencia en vigor, con la pérdida de éste. 
7. Los controles de identidad en la boca del metro, o en las zonas donde los inmigrantes van a divertirse, apestan a racismo. Creo mucho más eficaz controlar las viviendas (¿por qué consume agua una vivienda donde no hay nadie empadronado?), los puntos de envío de dinero (¿cómo puede Andreas transferir mensualmente el doble de su sueldo? ¿No estará ayudando a alguien?) y los centros de trabajo (lo que vendría muy bien no solo para combatir la inmigración ilegal, sino también los abusos contra los autóctonos).
8. Deben acabarse los permisos por arraigo, Los aspirantes a emigrar a un país rico deben tener muy claro que la única forma de llegar a ser residente legal es respetar la ley desde el principio. No conozco ninguna ley que, si la incumples el tiempo suficiente, dejas de tener que cumplirla. 
9. Los centros de residencia (que no internamiento) de posibles inmigrantes ilegales no deben estar en el país rico que los haya detenido, sino en el país pobre más cercano que los acepte (a cambio de dinero, claro) y deben ser abiertos: quien quiera se puede marchar de ellos, pero no podrá volver a entrar. Por ejemplo, si se halla que una persona reside ilegalmente en, digamos, Francia, se la traslada inmediatamente al centro de, digamos, Burkina Faso, aunque presumiblemente su nacionalidad de origen sea nigeriana. Allí, si acepta declarar su nacionalidad real, será deportado a su país. Si se niega, tendrá la opción de quedarse allí para siempre o marcharse por la puerta a una realidad todavía peor que aquella de la que huyó. No deberían hacerse excepciones ni con mujeres embarazadas ni con menores, que deberían ser siempre devueltos a sus países de origen y reintegrados a sus familias o, si se niegan a identificarlas, internados en orfanatos de sus países.

Sí, ya sé, para llevar a cabo todo esto hay que tener muy poco corazón. Pero el sistema que tenemos ahora mata. Mata a centenares de personas al año. Si a alguien se le ocurre un sistema mejor, por favor, que deje su comentario. 

Para que fluya el crédito

La situación relatada por Miquel Nadal, antiguo Secretario de Estado de Asuntos Exteriores, en el artículo de fondo de El País del 17 de julio de 2013 exige acciones inmediatas: resulta que empresas españolas con beneficios, al corriente con Hacienda y la Seguridad Social, y que pagan rigurosamente a los bancos los intereses de sus créditos, se están quedando sin ellos simplemente porque los bancos han decidido no financiar su sector. 

Esto no puede ser: por ese camino las empresas cierran, el paro aumenta y la economía acaba yéndose al garete. Que una compañía desaparezca porque sus ventas bajan demasiado es un drama, aunque se puede entender. Pero que se hunda una empresa rentable simplemente porque los bancos, sin razones objetivas, se niegan a facilitarle financiación, es intolerable y el Estado debe actuar. Porque, como ya expliqué en Público y privado "Sólo debe encargarse directamente de algún sector cuando se ha demostrado que la iniciativa privada proporciona unos resultados claramente peores". 

Hay varias formas el que el Estado puede hacer llegar la financiación a las empresas: 

1. Creando un banco público, cuyos directivos, los que deciden a quién se da crédito y cuánto, sean funcionarios. 
2. Creando una estructura donde múltiples prestamistas decidan directamente a quién prestan, como la descrita en La banca popular, pero orientada a las pymes en vez de a los autónomos.
3. Creando un sistema de cuotas de obligado cumplimiento para los bancos: por ejemplo, entre el 30 y el 40% del dinero que obtengan en el mercado (pidiéndolo prestado al BCE, de impositores a plazo fijo, de titulizaciones, etc.) deberán prestarlo al Estado (comprando deuda pública); entre el 20 y el 30% deberán prestarlo a empresas; entre el 15 y el 25% a autónomos y entre el 5 y el 15% a familias.
4. Asumiendo el riesgo de las líneas de crédito ICO.

El ICO explica cómo son estas líneas:

Líneas de Mediación: el ICO diseña y fija las principales características de las diferentes líneas de financiación, a la vez que firma los correspondientes Acuerdos de Colaboración con las Entidades de Crédito para su comercialización a través de sus redes. Estas líneas están dirigidas fundamentalmente a trabajadores autónomos y pequeñas y medianas empresas. El ICO determina las dotaciones de cada línea, la finalidad de los préstamos, los tipos de interés y los plazos de amortización y provee de fondos a las Entidades Financieras. Éstas se encargan del análisis de las operaciones, determinan las garantías a aportar, deciden sobre la concesión de la financiación y asumen el riesgo de éstas.

