Suprimir el Senado

En las elecciones del 20 de noviembre de 2011, la abstención, el voto nulo y el voto en blanco suman casi el 38% del censo electoral. 180.000 españoles que, conscientemente, han elegido algún diputado para el Congreso no han hecho lo equivalente para el Senado. Lógico: ¿a quién le importa? Los diputados eligen al Presidente del Gobierno, discuten las leyes, las aprueban, tramitan los Presupuestos... El Senado ¿qué hace? Es una cámara de segunda lectura, pero sus decisiones pueden ser revocadas por el Congreso, de modo que deviene inútil.

En Ahora en serio, ¿y si cerramos el Senado?, extenso artículo publicado en El País el 12/11/2011, el catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Santiago, Roberto Blanco, declara "Si no estamos dispuestos a cambiarlo en serio, quitémoslo. Es una cámara inútil que no añade nada al proceso legislativo ni al control al Gobierno, y no le hace caso nadie, ni siquiera cuando veta los presupuestos. Se podría hacer por mayoría de tres quintos. No hace falta ni referéndum, se podría hacer igual que la reciente reforma constitucional." Hay incluso senadores que, después de un mandato, han renunciado a ser reelegidos, conscientes de la inutilidad de su función. 

Gerardo Ruiz-Rico, catedrático de la Universidad de Jaén y expresidente de la Asociación de Constitucionalistas, reconoce la situación. "Los constitucionalistas no vivimos en una urna de cristal, hay una cultura política que está poniendo en cuestión la existencia misma del Senado. Si va a seguir así y no vamos a reformarlo, tiene lógica cerrarlo."

¿Pero por qué los padres de la Constitución diseñaron un Senado sin poderes? "Para que la Cámara, entonces reducto del franquismo, no molestara en las importantes reformas que necesitaba implementar España en aquel momento." Vale. Misión cumplida. Ahora hay que pensar en el futuro. Suprimirlo supondrá un ahorro de unos 50 millones de euros al año, un mensaje importante a los malditos mercados (que no por eso nos dejarán en paz, pero al menos nos daremos el gustazo) y el fin de un cementerio de elefantes políticos a costa de los contribuyentes.

Que las empresas configuren las carreras universitarias

El artículo de El País Salidas para los graduados (04/09/2011) nos indica una vía para aumentar el empleo:

En España hacen falta divulgadores científicos, una profesión para la que no hay formación específica, pero que el mercado laboral demanda. ¿Cómo se solventa? Según el rector de IE University, Juan Luis Martínez, incluyendo asignaturas de comunicación en el grado de Biología que permitan formar a un divulgador sin confeccionar una carrera propia para él. Así es como la Universidad trata de ajustar su oferta formativa a los requerimientos de las empresas para sus plantillas y cubrir la brecha que separa los estudios teóricos de la realidad laboral.

"Proponemos al mercado combinaciones de grados por si cambian las necesidades de profesionales. Nos enfocamos hacia la empleabilidad..."

¿Quién y por qué decide el contenido de las carreras universitarias y de las enseñanzas de formación profesional? Respuesta: el Ministerio de Educación, no en función de las necesidades de formación de los alumnos, sino en función del número de profesores de cada materia y de las instalaciones disponibles. Es decir, si por ejemplo el mercado necesita anualmenta 14.000 operarios de fabricación de piezas asistida por computador, pero sólo hay profesores para formar a 1.000, se formará a 1.000, y el resto de los alumnos que quisiera aprender una profesión que garantizaría su futuro, tendrán que elegir entre corte y confección, secretariado o cualquier otra materia, que en el pasado quizás fue necesaria, pero que ahora está absolutamente saturada.

Es, por tanto, completamente necesario, que los responsables de formación de cualquier empresa española de más de cien empleados dispongan de acceso con capacidad de sugerencia al sitio del Ministerio donde aparecen todas las enseñanzas universitarias y profesionales que se pueden cursar en España. Para que puedan sugerir nuevas titulaciones y sus contenidos, tomándolos de titulaciones ya existentes o añadiéndolos; para que puedan recomendar que a una titulación se le eliminen asignaturas, o se le añadan. Y para que esas sugerencias sean tenidas muy en cuenta por una sociedad cuya primera preocupación debería ser reducir su insoportable tasa de paro.

¿Que eso pone a la Universidad en manos de la empresa? ¿Que mercantiliza la enseñanza? ¿Que se pone como objetivo único el empleo y no la formación de la persona? Todo falso. El saber es inmenso, inconmensurable. Nadie puede monopolizarlo. Es como poner diques en medio del océano. A la persona hay que enseñarle a navegar en ese piélago para que adquiera los conocimientos que ella desee, pero es necesario que entre esos conocimientos figuren los que le permitan ganarse la vida y no hundirse en el desempleo, que es lo que verdaderamente destruye a la persona.

Laicismo del Estado

La RAE define "laicismo" como "Doctrina que defiende la independencia del hombre o de la sociedad, y más particularmente del Estado, respecto de cualquier organización o confesión religiosa". La palabra "laicidad" no está recogida por la Academia. Según la Wikipedia, el uso de "laicidad" tiene "el propósito perverso de estigmatizar el laicismo y hacerlo equivalente al anticlericalismo o a una postura antirreligiosa". En esta entrada usaré solo "laicismo" y trataré de olvidarme del término "laicidad".

El catedrático de Derecho Público Alejandro Torres, de la Universidad Pública de Navarra, hace en ¿Laicismo? Los políticos todavía no se atreven (El País, 15/11/2011) las siguientes propuestas:

1. Supresión de la asignación tributaria y sustitución por un sistema de deducción de donaciones en un 25% en el IRPF.

2. Supresión de beneficios fiscales en el IBI en viviendas de los ministros de culto, así como en huertos y jardines.

3. Renuncia al nombramiento del obispo castrense por parte del Jefe del Estado.

4. Revisión del protocolo de Estado, para adecuarlo al principio de laicidad.

5. Reforma de la Ley Hipotecaria y del Reglamento Hipotecario, que permiten a los obispos inmatricular (acceso por primera vez al Registro de la Propiedad) inmuebles a partir de certificaciones de dominio expedidas por ellos mismos.

6. Sustituir el sistema de Acuerdos por un marco de derecho común que se aplique por igual a todas las confesiones inscritas en el Ministerio de Justicia.

Francisco Delgado, en cambio, cree que no es posible caminar hacia "una laicidad razonable" sin reformar la Constitución y denunciar los Acuerdos del 1979 con la Santa Sede.

Yo creo que hay que ir más allá: el Estado debe dejar de financiar las clases de religión. Deben impartirlas, en templos y no en escuelas, los ministros de cada confesión. Por supuesto deben denunciarse los acuerdos con la Santa Sede. Todos los cargos públicos deben prometer su cargo únicamente sobre la Constitución, y solo pueden asistir a actos religiosos (misas, procesiones...) a título particular, sin llevar ningún símbolo de su cargo (la vara de mando en el caso del alcalde, por ejemplo). Todas las religiones que no sean sectas destructivas deben recibir el mismo trato por parte del Estado.

Todo esto no por hostilidad hacia la religión, sino para permitirle desempeñar su auténtico papel: permitir a la persona desarrollar su aspecto trascendente. Esta función interna queda sumamente dificultada cuando se intenta imponer el credo de determinada religión a personas que no forman parte de sus fieles. El Estado debe ser exquisitamente neutral, y ocuparse de las cosas de este mundo, para que cada religión pueda dedicarse a las cosas del otro.