Financiación directa: se trata de financiación corporativa y estructurada de grandes proyectos de inversión productiva, públicos o privados. Son préstamos diseñados a la medida de las necesidades de la empresa solicitante, con un importe mínimo de 10 millones de euros y largos plazos de amortización. Para la solicitud de estos préstamos las empresas se dirigen directamente al ICO que estudia, concede y asume el riesgo de las operaciones. Esta financiación se concede preferentemente en colaboración con entidades privadas o públicas nacionales, internacionales o multilaterales.  

Pues bien, si las entidades financieras no están dispuestas a asumir el riesgo de prestar a pymes, deberá asumirlo el Estado. Obviamente, quien asume el riesgo, recoge el beneficio. Las entidades financieras actuarían como meros tramitadores. Los requisitos para dar a una pyme una línea de crédito serían objetivos: beneficios los tres últimos ejercicios, al corriente con Hacienda y la Seguridad Social, al corriente en el pago de sus créditos y cifra de crédito solicitado inferior a un 10% de su cifra de negocio del último ejercicio. A las empresas que cumplieran estos requisitos, los créditos se les concederían automáticamente, sin directivos alérgicos al riesgo (ahora) que tuvieran que valorarlo, hasta que se acabara la dotación de cada línea.

Los intereses pagados por las empresas irían directamente al Estado. Se podría obligar a los bancos a ejercer esta función de meros tramitadores, sin retribución alguna, como represalia a su inacción y al incumplimiento de la función social que los justifica, o bien se les podría compensar por los gastos (únicamente informáticos) con, como máximo, medio punto de los intereses. Así las pymes obtendrían financiación alrededor del 5%.

Nuestro inmenso potencial

España se encuentra en este año 2013 en una situación económica lamentable, pero posee potencial de sobra para salir de ella, porque atesora una serie de características, conocimientos y habilidades que el mundo actual valora muchísimo. Hay que desarrollarlos tanto como nos sea posible y empezar a generar los empleos que nos saquen del atolladero.

• Tenemos bien ganado nuestro prestigio culinario. Hay que favorecer, por un lado, el turismo gourmet, donde, además de alojar a los visitantes en buenos hoteles y llevarlos a museos y monumentos, pasen también por los mejores restaurantes. Se podrían promover recorridos donde almuerzos y cenas solo se sirvieran en establecimientos con al menos una estrella Michelin.
• Por otro lado hay que aprovechar la celebridad de nuestros chefs para organizar a su alrededor facultades internacionales de cocina, con enseñanzas regladas, títulos universitarios y el inglés como lengua de enseñanza.
• España es uno de los países más seguros del mundo en cuestión de delincuencia. Hay que cuidar que lo siga siendo, en todas partes, pero especialmente en las zonas turísticas, y promocionarlo entre los posibles visitantes más temerosos. Igualmente hay que promover unas calles limpias, unas vías de comunicación bien señalizadas e impulsar una eliminación de las ruinas sin valor arquitectónico que afean el paisaje urbano y el interurbano.
• Nuestro estilo de vivir nos lleva a la segunda esperanza de vida más alta del mundo, solo después de Japón. Pero los hábitos de los japoneses gozan de menos admiración internacional que los españoles, y tienen, por tanto, menor poder de atracción. Un ejemplo. Tanto "sake" (el licor de arroz tradicional japonés) como "sangria" (sin acento) son palabras inglesas. ¿Pero cuál despertará más atracción en un inglés? Es cuestión de aprovechar este prestigio para promover turismo de vida sana: dieta mediterránea tradicional, incluso orgánica o vegetariana, paseos, excursiones en bicicleta...
• El sistema sanitario español también es de los mejores del mundo: consigue muy bajos índices de morbilidad y mortalidad a un coste muy razonable (a costa de la cuasi esclavitud del personal sanitario, pero ésa es otra cuestión). Hay que dejarse de intentos de privatizar o externalizar, que no consiguen disminuir el coste, pero sí lo desprestigian, y empezar a extraer dinero y empleo de él. ¿Cómo? Promoviéndolo, especialmente en EE.UU., donde causa admiración. En las facultades de medicina hay que crear cátedras de gestión sanitaria destinada a personal internacional, y conseguir que miles y miles de cuadros norteamericanos vengan a aprender.
• El sistema de transplantes es, directamente, el mejor del mundo. Alemania nos lo quiere copiar. Santo y bueno. Pero en la situación que estamos, hay que sacar partido de algo de una calidad tan admirable. Sin corromperlo, por supuesto. Simplemente enseñándolo (en el sentido docente) a un precio razonable y con el personal necesario. No solo a Alemania, sino a cualquier país que lo desee.
• Otros triunfos de España despiertan también admiración global. No es solo la selección de fútbol, sino también nuestros tenistas y nuestros motoristas. Se deberían crear escuelas internacionales de esos deportes en los que destacamos. Preferiblemente privadas, pero vigiladas por el Estado para garantizar la calidad de la enseñanza y la satisfacción de los alumnos.
• España es una potencia en energías renovables. Puede hacerse de oro si emplea su experiencia técnica, organizativa y económica para implantarlas en otros países que las necesitan desesperadamente, por ejemplo, China, ahogada en la contaminación de sus plantas de carbón y con tanto dinero para gastar que pensarlo provoca mareos.
•  También destaca en obras públicas. Está construyendo el nuevo Canal de Panamá, el AVE a La Meca, y muchas más. Uno de los pocos campos en que lo que se tiene que hacer ya se está haciendo.