En lugar del repago

Lo del "copago" sanitario es una falacia: los ciudadanos ya pagamos con nuestros impuestos la atención sanitaria. Pagar cada vez que fuéramos al médico no es copago, es repago, volver a pagar. Este sistema disuade a gente con pocos recursos de ir al médico, con lo que sus patologías se agravan y al final sale más caro. Asimismo, poner en marcha un sistema de recogida de pequeñas cantidades de dinero cuesta tanto que al final, lo comido por lo servido.

Si se quiere reducir el gasto sanitario (que, recordemos, en España, con el segundo mejor sistema del mundo, es de los menores de Europa) hay otras posibilidades, como explica Público el 13 de diciembre de 2011 en El copago sanitario tiene alternativas:

MÁS PRESUPUESTO

Aumentar el porcentajedel PIB dedicado a Sanidad

España aporta menos a la sanidad pública que otros países europeos, lo que indica que hay margen para aumentar el presupuesto, mejorando la lucha contra el fraude fiscal. Según Eurostat, el gasto público sanitario representó en 2008 en España el 6,25% del PIB, frente al 7,9% de Alemania o el 8,42% de Francia (en 2007). Es cierto que en España se frecuentan más las consultas (ocho visitas por año frente a la media europea de 5,8). Pero esto es consecuencia del propio sistema ("hay muchas consultas burocráticas", señala Sánchez Bayle), no del ciudadano. Esta hiperfrecuentación se compensa con la menor duración de las estancias hospitalarias, de 10,7 días frente a los 15,9 de Europa.

PAGO POR MEDICAMENTOS

Replantear el sistema

Los expertos creen que hay que replantear el actual copago farmacéutico para ajustarlo al nivel de renta de los usuarios, al margen de si se trata de trabajadores o jubilados. La propia Organización Médica Colegial cree que el sistema "ha quedado obsoleto y desfasado". Como comenta Barrubés, la contribución efectiva del ciudadano al gasto farmacéutico ha pasado del 11% en 1990 al 5,4% en 2010. Volver a los niveles de contribución anteriores aportaría 513 millones anuales al sistema.

PACIENTES CRÓNICOS

Un modelo propio

Cada vez más pacientes combinan enfermedad crónica y dependencia, y siguen consumiendo una parte importante de los recursos de hospitales de agudos y consultas de primaria. Crear un modelo de atención específica para ellos evitaría 1,6 millones de estancias hospitalarias, el 33% de las consultas de atención primaria y ahorraría más de 2.000 millones anuales.

IMPUESTOS FINALISTAS

Tabaco y alcohol

Elevar los impuestos especiales al tabaco y el alcohol, dos productos con claro coste sanitario, y destinar los fondos a la sanidad de forma finalista es otra de las posibilidades.

INCENTIVOS A LOS MÉDICOS

Mejora de la calidad
Establecer un sistema de incentivos a los profesionales por mejoras en la gestión, la utilización de fármacos y el uso racional de pruebas diagnósticas ahorraría al sistema unos 3.100 millones al año.

NUEVOS FÁRMACOS

Criterios de objetividad

Modificar la cartera de fármacos y los precios de los productos en función de criterios de objetividad y eficiencia supondría una racionalización sustancial de la factura farmacéutica, que en 2009 ascendió a 12.500 millones.

TECNOLOGÍA SANITARIA

Una evaluación exhaustiva

Al igual que ocurre con los medicamentos, debe reforzarse la evaluación de la tecnología médica desde la perspectiva del coste-efectividad. Se podrían ahorrar más de 400 millones anuales.

PRESTACIONES PÚBLICAS
La búsqueda de la eficiencia
Los médicos creen que ha llegado el momento de establecer un catálogo de prestaciones y servicios "que permita eliminar los servicios inefectivos o con un coste-efectividad inaceptable".

PREVENCIÓN DE LA SALUD

Beneficios a largo plazo

Los expertos coinciden en que la generalización de hábitos de vida saludables hacen caer drásticamente el coste en tratamientos de la enfermedad cardiovascular, la diabetes de tipo 2 y numerosos cánceres. Reforzar la atención primaria también evitaría costes posteriores.