Por citar tan solo algunas posibilidades. Todos agradeceremos que, si a quienes lean esta entrada se les ocurre alguna más, la detallen en los comentarios.

Los tipos de contrato de trabajo

De acuerdo con la página específica del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, en España hay diecisiete tipos de contrato de trabajo (mayo de 2013):

• Contrato indefinido
• Contrato indefinido de fijos discontinuos
• Contratos acogidos al Programa de Fomento del Empleo
• Contrato para  personas con discapacidad
• Contrato de trabajo por tiempo indefinido de apoyo a los emprendedores
• Contrato para la formación y el aprendizaje
• Contratos en prácticas
• Contrato para trabajadores desempleados en situación de exclusión social en empresas de inserción
• Contrato de obra o servicio determinado
• Contrato eventual por circunstancias de la producción
• Contrato de interinidad
• Contratación en sustitución por anticipación de la edad de jubilación
• Contrato de relevo
• Contrato a tiempo parcial
• Contrato de trabajo de grupo
• Contrato para el trabajo a distancia
• Contratos del personal investigador en formación

Hay tantos porque para favorecer el empleo de determinados colectivos (discapacitados, desempleados de larga duración, etc.) se crea un tipo de contrato para cada situación. Esto tiene su lógica, pero complica innecesariamente la legislación laboral. Y además da pie a los que, interesadamente y contra la evidencia empírica, propugnan que un único tipo de contrato (con peores condiciones para el trabajador, claro) ayudará a paliar el gigantesco desempleo en España.

El Profesor de Sociología Sergio González Begega lo explica muy bien en este artículo sobre los efectos de la reforma laboral de 2012 cuyo título lo dice todo: Una trituradora de empleo:

La reforma laboral de 2012 fue diseñada bajo el convencimiento de que nuestro mercado laboral es ineficiente porque sus reglas son malas y que estas ineficiencias muestran su cara más dramática en situaciones de crisis, cuando contribuyen a destruir empleo. Sin embargo, tras un año, los efectos de la reforma sobre nuestro mercado de trabajo son muy negativos. Se ha erosionado la seguridad de los puestos de trabajo estables y no se ha hecho nada con el resto. Hay mucho menos empleo y es más precario.

Aunque el Gobierno, empujado por Bruselas, siga defendiendo la idoneidad de la reforma y señale que, ante un eventual cambio de coyuntura económica, contribuirá al crecimiento de la contratación y a la recuperación del empleo, lo cierto es que este tipo de afirmaciones se mueve más entre el deseo y la promesa. Porque lo que verdaderamente tendrá capacidad para crear empleo en un futuro, si la incertidumbre se despeja, será la inflexión del ciclo económico y la recuperación de la demanda en el mercado de bienes y de servicios. Y la reforma, con sus efectos depresivos sobre la economía, no ayuda precisamente a ello.

Las reglas del mercado de trabajo no crean empleo. Al menos, no por sí solas. Orientan, eso sí, el tipo de empleo del que se dispone o que se pueda crear, más robusto o menos resistente.

Por tanto, es perfectamente inútil, e incluso contraproducente, abaratar más el despido. Si el propósito del contrato único es reducir la protección al trabajador, ya se ha visto que eso no creará empleo. Yo creo que en realidad solo tienen sentido tres tipos de contrato: el indefinido, cuando la persona es contratada (a tiempo total o parcial, todo el año o en un período específico) para una tarea que no se presupone que vaya a tener un fin; el de interinidad, cuando la persona es contratada para sustituir a otra de baja médica, que no se sabe cuánto va a durar; y el temporal, cuando la persona es contratada para un trabajo de una duración definida en el tiempo (por ejemplo, la obra de un edificio). Los contratos temporal y de interinidad no tendrían derecho a indemnización por despido, puesto que se celebran con el conocimiento de las dos partes sobre su posible término, pero el indefinido sí.