CENTROS DE REFERENCIA

Medicina de tercer nivel

Plantear una distribución más racional de las unidades de alta tecnología médica, hospitales universitarios y centros de referencia, al margen de criterios políticos, podría liberar más de mil millones anuales.

SEGURIDAD DEL PACIENTE

El coste del efecto adverso

Los efectos adversos que sufren los pacientes le cuestan al sistema hasta 2.700 millones al año, de los que mil millones podrían evitarse aplicando las llamadas prácticas seguras simples.

Los medios de comunicación

Los medios de comunicación son absolutamente imprescindibles para que una sociedad democrática funcione correctamente. Ninguno debe estar participado por el Estado, por la peligrosa y perversa tendencia de los políticos a controlar la información o, directamente, manipularla en su favor. 

Sin embargo, para evitar “situaciones Berlusconi”, en que el poder de los medios se impone al de los ciudadanos, creo necesarias las siguientes limitaciones:

-          En un país, ninguna persona o grupo empresarial puede poseer, directa o indirectamente, participaciones en más de un periódico general de tirada nacional, más de una emisora de televisión de cobertura nacional o más de una radio de cobertura nacional.

-          Si una persona posee participaciones superiores al 5% en alguno de los medios citados, y desea presentarse como candidato en unas elecciones, debe venderlas, sin compromisos de recompra, como mínimo un año antes de la fecha de los comicios.

-          Cualquier persona debe poder expresarse en un medio de comunicación (es decir, no puede hacer falta un carné de periodista para escribir en un periódico). No obstante, si una persona es condenada mediante sentencia firme, por haber comunicado información falsa, o que dolosamente no tenga en cuenta los hechos principales de una situación para dar de ella una visión intencionadamente errónea, aparte de ser multada, debe poder ser inhabilitada por un período de tiempo no superior a dos años para expresarse en periódicos, radios y televisiones, y también para que sea recogido por éstos su expresión en otros medios (por ejemplo, en un blog).

-          Los trabajadores de los medios de comunicación deben acordar primero, y después suscribir, un código ético de comportamiento profesional por el que se comprometan a informar con veracidad y objetividad.

-          Un trabajador de un medio de comunicación encargado de dar noticias debe poder denunciar anónimamente presiones para que incumpla ese código ético. Si tales presiones se demuestran por sentencia judicial, quien las ha ejercido debe ser multado e inhabilitado por un período de tiempo no superior a dos años como directivo de un medio de comunicación. Caso de que se tomaran represalias contra el trabajador, quien las ejerza podrá ser sujeto de idéntico tratamiento.

Sobre las drogas

En principio parece que la sociedad no tendría que meterse en lo que una persona hace con su cuerpo, aunque se lo dañe. Es su cuerpo, le pertenece y puede hacer uso de él de acuerdo con su libertad, mientras no perjudique a otros. El problema viene cuando algunas personas se aprovechan de las debilidades de otras para obtener un lucro perjudicándolas. Eso debe impedirse. Cualquier persona puede convertirse en adicta a cualquier sustancia o actividad, pero hay perfiles sicológicos más propensos: las personalidades adictivas, las que tienen mayor dificultad para tolerar situaciones de estrés o sufren falta de autoestima. 

La mayor parte de las drogas tiene efectos dañinos sobre el organismo del consumidor (el alcohol destroza el hígado; el tabaco, los pulmones; la cocaína, el cerebro; la heroína  ....). También provocan un notable daño social (tratamiento de las enfermedades que producen, accidentes y malos tratos provocados por el alcohol...). 