Los colectivos con dificultades de empleabilidad (jóvenes sin experiencia, mayores de cincuenta años, discapacitados...) tendrían que ser favorecidos, no con tipos de contrato específico, sino con bonificaciones en las cuotas de la Seguridad Social, un método que complica menos la legislación y permite ajustes más sencillos (por ejemplo, si por contratar a un mayor de 50 años se bonifica el 50% de las cuotas, pero aun así no se contrata a los suficientes, se puede aumentar la bonificación al 70%).

En los contratos indefinidos no se debería aumentar ni reducir el número de días de indemnización; lo que habría que hacer es favorecer un mecanismo de ajuste rápido de la fuerza laboral sin el trauma del despido y sin coste para las empresas, como hacen en Alemania con excelentes resultados.

Por ejemplo: una empresa industrial tiene 10 trabajadores con un salario bruto (incluyendo cotizaciones a la Seguridad Social) de 2.000 euros mensuales. Las ventas de esa empresa caen el 20%. En lugar de despedir a 2 trabajadores, el mecanismo que propongo permite acudir a la Seguridad Social, reducir un 20% el horario de trabajo, reducir otro 20% el salario pagado por la empresa a los trabajadores y que la Seguridad Social se haga cargo de la mayor parte de la diferencia (digamos un 15%, con lo cual los trabajadores tendrían 20% menos de horario, pero solo 5% menos de sueldo). Esto mantendría el empleo, permitiría dar a los trabajadores cursos de reciclaje o ampliación de conocimientos, mantendría en la práctica el poder adquisitivo de la fuerza de trabajo y alejaría el temor al paro (que hace que se consuma mucho menos).

Los grupos de interés

Se habla mucho de la influencia negativa de los "lobbies" (RAE: Grupo de personas influyentes, organizado para presionar en favor de determinados intereses), pero establecer qué es un lobby y qué no resulta difícil. Por ejemplo, UNESA (la patronal eléctrica) ¿es un lobby? Muchos dirían que sí, pues defiende los intereses de un grupo empresarial específico. ¿Y el sindicato UGT? La respuesta parecería en principio negativa, pues defiende los intereses de personas. Pero detrás de las empresas también hay personas (sus trabajadores y accionistas). Y tan legítimo puede ser que un sindicato defienda un aumento del salario mínimo como que la patronal eléctrica defienda un aumento de la tarifa.

No debería, pues, obstaculizarse ni condenarse que cualquier grupo defienda sus intereses dentro de la ley. Igual derecho tienen a exponer sus posturas los proabortistas que los antiabortistas; los homosexuales que los obispos; los consumidores que las empresas. Pero para que el juego de intereses se desarrolle limpiamente, son necesarias unas mínimas reglas:

• Cualquier grupo de interés que pretenda influir en la legislación debe obligatoriamente inscribirse en un registro público como partido político, sindicato o asociación.
• Será condición necesaria para inscribirse tener página web donde consten detalladamente los fines del grupo, las principales personas que lo dirigen y cómo se financia; en el caso de que lo financien empresas, la lista de empresas patrocinadoras.
• Cuando una persona perteneciente a estos grupos, o por encargo de uno de ellos se exprese en un medio de comunicación (radio, periódico), así debe constar.
• Estos grupos no pueden pagar sobresueldos para favorecer sus posturas, ni hacer regalos, ni otorgar privilegios de ningún tipo, ni prometer cargos o ventajas, a personas que trabajen en medios de comunicación.
• Tampoco pueden pagar sobresueldos para favorecer sus posturas, ni hacer regalos, ni otorgar privilegios de ningún tipo, ni prometer cargos o ventajas, a legisladores, miembros de partidos políticos o personas encargadas de elaborar o aplicar normativa.
• Estos grupos deben poder acceder a los legisladores, pero solamente para suministrarles información (estudios, informes, etc.). Necesariamente se la suministrarán en formato electrónico, y de forma inmediata, el legislador que la haya recibido, como parte del proceso legislativo, la hará pública, indicando el grupo que la ha proporcionado.

Con la información proporcionada por las diversas partes y su propio conocimiento, el legislador deberá decidir la postura que mejor concilie los intereses de sus votantes. Iba a escribir "con el interés general" pero ¿qué es el interés general? ¿El bien común? ¿El mayor bien para el mayor número de personas? ¿Es posible definir inequívocamente eso en una situación concreta? Desde luego el dirigente debe serlo de todos, tanto de quienes lo han votado como del resto, pero creo que pedir eso al legislador es demasiado. Me conformo con que evalúe correctamente los intereses de sus votantes y los defienda eficazmente.