Está claro que las experiencias de prohibición de las drogas legales (en EE.UU., de 1920 a 1933 se prohibió el alcohol, y fue la causa de un notable aumento de la actividad mafiosa) no han funcionado. Pero tampoco han mejorado la situación las experiencias de legalización parcial (el famoso Needle Park de Zurich acabó cerrando; los coffe shops de Holanda, donde se vende libremente marihuana, son muy contestados: por un lado son motivo de fricciones con Francia y Alemania; por otro, se ha prohibido que vendan cannabis a extranjeros, y se quiere prohibir que vendan hierba con más del 15% de principio activo (tetrahidrocannabinol). De hecho, según la normativa holandesa, tales establecimientos son ilegales; lo que ocurre es que no se persiguen.

Lo que realmente funciona es suministrar a los adictos su sustancia, facilitarles medios higiénicos para consumirla y proporcionar terapia a los que quieran abandonarla. Los programas de metadona han hecho prácticamente desaparecer a los yonquis de las calles. Con la cocaína y las pastillas se debería hacer algo similar.

Las campañas contra el tabaco han hecho bajar el porcentaje de fumadores en EE.UU. del 20% en 1993 al 16% en 2009. La política más eficaz es aumentar el precio de la cajetilla (a la vez, por supuesto, que se reprime el contrabando). Creo que se deben ir restringiendo los horarios y los puntos de venta. Actualmente en España se puede comprar tabaco en estancos, quioscos, bares, gasolineras... Tras un proceso gradual, para permitir a los otros establecimientos amortizar las máquinas expendedoras que han adquirido, al final solo deberían quedar los estancos, que como máximo podrían abrir de nueve de la mañana a ocho de la tarde.

Con el alcohol (cualquier alcohol, incluidos vino y cerveza) se debería hacer algo similar, y prohibir su venta en establecimientos (supermercados, tiendas de ultramarinos, gasolineras...) que no fueran bares y licorerías. Los bares tendrían prohibido servir a un cliente más de dos dosis de licor fuerte, o servir a una persona que se encuentre en evidentes condiciones de embriaguez. En las licorerías habría un límite a la cantidad de alcohol que puede llevarse un mismo cliente en un día.

Pero por encima de todo hay que formar a la gente, desde muy pequeña, sobre la realidad de las drogas, más allá del Simplemente di no o Bad Night. Que cada persona sea consciente de las circunstancias que pueden llevarla a la droga (estrés, conflictos familiares, inconsciencia, impulsividad...) y de cómo puede salir. Y que, a partir de la edad que determinen los expertos, pero no antes de los veinte años, por los efectos que causa, aprendan a disfrutar de la única droga sana en pequeñas dosis, el alcohol, y a saborear, distinguir y apreciar sus infinitas variantes (vino, cerveza, pacharán, orujo, anís......).

Sobre la prostitución

En principio el intercambiar sexo y dinero no plantea problemas morales: una persona quiere sexo, otra dinero, se ponen de acuerdo y se realiza la transacción. Ninguno tiene por qué resultar perjudicado, ni se produce un daño para la sociedad en su conjunto, por lo que la sociedad no tendría que imponer ninguna normativa al respecto, más allá de la aplicable para el resto de transacciones comerciales.

Sin embargo, en la práctica, la existencia de la prostitución genera una terrible e intolerable esclavitud de muchas mujeres que, por sus circunstancias personales, o por presiones de proxenetas, se ven forzadas a ejercer esta actividad. Lo que se debe evitar es precisamente ese tipo de esclavitud. Las experiencias de legalización, por ejemplo en Holanda y en Alemania, no han funcionado: paradójicamente han propiciado un incremento de esta esclavitud. En cambio, la experiencia de prohibición total y penalización del cliente aplicada en Suecia sí ha conseguido una reducción del fenómeno. Por eso yo abogo por que en todo el mundo se prohíba el ofrecimiento o la compra de servicios sexuales con contacto físico (el sexo telefónico o la pornografía, por ejemplo, no han demostrado propiciar la esclavitud de personas). Quienes los compren, o intenten comprarlos, deben ser penalizados mucho más intensamente que quienes los ofrezcan, mientras que la persona que físicamente proporcione el servicio no debe ser represaliada.